Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135918
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la defensa oficial, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.918, ". S., M. Á. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 96.840 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria.
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 21 de abril de 2020, rechazó el recurso interpuesto por la defensa oficial de M. Á. Y., contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes que lo condenó a la pena de dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas, más declaración de reincidencia, por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado por el acceso carnal y por haber sido cometido contra una menor de dieciocho años, aprovechando la situación de convivencia preexistente, en la modalidad de delito continuado (v. fs. 62/65 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 71/76), el que fue declarado admisible por el tribunal casatorio (v. fs. 77/78 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 85/88 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 90) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La defensa denunció la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, con la consecuente afectación de los principios de culpabilidad por el acto y proporcionalidad de la pena (v. fs. 72 vta.).
Luego de reproducir la respuesta brindada por el tribunal intermedio al agravio sobre la determinación de la pena planteado por su parte, sostuvo que la sentencia impugnada incurrió en arbitrariedad en tanto no brindó fundamentos que expliquen las razones por las que ratificó el monto de la sanción impuesta y lo juzgó adecuado y suficiente para cumplir con el fin preventivo especial de la pena (v. fs. 73 vta.).
Citó el fallo "Maldonado" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 73 vta. y 74), y añadió que "...el contenido del principio de culpabilidad materializa garantías que aseguran al sujeto que será imputado solo frente a exteriorizaciones que guardan relación con su consideración como persona y los hechos que le fueran imputados" (fs. 74).
Señaló que haber homologado la sanción impuesta a Y., cuando únicamente se computaron en el caso una circunstancia atenuante y ninguna agravante, no solo afecta el principio de culpabilidad y reprochabilidad por el hecho cometido, sino que también transgrede el principio de proporcionalidad de la pena (v. fs. cit. y vta.).
Expresó que la discrecionalidad con la que cuentan los magistrados no puede ser confundida con arbitrariedad y que la sanción aplicada significó una aplicación -velada- del "derecho penal del enemigo" (v. fs. 74 vta.).
Agregó que, si bien es cierto que el monto cuestionado se encuentra dentro de la escala penal legalmente contemplada para el suceso en juzgamiento, no menos cierto es que al ser tan elevado (en el doble del mínimo y cercano al máximo) y no corresponderse con la culpabilidad por el hecho reprochado, lo que se pretende en realidad es neutralizar a su asistido por el tiempo que dure la sanción (v. fs. 75).
Solicitó, finalmente, como corolario de los fundamentos expuestos, se case la sentencia impugnada y se reenvíe el caso al tribunal intermedio para la imposición de una nueva sanción respetuosa de las garantías constitucionales citadas (v. fs. 75 vta.).
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General: el reclamo no prospera.
III.1. Preliminarmente cabe señalar que el Tribunal en lo Criminal n° 1 de Mercedes condenó a M. Á. Y. S. a la pena de dieciséis años de prisión, por considerarlo autor de la siguiente materialidad ilícita: "...en fecha incierta, empero sin hesitación alguna desde principios del año 2016 hasta el día 11 de febrero de 2017 -fecha en la que se realizara la denuncia penal correspondiente-, en más de una oportunidad, la joven A.M.M., que en ese entonces contaba con tan solo 12 años de edad, fue abusada sexualmente vía vaginal por un sujeto del sexo masculino, el que aprovechando la oportunidad de encontrarse conviviendo con la misma la accedía carnalmente. Es menester destacar que para la consumación de los aberrantes actos [...] el agresor profería a la menor amenazas de muerte, dirigidas también respecto de la integridad física de su madre y hermanos. Los hechos se sucedieron en el domicilio de [...], de la localidad de Las Catonas, partido de Moreno, donde la víctima convivía con su madre, Y. I. H., y el nombrado sujeto, quien lo hacía como pareja de la misma desde aproximadamente un año".
A lo largo del veredicto el órgano de juicio ponderó, entre otras pruebas, la declaración de la madre de la víctima, quien radicó la denuncia tras descubrir en la habitación de A.M.M., la madrugada del 11 de febrero de 2017, a Y. abusando de la niña, y refirió que al preguntarle a su hija por el hecho recibió por respuesta que "no era la primera vez [...] fueron varias veces"; el testimonio de A.M.M., quien expresó "...esto fue pasando durante un año, fueron varias veces, todas las noches mientras vivíamos en la casa de él. Nosotros vivimos un año y un mes en la casa de él"; así como el examen ginecológico realizado a la víctima, que concluyó que el cuadro de abuso a informar arrojó resultado positivo y destacó que el evento denunciado no fue el primero.
Los jueces evaluaron como atenuante, de conformidad con la pretensión de la defensa, el buen concepto vecinal de Y. que surgió del debate, y rechazaron computar en igual sentido la pobreza del acusado por considerar que tal extremo no había quedado acreditado.
En cuanto a las agravantes, desestimaron las dos peticionadas por la fiscalía: la reiteración en el tiempo de los eventos de agresión sexual y los antecedentes penales del imputado. La primera, por considerarla contenida en la modalidad del tipo penal que habría de propiciarse (delito continuado) y para evitar incurrir en una doble valoración de las mismas circunstancias; la segunda, también para no incurrir en una doble valoración, puesto que los antecedentes serían valorados a los fines de la aplicación del instituto previsto en el art. 50 del Código Penal.
En la sentencia, al expedirse sobre la calificación legal, el tribunal encuadró los hechos como constitutivos del delito de abuso sexual agravado por el acceso carnal y por ser contra una menor de dieciocho años aprovechando la situación de convivencia preexistente (art. 119 párrafos 3 y 4 en función del inc. "f", Cód. Penal) en la modalidad de delito continuado, y con referencia a los desarrollos efectuados en el veredicto, estimó indubitada la existencia de la modalidad del delito continuado en tanto "…el acusado Y. accedió carnalmente a la víctima en reiteradas oportunidades en una unidad ideológica y de acción".
En virtud de lo así expuesto, dada la naturaleza y especiales características del hecho, decidió que correspondía imponer una sanción de dieciséis años de prisión; entendió que esa pena resultaba adecuada y suficiente para cumplir con el fin preventivo especial que debe satisfacer toda sanción punitiva, habiendo para ello contrapesado el atenuante merituado en función de la escala penal resultante del encuadre legal escogido.
III.2. En el recurso de casación (v. fs. 22/25), la defensa oficial interviniente denunció falta de fundamentación en el proceso de formación de la pena, por duplicar, sin la debida justificación, el mínimo legal previsto.
Entendió que no se había dado una explicación sobre la incidencia de los parámetros de dosificación verificados en el caso en la medida de la pena; señaló que, pese a haberse receptado una atenuante y rechazado dos agravantes, sin motivación alguna, "…se impuso una pena altísima".
En razón de ello, pidió que se case el fallo y se disponga la disminución de la pena al mínimo legal.
Mientras que en el memorial que establece el art. 458 del Código Procesal Penal, la defensora oficial adjunta criticó que el tribunal de grado desechara valorar como atenuante la situación de extrema pobreza en la que vivía Y. por no hallarla acreditada, cuando tal circunstancia -en su opinión- surgía de los informes incorporados al caso (v. fs. 55/57).
III.3. Frente a estos reclamos, el tribunal revisor aseveró que se había cumplido con la exigencia de fundamentación de la decisión jurisdiccional y que no se evidenciaba en la cantidad de pena escogida por el sentenciante arbitrariedad alguna ni falta de motivación (v. fs. 63 vta.).
Refirió que tal como lo había expuesto el órgano de grado "...la postura que propicia la obligación de imponer el mínimo legal, ante la inexistencia de agravantes y la valoración de atenuantes, no encuentra sustento en ninguna previsión legal ya que nuestro Código Penal no prevé criterio formal alguno en ese sentido, permitiendo al juzgador la elección de la sanción que considere más adecuada y justa para el caso concreto, en la inteligencia de que cada hecho y cada autor son diferentes y presentan particularidades que difícilmente puedan reducirse a criterios rígidos, estandarizados o matemáticamente exactos" (fs. 63 vta. y 64).
Agregó que la ubicación de la pena en el mínimo o en el máximo no dependía solo de la concurrencia de circunstancias específicas de atenuación o agravación, sino de que el ilícito descripto en la sentencia, valorado en su totalidad, se encontrara en esos límites (v. fs. 64).
Añadió que "...la exigencia de motivar las sentencias (art. 106 del CPP), en lo que concierne a la determinación judicial de la pena, requiere que se exprese la circunstancia de haber tenido en cuenta alguno de los criterios de valoración que prevé el art. 41 del Código Penal [...], señalándose en qué medida alguna de las pautas de los arts. 40 y 41 de ese cuerpo normativo, verificadas en el caso concreto, trascienden al juicio sobre la culpabilidad, incidiendo de ese modo en la magnitud de la pena" (fs. cit.).
Aclaró que no existe obligación legal alguna puesta en cabeza de los magistrados de establecer la influencia final que tiene cada circunstancia puntual valorada en el monto de pena impuesto; y que si bien ningún extremo de un pronunciamiento condenatorio se encuentra exento de un control de razonabilidad, los cuestionamientos contra la tarea de cuantificar un injusto culpable no podían obviar "...el irreductible espacio valorativo que la ley relega en los jueces, pretendiendo que estos justifiquen lógicamente o demuestren de manera empírica, no ya la elección de los atenuantes y agravantes, sino la selección que hacen del monto de pena" (fs. 64 vta.).
Por esos argumentos, expresó no compartir las genéricas críticas esgrimidas por la defensa. Precisó que la parte se había limitado a expresar su disconformidad con la pena impuesta, remitiéndose a críticas y conceptualizaciones generales, sin brindar ninguna referencia al caso concreto ni especificar cuáles habrían sido las reglas de la lógica, la psicología o la experiencia común supuestamente inobservadas o de qué manera ellas podrían haber incidido en el pronunciamiento impugnado (v. fs. cit.).
Por último, rechazó la pretensión de valorar la atenuante invocada por la defensa en el memorial, por entender que el planteo era extemporáneo (conf. art. 451, CPP; v. fs. 64 vta. y 65).
IV. De lo antes reseñado se advierte que la decisión cuenta con fundamentación sobre lo resuelto y se apoya en las circunstancias comprobadas del caso, mientras que el agravio traído se sustenta solo en una visión diferente sobre la manera en que debe efectuarse el proceso de determinación judicial de la pena.
Cabe recordar que el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado (CSJN Fallos: 310:234). Y más allá de su discrepancia con el pronunciamiento dictado, la parte no consigue poner en evidencia vicios de tal magnitud (art. 495, CPP).
La denuncia de afectación de las garantías constitucionales aludidas se formalizó, en su cariz federal, de manera genérica, al no referirse concretamente a las constancias de la causa; y dado que la pena debe guardar proporcionalidad con la gravedad de la lesión al bien jurídico afectado por el hecho, el reclamo debió contener un análisis circunstanciado del contenido injusto del hecho atribuido a Y. a fin de demostrar que la sanción punitiva impuesta es contraria a los principios que la defensa estimó afectados (conf. causas P. 120.347, sent. de 14-X-2015; P. 120.920, sent. de 11-V-2016; P. 129.443, resol. de 29-IX-2017; P. 134.260, sent. de 14-IV-2021; e.o.).
En efecto, la parte reclamó que la pena era infundada y excesiva a la luz de la gravitación de una circunstancia atenuante y ninguna agravante, sin tomar en consideración que también modularon la pena definitivamente impuesta las especiales características de la materialidad ilícita acreditada, en particular, que los abusos se perpetraron en reiteradas oportunidades durante más de un año. De modo que las alusiones a los principios de culpabilidad y proporcionalidad, sin hacerse cargo de lo que la sentencia de condena tuvo efectivamente por probado, refuerzan la insuficiencia del planteo (art. 495, CPP).
En rigor, la defensa desarrolló su agravio poniendo en evidencia un mero disenso con el grado de incidencia que la pauta atenuante valorada por el juzgador habrían tenido sobre la pena impuesta y la manera en que debe efectuarse el proceso de determinación judicial de la pena, sin hacerse cargo que el digesto sustantivo no contiene un determinado sistema legal para llevar a cabo la dosimetría, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf. causas P. 74.318, sent. de 7-V-2003; P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 125.842, sent. de 17-VIII-2016; P. 127.780, sent. de 18-X-2017; P. 126.852, sent. de 11-IV-2018; P. 132.795, sent. de 13-VIII-2020; P. 132.280, sent. de 13-IV-2021; P. 134.260, cit.; P. 131.934, sent. de 10-VIII-2021; e.o.).
Por otro lado, la decisión del tribunal intermedio de declarar tardía la pretensión de la defensa concerniente a la valoración de la circunstancia atenuante referida, formulado en la memoria, se atiene a la sostenida doctrina de esta Suprema Corte según la cual los planteos omitidos en el recurso de casación y formulados recién en la memoria ante esa instancia resultan extemporáneos (art. 451, CPP y causas P. 104.085, sent. de 11-III-2009; P. 129.899, sent. 19-VI-2019; e.o.).
En definitiva, las críticas efectuadas no pasan de ser una opinión personal contraria al criterio sustentado por el órgano revisor. Y, como es sabido, el mero disenso o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo desde el ángulo de la técnica del carril intentado (conf. causas P. 117.680, resol. de 26-III-2014; P. 133.138, sent. de 18-XI-2020; e.o.).
Por último, las alegaciones perfiladas ahora con referencia al "derecho penal del enemigo" resultan extemporáneas, dado que no fueron llevadas a conocimiento de la instancia anterior (arg. art. 451, CPP).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la defensa oficial, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/07/2023 16:24:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/07/2023 20:44:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/07/2023 09:53:08 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/07/2023 02:53:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/07/2023 08:27:23 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 13/07/2023 08:53:36 hs. bajo el número RS-74-2023 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia