Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137382
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado a favor de Juan Ramón Saucedo Verón, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.382, "Saucedo, Juan Ramón s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 44.881 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
El Tribunal en lo Criminal n° 9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, condenó -mediante sentencia dictada el día 17 de agosto de 2010- a Juan Ramon Saucedo Verón, a la pena de dieciséis años de prisión, con costas, por resultar autor responsable del delito de homicidio simple cometido mediante el empleo de arma de fuego en concurso real con hurto simple, hechos acaecidos entre los días 25 y 26 de abril de 2009 en la localidad de Burzaco, partido de Almirante Brown, del que resultó víctima el señor Roberto Correia Rodríguez (arts. 40, 41, 41 bis, 45, 55, 79 y 162, Cód. Penal).
La defensa interpuso recurso de casación y mediante el pronunciamiento dictado el día 1 de noviembre de 2011, la Sala III de ese Tribunal, hizo lugar parcialmente y absolvió a Juan Ramón Saucedo respecto del delito de homicidio con arma de fuego, confirmando el delito de hurto simple. En consecuencia, lo condenó a la pena de dos años de prisión sin costas, que tuvo por cumplidos con el tiempo de detención en prisión preventiva.
El señor Fiscal ante el Tribunal de Casación, articuló un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y esta Suprema Corte, en el marco de la causa P. 117.093, el día 14 de octubre de 2015 -por mayoría- hizo lugar a la impugnación y dejó sin efecto la absolución decretada, ordenando el reenvío a la anterior instancia.
En tales condiciones, la Sala III del Tribunal de Casación Penal -con una nueva integración- examinó el recurso de la defensa contra la sentencia de primera instancia y, mediante el pronunciamiento dictado el día 12 de septiembre de 2017, lo rechazó.
La defensa oficial de Saucedo, interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue declarado inadmisible. Acudió en queja y esta Corte, en el marco de la causa P. 130.372, hizo lugar a la queja, concedió el recurso y el día 29 de abril de 2020, dejó sin efecto la sentencia revisora del Tribunal de Casación, ordenando el dictado de una nueva.
Devuelta por segunda vez al órgano revisor, dicha Sala -con una nueva integración- rechazó, el día 24 de noviembre de 2021, el recurso interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia originaria.
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto ante dicha instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el cual fue declarado admisible por el tribunal intermedio por resolución del día 13 de julio de 2022.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 15-II-2023), dictada la providencia de autos el día 16 de febrero de 2023 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. El señor defensor oficial denunció la afectación de la garantía de la revisión amplia e integral del fallo de condena (conf. arts. 18, Const. nac.; 8.2 "h", CADH; 14.5, PIDCP y 10, 11, 15, 57, 168 y 171, Const. prov.), y la infracción de la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales que deriva de la razonabilidad republicana y del derecho de defensa por revisión aparente.
Sostuvo que en la oportunidad de la audiencia del art. 458 del Código Procesal Penal, esa parte sometió a estudio del tribunal intermedio el agravio relativo a la violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, siendo que Saucedo llevaba procesado -sin sentencia firme- más de trece años; y la respuesta, a su entender, dejó en evidencia el tránsito aparente por esa instancia frustrando el derecho al doble conforme, en tanto aduce que el tribunal revisor se limitó a reproducir lo sostenido por el acusador en el memorial, sin atender el planteo de esa defensa.
Concluyó en que el Tribunal de Casación Penal, desplegó solo en apariencia la labor revisora rechazando el agravio sin argumentos propios; por tanto, solicitó la anulación del fallo con reenvío a esa instancia para que, debidamente integrado, se dicte una nueva sentencia ajustada a derecho.
I.2. En segundo lugar, reclamó la extinción de la acción penal por inobservancia de la manda contenida en el art. 8 inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 3 apartado "c" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, solicitando la prescripción por plazo razonable.
Refirió que no había elementos para justificar la duración de más de trece años del trámite procesal que lleva insumido, y destacó que Saucedo sólo se limitó a esperar un pronunciamiento definitivo.
Seguidamente, se refirió a los criterios elaborados por la Comisión Interamericana para determinar la razonabilidad del proceso: 1) la complejidad del caso; 2) la conducta del inculpado; 3) la diligencia de las autoridades competentes en la conducción del proceso (v. informes 12/96, párr. 111 y 100/01, párr. 54, CIDH).
Luego de citar los casos "Genie Lacayo", "Suárez Rosero" y "Paniagua Morales" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refirió a los criterios antes mencionados y resaltó la opinión del señor Procurador General en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Barra", así como también hizo alusión a los precedentes "Mattei", "Mozzatti", "Kipperband" y "Espíndola" de la Corte federal.
Concluyó en que debe decretarse la extinción de la acción penal por ser esa la medida idónea para determinar la cesación de la potestad punitiva estatal por el transcurso del tiempo.
II. El señor Procurador General dictaminó por el rechazo del recurso deducido (v. dictamen digital de 15-II-2023). Comparto su postura.
III. En la reseña de antecedentes quedó detallado el derrotero procesal que conllevó un doble reenvío al Tribunal de Casación, el primero en virtud del acogimiento del recurso del señor Fiscal contra el veredicto absolutorio respecto del delito de homicidio, y el segundo en razón de la procedencia de los planteos de la defensa.
Tras este segundo reenvío, ante la Sala III del tribunal intermedio -con nuevos jueces-, el señor defensor oficial adjunto respectivo solicitó la audiencia del art. 458 del Código Procesal Penal, que fue celebrada el día 8 de julio de 2021.
El señor fiscal adjunto, doctor Fernando Luis Galán (P.D.S.), acompañó el memorial respectivo postulando el rechazo del recurso intentado, a la vez que -en lo que interesa destacar-, hizo referencia a un planteo sorpresivo de la defensa en la audiencia del art. 458 del Código de procedimiento, con respecto a la solicitud de prescripción de la acción penal por haberse excedido el plazo razonable de duración del proceso penal, y consideró que tal petición no era atendible.
Sostuvo que tanto la doctrina como la jurisprudencia local e internacional resultaban coincidentes en que la determinación de la duración del proceso es una facultad jurisdiccional, siendo imposible establecer ex ante un plazo de días, meses o años con carácter general y para todos los procesos. Argumentó que se exige una correcta evaluación de las particularidades de cada caso para dar una solución en consideración de todas las circunstancias concretas en cada oportunidad.
A su vez, se refirió a la necesidad de un juicio rápido conforme el fallo "Mattei" de la Corte federal; analizó el caso Valle Jaramillo, sentencia de 27-XI-2008 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto constituyó como cuarto elemento a valorar la materia objeto de controversia; citó el caso Kawas y los precedentes P. 107.832; P. 114.739 y P. 116.494 de esta Suprema Corte; se refirió también al fallo "Al Kassar, Monzer" del Alto Tribunal nacional; para finalmente analizar las particularidades de la presente causa y concluir -sobre el punto- que las singularidades del caso (que exigieron el dictado de dos sentencias del Tribunal de Casación y dos pronunciamientos de la Corte provincial) denotaban complejidad y excepcionalidad.
En último término, afirmó que aun teniendo en cuenta la doctrina emanada de la Corte federal en el fallo "Farina", la acción penal no se halla prescripta atendiendo a las previsiones del art. 62 inc. 2 del Código Penal.
IV. La Sala III del Tribunal de Casación Penal, el día 24 de noviembre de 2021, dictó sentencia y rechazó todos los agravios formulados por la defensa de Saucedo en el primigenio recurso de casación interpuesto contra la sentencia de condena del Tribunal en lo Criminal n° 9 de Lomas de Zamora de fecha 17 de agosto de 2010.
Sostuvo que en el caso no se verificaban los defectos denunciados respecto de la acreditación de la participación de Saucedo en el hecho que se le atribuyó. En ese sentido, se refirió a la acreditación de la materialidad ilícita -no cuestionada-, a la autoría responsable mediante los medios de prueba que permitieron reconstruir la dinámica del hecho y la conducta asumida por el imputado. Analizó diferentes declaraciones testimoniales ponderadas en la sentencia, como también los dichos de Saucedo brindados durante el debate, y destacó que el sentenciante de origen tuvo por acreditado que "...Saucedo ingresó a la casa de Carreia Rodríguez y una vez dentro le efectuó tres disparos con un arma de fuego, causándole la muerte, y sustrajo el celular, el revolver y un juego de llaves pertenecientes a la víctima y se retiró del lugar".
A su vez, rechazó la invocación del beneficio de la duda pues -según dijo- se hallaba enlazada a la procedencia del tramo de agravio que ya se había descartado.
En lo que interesa destacar para la solución del caso, el tribunal revisor se pronunció respecto a las postulaciones introducidas por la señora defensora oficial adjunta ante esa instancia en el memorial (vinculadas con la errónea aplicación del art. 41 bis del Cód. Penal y la falta de motivación de la sentencia de grado en cuanto a la aplicación de agravantes), y afirmó que no correspondía abordarlas toda vez que habían sido introducidas en forma extemporánea (art. 451, CPP).
En lo referido al planteo de violación del plazo razonable -formulado en la audiencia del art. 458 del Código Procesal Penal celebrada el 8 de julio de 2021-, se expidió de conformidad con los argumentos desarrollados por el señor fiscal adjunto de Casación en su memorial, concluyendo que no se hallaba vulnerado el plazo razonable del proceso teniendo en consideración la múltiple ejercitación de derechos recursivos.
Aseveró a su vez que la acción penal tampoco estaba prescripta ya que el último acto interruptivo había sido el veredicto condenatorio del día 17 de agosto de 2010 por el tribunal criminal, sin que hubiere transcurrido el tiempo previsto por el art. 62 inc. 2 con relación al ilícito atribuido a Saucedo.
Finalmente, se refirió al pedido de detención propiciado por el señor fiscal y determinó que corresponderá decidir a la judicatura a cuyo cargo se encuentre a disposición el imputado en cuanto el pronunciamiento de condena quede firme.
V. El agravio vinculado con la denuncia de afectación de la garantía de la revisión amplia e integral del fallo de condena (conf. arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP), debido a que el tribunal revisor rechazó el planteo sobre el plazo razonable de manera aparente, sin detenerse en los argumentos llevados por esa defensa (v. apdo. I.1. de la presente), no es de recibo. De modo contrario a lo afirmado, de la reseña efectuada se desprende que las pretensiones fueron analizadas sin restricciones indebidas.
En efecto, el tribunal revisor abordó todos los agravios llevados por la defensa oficial de Saucedo en el recurso de casación, vinculados a la arbitrariedad y absurdo de la sentencia de condena en el extremo de la acreditación de la participación del nombrado en el hecho que se le atribuye; a su vez, decidió que los pedidos de la defensa oficial articulados en el memorial ante esa instancia, eran extemporáneos (art. 451, CPP); y en lo referido a la petición de la afectación de la garantía del plazo razonable, compartió los fundamentos brindados por el señor fiscal adjunto ante esa instancia.
De tal modo, no se aprecia que la respuesta otorgada encasille en los andariveles de la excepcional doctrina de la arbitrariedad de sentencias, por considerar el criterio brindado como fundamento aparente.
VI. En cuanto a la violación de la garantía a ser juzgado sin dilaciones indebidas y en un plazo razonable, e inobservancia de lo normado en los arts. 8 inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 3 apartado "c" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el agravio es insuficiente (art. 495, CPP).
Conforme lo expuesto, se puede observar que para el Tribunal de Casación Penal -que, como se dijo, compartió los fundamentos dados por el señor fiscal en el memorial- resultó evidente que, frente al juzgamiento por un delito grave en el marco de la cual se dispuso su reenvío en dos oportunidades, el caso revistió la caracterización de "complejo", por lo que, examinado su trámite desde esa perspectiva, cabe compartir la conclusión del órgano revisor.
En efecto, compulsados los parámetros de duración del proceso a la luz de los distintos y sucesivos reenvíos que cursó el trámite de la mano del ejercicio legítimo de los derechos recursivos que las partes ejercieron, no es factible asumir la excepcional doctrina que se postula para declarar la violación de la garantía invocada.
De tal modo, los argumentos vinculados a las pautas que en materia de derecho internacional los organismos interamericanos recomiendan analizar a fin de determinar la razonabilidad del plazo de duración del proceso, evidencian tan solo una postura personal y discrepante, que no alcanza para demostrar el compromiso de la garantía en crisis ni la inobservancia de la normativa supranacional que se cita. Media pues insuficiencia (art. 495, CPP).
VII. Cabe agregar sobre el punto, que es sabido que, ante la falta de regulación expresa, determinar el plazo máximo de duración comporta una labor que exige examinar diversas circunstancias que rodean el caso, como ser: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales (CIDH casos Genie Lacayo vs. Nicaragua, párr. 77; Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, párr. 164; Kawas Fernández vs. Honduras. Fondo, reparaciones y costas, sent. de 3-IV-2009, Serie C No. 196, párr. 112; Bayarri vs. Argentina. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, sent. de 30-X-2008, Serie C No. 187, párr. 107; Escué Zapata vs. Colombia. Fondo, reparaciones y costas, sent. de 4-VII-2007, Serie C No. 165, párr. 26 y Heliodoro Portugal vs. Panamá, párr. 149) y d) la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada (CIDH casos Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, párr. 155 y Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, párr. 164).
El recurrente únicamente se apresta a señalar los tiempos que este proceso ha insumido, y a brindar algunas breves consideraciones sobre la complejidad del caso, la conducta del inculpado y la diligencia de las autoridades, pero en ese derrotero no se ocupa -por ejemplo- de incluir el cuarto elemento a ponderar de conformidad con el caso Valle Jaramillo antes mencionado.
Por último, el impugnante tampoco demuestra la similitud de la situación planteada en autos con las suscitadas en los precedentes "Mattei" (CSJN Fallos: 272:188), "Mozzatti" (CSJN Fallos: 300:1102), "Kipperband" (CSJN Fallos: 322:360), entre otros invocados en el recurso, pues no ha realizado desarrollo alguno que permita asimilar aquellas situaciones con las del presente proceso (art. 495, CPP).
Por lo expuesto, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud y Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado a favor de Juan Ramón Saucedo Verón, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/06/2023 12:56:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/06/2023 18:44:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/06/2023 10:57:30 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/07/2023 09:47:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/07/2023 09:56:40 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 10/07/2023 11:39:53 hs. bajo el número RS-70-2023 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia