Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135846
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.846 RC, "Arzamendia Torales, Gustavo Ramón s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 102.887 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Soria, Kogan.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, el 25 de febrero de 2021, rechazó el recurso de la especialidad interpuesto por la defensa oficial de Gustavo Ramón Arzamendia Torales contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de La Plata que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de homicidio triplemente agravado por haberse cometido con arma de fuego, por el vínculo y por femicidio (conf. arts. 41 bis, 45, 54 y 80 incs. 1 y 11; v. fs. 149/193 vta.).
La señora defensora oficial, doctora Ana Julia Biasotti, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 196/213 vta.). El Tribunal de Alzada lo concedió (v. fs. 214/215 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 222/228 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 230) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La defensa oficial en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley desarrolla los siguientes agravios:
I.1. Errónea aplicación del art. 80 inc. 1 del Código Penal y violación de los principios de legalidad y máxima taxatividad (art. 18, Const. nac.).
Recuerda que en el recurso de casación se planteó que el término "relación de pareja" debe interpretarse tomando como punto de referencia las "uniones convivenciales" del Código Civil y Comercial, frente a lo cual el Tribunal de Casación no logró delimitar de manera certera el alcance de la expresión (v. fs. 199 vta. y 200).
Entiende que ello afecta el principio de estricta legalidad y torna arbitraria la decisión en crisis. En su apoyo, cita jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional (v. fs. 200/201).
Considera que del principio de legalidad se desprende que la delimitación del elemento normativo "relación de pareja" exige recurrir al Código Civil y Comercial y no quedar en manos de la completa discrecionalidad del órgano jurisdiccional (v. fs. 202 vta.). Puntualiza que, con sus argumentaciones, la Casación redujo la cuestión a la existencia o no de convivencia, soslayando el concreto planteo de la defensa en torno a la necesidad de "...un vínculo afectivo, con cierta estabilidad y permanencia entre dos personas que comparten un proyecto de vida común...", circunstancias que no se configuraron en el caso (v. fs. cit.).
Concluye en que la agravante se verifica cuando "...entre víctima y victimario exista o haya existido un vínculo afectivo de carácter singular, público, notorio, estable y permanente, en el que mediare o hubiese mediado convivencia. Y además, de acuerdo a lo previsto por el art. 510 del [Código Civil y Comercial], esa convivencia tiene que mantenerse por un período no inferior a dos años, siendo también exigible que los integrantes de la pareja sean mayores de edad" (fs. 204 vta.).
Por tales motivos, alega que se aplicó erróneamente el art. 80 inc. 1 pues entre Lucía Ríos y Gustavo Arzamendia no se perfeccionó una relación de pareja, todo lo cual quebrantó el principio de legalidad y ultima ratio (conf. art. 509 y sigs., Cód. Civ. y Com.).
I.2. Como segundo punto, denuncia la errónea aplicación del art. 80 inc. 11 del Código Penal y junto con ello, la afectación de los principios de legalidad, culpabilidad, debido proceso, derecho de defensa y presunción de inocencia. Asimismo, descalifica el fallo por arbitrario y se agravia de la revisión aparente de la sentencia de condena (conf. arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP).
A lega que las críticas llevadas por la defensa oficial en el recurso de casación no fueron debidamente abordadas por el sentenciante.
Tras reseñar los agravios formulados ante el órgano revisor (v. fs. 205/207 vta.), sostiene que la Casación "...luego de reiterar la prueba invocada por el [Tribunal de mérito] para tener por verificada la agravante en el caso y realizar consideraciones dogmáticas acerca del significado de lo que se denomina 'violencia de género', rechazó los planteos del casacionista, realizando una errónea y arbitraria interpretación de los hechos al momento de confirmar la calificación [legal]..." (fs. 207 vta.).
Agrega que la respuesta dada por el tribunal intermedio no cumplió con los estándares de la revisión amplia de la sentencia de condena (conf. arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP), lo que impactó en la afectación del debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia (v. fs. 207 vta. y 208).
Manifiesta que si bien se realizó un análisis de lo que configura "violencia de género", ello no trasciende de un catálogo abierto de situaciones que podrían tener ciertos indicadores de lo que tal término comprendería. A su entender, con esto se demuestra la estructura abierta del tipo penal y su vaguedad, en desmedro del principio de legalidad (v. fs. 208).
Luego, sostiene que "Mediante una certera, razonada y acabada valoración de la prueba, la defensa pretendía que el [Tribunal de Casación Penal] revis[ara] la configuración de la agravante derivada de la violencia de género, delimitando los alcances del término, en comunión con aquel principio". No obstante, la Casación no hizo más que reproducir lo expresado por el órgano de mérito, descalificando los argumentos de la defensa con afirmaciones dogmáticas (v. fs. cit. y vta.).
Concluye en que se frustró el derecho al doble conforme pues al abordar las críticas en torno a la expresión "violencia de género", se reeditaron los argumentos de primera instancia. En su apoyo, cita el fallo "Casal" de la Corte nacional, entre otros.
I.3. Finalmente, denuncia la errónea aplicación del art. 80 última parte del Código Penal así como también la infracción de los principios de legalidad y máxima taxatividad de la ley penal y errónea revisión de la condena (v. fs. 209).
Se agravia de la errónea aplicación de la ley sustantiva pues, a su entender, no se probaron los anteriores "...actos de violencia contra la mujer víctima" que excluyen la aplicación de las circunstancias extraordinarias de atenuación en los casos del art. 80 inc. 1 del Código Penal. Sostiene que "...no se formuló una denuncia ni media pronunciamiento judicial alguno que permita tener por acreditados tales extremos" (fs. 209 vta. y 210).
Nuevamente recuerda lo expuesto por la defensa oficial en el recurso de casación sobre el punto y refiere que se afectó el derecho de su defendido a obtener una revisión amplia, en tanto se reprodujeron las manifestaciones del tribunal de mérito (arts. 8.2 "h", CADH; 14.5, PIDCP).
Sin perjuicio de ello, afirma que es necesario delimitar el alcance amplio e indeterminado de "...la fórmula contenida en el segundo párrafo, última parte, del artículo 80 del Código Penal en cuanto establece 'Esto no será aplicable a quien anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima'" (fs. 210 vta.).
Destaca que en el recurso de casación se sostuvo que no se demostró la configuración del elemento típico "anteriores actos de violencia", y que frente a ello, el órgano revisor no brindó una adecuada respuesta. Cita textualmente lo fallado sobre el punto por la Casación (v. fs. 211).
Alega que lo resuelto es arbitrario y está reñido con el principio de legalidad, ultima ratio y pro homine , pues no se atendió al pedido de determinar el significado de "actos de violencia" y si los actos que se tuvieron por probados reúnen esas características. "A ello se suma que la expresión encierra, además, la verificación de plurales actos de violencia acreditados mediante una sentencia firme" (fs. 211 vta.).
Insiste con que la respuesta de la Casación no logró disipar la vaguedad del término y se limitó a exponer apreciaciones subjetivas que solo se apoyan en el criterio del juez, quebrantando el principio de legalidad. Reproduce doctrina (v. fs. 212/213).
Por todo lo expuesto, afirma que "...ni el juzgador de origen ni el Tribunal revisor lograron establecer cuáles y cuántos han sido los actos de violencia anteriores y, menos aún, si ellos revisten la entidad que requiere la ley, conforme los principios de legalidad, taxatividad, inocencia, ultima ratio y pro homine , para imposibilitar la aplicación de la escala [penal] privilegiada que la defensa propone a favor del imputado Arzamendia" (fs. 213 vta.).
II. Coincido con el señor Procurador General en que la vía extraordinaria debe ser rechazada (v. dictamen, fs. 222/228 vta.).
III. La denuncia de errónea aplicación del art. 80 inc. 1 del Código Penal, vinculada con la afectación del principio de legalidad y la tacha de arbitrariedad, resulta manifiestamente insuficiente (conf. art. 495, CPP).
En efecto, la defensa oficial se limitó a formular consideraciones genéricas y dogmáticas, con apoyo en extensas citas textuales de lo acontecido en el caso y de jurisprudencia pero sin hacerse cargo de controvertir eficazmente los sólidos argumentos expuestos en el fallo en crisis.
Tal como se expondrá en detalle a continuación, el Tribunal de Alzada abordó cada una de las críticas desarrolladas por la defensa oficial en el recurso de casación y las rechazó por considerar que, a tenor de las particulares características del caso y del contexto en que este se enmarcó, no quedaba margen de duda para afirmar que entre Lucía Ríos y Gustavo Arzamendia existió una "relación de pareja" en los términos del art. 80 inc. 1 del Código Penal.
Luego de realizar un minucioso análisis de la prueba producida durante el juicio, afirmó que al momento del hecho eran exconcubinos que habían sido pareja durante dos años aproximadamente y habían convivido durante un año, destacando que su relación era conocida por terceras personas.
Asimismo, sostuvo que la interpretación de la ley propuesta por la parte, con una remisión al art. 509 del Código Civil y Comercial pero retirando la exigencia de la convivencia, no tenía anclaje legal ni ontológico que la respaldase. De esta manera, estimó que el término "relación de pareja" no requiere para su configuración el cumplimiento -aun parcial- de los recaudos de las uniones convivenciales sino que es más abarcativo, y que al tratarse de una situación de hecho, exige a quien juzga remitirse a circunstancias fácticas para su demostración.
Veamos.
III.1. En lo que aquí importa, el juez Mancini, cuyo voto concitó la adhesión simple de la doctora Budiño, comenzó por describir la materialidad ilícita que se tuvo por acreditada: "...siendo aproximadamente las 08.37 horas del día 16 de septiembre de 2016, Gustavo Ramón Arzamendia Torales se hizo presente en el domicilio sito en calle 34 entre 158 y 159 de la localidad de Melchor Romero, y abusando de su condición de hombre en desmedro al género opuesto y ejerciendo violencia de género, le efectuó a su pareja Lucía Guadalupe Ríos Müller, con claras intenciones de quitarle la vida, dos disparos con arma de fuego, impactando uno de ellos en la zona lumbar que le provocó una herida de tal magnitud, que le produjo un shock hipovolémico toraco abdominal determinante de su deceso, para luego darse a la fuga en un vehículo de color gris con el que había arribado al lugar" (fs. 155 y vta.).
En cuanto a la denuncia de errónea aplicación del art. 80 inc. 1 del Código Penal por no encontrarse configurado el elemento "relación de pareja", el Tribunal de Casación la descartó por estimar debidamente acreditada la agravante en cuestión.
En tal sentido, citó los dichos de la madre de Lucía, Claudelina Ríos Müller, quien manifestó que el día de los hechos Arzamendia fue hasta su casa y Lucía salió a hablar con él a la puerta; añadió que cuando ella salió vio que el imputado "...'había sacado un arma del bolsillo y le pegó dos tiros. Lo vi [...] Efectúa dos disparos. Ella cae cuando él ya se había ido'. Dijo que fue corriendo a agarrar a su hija, quien le dijo dos veces 'mamá' y 'ya me disparó'" (fs. 155 vta.).
Asimismo, destacó que la testigo afirmó que "...entre su hija y el imputado había una relación de pareja, sostuvo también que habían convivido y que luego Lucía se volvió a su casa. En igual dirección aludió a episodios de violencia anteriores sufridos por su hija a manos del enjuiciado. Detalló que la relación se había iniciado en el año 2014, cuando Lucía tenía 14 años. Que lo había conocido en un cumpleaños y que no había contado nada acerca de la relación, hasta que la testigo comenzó a ver en su hija 'marcas en la cara y después en el brazo', las cuales sostuvo que eran 'de golpes'. En tales circunstancias fue que su hija le confesó 'que habían discutido y él le había dado un cachetazo'. Expresamente sostuvo que Lucía y Arzamendia habían convivido en la calle 35 entre 158 y 159, en la casa de él, lo cual sucedió durante el período aproximado de un año. Añadió que luego se separaron, y que ella había vuelto al hogar materno. Sobre los motivos de la separación [...] dijo que había una actitud de dominación de Arzamendia, que quería ejercer sobre Lucía, 'pretendiendo aislarla de sus demás vínculos'. Añadió que '[él] le había prohibido estudiar. Quería que no tenga vínculos con sus compañeros ni compañeras, que no saliera a ningún lado [...] Él quería que ella se quedara en su casa. Ella limpiaba, cuidaba a la hija cuando estaba en la casa'. Por eso, concluyó en cuanto a la razón de la separación que Lucía 'se decidió por el estudio y no por él, iba a seguir estudiando'" (fs. 155 vta. y 156).
Recordó que la testigo hizo referencia a un episodio de amenazas anterior al hecho, donde Arzamendia despertó a Lucía con un revólver en la sien, exigiendo que volviera con él, ante lo cual ella accedió (v. fs. 156). De seguido, destacó que la testigo también declaró que diez días antes de los hechos su hija había vuelto a su casa (v. fs. cit.).
A continuación, abordó y descartó las críticas de la defensa oficial formuladas para restarle valor al relato de Claudelina Ríos en cuanto a que Arzamendia le impedía mantener vínculos con terceras personas, pretendía aislarla, la obligaba a quedarse en la casa y le impedía continuar con sus estudios. En tal sentido, explicó que el hecho de que la víctima no cumpliera con ello no implicaba que el imputado no se lo exigiera, tal como lo expuso la testigo, sino que precisamente ante la resistencia por parte de la víctima a cumplir con esas imposiciones Arzamendia respondía con violencia; "Entonces, lo que el recurrente pretende presentar como un quiebre lógico en el relato de la testigo, no es tal, ya que el comportamiento que el acusado esperaba de Lucía no siempre resultó acatado por la joven, conforme se desprende del fallo a partir de este y otros testimonios, lo que -en definitiva- se vinculó también con el desenlace de la relación, y fue adecuadamente explicado por la madre de la joven víctima" (fs. 156 vta.).
De igual manera, desestimó las críticas de la parte en cuanto puso en duda las afirmaciones de Claudelina Ríos sobre la existencia de episodios de violencia física sufridos por su hija con anterioridad a los hechos por "...no [estar] avalados por alguna denuncia 'ni otra constancia objetiva'". Frente a ello, recordó que el sistema de libertad probatoria receptado en el art. 209 del Código Procesal Penal permite acreditar diversas circunstancias por cualquier medio de prueba (v. fs. 157). Para más, indicó que la defensa tampoco se hizo cargo de que Ríos expresamente indicó que "...habían salido a hacer la denuncia, pero Lucía se había echado atrás en el camino '[p]orque siempre que hacemos la denuncia por algo, a nosotras no nos dan bola, o nos dan muchas vueltas para tomarte la denuncia. Las dos lo sabíamos...'" (fs. cit.).
Agregó que el relato de Ríos fue refrendado por las testimoniales de vecinos que ratificaron que Arzamendia y Lucía eran pareja, que convivían, que el día del hecho estaban hablando en la puerta de la casa de la víctima y que se escucharon disparos (Lucero, Moreno y Santillán); otros dijeron -directamente- que vieron disparar al imputado (Montenegro; v. fs. 157 vta./159).
Estimó que la parte había fundado sus agravios en una valoración aislada de la prueba sin evidenciar contradicciones relevantes en los elementos de cargo (v. fs. 159 vta.).
Concluyó en que la relación de pareja se acreditó debidamente con los dichos de la madre de la víctima, que dijo que mantuvieron ese vínculo durante un período aproximado de dos años y que convivieron durante un año, extremos refrendados por vecinos del barrio. Aclaró que la existencia de una pareja, al resultar una situación de hecho netamente fáctica, puede ser probada por cualquier medio de prueba, incluida la testimonial, sin que sea necesario un documento que corrobore esa convivencia ni su duración, como equivocadamente planteó la defensa oficial (v. fs. 158 vta.).
Ante esa situación, sostuvo que la parte no se encargó de atacar el cuadro probatorio cargoso de manera integral sino que hizo críticas aisladas que, como tales, no lograban conmover la certeza positiva sobre la configuración de la agravante del art. 80 inc. 1 del Código Penal (v. fs. 158 vta./159 vta.).
A continuación, hizo especial referencia a la testimonial de cargo de Yésica Vara, expareja de Arzamendia, que tiene una hija en común con el imputado. La nombrada declaró que la niña "...'conocía a Lucía. Sabía que era la novia del padre' [...] A través de evocar lo que su hija le decía, la testigo aludió a determinadas circunstancias que también se compadecieron con la convivencia de la que hablaron otras testigos, en tanto dijo que la niña le contaba que Lucía estaba en la casa del padre, y que se quedaba a dormir allí". Indicó que los jueces de mérito consideraron creíbles sus dichos (v. fs. 159 vta. y 160).
A su vez, rememoró el relato de Agustina Pierres, preceptora de Lucía en la escuela a la que asistía previo a su muerte. Declaró que "...la joven tenía problemas de ausentismo y que además había repetido primer año, por lo que había sido incluida en un programa de acompañamiento domiciliario entre septiembre y diciembre de 2014, lapso en el cual la testigo concurrió en distintas ocasiones al hogar familiar de Lucía, quien en ese momento tenía 14 años. Dijo que tales encuentros consistían, básicamente, en poder ayudarla a hacer algunas tareas". Describió a la víctima como alguien a quien le costaba expresar sus sentimientos, aclarando que si bien no le había contado sobre la relación sentimental que mantenía con Arzamendia, sabía que tenía un novio que era más grande que ella. Agregó que "También habló de un embarazo que habría cursado aquel año, el cual no era deseado porque 'ella quería seguir estudiando' [...] finalmente se enteró de que '[...] lo perdió'. Aclaró que ella había conversado con Lucía del estado de gravidez pero que ésta no le había dicho el nombre del padre, aunque '[s]abía que era el novio, su pareja. Eso sí quedó claro. En el transcurso de 2014 surgió esa pareja...' [...] 'Sabía que salía con alguien unos años mayor que ella, diez años más o menos, era una diferencia importante. Por lo que sé la mamá tenía miedo de lo que le pudiera ocurrir'". El sentenciante afirmó que estos dichos ratificaban las manifestaciones de la madre de la víctima (v. fs. 160 y vta.).
De seguido, aclaró que si bien la testigo María Amelia Martínez manifestó que Lucía nunca le dijo que tenía un novio "...de todas formas
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