Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135753
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.753, "L., J. C. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 77.277 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Mercedes, el 7 de abril de 2016, resolvió absolver a J. C. L. en orden a los delitos de abuso sexual reiterado, agravado por el acceso carnal y por haber sido cometido contra una persona menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente -hechos que damnificaron a M.G.B.- y amenazas simples -en perjuicio de C. S. R.-; a su vez, decidió condenar al nombrado a la pena de 5 años de prisión por considerarlo autor del delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido por el encargado de la guarda de una persona menor de edad y por haber utilizado un arma de fuego -víctima T.A.B.- en concurso real con el delito de tenencia de arma de guerra.
Este pronunciamiento fue recurrido por el Ministerio Público Fiscal y, el 6 de julio de 2017, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal acogió el recurso de la acusación, casó parcialmente el fallo, revocó la absolución y, asumiendo competencia positiva, condenó a J. C. L. a la pena de 18 años de prisión, accesorias legales y costas.
El señor defensor oficial adjunto, doctor Nicolás Agustín Blanco, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley; el tribunal intermedio, a través de la resolución dictada el 28 de septiembre de 2017, por aplicación de lo fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el expediente "Carrascosa" y de conformidad con lo decidido por este tribunal en la causa P. 108.199, resolvió que otra sala del Tribunal de Casación Penal llevara a cabo la revisión integral de la sentencia de condena dictada en esa instancia.
Tras la incidencia anterior, la Sala V del órgano intermedio, a través del pronunciamiento del 15 de octubre de 2019, acogió parcialmente el recurso de la defensa, absolvió a José Carlos López en orden al delito de amenazas simples y lo condenó a la pena única de 16 años de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de los delitos de abuso sexual reiterado agravado por el acceso carnal y por haberse cometido en perjuicio de una persona menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente -hechos que damnificaron a M.G.B.-, y de la pena de 5 años de prisión, accesorias legales y costas, impuesta por el Tribunal en lo Criminal n° 3 de Mercedes por resultar autor responsable de los delitos de abuso sexual agravado por ser cometido por el encargado de la guarda y por el empleo de un arma de fuego -víctima T.A.B.- en concurso real con tenencia ilegal de arma de guerra.
Contra ello, el defensor oficial adjunto, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el cual fue declarado admisible por el tribunal intermedio por resolución del 6 de mayo de 2021.
Oído el señor Procurador General el 27 de septiembre de 2022 (v. archivo digital adjunto), dictada la providencia de autos el día 29 de ese mismo mes y año, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el remedio bajo estudio la defensa de José Carlos López planteó los agravios que se detallan a continuación.
I.1. En primer lugar, denunció la violación al debido proceso legal y el derecho de defensa en juicio; alegó el quebrantamiento a la garantía del ne bis in idem debido a que el tribunal revisor condenó a su asistido por hechos respecto de los cuales había sido válidamente juzgado y absuelto, ya que los motivos por los cuales se reeditó el juzgamiento no tuvieron su génesis en la invalidez del juicio. Tachó el fallo de arbitrario por desconocimiento de la doctrina de la Corte federal sobre esa materia (CSJN Fallos: 321:1173 "Alvarado"; 326:2805 "Videla" y 333:1687 "Sandoval"; e.o.).
Luego de hacer referencia a normativa supranacional y a precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que "...el dictado de la sentencia condenatoria del [Tribunal de Casación Penal] sin inmediación alguna ha violado el derecho a un proceso justo que incluye la posibilidad del acusado y los testigos de ser oídos ante el tribunal del recurso y poder controvertir la revalorización que éste efectúa"; en virtud de ello, solicitó la nulidad del fallo condenatorio.
I.2. Por otro lado, invocó la violación a la presunción de inocencia y al principio in dubio pro reo (arts. 18, Const. nac.; 8.2., CADH y 14.2., PIDCP), errónea revisión de la sentencia de condena y vulneración a la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales que deriva de la razonabilidad republicana y del derecho de defensa (arts. 1 y 18, Const. nac.).
Argumentó que la decisión de la Sala V constituyó un tránsito aparente que frustró el derecho al doble conforme, pues ante los planteos efectuados en el recurso que reclamaban la revisión del modo en que se tuvo por acreditada la participación de López en los hechos que damnificaron a M.G.B., la respuesta consistió en una reiteración de las razones brindadas por la Sala IV a las que se agregó alguna propia de la nueva sala designada para intervenir -no exenta de arbitrariedad-, y no en una verificación sobre la correcta aplicación del método histórico y el respeto del límite que a este impone el in dubio pro reo .
Aludió al fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; sostuvo que hubo arbitrariedad en el modo en que la Sala IV del tribunal revisor tuvo por acreditada la participación de L., y le endilgó idéntico vicio a la revisión del fallo encarada por la Sala V, pues -en su opinión- se utilizaron fórmulas genéricas que no respondieron acabadamente a los planteos efectuados en el recurso.
Concluyó en que no se logró el grado de certeza necesario para el dictado de una sentencia de condena y que se violó el derecho a obtener la revisión del fallo condenatorio por parte de un tribunal superior (conf. arts. 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP) con el alcance que la Corte federal le asignó en el fallo "Casal"; en suma, solicitó que se anule la sentencia recurrida y se mande a dictar un nuevo pronunciamiento acorde a derecho.
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso interpuesto.
III. Coincido con ello, en razón de la marcada insuficiencia impugnativa (art. 495, CPP).
IV. El agravio vinculado con la denuncia de violación a la garantía del ne bis in idem por haber condenado a López por un hecho por el que ya había sido juzgado, y la tacha de arbitrariedad del fallo recurrido, no es de recibo, en tanto se desentiende de los argumentos que sobre el punto brindó el Tribunal de Casación Penal ante análogo planteo. Veamos.
IV.1. La Sala V del Tribunal de Casación Penal, actuando como órgano de revisión integral de la sentencia de condena pronunciada por la Sala IV de esa instancia intermedia, abordó -en primer lugar- la alegada violación a la garantía de revisión de la sentencia condenatoria debido a que dicho escrutinio había quedado a cargo de otra Sala de ese mismo tribunal y no de un órgano "jerárquicamente superior". Al respecto, luego de aludir a lo normado por el art. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a lo fallado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al establecer el alcance que debe tener la revisión de la sentencia de condena (conf. caso Mohamed vs. Argentina ), y a lo decidido por esta Suprema Corte en la causa P. 128.086, "Vizcarra", sentencia de 8-VIII-2018, señaló que en el caso "...la exigencia del 'tribunal superior' debe ceder ante la necesidad de asegurar la posibilidad de una revisión amplia de la sentencia de condena", y que "...la imparcialidad del tribunal revisor se garantiza mediante su integración con jueces hábiles, distintos de los que dictaron la condena que aquí se impugna y por tanto que no intervinieron en períodos anteriores del proceso"; consideró que la circunstancia de no ser un "tribunal superior" no afectaba de manera directa ni la imparcialidad ni la garantía del juez natural, ello debido a que "...la primera se asegura [...] con la selección de otros magistrados distintos a los que dictaron la condena a revisar y la segunda viene dada por el hecho de que este tribunal no es un tribunal de excepción, sino el tribunal ordinario que debe intervenir para revisar en segunda instancia las sentencias de condena dictadas por primera vez".
Consideró que la interpretación de la Suprema Corte en el caso "Carrascosa" y la dada por la Sala IV de esa instancia intermedia -al disponer que la revisión del fallo condenatorio quedase a cargo de otra sala del mismo tribunal que dictó la sentencia de condena- fueron "armónicas y coherentes" con la doctrina sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Mohamed vs. Argentina; Mendoza y otros vs. Argentina; Herrera Ulloa vs. Costa Rica y Barreto Leiva vs. Venezuela , acerca del alcance del derecho a la revisión integral de la condena.
Por otro lado, también descartó las críticas dirigidas al alcance de la casación positiva y la posibilidad de revocar una decisión absolutoria en esa sede, dictando un pronunciamiento condenatorio como ocurrió en el caso. Sobre ello, sostuvo que las normas que regulan la posibilidad del recurso fiscal habilitan de manera legítima la impugnación por esa parte en los supuestos taxativamente regulados (conf. art. 452 inc. 1, CPP, que establece que el Ministerio Público Fiscal podrá recurrir "...la sentencia absolutoria, cuando haya pedido la condena del imputado"), y que para poder desatender dicha legitimación debería mediar una declaración de inconstitucionalidad, la que -a su entender- no tendría favorable acogida en el caso en concreto. Luego de consideraciones sobre el punto, destacó que "...el planteo analizado no abastece las exigencias antes mencionadas, por lo que, en definitiva, la pretensión no podrá ser atendida, desde que no se ha evidenciado la configuración de la colisión normativa alegada por la defensa"; trajo a colación parte de lo decidido en la causa n° 65.793 "Toledo" dictada por esa instancia al considerarlo de utilidad para resolver la cuestión, en tanto allí se sostuvo que la existencia u operatividad de un recurso amplio para la persona condenada no implica de ningún modo la supresión de un remedio -de por sí limitado- para la fiscalía.
Seguidamente, señaló que "Si la sentencia absolutoria no está firme (arts. 8.4, CADH y 14.7, PIDCP), es posible su revocación sin que ello implique atentar contra el ne bis in idem , toda vez que no se lleva a cabo un nuevo proceso o juicio contra el imputado, sino que se adecua la solución con arreglo a la ley y doctrina cuya aplicación declare, lo que también explica que no exista violación al art. 1 del [Código Procesal Penal]"; aclaró que tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hacen referencia a la existencia de una sentencia firme para hacer operativa la prohibición de nuevo juzgamiento, y que la firmeza de un fallo se concierta de acuerdo a la ley a través de las normas de procedimiento local (impugnaciones) pues las sentencias se reputan firmes cuando contra ellas ya no procede ningún recurso ordinario ni extraordinario. Por ello, consideró que la prohibición del ne bis in idem "no está provista de un alcance tal que excluya el recurso de la acusación contra una sentencia de absolución".
Por último, luego de destacar la inexistencia de doctrina del más Alto Tribunal que avalara la posición de la defensa, analizó los fallos "Sandoval" y "Kang, Yong Soo", entre otros citados por la defensa, y concluyó en la inexistencia de un consenso argumental íntegro sobre el punto. A mayor abundamiento, señaló que en los precedentes mencionados no se declaró inválido el recurso fiscal articulado contra una absolución.
IV.2. Como lo anticipé, en coincidencia con lo dictaminado por la Procuración General, el planteo es insuficiente en tanto tal línea argumental no fue debidamente censurada por la defensa, ello debido a que insistió con los mismos argumentos en torno a la violación al debido proceso, la defensa en juicio y el quebrantamiento de la garantía del ne bis in idem llevados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley al recurrir la decisión de la Sala IV del tribunal intermedio que anuló la absolución emitida en su momento por el Tribunal en lo Criminal n° 3 de Mercedes.
En efecto, el órgano casatorio descartó el planteo con sólidos argumentos relativos a: 1) que el recurso fiscal se encuentra habilitado de manera legítima en los supuestos taxativamente regulados (art. 452 inc. 1, CPP); 2) que esa norma no puede reputarse inconstitucional al no demostrar la defensa colisión constitucional alguna; 3) que si la sentencia no se encuentra firme es posible su revocación sin afectar el principio del ne bis in idem (arts. 8.2., CADH y 14.7., PIDCP) y 4) que no corresponde aplicar sin más la doctrina del fallo "Sandoval" y otros invocados por la defensa, en tanto que además de tener diversas particularidades, no obtuvieron un consenso íntegro sobre el punto.
De tal modo, el agravio traído por la defensa con sustento en la violación al ne bis in idem es insuficiente en tanto el recurrente no ha reparado en los abundantes fundamentos expuestos en sentido contrario a su pretensión (art. 495, CPP).
Por lo expuesto, quedan también descartadas las cuestiones federales invocadas junto con el planteo anterior (arbitrariedad y violación a las garantías de defensa en juicio y debido proceso), pues carecen de argumentos independientes al desarrollado en torno al quebrantamiento del ne bis in idem , antes descartado.
V. La alegada afectación a la garantía de revisión amplia (CSJN fallo "Casal") a remolque de los arts. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, debido a un tránsito aparente por esa instancia respecto al tratamiento dado a la autoría de L. en los hechos que tuvieron por víctima a M.G.B., incurriendo en arbitrariedad, tampoco exhibe una impugnación suficiente.
V.1. La Sala V del Tribunal de Casación, luego de descartar el informe psicológico de la licenciada Echaire valorado para fundar la conclusión inculpatoria debido a que no había sido incorporado correctamente al proceso, y de absolver al imputado por el delito de amenazas simples, abordó la cuestión sobre la autoría de López en los sucesos que damnificaron a M.G.B.
Apreció que la Sala IV había justificado correctamente la decisión de revocar la absolución dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 3 de Mercedes, pues había indicado en qué defectos de valoración apoyaba su conclusión en torno a la procedencia del recurso fiscal y había fundado la ausencia de consentimiento de la víctima. Dijo que, de ese modo, se había demostrado la incorrección de las conclusiones mediante las cuales la instancia de grado rechazó la acusación, supliéndolas por otras conclusiones positivas, basadas en la información producida en el juicio.
Concedió que, si bien la inmediación es intransferible y la impresión personal dejada por los testigos no es controlable, sí lo son las declaraciones que obran en actas, igual que los criterios de valoración y la fundamentación de la convicción sincera, de los que el órgano del juicio había dado cuenta circunstanciada tanto en el acta de debate como en la sentencia misma.
Luego, sostuvo que la fundamentación de la autoría de L. en los abusos de M.G.B., aun excluyendo el informe psicológico de la licenciada Echaire, era expresión de la valoración de las pruebas del caso conforme una correcta aplicación de las reglas de la sana crítica (arts. 106 y 210, CPP). Y aseveró que el examen de la sentencia según el alcance que corresponde darle al recurso de casación a partir del fallo "Casal", esto es, realizando el máximo esfuerzo por revisar todo aquello que sea susceptible de ser revisado, no exhibía ninguno de los defectos planteados por la defensa.
En ese sentido, sostuvo que la materialidad ilícita atribuida a J. C. L. en el marco de la IPP n° 2804-12 consistió en "...comportamientos abusivos con acceso carnal, mediando violencia física y moral, a M.G.B., hija de la pareja de L., de 16 años de edad al inicio de los mismos, que se prolongaron desde abril de 2007 hasta abril de 2012, hechos que tuvieron lugar en la vivienda donde convivía el grupo familiar en la ciudad de Luján. Que, como consecuencia de las violaciones, el 27 de enero de 2010, nació el hijo de ambos L. B.". Sobre ello, sostuvo que "La valoración del testimonio prestado por la víctima [...], en consonancia con la declaración de la Dra. Vanina Andrea Basso -abogada de la Subsecretaría de Violencia de Género- y los testimonios de la Lic. Ana María Parra y de T.A.B. -hermana de la víctima-, junto al resultado de la prueba de ADN que confirma la paternidad del imputado respecto del hijo de la víctima, justifican de manera racional y conforme las reglas de la lógica y la experiencia humana, los extremos de la imputación".
Analizó el testimonio de M.G.B., quien describió de manera precisa y elocuente los comportamientos abusivos que sufrió por parte del imputado; aclaró que el eje de la crítica de la defensa estuvo dado por el descargo del imputado en cuanto a que "...las relaciones sexuales eran consentidas; argumentación, por otro lado, que fundó la duda razonable en la sentencia absolutoria de primera instancia", y acerca de eso consideró que "...la violencia física y moral a que la menor M. era sometida por L., no deja lugar a dudas sobre su falta de consentimiento"; "Explicó M. el ambiente de hostilidad que reinaba en la familia, donde L. ejercía el control sobre sus miembros, imponiendo su voluntad a través de agresiones y conductas hostiles y amenazantes, intimidando de ese modo a todos los integrantes del grupo familiar"; a modo de ejemplo, dijo que M., en un pasaje de su testimonio, señaló que cuando tenía 6 meses de embarazo estuvo internada porque L. le había pegado; también indicó que nunca había ido "por gusto" al trabajo de L., "...habré ido en dos oportunidades en moto a llevarle la llave que se olvidaba. Yo tenía que responderle siempre el teléfono, no había lugar a dudas, si él decía 'vení', yo tenía que ir, yo no tenía la opción de quedarme en casa, me hubiese encantado poder decidir, siempre salimos juntos, vivimos 14 años en el barrio, todos lo conocían y nos veían".
A su vez, la Casación señaló que T.A.B., hermana de la víctima que no convivía con el grupo familiar, sino que residía en el hogar "Lowe" por decisión de la justicia, contó que también había sufrido el abuso de parte del imputado una noche que se había quedado a dormir en la vivienda. La joven relató que "...a raíz del nacimiento de su sobrino -hijo de M. y el imputado-, el 27 de enero de 2010, se quedó a dormir en la vivienda familiar con L. y sus hermanos"; explicó que L. esa noche "...si estaba en la cocina pasaba y me tocaba la cola o el pelo, yo trataba de evitarlo y me quedaba con mis hermanitos"; relató que al momento de dormir se acostó vestida y que el imputado de repente se metió en su cama, le apoyó un arma en la nuca y le dijo que no diga nada, le sacó la remera y la bombacha y la manoseó, sin llegar a penetrarla porque uno de sus hermanos se levantó.
Sumó a lo anterior el testimonio de la licenciada Parra, quien explicó que en e
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