Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135845
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el señor defensor oficial, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Encomendar a la instancia de origen que, para el caso de corresponder y a los efectos que pudieren resultar pertinentes, arbitre los mecanismos necesarios para comunicar a la hija y al hijo de la víctima o a sus representantes legales la existencia de la reparación económica prevista en la ley 27.452, conocida como "Ley Brisa" (arts. 1 inc. "c", 2 y 3, dec. regl. 871/18), así como también del asesoramiento que brinda el Estado para su tramitación a través del Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral inmediata ante casos de violencias extremas por motivos de género (art. 2 y Anexo I punto IV.e., resol. 80/20 modif. por resol. 227/21, Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.845, "Romero, Pablo Damián. Recurso de inaplicabilidad de ley en causa n° 99.088 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 21 de mayo de 2020, rechazó el recurso deducido por la defensa oficial de Pablo Damián Romero contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de San Martín que condenó al nombrado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, con declaración de reincidencia, por haberlo hallado autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado por la relación de pareja con la víctima y por constituir un femicidio (v. fs. 104/113).
Contra ese pronunciamiento, el señor Defensor Adjunto de Casación, doctor Nicolás Agustín Blanco, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 122/125), el que fue declarado admisible por el tribunal intermedio (v. fs. 127/129).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 137/141), dictada la providencia de autos (v. fs. 143) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Contra el pronunciamiento reseñado en los antecedentes, la defensa oficial denunció la arbitraria desestimación del art. 34 inc. 1 del Código Penal en el caso, infracción a la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales que deriva de la razonabilidad republicana y del derecho de defensa, la revisión aparente de la sentencia y la violación a la presunción de inocencia por inobservancia de la regla del in dubio pro reo (arts. 1, 18, 75 inc. 22, Const. nac. y 8.2., CADH y 14.2., PIDCP; v. fs. 123).
Adujo que en el recurso de casación se había cuestionado el modo en que el tribunal de juicio dio por acreditada la capacidad de Romero para comprender la criminalidad del hecho al momento de su comisión, y que la respuesta por parte del órgano revisor a esos reclamos consistió en afirmaciones arbitrarias que dejaron sin respuesta el planteo, o solo la brindaron de modo aparente (v. fs. cit.).
Expuso que el órgano recurrido se limitó a repetir las conclusiones de la sentencia de primera instancia relativas a la acreditación de la materialidad ilícita, que resultan insuficientes para despejar la duda sobre la capacidad de comprender la criminalidad de lo realizado por su asistido (v. fs. 123 y vta.).
Afirmó que el agravio llevado a revisión no se basaba exclusivamente en los dichos de la perita Malerba, sino que se esgrimieron diferentes circunstancias que, a su entender, permitían sostener una duda más que razonable sobre la capacidad de discernimiento del imputado al momento de cometer el homicidio. Así, hizo referencia al sitio donde ocurrió el hecho (templo umbanda/quimbanda), a la personalidad de base psicótica y a la presencia de un claro delirio místico en Romero; a que el arma homicida estaba emparentada a los ritos que se practicaban en el lugar y a que no fue llevada hasta allí por Romero, lo que indicaría -a contrario de lo sostenido por la sentencia- que el homicidio no fue premeditado y, finalmente, a la actitud asumida con posterioridad al homicidio, que consideró "dista mucho de lo esperable" por quien supuestamente planificó un suceso semejante -sobre todo si se tiene en cuenta la inteligencia de su asistido- (v. fs. 123 vta.).
Finalizó alegando que el fallo condenatorio no logró desvirtuar el estado de duda sobre la capacidad de culpabilidad de Romero; y que el órgano casatorio convirtió el tránsito por su sede en uno meramente aparente, que carece del contenido revisor requerido por el derecho al doble conforme, y que exige la verificación de que el órgano de mérito aplicó el método histórico, así como también que se respetó el límite normativo que el in dubio pro reo impone al método histórico (v. fs. 124). Citó en su apoyo el caso "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los fallos "Casal" y "Martínez Areco" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General: el recurso no prospera.
III. Antes de ingresar al fondo del reclamo, cabe aclarar que si bien el Tribunal de Alzada admitió los agravios por su vinculación con la inobservancia de la ley sustantiva -inaplicación del art. 34 inc. 1 del Código Penal en cuanto a la existencia de una causal de justificación- y de la doctrina legal edificada sobre esa norma (conf. art. 494, CPP; v. fs. 128 y vta.), en realidad lo que la defensa denunció fue arbitrariedad en la desconsideración del art. 34 inc. 1, revisión aparente del fallo condenatorio y violación al in dubio pro reo en tal aspecto (conf. doctr. CSJN Fallos: 308:490 "Strada", 310:324 "Christou" y 311:2478 "Di Mascio"), por lo que en esos términos será analizado el recurso.
IV. La decisión del Tribunal de Casación cumple con la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales y con los estándares emergentes del fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncia, en tanto abordó y se expidió sobre los motivos de queja llevados a su conocimiento.
En el recurso de casación, la defensa denunció la arbitraria valoración de la prueba por entender que no había quedado suficientemente probada la capacidad penal de Romero, dado que el peritaje psicológico llevado a cabo como instrucción suplementaria dio cuenta de un funcionamiento psicótico en relación con la práctica religiosa y que poseía un delirio místico que pudo haberlo llevado a la desestructuración de su aparato psíquico; y, por otra parte, que tampoco se había probado la preordenación (v. fs. 66/74 vta.).
El Tribunal de Casación Penal precisó, en primer lugar, que tanto la materialidad ilícita como la autoría responsable de Romero no se hallaban discutidas, y que el agravio de la defensa fundado en la supuesta inimputabilidad en que habría estado el nombrado al momento del hecho, constituía una reedición idéntica del realizado en el momento de los alegatos, que había encontrado suficiente respuesta en la instancia de origen y no había generado réplicas idóneas de la parte (v. fs. 106 y vta.)
Tras adelantar la suerte adversa del reclamo, formuló diversas consideraciones sobre lo acaecido en el caso y la prueba que respaldaba la conclusión que compartía.
Analizó las conclusiones del informe de la perita psicóloga Yanina Malerba, y expresó que la frase en la que se consignaba que no se podía hablar de una persona psicótica, pero tampoco lo podía descartar, debía ser analizada con el resto de las pruebas. Aclaró que la mencionada licenciada había explicado, ante preguntas aclaratorias, que "...Romero es una persona inteligente, que guarda una racionalidad y presenta una forma conductual en la que quiere que le vaya bien, cuando se conecta con lo religioso empieza la desestructuración, donde se hace evidente que hay un cuadro psicótico..." (fs. 107).
Dijo que el tribunal del juicio había valorado también, como complemento de lo anterior, el informe pericial realizado en forma conjunta por la licenciada Malerba y el licenciado Juan Rubén Paletta, el cual si bien dio cuenta del estado en el que se encontraba el imputado durante los oficios religiosos y que poseía un sistema de pensamiento en extremo primitivo, concluyó en lo sustancial que "ello no implicaba postular en el nombrado una especie de estado onírico de pleno alejamiento de la realidad" y que "existía capacidad crítica respecto del valor y la reprochabilidad de las acciones propias, facultades que no parecen haber sido obnubiladas" (fs. 107).
Expresó que, sumado a lo anterior, el órgano de grado había dado cuenta de los testimonios recogidos, que no solo pusieron en evidencia la modalidad ejecutiva del episodio enrostrado sino, además, las circunstancias, motivos, secuencias y detalles previos, concomitantes y posteriores que demostraban sin margen de duda que Romero gozaba de capacidad de culpabilidad en ocasión de perpetrar el suceso (v. fs. 107 vta.).
Recordó que se tuvo por corroborado en la instancia que "...hallándose separado Romero de la víctima -cuando habían cesado la convivencia y Maira no quería siquiera hablar con él y buscaba trabajo-, frecuentaba diariamente su vivienda familiar para procurar recomponer la relación -sin éxito-, obsequiando golosinas y proponiéndole una entrevista laboral con una mujer de nombre Mercedes para un colegio en la Capital Federal", y "...que tal propuesta de trabajo nunca existió y que fue generada ficticiamente por Romero con el claro designio de lograr la confianza de la víctima y lograr que se reuniera con él en un ambiente aislado y privado, que resultó la vivienda de Miguel Ángel Núñez, a quien también engañó, al pedirle su casa para reunirse con su ex pareja, [...] acordando darle una suma de dinero como recompensa" (fs. cit.).
Agregó que una vez en el inmueble, en el que solo se hallaban Romero, la víctima y su hija I., es que el nombrado le propinó severos golpes en el rostro y luego le asestó sendas puñaladas en el cuello con una daga o faca allí existente, que provocaron el inmediato deceso; que luego el imputado abandonó la vivienda en compañía de la niña, entregándole el dinero pactado a Núñez, se dirigió a la vivienda familiar, dejó a I., y se fugó (v. fs. 107 vta. y 108).
Refirió que se habían analizado los dictámenes periciales en conjunto con los testimonios recogidos en el debate, de los que se advertía que "...el desarrollo de su conducta criminal -antes, durante y después- son demostrativas palmariamente de su plena capacidad de culpabilidad. No se trató de un delirio místico y que hubiera tenido una desestructuración psíquica, ello se encuentra lejos de acreditarse y tampoco se genera un estado de duda razonable a su favor. Todo lo contrario, se probó y comprobó que al momento de los hechos se hallaba plenamente consciente y en aptitud de dirigir sus acciones" (fs. 108).
Finalmente, y con la reseña y análisis de la prueba cuestionada, el órgano revisor concluyó que no había vicios en su valoración y no existían informes periciales antagónicos o contradictorios, sino más bien complementarios, que fueron evaluados fundadamente en la cuestión segunda del veredicto.
V. A tenor del alcance de las respuestas que exhibe el pronunciamiento en crisis para arribar a la confirmación del fallo de condena, se advierte que el tribunal intermedio desplegó su competencia revisora sin mallas formales desnaturalizadoras, abordó los argumentos de la parte y los descartó, proporcionando las razones por las cuales asumía tal temperamento decisorio, por lo que no se advierte -ni el recurrente ha logrado evidenciar- la restricción cognoscitiva denunciada a tenor de la doctrina y jurisprudencia que cita vinculada con la supuesta afectación al derecho al recurso.
La afirmación de la defensa relativa a que el escrutinio llevado a cabo significó un "tránsito aparente" que frustró el derecho a la revisión del fallo no se condice con lo sucedido en el caso ni el quejoso ha logrado poner en evidencia la existencia de graves defectos en el pronunciamiento cuestionado; tampoco lo constituye el hecho de que el revisor haya coincidido con las respuestas dadas por el órgano juzgador para repeler las críticas a la valoración probatoria. En tal sentido, es oportuno recordar que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que la circunstancia de que la Cámara adhiera a las razones pertinentes expuestas por el juez de primera instancia para fundar su sentencia no constituye causal de arbitrariedad (CSJN Fallos: 318:2056, cons. 6 y sus citas).
En realidad, bajo el ropaje de típicas cuestiones federales -por ejemplo, revisión aparente, doble conforme, in dubio pro reo -, lo que pretende la parte es imponer su propia visión sobre la valoración de la prueba y sobre el grado de convicción de sus conclusiones, pero sus críticas no constituyen más que la expresión de su disconformidad con lo resuelto por el órgano revisor que no evidencian que el pronunciamiento del tribunal intermedio incurriera en arbitrariedad al desechar la pretensión de incapacidad de culpabilidad alegada (art. 495, CPP).
VI. En cuanto a la transgresión al principio in dubio pro reo , y sin perjuicio de destacar que tanto la sentencia de mérito como la de revisión no esgrimieron margen de duda alguno respecto a la acreditación de la capacidad del imputado en el hecho, el recurrente, de la mano de su invocación, reitera cuestiones vinculadas con la denunciada revisión aparente y arbitrariedad del fallo de casación, sin que esa normativa federal se encuentre inmediatamente involucrada en los términos que esgrime (art. 495, CPP).
Y si bien la sentencia de condena solo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad de la persona acusada por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio favor rei , si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto -tal como ha sido expuesto en el caso por el juzgador- impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar a cuestionar esa certeza subjetiva. Nada de ello el recurrente ha logrado aquí justificar.
VII. Por lo demás, teniendo en cuenta que, conforme surge de la sentencia de primera instancia, la víctima Maira Tatiana Sánchez -fallecida a causa de violencia de género- tenía una hija y un hijo menores de edad al momento de los hechos (v. fs. 13 vta.), es preciso encomendar a la instancia de origen que, para el caso de corresponder y a los efectos que pudieren resultar pertinentes, arbitre los mecanismos necesarios para comunicar a la hija y al hijo de la víctima o a sus representantes legales la existencia de la reparación económica prevista en la ley 27.452, conocida como "Ley Brisa" (arts. 1 inc. "c", 2 y 3, dec. regl. 871/18), así como también del asesoramiento que brinda el Estado para su tramitación a través del Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral inmediata ante casos de violencias extremas por motivos de género (art. 2 y Anexo I punto IV.e., resol. 80/20 modif. por resol. 227/21, Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; conf. causas P. 135.792, sent. 23-III-2023 y P. 135.101, sent. de 9-V-2023).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el señor defensor oficial, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Encomendar a la instancia de origen que, para el caso de corresponder y a los efectos que pudieren resultar pertinentes, arbitre los mecanismos necesarios para comunicar a la hija y al hijo de la víctima o a sus representantes legales la existencia de la reparación económica prevista en la ley 27.452, conocida como "Ley Brisa" (arts. 1 inc. "c", 2 y 3, dec. regl. 871/18), así como también del asesoramiento que brinda el Estado para su tramitación a través del Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral inmediata ante casos de violencias extremas por motivos de género (art. 2 y Anexo I punto IV.e., resol. 80/20 modif. por resol. 227/21, Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad).
Regístrese, notifíquese, cúmplase con la comunicación ordenada y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/06/2023 12:59:24 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/06/2023 18:43:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/06/2023 10:57:24 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/07/2023 09:47:51 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/07/2023 09:56:34 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 10/07/2023 11:39:38 hs. bajo el número RS-69-2023 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia