Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135227
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.227, "Jance, Eduardo Sebastián s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 94.940 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan.
El Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Plata, por sentencia del 23 de octubre de 2018 condenó a Eduardo Sebastián Jance a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado por el vínculo y por la situación de convivencia preexistente, bajo la modalidad de delito continuado (v. fs. 24/38).
Frente a ello la defensa oficial interpuso recurso de casación (v. fs. 42/56).
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, el 3 de septiembre de 2019, declaró admisible el recurso homónimo, casó parcialmente el fallo recurrido, modificó la determinación de los hechos en el tiempo, como consecuencia disminuyó el monto de la sanción impuesta y condenó a Eduardo Sebastián Jance a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor responsable de abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado por el vínculo y por la situación de convivencia preexistente, bajo la modalidad de delito continuado (arts. 45, 54, 119 tercer párrafo en su remisión al cuarto párrafo incs. "b" y "f", Cód. Penal) cometidos desde el 28 de octubre de 2004 y hasta el 2008 en la localidad de Guernica, Provincia de Buenos Aires en perjuicio de N.H.G., sin costas en esa instancia (v. fs. 89/102).
La entonces señora defensora adjunta ante el Tribunal de Casación, doctora Ana Julia Biasotti, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 108/129), que fue declarado parcialmente admisible por el tribunal recurrido (v. fs. 130/132 vta.).
Presentada la queja pertinente (v. fs. 139/145), fue admitida por resolución de esta Corte el 22 de diciembre de 2021, y concedida la vía impugnativa deducida (v. fs. 151/153).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 156/165), dictada la providencia de autos (v. fs. 167) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La señora defensora oficial denuncia la revisión aparente de la sentencia de condena, violación a las garantías del debido proceso, la defensa en juicio y al brocardo in dubio pro reo (arts. 18, 75 inc. 22, Const. nac.; 15, Const. prov.; 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP), con relación a la materialidad ilícita de los delitos enrostrados y la valoración del material probatorio (v. fs. 118).
Entiende que el pronunciamiento en crisis no satisface la doble instancia toda vez que, el a quo, desatendiéndose de una amplia compulsa de la totalidad de las constancias de la causa, reiteró las razones de la sentencia de condena sin verificar la correcta aplicación del método histórico.
Se queja del escaso tiempo insumido en la etapa instructoria, en la que -enfatiza- siquiera se realizó el reconocimiento médico legal sobre la menor víctima para acreditar debidamente los accesos carnales que se dicen ocurridos, especialmente aquellos por vía anal, cuestión que entiende como una práctica que hubiera arrojado objetividad a la prueba de cargo o, en su defecto, ante un eventual resultado negativo de aquel reconocimiento, permitido evidenciar lo insostenible de la materialidad ilícita atribuida.
Considera inexplicable que Omar Gómez (hermano del imputado) haya declarado durante la celebración del juicio que el primer hecho de abuso de su hermano hacia su hermana ocurrió en el dormitorio de Jance cuando, en rigor, este no tenía dormitorio asignado, sino que descansaba en la cocina del comedor de la casa.
Sostiene que la deficiente tarea revisora también convalidó el descarte de la prueba de descargo y su correspondencia con lo declarado por el imputado. Lo que motivó que los jueces del órgano intermedio indicaran que la decisión del tribunal de mérito de no dar crédito a la versión exculpatoria de aquel no merecía ningún tipo de reproche.
Asevera que la Casación omitió cuestionar las razones dadas en el fallo de condena para desconsiderar el testimonio de Marcelo Jance, quien refirió haber criado a su sobrino Eduardo hasta los ocho años de edad, y el cual daría cuenta "...del maltrato de su padrastro, que lo obligaba a trabajar desde pequeño y en horas nocturnas, que siempre le sacaba la plata que ganaba" y afirmó que su sobrino era bueno, trabajador, estudió y nunca estuvo solo con sus hermanos, que jugaba a la pelota y tenía novia, hasta que se fue a vivir a la casa de sus suegros y tiene cuatro nenes. Este testigo, además, fue el que presentó la hipótesis de confabulación familiar, en cuanto sostiene que la denuncia en contra de su hijastro podía deberse a un intento de venganza familiar por haber abandonado la ayuda económica que aquel brindaba (v. fs. 120).
Agrega que el tribunal casatorio no se cuestionó el motivo por el cual Omar Ezequiel Gómez habría anoticiado a su cuñado Andrés Martín Núñez de los abusos sufridos por su hermana a manos de Jance, informando a su progenitora un día que "...su hijo violó a Normita y lo violó a él" pero luego, convocado por la fiscalía a prestar declaración testimonial, no quiso relatar lo ocurrido ni instar la acción penal en su contra.
Entiende que la denuncia de transgresión al principio de in dubio pro reo no tuvo debido tratamiento y no cumplió con los estándares fijados por el precedente "Casal" de la Corte federal para la revisión integral del fallo.
I.2. En segundo término, se queja de violación a la garantía de la revisión amplia (arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP), al debido proceso legal y a la defensa en juicio, producto de la competencia positiva asumida por la Casación y la modificación de la pena impuesta (v. fs. 123 vta.).
Entiende incorrecta la competencia positiva asumida por el a quo en la casación parcial decidida merced al recurso articulado en favor del imputado.
Afirma que al haberse rectificado la materialidad ilícita acortando el lapso temporal de su ocurrencia (desde el 28 de octubre de 2004 al 2008), modificando la pena impuesta en primera instancia y restándole un año (once años en lugar de doce) se afectó el debido proceso legal, toda vez que lo que debió hacer el órgano intermedio era reenviar las actuaciones al tribunal de mérito para darle oportunidad a las partes de debatir sobre la nueva pena a imponer, ya que tal operación se relaciona con la producción del material probatorio, especialmente con la oportunidad de incorporar nuevas circunstancias atenuantes sobrevinientes al fallo de condena.
En ese andarivel agrega que esa técnica procedimental imposibilitó a la defensa discutir la nueva pena impuesta, ya que en la instancia extraordinaria tal relevante cuestión resulta ser una materia vedada a su tratamiento. Cita en su apoyo la causa P. 93.249 de esta Corte.
I.3. De manera subsidiaria sostiene afectado el derecho a ser oído (arts. 8.1, CADH; 14.1, PIDCP y 41, Cód. Penal; v. fs. 125 vta.). Pues, la Casación, al haber impuesto nueva pena debió haber tomado conocimiento de visu del imputado. Cita los precedentes de la Corte federal "Pin" y "Maldonado" y causas P. 73.366, sentencia de 31-VIII-2007 y P. 85.467, sentencia de 10-IX-2008 de esta Corte, por lo cual peticiona la nulidad de la sentencia impugnada.
I.4. En último término, vuelve a calificar la sentencia de arbitraria por falta de fundamentación en la determinación de la pena, con denuncia de violación al debido proceso y la defensa en juicio (art. 18, Const. nac.; v. fs. 126 vta.).
Explica que en autos se vulneró la normativa y doctrina que establece que los jueces deben expresar las razones por las cuales disponen una cierta cantidad de pena, la cual debe oscilar entre un mínimo y un máximo, en tanto el órgano recurrido luego de convalidar el fallo respecto de la materialidad infraccionaria -en el lapso del 28 de octubre de 2004 al 2008- y las tres circunstancias atenuantes y una agravante, redujo levemente la pena en un año.
Indica que, de tal manera, se impuso la nueva pena de once años de prisión, sin brindar razones que justifiquen ese quantum (arts. 40 y 41, Cód. Penal; 106, 210 y 371, CPP; v. fs. 127 vta. y 128). En sustento, alude al precedente P. 83.260 de esta Corte.
En definitiva, solicita se case la sentencia y se reenvíe al tribunal a quo para que -debidamente integrado- dicte una nueva sentencia conforme a derecho.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 156/165), el recurso no puede prosperar.
III.1. El tribunal de juicio tuvo por acreditado en el veredicto el siguiente hecho: que "...al menos desde el año 2000 hasta el año 2008, un sujeto de sexo masculino abusó sexualmente y en reiteradas oportunidades de su hermana Norma Haydee Gómez, quien mediante amenazas lograba efectuarle tocamientos inverecundos en diversas partes del cuerpo, tanto por arriba como por debajo de la ropa, llegando a accederla carnalmente vía vaginal y anal, durante un lapso de tiempo transcurrido entre los [5] y 13 años edad respecto de la víctima y entre los 13 y 21 años edad del encartado. Entre dichas conductas se pudo establecer que al contar el sujeto con 18 años de edad - aproximadamente el año 2005- en el interior la vivienda que compartía con su grupo familiar, ubicada en calle 128 no 2104 esquina 129 de la Localidad de Guernica, durante la madrugada se introdujo en la cama de su hermana Norma Haydee Gómez, le bajó la bombacha y la penetró vía anal, logrando eyacular en la cama donde esta última dormía. En otra oportunidad y en el mismo domicilio, la penetró vía vaginal en momentos que la víctima se estaba bañando, llegando a lastimarla en la zona genital. Que los comportamientos relatados se repitieron en reiteradas oportunidades y distintos horarios en los diferentes ambientes del inmueble, aprovechando el agresor la situación de convivencia preexistente con su hermana" (fs. 24 vta. y 25).
En tribunal encontró a Eduardo Sebastián Jance autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado por el vínculo y por la situación de convivencia preexistente, bajo la modalidad de delito continuado.
III.2. Contra tal pronunciamiento, la defensa oficial de Jance articuló recurso de casación denunciando la prescripción de la acción penal respecto de los delitos atribuidos a su asistido (planteo que no mantuvo en el recurso extraordinario de trato), la errónea y absurda valoración de la prueba y la falta de fundamentación de la pena. Indicó que la sentencia de condena se fundó exclusivamente en los dichos de Norma Haydée Gómez y de su hermano Omar Gómez, y en la parcial versión de los hechos que el tribunal de grado realizó con base en las declaraciones testimoniales restantes vertidas en el debate. Aseveró que en el fallo no se lograba alcanzar el grado de certeza requerido para dictar un veredicto condenatorio. Explicó que las versiones que formaron parte del material cargoso no encontraron anclaje en las constancias de la causa y se mostraron inhábiles para desvirtuar la aportada por el imputado que se mostró más coherente y razonable, negando totalmente la existencia de los hechos atribuidos. Recordó los dichos de Norma Haydée Gómez y sostuvo que no resultaban creíbles al contrastarse con la descripción de la casa donde habrían sucedido los hechos y con la circunstancia alegada e insostenible de que ni sus hermanos ni sus progenitores habían logrado advertir el desplazamiento de Jance hacia su cama. Agregó que el imputado estaba poco tiempo en su hogar, por lo que aquella referencia a que los hechos los llevaba a cabo repetidas veces en cualquier lugar del inmueble hubiera o no gente, también quedaba sin sustento.
En relación con Omar Ezequiel Gómez indicó que su versión encontraba serias contradicciones con la volcada por su hermana Norma y que no era posible tomarla como prueba de cargo. También subrayó que el resto de las pruebas valoradas por el órgano de la instancia constituían meras repeticiones de los dichos testificales. Repasó las razones dadas por Jance y enfatizó que este señaló como posible origen de las denuncias sobre él la quita de apoyo económico al necesitado hogar familiar a raíz de la formación de su propia familia y la ayuda a su otra hermana Ángela.
También denunció la arbitrariedad de la sentencia por inobservancia del art. 106 del Código de forma, en la inteligencia de que los dichos desincriminatorios de Jance no fueron analizados por el tribunal para adoptar una decisión ajustada a derecho pese a la claridad de su exposición, con sostén en otros medios probatorios.
Por último, denunció la violación a los arts. 40 y 41 del Código Penal argumentando que los jueces de grado omitieron ponderar como circunstancia atenuante de pena el buen comportamiento carcelario de Jance en la inteligencia de no tener ello vínculo alguno con los hechos imputados. Estimó que dicha situación debía tener impacto en la pena a imponer a su asistido la que, a la par, denunció por desproporcionada.
III.3. El Tribunal de Casación rechazó todos los agravios llevados por la defensa, menos el vinculado con la determinación temporal de la materialidad ilícita, entendiendo que esta debía acotarse, marcando su inicio a partir del 28 de octubre de 2004, momento en el cual el imputado Jance alcanzó la mayoría de edad, lo que tendría directa injerencia en el quantum de la pena.
En lo tocante a los restantes agravios, indicó que el órgano de juicio sopesó la prueba de cargo, explicó su habilidad convictiva y no estuvo guiado por impresiones subjetivas o caprichosas para arribar a su decisión, todo lo cual, mostraba a las claras la inexistencia de déficit alguno en la motivación, vicio o defecto en el análisis de todo el material probatorio.
Se ocupó luego de responder los embates dirigidos contra el testimonio de la menor víctima. En dicha oportunidad y preliminarmente sostuvo que sus dichos se encontraban corroborados por el resto de la prueba testifical como las declaraciones de Omar Ezequiel Gómez y Norma Irma Jance, hermano y madre de la víctima respectivamente; Jorge Alberto Gómez, padre de Norma y Omar Gómez y expareja de Norma Irma Jance; Andrés Martín Núñez, pareja de N.H.G. y de la licenciada en psicología María Noelia Puig (v. fs. 93 vta.).
De seguido, remarcó que para descalificar el testimonio de la víctima debe verificarse absurdidad en su contenido o arbitrariedad en la asignación de credibilidad que los jueces otorgaron a su deposición, vicios que en el caso no se patentizaban.
Precisó que la defensa reeditaba en su recurso casatorio las críticas esgrimidas en oportunidad del contradictorio referidas a las supuestas diferencias advertidas entre la versión dada por la menor y la brindada por su hermano Omar Gómez.
Al respecto recordó que los sentenciantes habían encontrado una correspondencia sustancial en punto a la modalidad de los hechos y el lugar de su ocurrencia, agregando que las diferencias denunciadas no hacían más que robustecer la veracidad de ambos testimonios habida cuenta que los mismos, tal como lo había manifestado el tribunal de origen ante idéntico cuestionamiento de la parte, obedecían a los distintos lugares, roles y estados emocionales de ambos deponentes al momento de la consumación de los hechos (v. fs. 94 vta. y 95).
Explicó que todos los testigos cuestionados por la defensa depusieron acerca de las cuestiones que llegaron a su conocimiento por medio de sus sentidos, sin evidenciarse mendacidad alguna (v. fs. 96 vta.).
Sumó que los jueces de mérito concluyeron que los dichos de la menor víctima se encontraban corroborados por otras pruebas de la causa que los sostenían y confirmaban.
Reputó parciales e insuficientes los planteos de la defensa para conmover lo decidido, conteniendo tan solo una discrepancia interpretativa sobre los hechos y la valoración de la prueba. Entendió que era demostrativo de ello retomar la versión dada por Jance acerca de la fabulación del grupo familiar y la queja por restarle credibilidad, objeción que ya había sido llevada al juicio y rechazada por el tribunal por sostenerse en la solitaria declaración del inculpado, mientras que la de la víctima quedaba corroborada con otros elementos de prueba (v. fs. 98 y vta.).
Detalló que los jueces de mérito se refirieron a los testigos de descargo. En cuanto a Marcelo Jance reprodujeron en lo sustancial su declaración acerca de la dura historia vital del imputado y la dinámica familiar. Indicaron que Joana Saucedo, Daniel Saucedo y Liliana Morante, pareja y suegros respectivamente del encausado, se refirieron al buen concepto que les merece y que ambas circunstancias fueron meritadas al momento de fijar la sanción (v. fs. 99).
Aseveró que argumentaron válidamente la decisión con base en las constancias de la causa, sin falencias interpretativas ni vicios lógicos que permitan su descalificación.
Finalmente en orden a las críticas sobre la determinación de la pena -sin perjuicio de la corrección de la sanción propiciada como consecuencia de la modificación en la determinación de los hechos en el tiempo- consideró que tal operación no aparecía desprovista de motivación ni su monto final podía ser reputado como excesivo ya que el juzgador explicó las razones que fundaron la valoración de las circunstancias atenuantes (ausencia de antecedentes condenatorios y duro historial de vida que desde la temprana infancia padeció el imputado) y agravante (la extensión del daño causado a la víctima) con arreglo a lo normado en los arts. 40 y 41 del Código de fondo y al encuadre legal asignado a la conducta desplegada, todo ello de conformidad con las exigencias que se desprenden del art. 106 del Código Procesal Penal (v. fs. 99 vta. y 100).
En lo que respecta al rechazo de la circunstancia atenuante requerida por la parte, vinculada al buen comportamiento de Jance en el establecimiento carcelario, puntualizó que el tribunal de juicio justificó su desestimación en que tal conducta no encontraba vínculo alguno con los hechos por los cuales el imputado venía siendo juzgado.
A ello sumó que la pauta mencionada por la defensa no es de las que se encuentran enumeradas en el art. 41 del Código Penal que, por el contrario, se refieren a las conductas precedentes del sujeto, siendo que los informes de buena conducta en su lugar de detención deberán ser valorados al momento de resolver algún beneficio carcelario requerido por el imputado.
Por último, disminuyó el monto de pena impuesta a Eduardo Sebastián Jance, de conformidad con las pautas valoradas por el a quo en los términos de los arts. 40 y 41, y que, justipreciadas en ese acto, conllevaron a individualizarla en once años de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 101).
IV. Del contenido de lo reseñado se logra apreciar que el órgano casatorio abordó los agravios planteados en oportunidad de interponer el recurso de la especialidad, y los descartó, proporcionando las razones por las cuales asumía tal temperamento decisorio. De modo tal que no se evidencia, ni la recurrente ha logrado justificar, la restricción cognoscitiva denunciada a tenor de la doctrina y jurisprudencia que cita (en particular, CSJN Fallos: 328:3399).
La afirmación de la defensa en torno a que, en dicho escrutinio, la Casación se limitó a responder mediante afirmaciones que no se condicen con las constancias de la causa, considerando además el tránsito por esa instancia como "aparente", tampoco aparece demostrada (art. 495, cit.).
En rigor,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.