Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135253
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.253-RC, "Iñigo, Oscar Alberto s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 98.021 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Genoud, Kogan .
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, el 12 de abril de 2021, declaró parcialmente admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Oscar Alberto Iñigo contra la sentencia dictada por ese mismo órgano jurisdiccional que confirmó la decisión del Tribunal en lo Criminal n° 3 de San Isidro que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por la relación de pareja. En consecuencia, admitió únicamente los planteos de errónea aplicación del art. 80 inc. 1 del Código Penal e inobservancia del art. 79 por no estar acreditada la relación de pareja e inconstitucionalidad del art. 80 inc. 1 por imprecisión del término "pareja" (v. fs. 171/175).
Frente a la parcela de la impugnación desestimada (errónea revisión del fallo de condena, arbitrariedad en la valoración de la prueba y violación del principio in dubio pro reo, todo ello relacionado con la denuncia de errónea aplicación del art. 80 inc. 1; violación del derecho al recurso por falta de adecuado tratamiento al planteo de ausencia de evaluaciones psiquiátricas que permitiesen afirmar la capacidad de culpabilidad de Iñigo, e inconstitucionalidad del art. 451 del Código Procesal Penal), la defensa oficial no dedujo queja (v. fs. 189).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 191/195), dictada la providencia de autos (v. fs. 197) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Los agravios del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley se reseñarán teniendo en consideración el alcance con el que fue admitida la impugnación.
I.1. El señor defensor oficial, doctor Daniel Aníbal Sureda, denuncia la errónea aplicación del art. 80 inc. 1 del Código Penal por no haberse configurado el elemento típico "relación de pareja", agravio que enlaza directamente con la tacha de arbitrariedad en la valoración de la prueba (v. fs. 144 y vta.).
Destaca que el Tribunal de Alzada confirmó la calificación legal argumentando que fue el propio imputado quien reconoció ese vínculo y que un vecino, José Antonio Torrente y su esposa, Patricia Fernández Dina, sospechaban que existía una relación de pareja entre María Adela Duarte y el imputado.
Frente a tal situación, argumenta que "...fueron mucho más numerosos los testigos que habiendo tenido vínculo cercano con María Adela Duarte se manifestaron negativamente respecto de un presunto vínculo afectivo de esta con el imputado, que los que sospecharon que aquellos conformaban una pareja [...] a saber: Noemí Solange Gutiérrez (hija), Silvia Verónica Leiva (vecina), Matías Damián García Marcos (yerno) y Susana Beatriz Benítez (amiga [y] vecina)" (fs. 144 vta.).
Alega que no puede afirmarse que Iñigo y Duarte formaran una pareja y tuvieran un proyecto común, en tanto "...por fuera de las expresiones de Iñigo (quien válidamente pudiera -por caso- haber tenido algún tipo de expectativa al respecto u otras intenciones al expresarse de ese modo) no hay nada que así lo indique...".
Considera que la respuesta brindada por la Casación "...que la damnificada no reconociera el vínculo de pareja en público no implica que la misma no fuera consciente de dicha relación", es inaceptable, ya que "...implica una suposición, [...] que Duarte sentía/vivía una relación de pareja con [su] defendido..." y "...no puede recurrirse a una hipótesis para imponer la pena más grave que tenemos prevista en nuestro ordenamiento penal" (fs. 144 vta.).
De seguido, cuestiona qué pasaría si Iñigo, en lugar de ser imputado por el homicidio de Duarte, estuviera reclamando algún tipo de derecho hereditario a su respecto; en particular, se pregunta si en un caso así las sospechas de romance de Torrente y Fernández Dina se sopesarían del mismo modo en que se hizo en este juicio para acreditar una relación de pareja (v. fs. cit./145).
Refiere que no se demostró la existencia de un vínculo superior a lo afectivo o sexual esporádico, ni una continuidad con expectativas de un proyecto común. A su entender "El tribunal de mérito cometió un error de razonamiento sobre la existencia de una pareja y esta decisión fue convalidada por el órgano revisor" (fs. 145).
Asimismo, cuestiona el modo en que se ponderaron los dichos de Iñigo, así como los de diversos testigos que dijeron que el imputado les había manifestado que tenía una relación de pareja con Duarte (Gilda Cañete Martínez, Solange Gutiérrez -hija de Duarte- y el marido de esta última, Matías García; v. fs. 145 vta.).
Alega que el Tribunal de Casación tuvo por demostrada la vinculación prolongada, la estabilidad y el carácter notorio de la relación sin que tales extremos se sustentaran en prueba sólida (v. fs. cit.).
Por todo lo expuesto, afirma que se aplicó erróneamente el art. 80 inc. 1 del Código Penal y solicitó la recalificación del hecho en el art. 79 del mismo cuerpo de leyes.
I.2. Como segundo punto, tilda de arbitraria la desestimación del planteo de inconstitucionalidad del art. 80 inc. 1. En tal sentido, recuerda que en el recurso de casación se planteó que esa figura legal afecta el principio de máxima taxatividad y ley cierta, quebranta el principio de igualdad ante la ley y el de proporcionalidad de las penas (v. fs. 147 vta./149).
Luego de citar textualmente los agravios desarrollados ante el órgano intermedio y la respuesta que recibieron, sostiene que la Casación se apartó de las concretas críticas de la defensa y las dejó sin debida respuesta, quebrantando el derecho a la revisión amplia y, al mismo tiempo, el derecho a ser oído (v. fs. 149/150 vta.).
II. En su dictamen, el señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso deducido (v. fs. 191/195).
Coincido con lo así dictaminado.
III. La denuncia de errónea aplicación del art. 80 inc. 1 del Código Penal, directamente vinculada con el planteo de arbitrariedad en la valoración de la prueba, no procede (art. 496, CPP).
Previo ingresar al fondo del reclamo, cabe aclarar que si bien el Tribunal de Alzada únicamente admitió el agravio de ley sustantiva -y la defensa consintió el auto de admisibilidad- lo cierto es que la tacha de arbitrariedad en la valoración de la prueba está directamente relacionada con la denuncia de errónea aplicación del art. 80 inc. 1 del Código Penal, por lo que se analizarán ambas, soslayando -en este aspecto- los límites fijados por el examen de admisibilidad realizado por el órgano intermedio (conf. art. 486, CPP).
III.1. El Tribunal en lo Criminal n° 3 de San Isidro recordó el hecho que se describió en la requisitoria de elevación a juicio: "Que el día 9 de abril de 2017, aproximadamente entre las 19.17 y las 19.57 horas, los aquí imputados, Oscar Alberto Iñigo y Gilda Cañete Martínez, en el interior de la finca ubicada en la calle Francesita 1147 de la localidad de Gral. Pacheco, Pdo. de Tigre, Provincia de Buenos Aires, provocaron la muerte de quien fuera en vida María Adela Duarte, pareja del mentado Iñigo, ello por shock hipovolémico secundario a lesión vascular de cuello con arma blanca al ser atacada de espalda o desde uno de sus laterales, ello luego que esta descubriera que el encartado le era infiel con Cañete.
Luego, ambos descuartizaron el cuerpo, descartaron los restos de Duarte y limpiaron el lugar del hecho a fin de ocultar su accionar ilícito y lograr su impunidad. El día 10 de abril de 2017 aproximadamente a las 04:30 hs. Iñigo abordó un auto de alquiler marca Chevrolet Aveo de color negro dominio KJK 408 llevando consigo un bolso de color oscuro y un carrito de compras con caños cromados que son colocados en el baúl del auto y un serrucho o sierra de grandes dimensiones con mango color blanco que colocó en el asiento trasero, en tanto que el aquí imputado se sentó en el asiento del acompañante tomando por calle Reconquista en dirección a Arroyo Claro de la localidad de Benavidez, Pdo. de Tigre.
Que una vez en el lugar descartó hacia el arroyo los elementos que llevaba consigo. Asimismo, el mismo día y en horario aproximado de las 15:00 hs. el imputado egresó del lugar del hecho (sito en la calle Francesita 1147 de Gral. Pacheco) y utilizando un carro y dentro de un recipiente plástico de color azul -pintado de negro- descartó el torso del cuerpo de la víctima en el pasaje San Cayetano, entre calles Joaquín V. González y Etcheverría, distante a aproximadamente 500 metros de la finca mencionada. Por motivos ajenos a la voluntad de las partes, algunos de los restos de la damnificada fueron hallados en lo sucesivo (cabeza, tronco, muslo izquierdo y ambas piernas) y mediante la autopsia realizada a dichos restos, se pudo determinar que la víctima sufrió una oclusión violenta de sus orificios respiratorios (con presión con fuerza y violencia con o contra objeto duro o semi-duro y de bordes romos) y que su cuerpo fue abordado al menos 5 veces con un arma blanca en un lapso muy corto de tiempo, siendo que por la gran infiltración hemática de la zona externa de la base del cráneo en los tejidos circundantes a la arteria carótida interna derecha, permitió determinar la causa de la muerte por shock hipovolémico ante la gran caída del flujo sanguíneo cerebral" (fs. 21 vta. y 22).
Sentado ello, por un lado, mencionó que durante el juicio el fiscal desistió de la acusación contra Gilda Cañete Martínez, razón por la cual se dictó -por unanimidad- veredicto absolutorio (v. fs. 22 vta.).
Por otra parte, el tribunal -también por unanimidad- refirió que se había probado debidamente la materialidad ilícita y la autoría penalmente responsable de Iñigo (v. fs. 23 y 71).
En lo que aquí importa, afirmó que la relación de pareja entre Iñigo y la víctima se había acreditado con certeza (v. fs. 81 vta. y sigs.). En primer lugar, hizo referencia a los dichos del propio imputado, que en el juicio admitió esa relación "...incluso especificó que ese vínculo, al momento del hecho, llevaba un año y siete meses. También Iñigo mencionó que, el día del hecho, le reconoció a Gilda Cañete Martínez que la Sra. Duarte era su pareja" (fs. 81 vta.).
En segundo término, ponderó que "...Cañete Martínez señaló que el imputado le dijo que Duarte 'era su señora', y que poseían una relación de un año y siete meses" (fs. 82).
Como tercer punto, resaltó que también dio cuenta de la relación, durante el juicio "...la hija de la damnificada, Noemí Solange Gutiérrez, que mencionó que Iñigo se presentó, por teléfono, como la pareja de Duarte"; y sostuvo que esa comunicación telefónica fue corroborada en el debate por Matías Damián García Marcos, pareja de Gutiérrez (v. fs. cit.).
Agregó que "La testigo Silvia Verónica Leiva mencionó que Gutiérrez le comentó del llamado de Iñigo, y el modo en que se dio a conocer".
Asimismo, aclaró que "La circunstancia de que la damnificada no reconociera en público la relación [...] no implica que esta no existiera. En ese sentido, el testigo Torrente mencionó que la damnificada Duarte le presentó a Iñigo como su primo, pero que se dio cuenta de la relación que tenían, por la forma en que salían y llegaban a la vivienda de la calle Francesita, sumado a que Duarte se quedaba a veces a dormir allí. Torrente refirió que el imputado le comentó que Duarte lo presentó como primo porque no quería que la familia se enterara" (fs. 82 y vta.). "En idéntico sentido se expresó la testigo Fernández Dina, ya que afirmó que si bien la víctima lo presentó como primo, sospechaba que eran pareja, ya que salían a comprar, y la tomaba de la mano". De forma similar se expidió la vecina Verónica Graciela Cuello (v. fs. 82 vta.).
En cuanto a la calificación legal del hecho, el tribunal afirmó que correspondía aplicar la agravante del art. 80 inc. 1 del Código Penal pues la relación de pareja entre Iñigo y Duarte se había acreditado con la prueba testimonial producida en el juicio. En su apoyo, citó doctrina y manifestó que la citada figura legal no exige convivencia y debe ser entendida como un vínculo sentimental entre dos personas. Aclaró que no debe equipararse, sin más, a la definición de unión convivencial que proporciona el Código Civil y Comercial de la Nación en el art. 509 (v. fs. 90 y vta.).
Finalmente, insistió en que el vínculo fue expresamente reconocido por el propio imputado, que la relación se prolongó durante un año y siete meses, y agregó que la damnificada le proporcionó alojamiento a Iñigo en Francesita 1147 para que viviera y trabajara allí (v. fs. 92).
III.2. Por su parte, la Sala V del Tribunal de Casación Penal, al confirmar la sentencia de condena contra Iñigo, abordó y descartó idénticos agravios a los ahora reeditados por la parte (v. fs. 129/138).
En cuanto al planteo de errónea aplicación del art. 80 inc. 1 del Código Penal, recordó el principio de legalidad y la exigencia de ley cierta que rigen dentro del Estado de derecho, y afirmó que el término "relación de pareja" es un elemento normativo (v. fs. 133 vta. y 134). A su vez, explicó que "...al haber omitido el legislador una definición expresa en la propia norma y no existir otra que la precise, no pertenece a los elementos con valoración jurídica sino cultural, es decir a los que presuponen sistemas de normas sociales" (fs. 134).
De seguido, sostuvo que el Código Civil y Comercial regula las uniones convivenciales (conf. art. 509) y, más allá de que el término utilizado por el Código Penal no exige la convivencia, consideró válido tomar como referencia algunos de los recaudos legales del primer ordenamiento para llenar de contenido la figura penal en cuestión (v. fs. 134 y vta.).
En definitiva, manifestó que el término "relación de pareja" del art. 80 inc. 1 debe entenderse como una "...unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, público, notorio, estable y permanente de dos personas, sean del mismo o de diferente sexo o género" (fs. 134 vta.).
Sentado lo anterior, afirmó que con la prueba producida se habían acreditado tales extremos. Primero, resaltó que Iñigo dijo en diferentes oportunidades que entre él y la víctima existía una relación de pareja, y señaló que el vínculo entre ellos se extendió durante un año y siete meses. "A más de ello, en el momento en que Duarte y Cañete se encontraron y tuvieron conocimiento de que el imputado mantenía sendas relaciones en forma paralela, Iñigo sostuvo que su mujer era Duarte" (fs. cit.).
Agregó que el imputado también dio cuenta de la relación ante la hija de la víctima, Noemí Solange Gutiérrez y de Matías García, pareja de esta última, cuando al llamar por teléfono se presentó como la pareja de María Adela Duarte.
Aclaró que el hecho de que la damnificada no hubiera reconocido el vínculo de pareja frente a terceras personas no implicaba que no fuera consciente de la relación.
A continuación, citó los dichos del testigo Torrente, quien afirmó que "...Duarte le presentó a Iñigo como su primo, pero que por la forma en que salían y llegaba a la vivienda de la calle Francesita, sumado a que la víctima se quedaba a veces a dormir allí, se dio cuenta de que la relación que tenían detentaba otra naturaleza" (fs. 135). En igual sentido se refirió al testimonio de Fernández Dina, quien afirmó que "...si bien Duarte presentó a Iñigo como el primo, sospechaba que eran pareja, ya que salían a comprar y la tomaba de la mano".
Concluyó que el planteo de la defensa no encontraba asidero en la prueba producida en el caso, de la que se desprendía la existencia de una relación de pareja entre el imputado y la víctima.
IV. Como se adelantó, la impugnación no procede (conf. art. 496 cit.).
IV.1. Tal como se advierte de la reseña realizada, la defensa oficial se limitó a sostener una mera opinión discrepante respecto al alcance que, a su entender, se debió dar al elemento típico "relación de pareja", así como también al modo en que se ponderó la prueba testimonial producida durante el juicio, el valor que se atribuyó a los dichos de Iñigo y a la circunstancia de que la víctima, María Adela Duarte, no reconociera su relación frente a terceras personas.
En efecto, la hipótesis del recurrente estuvo centrada en demostrar que la ponderación de la prueba y la consecuente calificación de los hechos es arbitraria pues entre su asistido y la víctima no existió una "relación de pareja". Sin embargo, sus alegaciones no trascienden un mero criterio divergente con el alcance que los juzgadores dieron a la declaración de Iñigo y a los testimonios de Noemí Solange Gutiérrez, Silvia Leiva, Matías García, Susana Benítez y Gilda Cañete Martínez.
Cabe destacar que, sobre esos elementos de cargo, tanto el órgano de mérito como la Casación estimaron demostrada con certeza positiva la configuración de los elementos típicos de la agravante prevista en el art. 80 inc. 1 del Código Penal. De este modo, se tuvo por acreditado que entre Duarte e Iñigo existió una relación sentimental, expresamente reconocida por el imputado, que se mantuvo en el tiempo (un año y siete meses), que fue conocida por terceras personas (hija, yerno, vecinos, pareja paralela del imputado) a lo que se agregó que la víctima le había prestado una casa al acusado para que viviera y trabajara allí en la cual ella, algunas noches, se quedaba a dormir.
Si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede conllevar una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la subsunción legal, salvo un supuesto de absurdo o arbitrariedad, claramente alegados y demostrados -todo lo cual no se evidenció en el caso- no le corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores de hecho invocados (conf. doctr. causas P. 92.219, sent. de 12-VII-2006; P. 114.722, sent. de 3-X-2012; P. 102.196, sent. de 14-XI-2012; P. 105.648, sent. de 5-XII-2012; P. 110.540, sent. de 12-VI-2013; P. 116.825, sent. de 18-VI-2013; P. 133.177, sent. de 14-X-2020; e.o.).
IV.2. A lo expuesto resulta pertinente agregar que, como lo ha sostenido esta Suprema Corte en casos anteriores (causas P. 128.437, sent. de 8-VIII-2018; P. 131.282, sent. de 24-IV-2019 y P. 133.662, sent. de 24-IX-2021), la delimitación del término "relación de pareja", merced a su remisión al art. 509 del Código Civil y Comercial de la Nación, que regula las "uniones convivenciales", no es una hermenéutica sostenible, porque se desentiende de que esa "unión" del derecho privado expresamente establece como uno de sus requisitos la "convivencia" entre sus integrantes (en cuanto la define como la "unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida en común, sean del mismo o de diferente sexo"); en tanto la "relación de pareja" que mantiene o ha mantenido el autor, a la que alude el Código Penal -y tal como se desprende de los fundamentos de la ley 26.791 que dispuso el nuevo texto del actual art. 80 inc. 1 del Código Penal- al regular la agravante en cuestión específicamente expresa que no depende de que entre ellos "medie o haya mediado convivencia".
En línea con lo hasta aquí expuesto, cabe agregar que al votar en la causa P. 132.456 (sent. de 20-VII-2020), en la que la Suprema Corte se explayó con mayor amplitud sobre la interpretación del art. 80 inc. 1 del Código Penal, además de compartir el minucioso análisis real
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