Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa o 135922
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.922, "Suárez, Cristian Hernán y Mouhsen, Daniel Marcelo s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 100.664 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 28 de julio de 2020, rechazó -en lo que aquí interesa- los recursos homónimos deducidos por las respectivas defensas oficiales de Cristian Hernán Suárez y Daniel Marcelo Mouhsen contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza que los había condenado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautores penalmente responsables de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio criminis causae , en concurso real entre sí (v. fs. 389/412).
Frente a lo así decidido, las defensas oficiales impetraron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley. El doctor José María Hernández, luego de excusarse de intervenir en representación del procesado Mouhsen por la existencia de intereses contrapuestos entre los coimputados, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor del nombrado Suárez (v. fs. 433 y vta. y 435/451 vta., respectivamente). Por su parte, el doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi hizo lo propio ejerciendo la defensa de Mouhsen (v. fs. 470/479). Ambos recursos fueron declarados admisibles por la Sala interviniente (v. fs. 480/483).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 495/505 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 507), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el señor defensor oficial adjunto a favor de Cristian Hernán Suárez?
2ª) ¿Lo es el presentado por la defensa oficial en beneficio de Daniel Marcelo Mouhsen?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La defensa oficial de Cristian Hernán Suárez denunció que el Tribunal de Casación realizó una revisión aparente de la sentencia de condena -en lo concerniente a la constitucionalidad de la pena de prisión perpetua impuesta-, configurativa de un supuesto de arbitrariedad por apartamiento de las constancias de la causa, infringiendo -de ese modo- los arts. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional (v. fs. 438 vta. y 439).
Para fundar su pretensión, adujo que el órgano revisor, al expedirse sobre dicha cuestión, desatendió las críticas concretas planteadas en esa sede y que, en su análisis, nada dijo acerca de los principios constitucionales y convencionales que se denunciaron afectados o en pugna con la pena que impone el art. 80 del Código Penal (v. fs. 439).
Estimó que la prescindencia de tales fundamentos centrales constituyó un apartamiento de las constancias de la causa. Para sustentar su razonamiento, citó los fallos "Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina c. Laboratorios Alex S.A." y "Descole, Alicia N. y otros c. Empresa Ferrocarriles Argentinos" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 439 vta.).
Adunó a ello que el referido apartamiento equivale a una infracción al derecho a ser oído, que es derivación del derecho de defensa en juicio (arts. 18, Const. nac.; 8.1, CADH y 14.1, PIDCP), ello por cuanto el otorgamiento del derecho al recurso consiste en reconocerle a la parte que se dice agraviada el ser oída por el revisor a través de la vía del recurso (v. fs. cit. y 440).
Explicó que, si tal violación se configura en la etapa recursiva destinada a satisfacer el derecho al doble conforme, como es el caso, entonces el tránsito por ante el órgano encargado de satisfacerla resulta aparente, frustrando así el derecho convencionalmente reconocido orientado a la protección contra arbitrariedades en los pronunciamientos judiciales. En este punto, invocó el caso "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los fallos "Casal" y "Martínez Areco" de la Corte federal y otro precedente de esta Suprema Corte de Justicia (v. fs. 440/441).
En base a todas las infracciones denunciadas, solicitó que se anule la sentencia impugnada y se dicte un nuevo pronunciamiento acorde a derecho (v. fs. 441).
Luego, criticó que el órgano revisor negó cualquier colisión constitucional y convencional con base en la eventual posibilidad de que el imputado obtenga la libertad condicional habiendo transcurrido treinta y cinco años de encierro, dado que la pena a la que la ley de fondo llama "perpetua" no es estrictamente a perpetuidad (v. fs. 441 vta.).
En prieta síntesis, tildó de arbitrario dicho argumento en el entendimiento de que la posibilidad de obtener algún beneficio liberatorio no elimina el carácter de perpetuo a la pena, toda vez que "...no logra descartar que bajo la pena impuesta es posible que Suárez nunca recupere su libertad, sea porque la misma le puede ser rechazada, sea porque no logre sobrevivir hasta el momento en que pueda ser solicitada, aceptando así que en esos casos el fin resocializador de la pena resultará una aspiración imposible e inútil" (fs. 443 vta.).
Destacó que, en definitiva, la sentencia puesta en crisis no resuelve el caso particular, dado que la supuesta "temporalidad" de la pena a la luz del art. 13 del Código Penal no es más que el ocultamiento de que su asistido permanecerá el resto de su vida en encierro (v. fs. 444).
Señaló que la posibilidad de que, durante la ejecución de la pena atemporal, pueda accederse a la libertad condicional no le quita el carácter perpetuo e indefinido a la pena, máxime cuando para la concesión de ese beneficio existen condicionamientos ajenos al encerrado, tales como la esperanza de vida y el cumplimiento de requisitos que exceden la mera observancia regular de los reglamentos carcelarios, para transformarse en una concesión arbitraria. Al respecto, formuló consideraciones sobre las condiciones de detención en la Provincia de Buenos Aires que fuera reflejada en el caso "Verbitsky" de la Corte federal (v. fs. 444 vta. y 445). Y, con cita del fallo "Gramajo" de ese Tribunal, recordó que allí se destaca la necesidad de expectativas reales de libertad para garantizar el fin de readaptación social o en cuanto tratan el conflicto que la pena de prisión perpetua comparte con la reclusión accesoria del art. 52, relativa a la indeterminación de ambas (v. fs. 445 vta.).
Trajo a colación el caso "Mendoza" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y consideró que no era posible restringir su aplicación solo al régimen de los menores de edad, porque por principio la vida de los adultos se extingue antes que la de los niños (v. fs. 446/448).
De igual modo, estimó trasladables mutatis mutandi al caso las razones vertidas en los precedentes "Giménez Ibáñez" de la Corte federal y la causa P. 84.479 (sent. de 27-XII-2006) de esta Suprema Corte, pues, no obstante las diferencias con el caso examinado, se trata de que la pena impuesta es "realmente perpetua" más allá del nomen iuris del que provenga la perpetuidad (v. fs. 448/449).
Concluyó que la sanción aplicada es contraria a los arts. 5.6 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 449).
Por último, tachó a la pena perpetua impuesta como cruel, inhumana y degradante a la luz de la expectativa de vida de Suárez (v. fs. cit.).
Expresó que se trata de una pena perpetua en sentido estricto, pues no se puede afirmar que el cálculo que indica que podrá acceder a la libertad condicional a los cincuenta y cuatro años constituya una especulación conjetural; y agregó que el encierro sin fecha fija importa la negación lisa y llana de toda posibilidad de rehabilitación social de su defendido (v. fs. cit. y vta.).
Añadió que tal conclusión importa desconocer el carácter de persona humana del condenado y le da trato de cosa peligrosa (v. fs. 449 vta.).
Refirió, además, que la pena perpetua es incompatible con el art. 18 de la Constitución nacional, que prohíbe que las sanciones asuman el carácter de tormentos y azotes, prohibiendo -en una interpretación progresiva- toda pena cruel, inhumana, degradante o infamante. En ese orden de ideas, adicionó que se ha considerado que la pena privativa de la libertad realmente perpetua lesiona la intangibilidad de la persona humana en razón de que genera graves trastornos de personalidad, lo que deviene incompatible con el citado art. 18 (v. fs. 449 vta. y 450).
En suma, estimó evidente que la imposibilidad de que Suárez recupere su libertad algún día de su vida, transgrede todos y cada uno de los principios y derechos constitucionales enunciados (v. fs. 450 vta.).
En consecuencia, solicitó se anule la sentencia impugnada y se dicte o mande a dictar un nuevo pronunciamiento en el que se fije una pena de prisión temporal que le permita al acusado acceder a la libertad condicional, teniendo en cuenta su edad y las expectativas normales de vida. Precisó que una vez declarada la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua aplicada al caso en los términos de los arts. 45 y 80 inc. 7 del Código Penal, la pena debe fijarse de acuerdo a la escala penal prevista para el homicidio simple (art. 79, Cód. Penal; v. fs. 451).
II. Coincido con la Procuración General (v. en particular fs. 500 vta./502), pues estimo que el recurso no prospera.
III.1. En el recurso de casación, la defensa de Suárez, con similares agravios a los aquí traídos, había solicitado la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua normada en el art. 80 del Código Penal y del art. 14 del mismo Código (v. en particular, fs. 16 vta./20).
III.2. En lo que aquí interesa, el Tribunal de Casación Penal -a través del voto del juez doctor Carral, que concitó la adhesión simple del juez doctor Maidana- rechazó dicho reclamo (v. fs. 409 vta. y 410).
Inicialmente, sostuvo que "...las penas perpetuas para nuestro ordenamiento jurídico carecen (en rigor) de 'perpetuidad'" y que "...los códigos procedimentales prevén normativa específica tendiente a regular el acceso anticipado a la libertad de los condenados a sanciones perpetuas" (fs. 409 vta.).
Recordó que el art. 13 del Código Penal regula que, para este tipo de sanciones, una vez transcurrido determinado plazo de prisión, el penado puede acceder al régimen de la libertad condicional siempre que satisfaga los restantes requisitos previstos en la norma mencionada y que, en tal sentido, el art. 16 del mismo digesto se encarga de establecer la extinción del instituto de la prisión perpetua (v. fs. cit.).
Continuó señalando que "...la normativa local determina el momento a partir del cual un condenado a una sanción de prisión perpetua puede, eventualmente retornar al medio libre, satisfaciendo de este modo el mandato de certeza" y que "...la posibilidad de acceder a la libertad, impide concluir que la pena atribuida al penado sea efectivamente a perpetuidad" (fs. cit. y 410).
Con relación al caso, destacó que no podía efectuarse un análisis meramente abstracto, y que la defensa no explicó -en su tacha de inconstitucionalidad- de qué modo la extensión temporal de la pena recaída era desajustada respecto del principio de legalidad y del principio constitucional de culpabilidad en cuanto a la proporcionalidad de la reacción estatal en relación al disvalor del hecho concreto y su resultado (v. fs. 410).
En cuanto al planteo relativo a que el art. 14 del Código Penal establece que la libertad condicional no se concederá, entre otros, al condenado por el delito del art. 80 inc. 7 del mismo cuerpo legal, dijo que "...la cuestión se centra en advertir que frente a la primera ocasión en que el penado se encuentre en capacidad y posibilidad de acceder gradualmente a la vida en libertad, y se obture el goce de ese derecho invocando exclusivamente la norma aludida, entonces y sólo entonces se estará frente a un agravamiento cualitativo de la pena, determinante del perjuicio concreto que fungirá como presupuesto necesario de la pertinente declaración de inconstitucionalidad" (fs. cit.).
Concluyó que dichas razones no permitían acceder a la tacha de inconstitucionalidad de las normas cuestionadas, y que "...la vigencia de sus consecuencias perniciosas" deberá ser evaluada "...al momento de verificación del perjuicio concreto" (fs. cit.).
IV. De tal modo, entiendo que el Tribunal de Casación agotó en el caso -en el marco de la competencia abierta y en función de los agravios llevados por la defensa- su capacidad revisora, en tanto abordó el planteo relativo a la constitucionalidad de las penas perpetuas y dio las razones por las que consideraba que correspondía rechazarlo. De la reseña efectuada se puede advertir que su intervención se ajustó a las pautas establecidas por la Corte federal y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los citados precedentes "Casal" y "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" respectivamente, en lo que concierne al alcance que corresponde asignar al recurso de casación, sin que pueda afirmarse que se hayan inobservado los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mencionados por el recurrente (art. 495, CPP).
La afirmación de la defensa relativa a que el escrutinio llevado a cabo significó un "tránsito aparente" que frustró el derecho al doble conforme, no se condice con lo sucedido en el caso. En rigor, el recurrente se desentiende de los argumentos brindados por la Casación y expresa su opinión personal contraria a lo resuelto sin agregarle ningún desarrollo que, controvirtiendo todos los fundamentos del fallo, evidencie la violación de las garantías constitucionales invocadas (doctr. art. 495, CPP; conf. causas P. 75.261, sent. de 15-XII-2004; P. 90.723, sent. de 20-XII-2006; P. 130.781, sent. de 20-III-2019; P. 125.158, sent. de 19-II-2020; e.o.).
En efecto, el impugnante no ha reparado debidamente en lo decidido, especialmente en cuanto a que esa parte no ha explicado de qué modo la extensión temporal de la pena recaída es desajustada respecto del principio de legalidad y del principio constitucional de culpabilidad sobre la proporcionalidad de la reacción estatal en relación al desvalor del hecho concreto y su resultado. Por el contrario, reitera los reclamos llevados ante la instancia, que resultan ociosos ante la indivisibilidad de la sanción aplicada y la circunstancia de haberse impuesto la especie menos gravosa de las posibles conforme la calificación legal otorgada al suceso en juzgamiento (art. 495, CPP).
Por lo demás, el temperamento adoptado por el órgano revisor vinculado con la ausencia de interés actual en el planteo traído se condice con lo decidido por esta Suprema Corte en las causas P. 107.832, sentencia de 4-VI-2014; P. 118.280, sentencia de 26-III-2015; P. 123.946, sentencia de 2-XII-2015; entre otras.
Así las cosas, no se evidencia la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales que aduce comprometidas, y lo debatido y resuelto en el caso.
Cabe recordar que "...el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234); siendo doctrina consolidada que no configura ese supuesto excepcional la mera disconformidad del apelante con el pronunciamiento impugnado, sino que atiende a omisiones y desaciertos de gravedad extrema, que, a causa de ellos, las sentencias queden descalificadas como acto jurisdiccional (CSJN Fallos: 250:348). Además, el vicio debe tener tal entidad como para que, en el caso de ser conjurado, modifique la solución tomada por el juzgador.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La defensa oficial de Daniel Marcelo Mouhsen también denunció que el tribunal intermedio realizó una revisión aparente de la sentencia de condena, pero en este caso con relación al encuadre legal de la conducta atribuida al nombrado en el delito de homicidio criminis causae previsto en el art. 80 inc. 7 del Código Penal (v. fs. 470/479).
Adujo que esa parte había abordado ante la casación cada uno de los elementos por los cuales -en su criterio- era imperativo concluir que dicha agravante resultaba infundada: por un lado, porque no se había acreditado el dolo de matar requerido por la figura calificada; y, por el otro, porque el tribunal de juicio había omitido explicar por qué en este supuesto se configuraba el especial elemento subjetivo -ultraintención- exigido por la norma (v. fs. 473 vta.).
Señaló que el órgano revisor se desentendió de tales planteos y realizó un análisis deficiente, pues solo se limitó a reproducir genéricamente lo reseñado por el tribunal de origen sin responder acabadamente los planteos formulados (v. fs. 474).
Invocó en sostén de su postura el caso "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los fallos "Casal" y "Martínez Areco" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como lo resuelto en la causa P. 98.023 de esta Suprema Corte (v. fs. 474 vta. y 475).
Reiteró que la decisión impugnada constituyó un tránsito aparente por la instancia intermedia que frustró el derecho al doble conforme (v. fs. 475).
Concluyó que la decisión impugnada prescindió de la garantía consagrada en los arts. 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y solicitó -en definitiva- que se anule la sentencia en crisis y se dicte o mande a dictar un nuevo pronunciamiento acorde a derecho (v. fs. 475 vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo de la impugnación, criterio que comparto (v. en particular, fs. 504/505 vta.).
III. La decisión del Tribunal de Casación respecto del pronunciamiento de la instancia, según se verá, cumple con los estándares emergentes del fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncia, en tanto abordó y se expidió sobre los motivos de agravio llevados a su conocimiento.
III.1. El Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza tuvo por debidamente acreditado que "El día 26 de enero del año 2017, promediando las 00:40 horas en circunstancias que Nahuel Alexis Bellocq, arribó a su domicilio sito en la arteria [...] de la localidad de Los Pinos de esta jurisdicción, en compañía de su novia [...] Reina Rocío Ríos, a bordo del rodado marca Ford, modelo Focus, dominio ORF-075, de color blanco, y se aprestaba a estacionar el mismo en el garage de la vivienda, fue abordado por dos sujetos de sexo masculino que se acercaron caminando, habiendo arribado al lugar a bordo de un rodado marca Chevrolet modelo Corsa Wagon, de color oscuro con techo gris, conducido por un tercer sujeto que actuando mancomunadamente detuvo la marcha sobre la arteria Garibaldi, para luego retirarse del lugar en dirección a Camino de Cintura. Que ambos sujetos se acercaron a Bellocq quien se hallaba en la vereda y uno de ellos munido de un revólver de
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