Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137365
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.365, "A., W. D. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en la causa n° RC-59 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Torres, Kogan .
El Juzgado de Garantías n° 3 de Mar del Tuyú, mediante sentencia dictada el día 18 de enero de 2022, emitida en juicio abreviado, condenó a W. D. A. a la pena de seis meses de ejecución condicional, con accesorias legales y pago de las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y ser cometidas por un hombre hacia una mujer mediando violencia de género (art. 89, en relación con los arts. 92 y 80 incs. 1 y 11, Cód. Penal), ocurrido el día 10 de enero de 2022 en perjuicio de la ciudadana N. M. G. (arts. 5, 20, 26, 27 y concs., Cód. Penal). Asimismo, impuso las accesorias del art. 27 bis del Código Penal, por el término de dos años: I) fijar domicilio, debiendo dar comunicación a esa judicatura de cualquier cambio que pueda producirse; II) abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas; III) someterse al control del Patronato de Liberados; IV) imponer al ciudadano W. D. A., la prohibición de acercamiento en un radio no menor a cien metros de la ciudadana N. M. G., en cualquier lugar que esta se encuentre y de su domicilio; V) imponerle la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto y a través de cualquier medio (mensajes, tel., WhatsApp, redes sociales creadas o por crearse, etc.), respecto de la nombrada; VI) imponerle la obligación de dar comienzo a un tratamiento psicológico para canalizar sus emociones y evitar futuros episodios de violencia de género, por el plazo de dos años. En caso que el profesional interviniente considere que se ha cumplido la finalidad de tratamiento antes del trascurso de los dos años, deberá comunicarlo a esa Agencia de Garantías (v. sent. digital).
La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Dolores, a través del pronunciamiento del día 16 de marzo de 2022, rechazó los recursos de apelación interpuestos por el imputado y su defensa particular contra el referido fallo (v. sent. digital).
Frente a esa decisión, el doctor Carlos Luciano Herrera, defensor de confianza del imputado, dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley. La Sala recurrida por un lado declaró la inadmisibilidad del carril extraordinario de nulidad; contra ello, la defensa particular no dedujo queja (v. informe de fecha 5-X-2022). Por otra parte, admitió el recurso de inaplicabilidad de ley (v. resol. de 5-IV-2022).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La defensa denunció la arbitrariedad de la sentencia de la Cámara de Apelación por falta de motivación y fundamentación. Entiende que se han violado las garantías constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio (art. 18, Const. nac.), toda vez que el imputado no contó con asesoramiento legal al momento de estar detenido.
Alega que A. aceptó una propuesta de juicio abreviado sin haber comparecido a una audiencia presencial por el contexto que reinaba en el año 2020, siendo que, además, tampoco se respetaron los protocolos de actuación que se crearon para ese excepcional período.
La violación de preceptos constitucionales, según entiende, se extiende a lo normado en los arts. 19 y 28 de la Constitución nacional, en tanto no se cumplió el fin último de administrar justicia, sino que el juez usó la "ley de encaje" y actuó con su mera voluntad soslayando la entrevista del imputado con el defensor.
Afirma que a su asistido se le impuso directamente un juicio abreviado en oportunidad que estaba detenido en una comisaría y sin asistencia letrada.
Asevera que el hecho punible no se ajusta a lo acontecido. Sostiene, en definitiva, que A. fue condenado por una materialidad fáctica distinta a la que -según él- verdaderamente ocurrió.
Postula que nada impedía que su pupilo recuperara la liberad y fuera asistido conforme lo manda el debido proceso además de que un juicio bajo la modalidad virtual deja de ser público y limita el principio de inmediatez.
Por último, menciona que no se cumplió con las Acordadas 30/2020 y 31/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que debe contarse con el consentimiento de las partes para la celebración de las audiencias a través de sistemas electrónicos.
II. Coincido con el dictamen de la Procuración General, el recurso no prospera.
III.1. El señor juez de la instancia tuvo por acreditado que "...el día 10 de enero del año 2022 en un horario que no se puede precisar con exactitud, pero que resultaría ser aproximado a las 22:30 horas, un sujeto adulto de sexo masculino, W. D. A., en circunstancias en que se encontraba junto a su pareja, la Sra. N. M. G., en el domicilio en que habitaban, sito en la calle … número … de la Localidad de Santa Teresita, la tomó del cuello con una mano, la empujó sobre la cama, se le subió encima y con la otra mano le tapó la nariz, y la boca al mismo tiempo, por un lapso aproximado de más de un minuto, para luego seguidamente propinarle golpes de puño, ocasionándole a raíz de dichos golpes, sangre seca en labio superior y escoriación lineal en antebrazo derecho, lesiones estas caracterizadas a la postre como de carácter leves, consumando de esta manera con el iter delictivo descripto, siendo aprehendido por personal policial actuante...".
Luego de realizar la audiencia prevista por el art. 398 del Código Procesal, "...de manera remota, contando con la libre conformidad del encartado" admitió el juicio abreviado, y condenó a W. D. A. como autor de lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser cometidas de un hombre hacia una mujer, mediando violencia de género (art. 89, con relación a los arts. 92 y 80 incs. 1 y 11, Cód. Penal).
III.2. Frente a ello el imputado interpuso recurso de apelación que fue fundado por su defensa particular quien -en prieta síntesis- planteó vicios de procedimiento referentes al acuerdo de juicio abreviado, violentando las reglas del debido proceso y la defensa en juicio. Solicitó la nulidad del juicio abreviado y de la sentencia, y abogó por la absolución de A.. Aseveró que no se trata de un hecho de violencia de género, cuestionó la agravante toda vez que la pareja estaba separada desde hace más de un año. Se quejó de la falta de asistencia técnica de su defendido mientras estaba detenido, quien, en su parecer, no prestó conformidad con el juicio abreviado libremente. Denunció omisión de contacto de A. con el juez antes de homologar el acuerdo, en violación del art. 41 inc. 2 in fine del Código Penal. Explicó que A. no se encontraba dentro de uno de los denominados grupos de riesgo por diversos problemas de salud y debió asegurársele la presencialidad en este proceso abreviado, ya que lo virtual, altera y frustra, entre otras cosas, el debido canal de comunicación que debe realizarse entre los imputados y los defensores. Expresó que la pareja de A. de más de veinte años, jamás quiso instar la acción penal, ni sabe qué fue lo que firmó (v. rec. digital).
III.3. La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de Dolores rechazó el remedio intentado. Para así decidir expresó que, de las constancias obrantes en el legajo en cuestión, se desprende que se han respetado la totalidad de las formas establecidas en el desarrollo de la investigación penal preparatoria, no habiéndose vulnerado las garantías del orden constitucional, vinculadas al debido proceso y a la defensa en juicio.
Aseveró que "...la presentación de nuevo letrado en forma alguna puede retrotraer el procedimiento y menos aun cuando su pupilo contó con la defensa técnica a lo largo de la investigación penal. En este orden la presentación resulta rayana con las disposiciones establecidas por el Código de Ética profesional (art. 14 y cctes.)".
Seguidamente indicó que surge del acta de procedimiento, que el imputado fue notificado de los derechos que le acuerda el art. 60 del Código Procesal Penal, en dicha oportunidad. Agregó que "...consta en la IPP número 03-02-286/22, el llamado a prestar declaración en los términos del art 308 del CPP por el Sr. Agente Fiscal Dr. Prieto Martín Miguel. [Que] personal de la Defensa oficial, peticiona prórroga para la recepción de dicha declaración, en tanto el imputado manifestó el deseo de designar letrado particular. [Luego] consta en autos acta de audiencia en los términos del art. 308 del CPP, en la que el imputado, asesorado por su letrado particular Dr. Edgar García, presta declaración. A fs. 58, consta en la IPP la propuesta de letrado y a fs. 59 la aceptación del cargo. [Más adelante], obra en la IPP, acuerdo de juicio abreviado, entre el Dr. Martín Miguel Prieto, Agente Fiscal, el Dr. Edgard Rafael García, letrado particular del encartado y el Sr. W. D. A., imputado./ En dicho acuerdo, se deja constancia de que '... si bien el Agente Fiscal oportunamente solicitó se convierta en detención la aprehensión del imputado, y que a la fecha nos encontramos dentro de los plazos para solicitar la prisión preventiva del encartado, no menos cierto es que de los informes de reincidencia y del Ministerio de seguridad, se desprende que el encartado no posee antecedentes condenatorios y que con la calificación sustentada, por sus mínimos, pudiera corresponderle una pena en suspenso ' ... " (el destacado figura en el original).
Explicó, frente a los cuestionamientos de la parte acerca de las defensas que se habría visto impedido de articular, que conforme surge de lo pactado "... todas las partes se conforman con todas las piezas obrantes en la IPP 03-02-286/22, dejando de lado las oposiciones que se hubieren formulado, habiéndose formulado requisitoria de elevación a juicio, resulta procedente el presente acuerdo... " (ibíd.).
En lo referente a que existe omisión del señor juez de la causa, de tomar contacto de visu con el imputado, indicó que obra constancia suscripta por el señor juez de garantías subrogante doctor Christian Sebastián Gasquet, en la cual se deja constancia de que, conforme lo establecen los arts. 40 y 41 del Código Penal y de manera remota, toma contacto de visu con el imputado detenido A. quien manifiesta que fue asesorado por su defensor y que presta conformidad con la aplicación del juicio abreviado en la presente causa, con la pena pactada y la calificación sustentada por el Ministerio Público Fiscal, en forma libre y expresa. Cita en apoyo la RC 924/21 de esta Corte (resol. de 16-VI-2021).
No obstante, remitió copias de los escritos de apelación del imputado y de la defensa particular a la Fiscalía General a los fines que se estimen pertinentes, en tanto de ellos surge la denuncia de circunstancias que presuntamente habrían existido al momento de la suscripción del acuerdo de juicio abreviado por el imputado, que podrían configurar la posible comisión de un delito de acción pública (arts. 416, 21, 56 primer párr., 6 y concs., CPP; 3, 28 incs. 1, 4 y 6, 29 incs. 1 y 2 y concs., ley 14.442).
En referencia al agravio relativo a la nota que remitiera a la Unidad Funcional de Instrucción, la señora G. donde habría manifestado que los hechos no se ajustan a cómo acontecieron, lo que se debe a que le explicaron mal o le entendió mal al personal policial al tomarle la denuncia, resaltó que el a quo valoró la denuncia de la nombrada en la que declara que: "...hace aproximadamente veintidós años, posee una relación de pareja con el Sr. A. W. [...] que convive con su pareja en la localidad de Wilde [...] que su pareja se hizo presente en esta localidad en el mes de diciembre, mientras que la dicente, arribó a la localidad el día cinco de enero del cte., domiciliándose ambos en vivienda ubicada en calle … número … , entre calle … y … de este medio, de la cual ambos resultan propietarios...", "..la dicente comenzó a reclamarle al señor A. W., motivo por el cual comenzaron a discutir y el señor W. la tomó del cuello con una mano, la empujó hacia la cama, se le subió encima y con la otra mano le tapó la nariz y la boca, al mismo tiempo; que cree que por más de un minuto la dejó sin respirar y mientras le tapaba la boca y la nariz la hablaba [...] luego de unos minutos la soltó y la dicente tomó su teléfono celular a los fines de solicitar ayuda al 911 emergencias. Comenzaron a forcejear por el teléfono, la dicente logra quitárselo y se encerró en el baño y logra llamar al 911 emergencias, refiriéndole que se encontraba discutiendo con su pareja y que estaba golpeada y le sangraba la nariz...", "...preguntado si posee testigos presenciales de los hechos manifiesta que no...", "...preguntado para que refiera si es la primera vez que su pareja es agresiva con la dicente, refiere que NO, que en otras ocasiones la ha golpeado por distintos motivos, y que cada vez que se enoja la golpea y la amenaza, refiriendo que algún día la va a matar...".
Destacó que ello se corresponde con lo expresado en el acta de procedimiento, realizada el día 11 de enero de 2022, a las 23:50 hs., la declaración del oficial José Luis Sixto y de los agentes Espinoza, Paez y Alegre. También se valora el informe médico precario realizado a la señora N. G. el día del hecho, del que surge que se observa sangre seca en labio superior más escoriación lineal en antebrazo derecho. Resto del examen sin lesiones visibles.
Advirtió que el sentenciante se expresó sobre las pruebas que dieron base a su decisión, valorándolas racionalmente, fundamentando así las conclusiones a las que arribó.
Descartó la transgresión del principio de congruencia invocado, ya que en autos el hecho atribuido al acusado en el llamado a prestar declaración en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal y el consignado en el fallo condenatorio resultan idénticos, siendo que la defensa tuvo oportunidad de conocer, confrontar y producir prueba sobre los aspectos esenciales de la plataforma infraccionaria, con anterioridad a que se dictara la sentencia, condición ineludible de un proceso respetuoso de la garantía constitucional de defensa en juicio (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1. y 8.2. "b", CADH; 14.1. y 14.3. "a", PIDCP).
Encontró al fallo recurrido fundamentado en textos legales y suficientemente motivado, con lo cual, reúne las exigencias legales y constitucionales, razón por la cual denegó el planteo de nulidad de la defensa (arts. 18, Const. nac.; 171, Const. prov.; 106 y 203 a contrario, CPP).
Especificó que la retractación realizada por la víctima "...debe ser contextualizada dentro de la esfera de vulnerabilidad en que habría sido exteriorizada, lo que debe ser merituado con perspectiva de género. Lo propio surge de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belém Do Pará (1994), documento que goza de jerarquía constitucional y de cuyo texto se infiere la necesidad de aplicar una perspectiva de género a este tipo de cuestiones".
En ese sentido, surge de la causa, acta de procedimiento labrada el día del hecho, a las 11:10 hs., que N. M. G., ingresa a la Comisaría de Santa Teresita, en una crisis de llanto y refiere a viva voz quiero que le tomen una denuncia de que todo lo que dijo era mentira y señaló "Mi marido no me golpeó, me golpee sola y quiero que lo liberen...". "Que la femenina se encontraba en una crisis de llanto, solamente refiriendo que quería que le tomaran la denuncia...". Se añade que, ante tal situación, "...procedemos a contener a la femenina...", "...refiere que en la fecha, en horas de la madrugada, radicó denuncia penal en contra de su esposo A. W. D., por lesiones y por la cual se encuentra detenido. Que la dicente refería que quería retirar la denuncia, dado a que había mentido y que su esposo no la había golpeado. Que mientras nos refería esto, notábamos que la misma estaba muy nerviosa y lloraba. Que luego de contenerla y mantener una charla, la misma nos refiere que estaba siendo presionada. Que no aportaba más datos, comenzando a llorar nuevamente. [Que] [...] unos instantes después nos refiere que estaba recibiendo amenazas, sin referir por parte de quien, ni de qué manera, para que diga que mintió en la denuncia y que diga que los golpes se los provocó ella misma, que le quedaba poco tiempo para que la retirara, sino iban a matar a su familia...".
Remarcó que la nombrada prestó declaración a posteriori en sede de la Unidad Funcional de Instrucción mediante la modalidad de videoconferencia, donde expresó que: "...en principio se acercó a la comisaría para levantar la denuncia y manifestar que había mentido, pero en realidad cuando la dicente se encontraba en el hospital, una compañera de su pareja, X. C., se acercó a la dicente y le dijo que no lo denunciara a su pareja, que iba a perder el trabajo y que sabía lo que le iba a pasar, que la dicente le preguntó qué iba a pasar a lo que X. no le respondió....", "...que posee mucho temor de que su pareja salga, tanto de él, de parte de su familia y de la amante de su pareja...".
En cuanto a las expresiones referidas a que el vínculo de pareja se encontraba cortado desde hace más de un año, aseveró, "...no obstante que la prueba de mención supra acredita lo contrario, que el inc. 1 del art. 80 del CP, al que remite el art. 92 del CP, se refiere a quien '...mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia...'".
IV. La denuncia de arbitrariedad resulta insuficiente (conf. art. 495, CPP).
Ante lo así decidido se advierte que en la impugnación en análisis la defensa reeditó los planteos llevados ante el Tribunal de Alzada, manifestando mera disconformidad con las razones que concluyeron en sentido adverso a sus reclamos a través de desarrollos que se muestran como una opinión discrepante, carente de una crítica razonada y concreta con aptitud para evidenciar aquello que intentó denunciar (art. 495, CPP).
Viene al caso recordar que el objeto de la doctrina de la arbitrariedad "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234).
Así entonces, quedó indemostrada la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales que se denunciaron como afectadas y lo debatido y resuelto en el caso.
V. Se advierte, asimismo la contradicción con los actos del anterior abogado de confianza que designara el imputado en defensa de sus intereses. Cabe destacar que la propuesta de juicio abreviado efectuada por la fiscalía fue suscripta tanto por el imputado como por su entonces letrado particular, doctor Edgar Rafael García.
En tal sentido corresponde recordar que el principio de unidad de defensa determina que los sucesivos letrados que representan a un acusado se encuentran -por regla- condicionados por la actuación de sus predecesores (conf. causas P. 95.974, resol. de 28-IX-2011; P. 116.448, resol. de 4-IV-2012 y P. 127.748, sent. de 14-VI-2017).
Es que, la doctrina de los actos propios enseña que la adopción de un temperamento discrecional importa ausencia de gravamen atendible, ya que nadie puede ponerse en contradicción con su propio proceder ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamen
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