Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135604
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.604, "Fabrizio, Jorge Alberto y Martínez, Pedro Arturo. Recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley en causa n° 95.033 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud , Kogan , Soria, Torres.
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 29 de octubre de 2020, en lo que importa destacar para el caso, rechazó -por mayoría- sendos recursos interpuestos por los defensores particulares contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca de fecha 7 de noviembre de 2018, que -por mayoría- condenó en la causa n° 95.033 a Jorge Alberto Fabrizio a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal y coautor del delito de homicidio criminis causae , y a Pedro Arturo Martínez a la misma pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor del delito de homicidio criminis causae (v. fs. 411/434).
Contra ello, la defensora particular de Jorge Alberto Fabrizio, doctora María Graciela Cortazar, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 439/445) e igual remedio impugnativo dedujo el defensor particular de Pedro Arturo Martínez, doctor César Raúl Sivo (v. fs. 446/484); ambas vías recursivas fueron concedidas por resolución del tribunal intermedio del día 1 de marzo de 2021 (v. fs. 490/491 vta. y su aclaratoria de fs. 493).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 505/512), dictada la providencia de autos (v. fs. 514), emitida la resolución de este Tribunal de fecha 24 de octubre de 2022 en virtud de la cual no se hizo lugar a los pedidos efectuados en representación de la Asociación Pensamiento Penal y del Observatorio de Pensamiento Penal de ser tenidos como Amigos del Tribunal en este caso (v. fs. 521/526 vta.), por los fundamentos allí expuestos (v. fs. 528/530 vta.), como así también la resolución de esta Corte de fecha 29 de noviembre de 2022 a través de la cual se desestimó, por improcedente, el pedido de reconsideración efectuado por las entidades anteriormente mencionadas que efectuaron a fs. 532/533 vta. y 534, respectivamente -conforme el art. 436 del Código Procesal Penal y la ley 14.736- (v. fs. 536/537 vta.), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Jorge Alberto Fabrizio?
2ª) ¿Lo es el deducido a fs. 446/484 respecto de Pedro Arturo Martínez?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Liminarmente, cabe destacar que de conformidad con el auto de admisibilidad obrante a fs. 490/491 vta., el recurso fue admitido a los efectos de abordar -particularmente- las cuestiones de naturaleza federal articuladas en la impugnación. Por lo que en ese acotado marco será abordado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en trato.
II. La defensa de confianza de Jorge Alberto Fabrizio denunció absurdo lógico en la sentencia recurrida y errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal (v. fs. 439 vta.).
Refirió que el voto de la señora jueza ponente del tribunal casatorio, emitido por la doctora María Florencia Budiño, reprodujo casi en su totalidad el del doctor Ricardo Nicolás Gutiérrez integrante del tribunal de origen y lo convalidó mediante una remisión que consideró un yerro lógico que condujo a la arbitrariedad y al error en la aplicación de la ley, desechando cualquier descalificación al único elemento de la prueba de cargo conformado -a su modo de ver- por el testimonio de J. G. (v. fs. 439/440).
Hizo una transcripción del referido voto condenatorio del señor juez Gutiérrez en cuanto a la credibilidad dada a la testigo, y lo confrontó con su par de la instancia que se expidió en sentido contrario -en minoría-, doctor Eduardo Alfredo d’Empaire, a la par que también hizo referencia al voto del doctor Mario Kohan del Tribunal de Casación Penal -en disidencia-, quien destacó una falta en la derivación lógica de la sentencia de grado debido a la desnaturalización del material de prueba (v. fs. 440 y vta.).
Cuestionó la decisión de catalogar como mendaz o sospechoso de mendacidad al testimonio de N. G., quien contradijo al de su hermana J. otorgándole más credibilidad a este último por haber dicho algo diferente y advirtió que dicha circunstancia fue arrastrada al voto de la doctora Budiño en la instancia de casación (v. fs. cit. vta.).
Se quejó de que con el solo testimonio de J. G. que resultó meritado se sostuvo la autoría responsable de su pupilo en los eventos en reproche, mientras que el restante material de prueba de cargo que fue valorado resulta ser "...de oídas, muchas veces sin que hayan [los testigos] escuchado o visto nada incriminante, o [refieren a] hechos alejados en el tiempo", a su juicio (v. fs. íd. vta.).
Agregó que J. G. se contradijo frente a otros testigos y a pruebas periciales, pero el voto mayoritario de la señora jueza Budiño del tribunal intermedio saneó -a su entender- las incoherencias y mentiras que surgían de su testimonio, sin lograr ocultar el vicio de absurdo de su razonamiento por utilizar un testimonio contradictorio y sin dar cuenta de las razones de sus complejas afirmaciones (v. fs. 441).
Adujo, luego de mencionar diversas inconsistencias que surgirían del testimonio brindado por J. G., que la falta de lógica mínima del razonamiento seguido y la conclusión falaz tanto del fallo originario como del confirmatorio emitido en sede casatoria derivó en una errónea aplicación de la figura del homicidio criminis causae a la materialidad delictiva que se tuvo por acreditada. También destacó que no hubo forma de determinar quién abusó sexualmente de F. M., en tanto "...su presencia en ese tipo de fiestas y el tener sexo por dinero, siempre según la testigo J. G., era recurrente"; y afirmó que ante la ausencia de elementos probatorios no podría afirmarse la autoría de Jorge Alberto Fabrizio respecto de ambos ilícitos atribuidos como tampoco la coautoría de Pedro Arturo Martínez en el homicidio calificado criminis causae objeto de condena (v. fs. 441 vta. y 442).
Consideró que la falta de sentido lógico y la ausencia de sostén probatorio del pensamiento que construyó certeza en orden a la autoría responsable y en tener por configurados los requisitos inherentes a la figura legal del art. 80 inc. 7 del Código Penal aplicado al caso, evidenciaron un razonamiento absurdo y una conclusión arbitraria, a su modo de ver (v. fs. 442 vta.).
A continuación, se ocupó del voto emitido -por mayoría- por la doctora Budiño y destacó que el mismo no revisa el fallo condenatorio del tribunal de la instancia originaria, en tanto "...descarta cualquier descalificación proclamando dogmáticamente que la conclusión [condenatoria respecto de su defendido] es correcta, razonada, dentro de los parámetros lógicos y que los recursos [de casación] no logran conmover". Así, coligió que afirmaciones contenidas en el mencionado sufragio de la doctora Budiño tales como "...unidad probatoria, coherente, conteste y compacta", chocan con la validación del relato ambiguo y contradictorio de la testigo J. G., provocando de tal modo que la sentencia cuestionada evidencie un supuesto notorio de absurdo en la interpretación del material probatorio reunido -a su criterio- (v. fs. 442 vta./443 vta.).
Concluyó en que a lo largo del recurso procuró demostrar "...el evidente absurdo lógico de la sentencia atacada, en su totalidad, reseñando particulares aspectos no por una fragmentación del análisis sino porque a lo largo de toda la construcción del razonamiento se van sumando y concatenando errores de derivación intelectual, produciendo finalmente la sentencia que ataco que encuadra plenamente en el concepto de absurdo por mostrar un desvío notorio y patente de las leyes de la lógica y una grosera desinterpretación material [y] grosera de la prueba". Se refirió, a su vez, a la doctrina del absurdo como herramienta excepcional de revisión de cuestiones de hecho en aquellos supuestos en que se constatan errores graves, fundamentales, manifiestos y evidentes por parte de los tribunales de grado -como entendió verificados en el caso a partir del fallo en revisión-, citó diversos precedentes de esta Corte en aval de su postura y requirió, finalmente, que se declaren violadas las normas citadas en su presentación y se revoque la sentencia atacada (v. fs. 443 vta./444 vta.).
III. Coincido con lo dictaminado por la Procuración General (v. fs. 505/512), el recurso no prospera.
Veamos.
III.1. El Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca tuvo por legalmente acreditado en lo concerniente al Hecho I que "En fecha no precisada con exactitud, durante el mes de agosto de 2002 aproximadamente entre los días 22 y 25, en horas de la noche con posterioridad a las 21 horas, en una quinta ubicada en un lugar no determinado en la localidad de Coronel Pringles, Partido del mismo nombre, el menor F. N. M. -que contaba entonces con trece años de edad con fecha de nacimiento 16 de julio de 1989-, mediante el ejercicio de violencia sobre su persona, que le provocaron las lesiones de carácter vital en pómulo derecho, región mentoniana, región masetera inferior derecha, pabellón y retroauricular derecho, brazo derecho y antebrazo del mismo lado y cara interna de brazo izquierdo, fue abusado sexualmente, siendo accedido carnalmente por vía anal, lo que le provocó al nombrado una equimosis lineal en hora seis -en posición cubito dorsal- compatible con penetración de elemento romo y duro, habiéndose hallado en el extendido anal abundantes células morfológicas de espermatozoides"; y en lo referido al Hecho II que "Luego del hecho anterior, a fin de procurar la impunidad de los hechos reseñados, al menor F. N. M., le fue provocada muerte de manera violenta, la cual se produjo por asfixia mecánica, mediante sofocación, por mecanismo de anoxia an[ó]xica u oxigenopriva como consecuencia de la oclusión o taponamiento de la vía aérea por ocupamiento de la misma y/o por falta de movimiento de defensa por golpe anestésico (anestesia previa de Brouardel) que originó una dificultad insalvable para el acceso de aire al interior de las vías respiratorias" (fs. 67 vta./68 vta. y 120 y vta. -sent. de condena originaria-).
Para arribar a esa decisión, el sufragio del señor juez ponente que obtuvo la mayoría, doctor Ricardo Nicolás Gutiérrez, analizó: i) la denuncia de E. N. M. -progenitora de la víctima F. N. M.- quien brindó detalles sobre la última vez que lo vio con vida (18-VIII-2002) y lo que éste hacía de manera habitual en su día a día; ii) el informe social que ilustró sobre la precaria situación económica de la familia y los problemas que tenía la víctima con sus progenitores y iii) la declaración de la testigo L. D. M. -hermana de la víctima- quien también contó sobre la última vez que vio con vida a F.; luego se refirió al procedimiento policial de búsqueda del niño y el posterior hallazgo de su cuerpo sin vida, las fotografías del cuerpo y se ocupó de la labor llevada a cabo por los peritos que levantaron rastros y obtuvieron muestras del cuerpo del menor, de la ropa que llevaba y de la zona adyacente del lugar donde fue hallado sin vida (v. fs. 53 vta./56 vta.).
Seguidamente, efectuó un pormenorizado análisis de la data de la muerte, las lesiones de carácter vital que presentaba el cuerpo del damnificado, las evidencias de abuso sexual, la mecánica de la muerte y sus causas, como también la conexión entre el abuso sexual y la muerte violenta de la víctima (v. desarrollos in extenso de cada uno de esos tópicos a fs. 56 vta./62).
Se refirió, seguidamente, a la credibilidad de la testigo J. G. quien manifestó haber estado presente en la fiesta en la que el menor -a criterio del juzgador- "...fue víctima de un ataque sexual en el contexto de [un evento] de carácter claramente sexual, en la cual se consumía alcohol y estupefacientes, y luego se le dio muerte para ocultar el delito precedente del cual había sido víctima" y que fuera cuestionada a punto tal de ser considerada una "testigo sospechosa", según lo expresó. Sin embargo aclaró que "...su testimonio analizado a la luz de las reglas que gobiernan la sana crítica racional (art. 210 del ceremonial), y en conjunto con otros elementos, me permiten concluir, tal como sostuvieron las acusaciones pública y privada, que la testigo no tenía razones para mentir " y entendió, en prieta síntesis, que "...la declaración de la testigo [...], no debe ser descalificada como alegaron los ambos defensores. Es mi convicción, y valoro que la testigo dio razones suficientes para explicar la posición que asumió en el pasado en este mismo proceso, y las razones de ello". A su vez, afirmó que la testigo "... era víctima de abusos sexuales por parte de adultos en esas fiestas, por lo tanto, pretender que de golpe una menor asumiera y revelara toda su situación en una declaración policial, sin ningún tipo de contención, se explica -desde mi visión- desde el más elemental sentido común", y que "... recibió amenazas por parte del imputado Fabrizio " como también presiones de parte de los fiscales "Long y Herro" (el destacado figura en el original; v. fs. 62/65).
A partir de las constancias que han sido mencionadas en lo sustancial, el tribunal de origen -conforme el voto del señor juez preopinante, doctor Gutiérrez-, concluyó que "Las circunstancias relativas al contexto de esa fiesta sexual, con drogas y alcohol, realizada en una casaquinta de algún lugar de Coronel Pringles y al trato que recibía la víctima menor de edad, a quien se lo veía ' colorado y maltratado ' permiten acreditar, en primer lugar, que fue allí abusado sexualmente mediante violencia física, conforme surge de los elementos de prueba valorados (autopsia e informes químicos) y lo relatado por la testigo J. G.. [La víctima] F. M. salió llorando de un lugar de la casa, fue trasladado en la parte delantera de una camioneta en la cual estaban los encartados, y en la parte trasera se ubicaban J. G., su hermana N. y V. M.. Al llegar a la entrada del Club Independiente, descendieron de la parte trasera, y solo quedó F. que iba con la mirada baja, con los imputados. Había sido abusado sexualmente poco antes, y esa es [la] última vez que alguien lo vio con vida". De conformidad con ello, consideró "...coherente con la lógica, la experiencia y el sentido común -en las circunstancias establecidas-, colegir que la muerte posterior de F. M., obedeció a que, quien o quienes lo agredieron sexualmente, intentaban procurar su impunidad provocándole la muerte en un lugar que no pudo ser establecido". Por último explicó que "...pocos días después el cuerpo de la víctima fue hallado a la vera de la Ruta 85, en las circunstancias de tiempo[,] lugar [...] y modo indicadas [precedentemente]. Había pasado desde entonces un intervalo [ post mortem ] largo de 72 a 96 horas (según la autopsia) o 4 a 6 días ([conf.] informe entomológico), y la ingesta de alimentos verificada en la autopsia databa de 2 a 4 horas previas a la muerte, y por otra parte, luego de esa fiesta, F. M. no regresó a su casa, y tampoco fue visto" (el destacado figura en el original; v. fs. 67 y vta.).
Es así que el sentenciante de origen -mediante el voto que hizo la mayoría- acreditó, en lo que importa destacar, que Jorge Alberto Fabrizio resultó ser el autor responsable del Hecho I y coautor del Hecho II en los términos descriptos en los antecedentes de la presente (v. fs. 69/116 -conf. segunda cuestión del veredicto condenatorio-).
Los sucesos investigados fueron calificados legalmente como abuso sexual con acceso carnal (art. 119 párr. tercero, Cód. Penal; Hecho I); y homicidio criminis causae , en concurso real (arts. 55 y 80 inc. 7, Cód. cit.; Hecho II; v. fs. 122 y vta. -sent. de origen-).
III.2. El defensor particular del imputado Fabrizio, doctor Rubén José Diskin, dedujo recurso de casación en el que denunció absurda y arbitraria valoración de la prueba a fin de acreditar la autoría responsable de su asistido, haciendo foco en particular en los dichos de la testigo J. G. (v. fs. 137/149 vta.).
III.3. La Sala V del Tribunal de Casación Penal -por mayoría-, a través del voto inaugural de la señora jueza doctora María Florencia Budiño (v. fs. 411/424), al que adhirió simplemente el señor juez doctor Ricardo Ramón Maidana (v. fs. 433 vta.), sostuvo que el fallo dictado por el tribunal del debate -por mayoría- "...realizó una integral valoración de los elementos de prueba por los cuales tuvo por acreditados los hechos materia de acusación y la autoría de [Jorge Alberto] Fabrizio y [Pedro Arturo] Martínez, razonamiento sobre el cual no advierto yerro alguno, observándose una unidad probatoria coherente, conteste y compacta" (fs. 414 vta.).
Entendió, al momento de dar respuesta a los embates llevados a su conocimiento por las respectivas defensas particulares de los acusados, que los mismos "...no logran conmover el razonamiento de la mayoría [del] Tribunal [de la instancia de origen] que aparece desarrollado a partir de una sucesión de claras premisas que, además de no haber sido rebatidas en la impugnación, aportan datos de validez a la conclusión convictiva a la que se arribó. Así las criticas desarrolladas por las defensas, resultan ser una interpretación distinta del plexo probatorio, pero aparecen desvinculadas del valor convictivo que la sentencia de manera conjunta posee" (fs. 414 vta. y 415).
Afirmó, en lo que resulta pertinente señalar, que el sentenciante de mérito había tenido por acreditada la materialidad ilícita correspondiente a los hechos I y II enrostrados al procesado Fabrizio a partir de valorar los siguientes elementos probatorios de cargo: a) la declaración de la madre de la víctima, E. N. M., a través del cual permitió reconstruir los momentos finales en que fue visto su hijo y también su historia de vida; b) el testimonio de la hermana de la víctima, L. M., quien también dio cuenta de la última vez que vio con vida a su hermano; c) las actuaciones incorporadas por lectura que dieron cuenta del hallazgo del cuerpo del occiso, y las fotografías en las que se observó que la vestimenta del damnificado era coincidente con la indicada por la madre del niño; d) el reconocimiento médico legal y autopsia que permitió confirmar la data probable de la muerte (entre las setenta y dos y las noventa y seis horas desde esa intervención forense), la que se produjo aproximadamente entre los días 22 y 25 de agosto de 2002 y la lesión en la zona anal que presentaba, entre otras, el cuerpo de la víctima; d) el informe químico pericial que determinó la presencia de abundantes células con características morfológicas de espermatozoides en la región anal del damnificado y, además, consignó que aunque ese resultado no pudo ser constatado por un segundo informe pericial practicado, la diferencia entre ellos pudo obedecer a la alteración natural de las muestras atento a que transcurrieron cinco años entre uno y otro (v. fs. 412 vta./416).
El tribunal revisor expresó -por mayoría-, en orden a las conclusiones que surgen de la citada prueba pericial que fue mencionada precedentemente en el apartado "d", que "Más allá de la presencia o no de espermatozoides, en el caso se constató una lesión en la zona anal y la presencia de una sustancia mucosa distinta a la mucosa rectal, varias lesiones producto de golpes en su cuerpo, pómulo, mentón, brazos, sumado a que la última vez que se lo vio con vida fue en el contexto de una fiesta sexual en la que adul
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.