Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134774
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.774 RC, "Bermúdez, Hugo Elbio y Gómez Gabriel Fabián s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 87.844 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
El 20 de septiembre de 2017 el Tribunal Criminal n° 3 de Morón condenó -en lo que aquí interesa- a Hugo Elbio Bermúdez a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte. También condenó a Gabriel Fabián Gómez a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas, más declaración de reincidencia, como partícipe secundario del delito de privación ilegal de la libertad coactiva (v. fs. 383/392).
Los señores defensores oficiales de ambos imputados impugnaron la sentencia y la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, el 29 de junio del 2020 confirmó -por mayoría- dicha condena.
Contra esa decisión el señor defensor oficial adjunto ante esa sede interpuso entonces en favor de Hugo Elbio Bermúdez y Gabriel Fabián Gómez recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de conformidad con las previsiones del art. 494 del Código Procesal Penal. El órgano intermedio, el 10 de diciembre de 2020, también por mayoría, admitió la impugnación extraordinaria.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 419/429), dictada la providencia de autos (v. fs. 431 y 453) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial ante la aludida instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco planteó dos agravios: en el primero sostuvo la violación al principio de congruencia (punto "A", v. fs. 342 y sigs.) y en el segundo denunció una revisión aparente del fallo y su arbitrariedad (punto "B", v. fs. 345/vta. y sigs.).
I.1. Al desarrollar el primero, comenzó por repasar tanto el planteo sobre el quiebre de la congruencia que esa parte formulara en su recurso de casación, como la respuesta brindada por el Tribunal revisor. Criticó el fundamento expuesto por Casación para rechazar el agravio, pues -a su entender- se consideró que la calificación legal se mantuvo incólume a lo largo del proceso, cuando lo dirimente no era el mantenimiento del encuadre típico, sino la variación de la plataforma fáctica (v. fs. 343).
Afirmó en tal sentido que en el caso hubo un cambio entre los hechos por los que Gómez y Bermúdez fueron imputados antes y durante el debate por el Ministerio Público Fiscal (sustraer y retener a alguien para que su familia sufra los efectos de tal privación ilegal de la libertad), respecto de los que finalmente fueron acusados y resultaron condenados (obligar a un tercero a entregar el producto de un delito como ultrafinalidad de la privación de la libertad).
En su apoyo, citó el precedente "Sircovich" de la Corte nacional en cuanto se afirmó allí que la faz subjetiva del delito integra el hecho imputado y juzgado y, por ende, su correcta intimación es condición necesaria para que no se transgreda el principio en cuestión (v. fs. cit.).
De seguido, criticó la afirmación del Tribunal de Casación consistente en que la exigencia "...de una suma de dinero" surgía del contenido de una llamada telefónica al domicilio de la familia de la víctima realizada por Leonardo Daniel Jara (v. fs. 343 vta. y 344).
Sostuvo que el hecho de haberse mencionado esa prueba entre los elementos de cargo ponderados por la acusación no resultaba suficiente para considerarla como parte integrante de la imputación en sí, y por ende para tener por correctamente intimada tal circunstancia en forma legal (de manera clara, detallada y precisa) respecto de los mencionados Bermúdez y Gómez (v. fs. 344).
Por otra parte, tildó de arbitrario el argumento del órgano revisor por el cual se evaluó que había habido una posibilidad efectiva de defenderse a partir del señalamiento de los planteos que su parte realizó en la impugnación casatoria, dado que éstos se formularon una vez conocida la sentencia con la plataforma fáctica cuestionada y no durante el debate, todo lo cual, a su modo de ver, quebrantó el derecho de defensa en juicio y el debido proceso.
Agregó que, eventualmente, se debieron haber aplicado los mecanismos dispuestos en los arts. 359 o 374 del digesto ritual para permitir diagramar una nueva estrategia de defensa técnica y material, ofrecer pruebas y controlar la acusación.
De todos modos, refirió que justamente los planteos de los recurrentes introducidos en el recurso casatorio eran demostrativos de que una correcta intimación fáctica en la oportunidad adecuada, habría permitido ofrecerlos de manera eficaz o elaborar estrategias de defensa ante el órgano de juicio y no ante el Tribunal de Casación (v. fs. 345 y vta.).
I.2. Como segundo agravio, denunció la revisión aparente del fallo de condena (arts. 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP) y tildó de arbitraria la decisión por errónea aplicación del principio in dubio pro reo (conf. art. 18, Const. nac.).
Alegó que el Tribunal intermedio descartó las críticas vinculadas a la acreditación de la materialidad ilícita y la autoría reeditando las razones del tribunal de mérito y valiéndose de afirmaciones genéricas y dogmáticas. En su apoyo, citó el fallo "Casal" de la Corte nacional (v. fs. 345 vta./346 vta.).
Recordó y reseñó en detalle los diferentes cuestionamientos realizados en el recurso de casación respecto de la actividad probatoria y sostuvo que ninguno de tales agravios recibió respuesta por parte del Tribunal de Casación Penal, siendo desde su punto de vista determinantes para establecer la participación de Bermúdez en los hechos, a lo que agregó el levantamiento de rastros efectuado en la camioneta Ford EcoSport junto con otras declaraciones testimoniales que también cuestionó (v. fs. 352).
Por otra parte, denunció por irregular la incorporación de dichos autos inculpatorios de Bermúdez a través del testimonio de Mariela Núñez, información que a su vez esta última le contó a la testigo María Machado, siendo ambos testimonios de oídas (v. fs. 348 vta. y 349, 355).
Refirió que el Tribunal de Casación Penal, en contra del derecho de defensa en juicio, del debido proceso (art. 18, Const. nac.) y de la doctrina de esta Suprema Corte (con cita de P. 62.989, P. 74.045, P. 105.443, SCBA), no dio ninguna respuesta al embate referido a la valoración de las señaladas manifestaciones autoincriminantes (conf. "Benítez", CSJN y "Norín Catrimán vs. Chile", CIDH) así como tampoco a su falta de credibilidad, todo lo cual quebrantó el derecho al recurso (conf. art. 8.2.h., CADH; "Casal", CSJN -v. fs. 350 vta., 353 y vta.-).
En razón de ello, solicitó la exclusión de tales dichos autoinculpatorios como prueba de cargo para fundar la condena así como también las manifestaciones del testimonio de Roberto Aníbal, dado que a su entender, no fueron periféricas -como sostiene que afirmó Casación- sino dirimentes ya que, excluidas esas piezas -y, asimismo, el valor cargoso asignado al hallazgo de ADN de Bermúdez y las "colitas" de pelo en la camioneta Ford EcoSport-, el material probatorio restante sólo permitiría sostener una vinculación entre sus asistidos Bermúdez y Gómez, con Jara, dato insuficiente para convalidar el reproche formulado en la sentencia de condena (v. fs. 354 vta. y 355).
A su vez, tachó de arbitraria la ponderación de los dichos de las testigos Quatrone y Castellón en cuanto de ellos surgiría que a Bermúdez "...le gustaban las nenas" para sostener prácticas sexuales, por considerar que no había elementos que corroboraran tal apreciación, y que anteriores parejas de Bermúdez no dieron cuenta "...de ese tipo de prácticas" (fs. 349).
Rememoró que el Tribunal de Alzada no abordó la denuncia de falta de credibilidad del testimonio y descartó el embate con el argumento de que Quatrone dio cuenta de las prácticas sexuales de Bermúdez sin que obste a ello que otras parejas no hubieran testificado en tal sentido.
Concluyó que se incurrió en arbitrariedad pues la mecánica de los hechos (violencia sexual en simultáneo con obstrucción de la vía aérea y lesiones en boca y nariz) no se vinculó "...a las apetencias o preferencias sexuales de los abusadores" (fs. 356).
Alegó que, en función de tales déficits en la prueba de cargo, recabada en el marco de una instrucción reconocida como "delictiva por parte del propio órgano de juicio y de la comisión investigadora", no fue posible corroborar ese aspecto de la hipótesis acusatoria.
Insistió en que los agravios de la defensa rebatían el valor asignado a la declaración de los testigos Aníbal, Galante, Pérez, Machado, Núñez y Quatrone; los secuestros de objetos en la camioneta Ford EcoSport y de los inmuebles de calle Kiernan, Cellini y Levalle (v. fs. 357 y vta.), y culminó por afirmar que el Tribunal de Casación, al confirmar el fallo de primera instancia, no garantizó debidamente el derecho a la revisión amplia y quebrantó el principio in dubio pro reo (conf. arts. 1, 18 y 33, Const. nac.; 8.2.h., CADH; 14.5., PIDCP; "Casal", CSJN y "Herrera Ulloa", CIDH -v. fs. 358 y vta.-).
II. En su dictamen de fs. 119/429, el señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso deducido.
Coincido con él, por los motivos que a continuación se expondrán.
III. En cuanto al quebrantamiento del principio de congruencia, si bien constituye una típica cuestión procesal que -según la regla general- resulta ajena a la competencia extraordinaria de este Tribunal a tenor de la doctrina del art. 494 del Código Procesal Penal, dado que el argumento traído involucra una cuestión federal y, a fin de que esta instancia pueda constituir un tránsito adecuado para la posible articulación del remedio extraordinario previsto en los arts. 14 y 15 de la ley 48, corresponde ingresar a su análisis (conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou", CSJN).
III.1. Advierto en primer lugar, una imprecisión en los términos en los que el impugnante desarrolló el agravio, pues inició su planteo señalando que la pretensa alteración de la plataforma fáctica se produjo en el alegato de cierre de la fiscalía, pero luego afirmó que ello aconteció en el dictado de la sentencia. Esta ambigüedad debilita sustancialmente la estructura argumental del reclamo (v. fs. 343 y vta. del legajo casatorio).
De todos modos, de la lectura del acta de debate y de la respuesta brindada por Casación surge claro que los litigantes de la defensa -en lo que aquí importa- se quejaron de una pretensa variación por parte de la acusación pública al pronunciar los alegatos de cierre, es decir, no de una modificación sorpresiva surgida del pronunciamiento de condena.
Ello de por sí aleja al planteo del estricto marco del principio de congruencia pues éste se erige como un límite para la jurisdicción, a través del cual se impide a los jueces que al fallar desborden la plataforma fáctica que fue materia de acusación y, por ende, de defensa. Por el contrario, y de acuerdo con lo dicho, bajo la inteligencia del argumento que trae la defensa, el supuesto viraje habría acaecido dentro de los márgenes de la propia acusación, es decir, en contraste entre la acusación final y las anteriores intimaciones formuladas por ese sujeto procesal.
Sentado lo anterior, cabe remarcar que la acusación penal se construye a partir de diferentes momentos procesales por lo que, es posible que no se mantenga inmutable a lo largo del procedimiento, lo que de por sí no tiene vinculación con el principio cuestionado.
En tal sentido tiene dicho esta Corte que "...lo que resguarda el principio de congruencia está dado porque la sentencia que se dicte sea sobre el mismo hecho materia de acusación y que tanto la defensa como el imputado hayan podido tener conocimiento y de tal suerte, resistirla sin sorpresas. Mas no necesariamente el hecho de la declaración indagatoria, o de la requisitoria fiscal en la elevación a juicio -y mucho menos su calificación legal- debe ser exactamente el mismo en la acusación bajo apercibimiento de transgresión a la aludida congruencia. Por el contrario, el límite resulta del hecho por el que se intima al imputado en la acusación, respecto del cual se habrá de defender" (arg. art. 18, Const. nac., conf. causas P. 99.586, sent. de 16-VII-2014; P. 120.665, sent. de 9-XII-2015; P. 122.950, sent. de 19-X-2016; e.o.).
A su vez, no puede perderse de vista el contexto particularísimo por el que transitó este caso, puesto de realce tanto por el órgano de mérito, como por el Tribunal revisor y por el propio Ministerio Público Fiscal entre otras cuestiones merecen destacarse: la propia complejidad de los hechos ilícitos de esta naturaleza; la altísima repercusión mediática que tuvo el caso; las múltiples dificultades y problemáticas que se presentaron durante la investigación y que llevaron a conformar un "Comité de Crisis" integrado por funcionarios policiales de alta jerarquía con el objetivo de colaborar en la investigación; la creación de la "Comisión Especial de Acompañamiento para el Esclarecimiento del Asesinato de Candela Sol Rodríguez" bajo la órbita de la legislatura provincial y la conformación de veintiocho investigaciones penales paralelas al presente hecho donde a su vez se reunían elementos de interés.
Todas o algunas de estas circunstancias pudieron contribuir a la sobreexposición de un caudal de elementos -a primera vista- convictivos que, naturalmente, desbordaron la capacidad material de análisis del Ministerio Público Fiscal. Ello generó que ese sujeto procesal fuera precisando y puliendo la imputación a medida que tamizaba tales elementos y los jerarquizara en su valor de convicción probatorio.
III.2. Con todo, no demuestra el recurrente que entre los ajustes que se fueron dando entre las distintas etapas procesales, haya habido un cambio sorpresivo de la plataforma fáctica imputada a Bermúdez y Gómez.
En efecto, si bien en los alegatos de apertura, el fiscal intentó modificar la descripción de los hechos oportunamente plasmada en los actos procesales anteriores (audiencia del art. 308 y requerimiento de elevación a juicio) y consecuentemente la calificación legal (encuadrando los hechos en las figuras de privación ilegítima de la libertad agravada, abuso sexual y homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas); ante la oposición de las defensas, el Tribunal en lo Criminal n° 3 de Morón impidió tal modificación disponiendo que debía mantenerse el encuadre típico de los hechos fijados en la etapa previa.
Luego de los alegatos fiscales de cierre, las respectivas defensas denunciaron la afectación del principio de congruencia por haber modificado el acuse la finalidad por la que la niña había sido privada de su libertad.
Al replicar, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que los hechos fueron esencialmente los mismos que los descriptos en las etapas anteriores y que las críticas se apoyaban en una valoración de la prueba divergente.
Explicó que la negación por parte de los respectivos defensores de la posible existencia de negociaciones paralelas entre la familia y los captores, en rigor, ponía en evidencia un divergente alcance otorgado a los elementos de prueba previamente conocidos y controvertidos, por lo que, en suma, aseveró que durante el juicio no se excedió la concreta imputación de los hechos que se mantuvo desde la audiencia del art. 308 del Código Procesal Penal en adelante.
El Tribunal descartó el planteo y afirmó que durante el juicio oral -que se extendió por más de seis meses- se dotó de mayor precisión a la descripción del hecho sin que ello implicara una modificación relevante en la plataforma fáctica.
Frente al argumento de la defensa consistente en que a partir de introducir la fiscalía en la descripción de los hechos, el pedido de dinero por parte de los sujetos activos a la familia de la víctima, el sentenciante afirmó que "...lo concerniente a la entrega, el hacer, soportar, etc. al que se ha compelido a los sujetos pasivos no devino novedoso pues ya se conocían desde el origen del proceso, perfeccionándose en el debate oral, dándole así el grado de certeza que exige la etapa. La organización criminal a la que se alude desde el primer momento nos permite ilustrar un móvil de alta complejidad, pues se advierte una estructura de importancia, y es esa complejidad la que llevó a una de las partes a esgrimir que se afect[ó] el principio de congruencia, ya sea por negociaciones paralelas -ya tratada- ya por el reclamo de entrega de dinero por la otra".
Por tales motivos, afirmó que nada resultó confuso ni sorpresivo, sino que -por el contrario- todos los extremos fueron evaluados y refutados por las partes (v. fs. 14.585 vta.) y destacó que "...de lo mismo por lo que venían requeridos los encausados, se los acusó, pero ahora con mayor precisión, y ello no puede constituir en modo alguno violación a la congruencia" (fs. 14.586).
III.3. En lo que aquí importa, el mismo planteo repelido en la instancia y que ahora el impugnante reedita, fue también rechazado por el Tribunal de Casación Penal.
A tal fin el revisor especificó que la defensa oficial planteó que "...‘la modificación de la plataforma fáctica se ha dado al incorporar el elemento en el cual el resultado (muerte de la menor), [se produjo] ante la negativa de entregar una suma de dinero exigida preventivamente’" (fs. 323 vta.).
Sentado ello, resaltó que la calificación legal siempre fue la misma: privación ilegal de la libertad coactiva (conf. art. 142 bis, Cód. Penal). Puntualizó que de igual modo se encuadraron los hechos en la audiencia del art. 308 del Código Procesal Penal, en el requerimiento de elevación a juicio, en la acusación fiscal formulada en el juicio y en la sentencia de condena (v. fs. 325).
A lo que agregó que "...la exigencia ‘de una suma de dinero’ -en el fallo ‘del producto de un ilícito’- surge del contenido de la llamada telefónica recibida el 29 de agosto de 2011 a las 22:42 hs. en el abonado 4665-7651 correspondiente al domicilio de la familia [de la víctima], realizada por Leonardo Daniel Jara". Aclaró que dicha comunicación fue ponderada en todos los actos procesales mencionados en el párrafo anterior (v. fs. 325).
En tal sentido, transcribió el tramo de dicha conversación que consideró relevante: "‘...hasta que esa c... no devuelva la guita no la va a ver nunca más, que le pregunte al marido dónde dejó la guita’".
Concluyó entonces que con la mención del "...pedido de entrega de dinero" en el alegato final del acusador público no se configuró una variación relevante del supuesto fáctico en el sentido en que lo proponía la defensa, sino que en rigor de verdad dicha cuestión respondió a una mayor precisión en los términos de la acusación.
Para más, refirió que el recurrente debió dar cuenta de un perjuicio concreto, puntualizando las defensas o alegaciones de descargo de las que se vieron privados los imputados, a fin de establecer si la alteración de los hechos denunciados pudo haber menoscabado su defensa en juicio (v. fs. 325).
Resaltó que de las constancias de la causa se desprendía que los imputados pudieron defenderse ampliamente, citando a tal fin las siguientes manifestaciones formuladas por aquella parte: hubo otros llamados de la misma trascendencia; con la llamada no se pudo probar una exigencia pecuniaria sino solo especulaciones y sospechas; no se acreditó ninguna vinculación entre los imputados y el núcleo familiar de Candela así como tampoco entre los propios acusados; "...de qué exigencia se habla en la sentencia si
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