Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135874
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.874, "Pereyra, Damian Andres s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 93534 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Genoud , Kogan, Soria.
De las presentes actuaciones como de las partes digitalizadas, se desprende que la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 25 de junio de 2019, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Mercedes que había condenado a Damián Andrés Pereyra a la pena de diecinueve años de prisión, dos mil pesos de multa, accesorias legales y costas, por resultar coautor responsable del delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda (víctima Bonifacio Verón; IPP 15-01-028788-13/00); y autor responsable de los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa (víctimas Cristian Jesús Elías y Rosa María Domínguez; IPP 09-02-005729-15/00); y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización fraccionados en dosis destinadas directamente a los consumidores (IPP 09-02-011721-15/00), todos en concurso real (v. fs. 95/111).
La señora defensora oficial adjunta ante esa instancia, doctora Ana Julia Biasotti, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 126/147), el cual fue concedido por el tribunal intermedio de manera parcial por resolución del 9 de septiembre de 2021 (v. fs. 148/151).
Interpuesta queja por parte de la defensa oficial (v. presentación digital del 5 de octubre de 2021), tramitó ante esta Corte como causa P. 135.729-Q y fue resuelta de manera favorable al declarar mal denegado el tramo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y se lo concedió (v. fs. 156/158).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fs. 168/173), dictada la providencia de autos (v. fs. 175), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La competencia de esta Corte quedó abierta respecto del agravio relacionado con la errónea aplicación de la ley sustantiva de conformidad con el auto de admisibilidad del tribunal intermedio, como así también de los agravios vinculados con las cuestiones federales que esta Suprema Corte concedió a través de la resolución que hizo lugar a la queja incoada.
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la señora defensora oficial formuló dos agravios.
II.1. En primer lugar, tachó la sentencia recurrida de arbitraria por "Errónea aplicación del art. 45 con relación al art. 80 inc. 7° -uno consumado y otro en grado de tentativa- del CP" [ rectius : arts. 79 y 41 bis, Cód. Penal] y denunció violación al principio de inocencia por inobservancia de la regla de in dubio pro reo (arts. 18, Const. nac.; 14.2, PIDCP y 1, CPP; v. fs. 128 vta.).
Sostuvo que el Tribunal de Casación Penal reeditó los argumentos que había desplegado el tribunal de juicio y, de ese modo, se apartó de las constancias de la causa y no garantizó el doble conforme, el debido proceso, la defensa en juicio y el principio in dubio pro reo . Estimó que ello se produjo porque no se cuestionó lo plasmado en el acta de procedimiento inicial, ni las versiones de la funcionaria policial Vega Canseco y de Nicolás René Elías, así como también el revisor se apartó de las testimoniales brindadas en sede policial por Fernández, Duete y Tarnoski y las prestadas en el devenir investigativo por el teniente Facundo Gambarrota, los testigos Andrea Maidana, Gonzalo Elías, Giuliana Elías, Nicolás Elías y Osvaldo Flores Rivas; ni atendió la declaración de Joaquín Castillo. Añadió que tampoco se debió brindar credibilidad a la declaración de la víctima Domínguez (v. fs. 131/140).
Refirió que la sentencia del tribunal intermedio destacó que la defensa de Pereyra no había cuestionado la existencia del hecho, sino su participación en él y la calificación legal; por lo que, de ese modo, a juicio de la recurrente, la Casación se limitó a convalidar la decisión de grado que conformó el plexo cargoso con los dichos prestados en la audiencia oral por María Domínguez (v. fs. 140).
Según la defensa de Pereyra, a partir de las constancias de la causa podía concluirse que existían más dudas que certezas, lo que motivó el planteo de arbitrariedad en cuanto se confirmó la autoría de Pereyra en la muerte de Elías y la tentativa de homicidio de María Domínguez (v. fs. 144 vta.).
Afirmó que, por aplicación del principio in dubio pro reo , el Tribunal de Casación debió casar la sentencia en el tramo correspondiente a la autoría del hecho y absolver a Pereyra, pues -según esa defensa- "...de la totalidad de las constancias de la causa no se arribó a la certeza [de] que Pereyra haya sido el autor de los disparos mortales a Elías y que haya intentado matar a Domínguez" (fs. cit.).
II.2. En segundo término, la impugnante denunció la errónea aplicación de los arts. 41 bis, 42 y 79 del Código Penal y la inobservancia del art. 104 del mismo cuerpo legal y tachó nuevamente de arbitraria la sentencia en el tramo correspondiente a tener por acreditado el dolo homicida por apartamiento de las constancias de la causa (v. fs. 145).
Sostuvo que el señor defensor oficial había planteado como agravio subsidiario la no acreditación de la intencionalidad de Pereyra de herir a Domínguez y mucho menos de dar muerte a Elías; y que, frente a ello, el tribunal intermedio afirmó que el dolo homicida surgió indubitable de la propia conducta de Pereyra, pues se infirió al ponderar la cantidad de disparos, el modo y el contexto en que se realizaron, los impactos recibidos por las víctimas y la natural potencialidad mortal que posee un arma de fuego (v. fs. 145 vta.).
La recurrente destacó que el tribunal intermedio se apartó de las constancias de la causa, y que la credibilidad de los testigos Domínguez y Fernández no alcanzaban para arribar a la certeza necesaria para una sentencia de condena; y concluyó que, por aplicación del principio in dubio pro reo , debió haber casado la sentencia de condena con relación a la víctima Domínguez y recalificar como abuso de armas y como un único hecho del cual resultó víctima Elías, concursando idealmente el homicidio del nombrado con el abuso de armas del que resultó damnificada Domínguez.
Finalmente, solicitó la recalificación en los términos expuestos y que se disponga la remisión de las actuaciones al tribunal de grado para que se dicte una nueva pena a la escala penal concursal correspondiente tras la nueva calificación peticionada (v. fs. 146 vta.).
III. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
IV.1. En lo que es de interés para el tratamiento del recurso en trato, el tribunal de grado tuvo por acreditado en el marco de los hechos contra la vida investigados en la IPP 09-02-005729-15/00 que: "Un sujeto del sexo masculino, concurrió junto a su hijo Eduardo, apodado 'Pisculichi' por entonces menor de edad, al domicilio de Rosa M. I. Domínguez, y le recriminó que su hermano, Fernando Domínguez, apodado 'Peladito', le había robado sus cosas. Que ante la negativa de la presencia de éste y de las pertenencias en tal finca, se retiró. A los pocos minutos regresó y le expresó que tenía 24 horas para que le reintegrara lo sustraído y desde unos pocos metros de distancia, con intención homicida efectuó seis disparos de arma de fuego calibre .9mm. contra la humanidad de la nombrada y de Cristian Jesús Elías, amigo de la anterior, que salió a la vía pública a interiorizarse de los motivos de la presencia del masculino en la vivienda. Como consecuencia de ello, Elías falleció en el trayecto al Hospital de José C. Paz y Domínguez debió ser internada para curaciones en el similar de Moreno. Ello ocurrió entre las 21:00 y las 22:00 hs. aproximadamente del 16 de abril de 2015, frente al domicilio sito en las calles Loefler y Mosconi de Cuartel Quinto, partido de Moreno" (fs. 31 vta. y 32).
Al momento de analizar la subsunción legal, el tribunal oral resolvió que ese tramo fáctico debía encuadrarse "...en las previsiones del art. 79 en su juego armónico con el 41 bis del Código Penal, es decir homicidio simple, agravado por el uso de arma de fuego y homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso real". Frente a la crítica de la defensa, el tribunal indicó que "...Pereyra efectuó los disparos contra quienes se hallaban en la puerta de la vivienda donde residía quien él consideraba autor de un robo que tuvo por víctima a su hijo (apodado 'Pisculichi') y, en tales circunstancias buscó o, cuanto menos, aceptó la posibilidad de herir mortalmente a quien no era integrante de tal familia" (fs. 50 y vta.).
IV.2. En el recurso de casación, la defensa cuestionó esa decisión y denunció arbitrariedad en la valoración de la prueba de cargo. Particularmente con relación al delito contra la vida, sostuvo que solo Domínguez fue testigo presencial y que todos los demás eran testigos de oídas; criticó la ponderación de otros testimonios como también el uso en contra de su asistido de la declaración prestada en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal; a su vez, se quejó del testimonio de Rosa María Domínguez, pues -según dijo- acomodó sus dichos en las diferentes declaraciones (v. fs. 61 vta.). Afirmó que existió una valoración arbitraria de los extremos apuntados, descartando -por ejemplo- el resultado negativo del hallazgo del arma homicida, valorando en su contra la declaración realizada por Pereyra y descartando de plano los testimonios aportados por Ferreyra y Monzón (v. fs. 62 vta.).
En definitiva, consideró que no debió condenarse a Pereyra con base en meros indicios, en tanto el juzgador de origen hizo mérito parcializado de la prueba fundando su decisión "pura y exclusivamente" en los dichos de la víctima y su reedición en la declaración de terceros (v. fs. 64 vta.).
Para finalizar, se refirió al principio de inocencia y destacó la ausencia de prueba contundente y categórica como para demostrar la autoría material de los hechos en cabeza de su defendido. De manera subsidiaria, solicitó que el suceso que victimizó a Domínguez se encuadrara en el delito de abuso de armas por no haberse demostrado -a su juicio- intencionalidad por parte de su defendido de herir a las víctimas (v. fs. cit. y 65).
IV.3. Con relación a los hechos de homicidio y tentativa de homicidio, el Tribunal de Casación Penal sostuvo que la defensa de Pereyra solo había cuestionado la participación y la calificación legal, no así la existencia de los hechos. Seguidamente, señaló que el juzgador de mérito había valorado los dichos de la víctima Rosa Domínguez, quien efectuó un relato de lo sucedido e identificó sin lugar a dudas a Pereyra, y dijo que "...era el autor del hecho, no me voy a olvidar la cara de él" (fs. 100 vta./101 vta.).
A continuación, el revisor indicó que de modo complementario se habían ponderado los informes hospitalarios que daban cuenta de las heridas de arma de fuego padecidas por Domínguez, como así también las recibidas por Elías, que le causaron su muerte tal y como surgió de la autopsia, de los informes médicos y del certificado de defunción. Agregó que las fotografías, los croquis, el secuestro de vainas en el lugar, el informe pericial balístico y el reporte central de emergencia 911 corroboraron la versión dada por Domínguez en cuanto a la existencia y modalidad en que sucedieron los hechos (v. fs. 101 vta.).
Con respecto al planteo sobre la existencia de un testigo único, señaló que el propio tribunal de origen había explicado que ello no era causal de nulidad, y que además los dichos de Domínguez se hallaron robustecidos por otros elementos de prueba, tales como la declaración testimonial de Gonzalo Elías, hermano de la víctima Cristian, quien refirió que Pereyra era el padre de "Pisculichi"; que, antes del hecho había concurrido a la casa de Domínguez, y le contaron que había pasado un hombre realizando amenazas porque decía que le habían robado; que luego "...escuchó disparos y volvió"; que "...vio una camioneta gris que se alejaba del lugar y se iba hacia lo de 'Pisculichi'"; que llevaron inmediatamente a su hermano al hospital, pero se murió en el camino; que "...en el barrio se enteró que al padre de 'Pisculichi' le decían el paraguayo y que saben que vecinos le prendieron fuego la casa luego del hecho". A su vez, se indicó que el domicilio que el testigo atribuía a "Pisculichi" era el mismo que había sido mencionado por su madre al denunciar el robo de la vivienda (v. fs. 101 vta. y 102).
De igual modo, destacó que en el caso se había ponderado la declaración de Félix Fernández, quien refirió que, mientras se encontraba en la casa de Domínguez, se hizo presente en una camioneta un muchacho junto con su hijo apodado "Pisculichi", que esta persona amenazó al "Peladito" y "Pitu" por el robo de una casa y dijo que si no le devolvían las cosas los iba a matar; contó el testigo que al rato llegaron los nombrados -"Peladito" y "Pitu"- en moto y contaron que "Pisculichi" los había corrido con una camioneta; prosiguió con el relato y narró que minutos después estaba en el interior del domicilio y escuchó disparos, y que al salir encontró a Cristian herido de arma de fuego. Sobre ello, la Casación señaló que el tribunal de mérito había resaltado que "...si bien Fernández no fue testigo ocular de los disparos efectuados por el aquí encausado, rememoró las circunstancias inmediatamente anteriores y posteriores a aquellos, las cuales en lo sustancial, coinciden con los dichos de Rosa. M. I. Domínguez y Gonzalo Elías" (fs. 102).
Luego, el tribunal intermedio señaló que también se había ponderado la circunstancia de que de la IPP 09-02-6168-15, incorporada por cuerda, surgía que Alejandra Viva había denunciado que el 16 de abril de 2015 (el mismo día de los homicidios) habían entrado a robar a su casa, determinándose luego que la nombrada era la madre del joven Eduardo A. Pereyra, cuyo padre resultó ser el imputado; a su vez, se valoró que la denunciante había referido que tenían un perro de nombre "Pisculichi" en coincidencia con el apodo del hijo del encausado. Se ponderó igualmente la declaración de Víctor Duete, quien dijo conocer del barrio a las víctimas y a Pereyra, y contó que, luego de escuchar los disparos, fue al lugar de los hechos y oyó decir a Domínguez que el autor era el padre de "Pisculichi"; también dijo que observó una camioneta color gris que pasó por el lugar donde se habían realizado los disparos (v. fs. 102 vta.).
Asimismo, el órgano revisor se refirió a las declaraciones testimoniales de Gastón Ferreyra y Diego Monzón, quienes compartieron tiempo de encierro con Pereyra e hicieron referencia a las fotografías que les sacaron en la seccional policial tanto a ellos como al imputado. Sobre ese punto, indicó que el tribunal de juicio descartó una nulidad por considerar que "...en el reconocimiento efectuado por la víctima Domínguez [...] no advertía ningún motivo para que señalara maliciosamente a un inocente a quien no conocía y, además, encubriera al verdadero autor material de los hechos" (fs. 102 vta. y 103). Agregó a lo dicho que la defensa "...no indicó cual habría sido la normativa desoída ni el perjuicio sufrido, además de sustentarse en una hipótesis no acreditada y que se contrapone expresamente a los dichos de la víctima, limitándose en definitiva a una disconformidad con el valor convictivo asignado por el Tribunal, circunstancia que en modo alguno justifica la declaración de nulidad solicitada" (fs. 103 vta.).
Continuando con el estudio valorativo de la sentencia, se ocupó de los dichos del imputado Pereyra y el análisis que brindó sobre ello el tribunal de mérito al explicar que "... el encausado admitió poseer una camioneta marca Nissan, lo cual coincide con la observada en el teatro fáctico por Víctor Duete y Gonzalo Elías. Acerca del tipo de rodado también coincidió Rosa M.I. Domínguez " (fs. 103 vta. y 104; el destacado figura en el original).
Sentado lo anterior, el Tribunal de Casación consideró que la sentencia de condena brindó sobrados fundamentos por los cuales tuvo por acreditado que Pereyra resultó autor de los disparos que acabaron con la vida de Elías y pusieron en peligro la de Domínguez, argumentos que -según dijo- la defensa había criticado de manera aislada, pero sin deteriorar el valor suasorio de los elementos valorados de manera conjunta e interrelacionados como lo había realizado el tribunal de juicio (v. fs. 104).
V. Frente a lo así resuelto por el tribunal intermedio respecto a la autoría de Damián Andrés Pereyra en los hechos de homicidio y tentativa de homicidio, las discrepancias que trae la recurrente, tal como han sido planteadas, no pueden ser atendidas. Pues, aunque denunció la errónea aplicación y la inobservancia de la ley sustantiva por parte del Tribunal de Casación, sus críticas se asientan en una diferente valoración de la prueba que dio sustento a la subsunción de la conducta en los tipos penales indicados.
Y si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede conducir a una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la subsunción legal, salvo supuestos de absurdo o arbitrariedad claramente invocados y demostrados -lo que no ocurrió en el caso-, la regla determina que no corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores sobre los hechos alegados (conf. doctr. causas P. 92.219, sent. de 12-VII-2006; P. 114.722, sent. de 3-X-2012; P. 102.196, sent. de 14-XI-2012; P. 105.648, sent. de 5-XII-2012; P. 110.540, sent. de 12-VI-2013; P. 116.825, sent. de 18-VI-2013; P. 111.032, sent. de 10-VII-2013; P. 110.347, sent. de 23-XII-2013; P. 127.974, sent. de 21-II-2018; P. 133.271, sent. de 14-X-2020; P. 132.813, sent. de 13-IV-2021; e.o.).
VI. Ahora bien, el primer agravio vinculado con la denuncia de arbitrariedad en lo referente a la aplicación del art. 45 del Código Penal, respecto de los hechos que tuvieron por víctimas a Elías y a Domínguez, no es de recibo.
De la reseña efectuada anteriormente podemos advertir que el Tribunal de Casación Penal abordó análogos agravios, brindó un análisis crítico de los diversos elementos de prueba valorados por la instancia de mérito y coincidió en que existieron motivos suficientes para tener por comprobado que Pereyra fue el autor de los disparos que tuvieron como víctimas a Elías y Domínguez; y además consideró que la defensa no había logrado deteriorar el valor de los elementos de prueba ponderados de manera "conjunta e interrelacionados".
En consecuencia, la recurrente solo expone una opinión personal y divergente a la del juzgador que no alcanza para evidenciar la arbitrariedad endilgada al pronunciamiento cuestionado. Y, como es sabido, el mero disenso o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo desde el ángulo de la técnica del carril impetrado (causas P. 110.668, sent. de 22-XII-2010; P. 117.680, resol. de 26-III-2014; P. 133.271, sent. de 14-X-2020; P. 134.020, sent. de 28-VI-2021; P. 134.058, sent. 27-XII-2022; e.o.). Media, pues, insuficiencia (art. 495, CPP).
En cuanto al principio in dubio pro reo derivado del de inocencia (arts. 1, CPP y 18, Const. nac.), cuya violación fue alegada en el recurso en examen, la defensa no logró evidenciar una situación de excepción por cuanto para las sent
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