Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135888
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.888, "Aguilar, Pablo Federico s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 92.442 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria.
La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 12 de marzo de 2020, en lo que importa, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la entonces defensa particular de Pablo Federico Aguilar, ejercida por el doctor Néstor Osvaldo Verri, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza, que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio doblemente agravado por su comisión criminis causae y por ser la víctima personal de una fuerza de seguridad en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego (arts. 45, 55, 80 incs. 7 y 8 y 166 inc. 2 segundo párrafo, Cód. Penal; v. sentencia digital).
Frente a lo así resuelto el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Nicolás Agustín Blanco, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue declarado admisible por el órgano intermedio mediante resolución del 6 de mayo de 2021.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En la impugnación bajo estudio, la defensa de Pablo Federico Aguilar denuncia errónea aplicación de la ley sustantiva (arts. 45 y 80 incs. 7 y 8, Cód. Penal) y violación al principio de culpabilidad por el acto (arts. 18, 19 y 75 inc. 22, Const. nac.; 11 y 57, Const. prov.).
Luego de referirse a la base fáctica y a lo sostenido por Matilda Roberti junto con otros testigos (algunos empleados y otros clientes del comercio), estima que no puede afirmarse el aspecto subjetivo de la coautoría que se tuvo por probada, toda vez que no logró fundarse debidamente que en el plan inicial de cometer el robo estuviera incluido disparar contra alguna de las personas presentes. Considera que los disparos contra la víctima fueron un exceso de quienes los efectuaron, por el que su asistido no debe responder.
Señala que todos los testigos ubicaron a Aguilar del otro lado del mostrador tomando el dinero de la caja registradora, sin realizar conducta alguna, cuando ingresó el agente policial. En igual dirección, hace referencia a la declaración brindada por su defendido en el marco del art. 317 del Código Procesal Penal y estima que no se logró probar el aporte objetivo que le haya dado el dominio del hecho.
Alega errónea aplicación del art. 45 del Código Penal porque el pronunciamiento en crisis no explicó de qué modo Aguilar tomó parte de la ejecución del hecho homicida o cuál fue el aporte objetivo en su realización, sin el cual este no se hubiera podido cometer.
En su opinión, ello demuestra la errónea aplicación de las reglas de la coautoría funcional ante la inexistencia de un plan común respecto al homicidio calificado, en tanto Aguilar no efectuó ningún aporte objetivo en ese ilícito.
Refiere que la presencia del imputado en el lugar, arrebatando el dinero de la caja registradora, habiéndose establecido que Medero dejó entrar al comercio a Sánchez, que Brítez Rojas le disparó inesperada y deliberadamente y que, luego, Medero efectuó más disparos al darse a la fuga del lugar, no permite sostener que ese aporte al robo le haya dado a Aguilar el dominio del hecho. Asevera que los sucesos deben encuadrase en la figura prevista en el art. 165 del Código Penal.
Agrega, respecto a la ultrafinalidad del homicidio criminis causae , que el órgano intermedio contravino la doctrina legal de esta Corte al afirmar un obrar subjetivo a título de dolo eventual. Cita en apoyo la causa P. 114.722, sentencia de 3-X-2012.
Consecuentemente, alega que se ha violado el principio de culpabilidad por el acto, por haberse condenado por un homicidio a quien no tomó parte en su ejecución.
Solicita que se case el pronunciamiento impugnado y se encuadre la conducta de Aguilar en las previsiones del art. 165 del Código Penal.
Subsidiariamente, afirma arbitrariedad de la sentencia en crisis toda vez que la prueba producida no permite arrojar certeza respecto de la verificación de los elementos objetivos y subjetivos del tipo previsto en el art. 80 inc. 7 del Código Penal.
Aclara que no pretende una diferente valoración de la prueba, sino que estima que el revisor afirmó la existencia del dolo directo homicida por parte de Aguilar sin ningún fundamento, lo que impide verificar la ultrafinalidad exigida por la norma.
Concluye sosteniendo la violación al principio de inocencia y su derivado in dubio pro reo (arts. 18, Const. nac. y 8.1, CADH); solicita que se anule el pronunciamiento de la Sala.
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo de la impugnación, criterio que comparto.
III.1. El tribunal de juicio tuvo por debidamente acreditado que el 24 de junio de 2016, aproximadamente a las 18:00 hs., se hicieron presentes en el interior del comercio de autopartes "Chevrolet San Justo" ubicado en Av. Arturo Illia 3091 de San Justo, partido de La Matanza, tres sujetos de sexo masculino (Pablo Federico Aguilar, Freddy Brítez Rojas y Miguel Ángel Medero -fallecido-) provistos de armas de fuego, intimidaron a los empleados del comercio, se apoderaron ilegítimamente de $25.000 y dos baterías de automotor. En ese momento ingresó como cliente Federico Leandro Sánchez -personal policial uniformado de la Policía Federal Argentina-, y al advertir la presencia del agente, le efectuaron varios disparos de arma de fuego contra su persona, provocándole un paro cardiorrespiratorio traumático por hemorragia toraco abdominal por herida de arma de fuego que le causó la muerte, ello con el claro propósito de procurar su impunidad y consumar el robo, como así también por su condición de funcionario policial, para luego darse a la fuga con los objetos mencionados a bordo de un automóvil Gol Trend rojo en el cual habían llegado al lugar, que era conducido por otra persona de sexo masculino (Jonathan Albano), quien permaneció en el exterior del comercio a la espera de sus consortes.
En cuanto interesa, consideró a Pablo Federico Aguilar coautor de los delitos de homicidio doblemente agravado por su comisión criminis causae y por ser la víctima personal de una fuerza de seguridad en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego, y lo condenó a la pena de prisión perpetua.
III.2. Frente a similar planteo llevado en el recurso de casación, en orden a la errónea aplicación del art. 45 en relación con el art. 80 incs. 7 y 8 del Código Penal, el tribunal intermedio se ocupó, contrariamente a lo señalado por la defensa, de explicar y fundar las razones por las cuales confirmó la calificación legal y dio por acreditado el elemento subjetivo cuestionado.
En efecto, coincidió con la ponderación efectuada por el tribunal de grado en cuanto a que, a través de los movimientos descriptos por los testigos, se desprende que dos (Brítez y Aguilar) entraron al negocio para llevarse lo que no era suyo, y si era necesario matar a quien se interpusiera para concretar el desapoderamiento o escapar con las armas que llevaban, mientras otro sujeto armado (Medero) custodiaba la puerta y daba órdenes a los restantes, a la vez que un cuarto (Albano) esperaba en un auto; "...surge claramente que se pusieron de acuerdo en concurrir armados a robar, portando, valga la repetición, armas de fuego, poniendo en obra el delito en sí mediante la ejecución conjunta del homicidio, por lo que lo hecho por uno es un aporte al grupo y los responsabiliza (en este caso) a quienes entraron al negocio, y a lo que no pone ni quita que uno solo haya sido quien efectuara el disparo mortal...". Afirmó que "...tan autor es el que infiere la lesión como el que lo ayuda con su acción, dándole oportunidad para que ella produzca su efecto (doctrina del artículo 45 del Código Penal)".
Aseveró que no cabían dudas de que todos los agresores que ingresaron al local portaban armas de fuego y que una fue la utilizada para matar al policía, pues en mancomunada tarea los acusados llegaron al negocio para consumar lo que se proponían hacer, apoderarse del dinero de la caja y baterías, y de ser necesario -como lo fue- doblegar la oposición de quien se opusiera o liquidar cualquier escollo en su camino, circunstancia que sabían de antemano.
A fin de sostener la calificación legal indicó que los testigos Matilda Roberti, Francisco Lautaro y Mónica Viviana Pancrazi dijeron claramente que el desafortunado cliente uniformado, Federico Leandro Sánchez, al darse cuenta inmediatamente de la situación, levantó las manos para evitar malos entendidos y rogó por su vida; y tras ser arrojado hacia el mostrador, uno de los atacantes le disparó.
Notó que quien vigilaba la puerta (Medero) dio aviso a los otros acerca de la llegada del policía, por lo que la "sorpresa" de Aguilar -apuntada por la defensa- no existió; añadió que el nombrado concurrió a robar con armas de fuego, sabiendo y aceptando su eventual uso.
Concordó con el órgano del juicio en cuanto, más allá de no haber hecho nada para evitar las consecuencias del disparo de Brítez Rojas, Aguilar aprovechó para fugarse con el dinero y las baterías mientras Medero efectuaba disparos desde la puerta, "...lo que se traduce en un activo accionar dentro de la división de roles que tuvieron en el plan organizado, valiéndose de la muerte para procurar impunidad".
Afirmó que la intervención de Aguilar fue en carácter de coautor y que la significación jurídica de los hechos es robo con arma de fuego y homicidio calificado por la causa, dado que robar en un intento de matar con un arma de fuego es una decisión común y resulta indiferente cuál de los dos sujetos se encarga de buscar la muerte de la víctima.
Explicó que no hubo desviación ni exceso en el trabajo común, y que la retirada y la llegada conjunta reafirman la coautoría; dijo que el aporte de Aguilar para la empresa delictiva no se rige por la accesoriedad, y que tampoco hubo un exceso del autor porque existió decisión común de realizar el hecho.
Apuntó que hubo un reparto funcional respecto al rol que le cupo a cada uno, sin cuyo aporte el ataque al policía no se podría haber realizado, al menos de la forma en que se llevó a cabo: disparando a poca distancia y hacia una parte vital como el abdomen para lograr concretar el robo y la impunidad.
Subrayó que no se trató de un suceso accidental, pues la mecánica del hecho, la distancia, la dirección del disparo, demuestran sin duda el dolo homicida.
Por último, ratificó la presencia de la ultraintencionalidad exigida por el art. 80 inc. 7 del Código Penal, conclusión contraria a la pretensión de la defensa, que intentó traer el robo con homicidio como figura aplicable.
Con cita de doctrina y fallos de esta Corte señaló que si del sistema del art. 80 inc. 7 del Código Penal no resulta que el elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito, va de suyo que no es necesaria una preordenación anticipada, deliberada y resuelta de antemano, pues la ley solo exige que, en el ánimo del autor, en el momento del hecho, el fin delictuoso funcione como motivo específicamente determinante del homicidio, y esto no demanda, indefectiblemente, premeditación o reflexión, sino solo decisión, la que puede producirse de improviso en la ejecución del hecho mismo.
Desestimó que los hechos pudieran encuadrarse en la figura de robo con homicidio resultante, pues "...cuando se mata para neutralizar la resistencia de la víctima del robo y así poder consumarlo, además de facilitar la impunidad del que puede terminar en manos de la autoridad [...] el caso espeja un concurso real de robo agravado por el empleo de armas que concurre materialmente con homicidio agravado por la causa...".
Luego de referenciar que las figuras de los arts. 80 inc. 7 y 165 del Código Penal se nutren de corrientes distintas, explicó que el homicidio agravado por la causa es un homicidio calificado, no por concurrir con un robo u otro delito, sino por un elemento subjetivo que determina su comisión, mientras que la hipótesis del art. 165 se refiere a un delito complejo formado por un robo y un homicidio en el que este último surge como una contingencia, no calificada por aquel elemento subjetivo, en ocasión del despliegue de una acción tendiente al apoderamiento de la cosa ajena con fuerza en la misma o violencia en las personas, o se produce con motivo de ella, siendo el robo el elemento circunstancial del tipo que pune el resultado de homicidio.
Resaltó que, además de la impunidad perseguida, no había duda de que se mató al policía indefenso por su condición de tal.
IV. Frente a esta decisión, el recurso se revela ineficaz para conmover la calificación de los hechos en los términos del citado art. 80 inc. 7 del Código Penal, ya que, más allá de que el reclamo se enunció como de errónea aplicación de la ley sustantiva, sin rebatir todos y cada uno de los argumentos utilizados por el tribunal revisor para desestimar los planteos llevados a su instancia, en rigor, el recurrente pretende una reinterpretación de los hechos y de la prueba a partir de los cuales se convalidó la calificación legal, y ello se encuentra por fuera del marco propio de conocimiento de esta Corte (art. 494, CPP y su doctr.).
La defensa, más allá de expresar su disconformidad con la subsunción legal que se aplicó al caso, no se hace cargo de contrarrestar la fundamentación brindada por el tribunal intermedio para sostener que la materialidad fáctica acreditada encaja en la calificación finalmente actuada ni patentizar su yerro o desacierto; en consecuencia, sus conjeturas quedan en el ámbito de los hechos y las pruebas sin que se verifiquen presupuestos que excepcionen la inabordabilidad que tales materias presentan para esta Corte.
Al respecto, cabe señalar que, si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede derivar en una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la subsunción legal, salvo supuestos de absurdo o arbitrariedad, claramente alegados y demostrados -lo que no ocurre en el caso-, no le corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores de hecho invocados (conf. doctr. causas P. 98.594, sent. de 20-VIII-2008; P. 81.789, sent. de 13-V-2009; P. 116.231, sent. de 23-XI-2016; P. 132.452, sent. de 20-XI-2019; e.o.).
IV.1. Sentado ello, resulta insuficiente el reclamo por el que la defensa pretende excluir la acreditación de la faz subjetiva de la coautoría funcional con sustento en que la decisión de la muerte constituyó un exceso del autor que no puede serle atribuido a Aguilar, desde que no solo no ha revertido la decisión de las instancias previas en cuanto al alcance del acuerdo común acreditado, sino que no ha expuesto con la carga de suficiencia que exige una presentación ante esta instancia los déficits que le endilga a la sentencia que impugna (art. 495, CPP).
En efecto, desde el plano objetivo, el alcance del acuerdo común se tuvo por acreditado a partir de los testimonios que de manera pacífica dieron cuenta de que los tres atacantes (Aguilar, Brítez Rojas y el fallecido Medero) esgrimían armas de fuego al momento del hecho, que existía una clara división de roles en el actuar, por la cual el primero al entrar al negocio solicitó un repuesto, luego saltó el mostrador, sacó un revólver con el que encañonó a quien lo estaba atendiendo, también revisó la cartera de Matilda Roberti y se llevó una batería, mientras que Brítez Rojas se apoderó de dinero y una batería y Medero, que controlaba la puerta, franqueó el ingreso del policía Sánchez, quien a pesar de no ofrecer resistencia alguna fue baleado en primer término por Brítez Rojas y posteriormente por el nombrado Medero, mientras Aguilar y su consorte se deban a la fuga. De tal forma, no se demostró que la situación de autos resulte análoga a lo decidido en la causa P. 114.722, tal como se pretende en la impugnación.
Esta Suprema Corte tiene dicho que la categoría de coautoría funcional surge justamente para supuestos en que más de un sujeto codomina el hecho a través de su función específica en la ejecución del suceso total sobre el que existe una decisión común. Desarticular tal coautoría funcional y exigir la acreditación de la causación física en cada tramo fáctico de la ejecución del delito es negar aquella categoría de participación -en sentido lato- pues el dato esencial de la coautoría funcional es justamente la división de tareas (conf. causa P. 132.776, sent. de 8-IV-2021; e.o.).
Cabe señalar que "...la decisión común es el vehículo que determina la conexión de los diversos aportes al hecho llevados a cabo por distintas personas, permitiendo imputar a cada uno de los intervinientes la parte de los otros (cfr. por muchos, Stratenwerth, Derecho penal, parte general, I, Madrid, Edersa, 1982, 814, p. 248). Ciertamente, no siempre es sencillo distinguir si tal o cual modalidad de aporte objetivo atribuye realmente el dominio del hecho, a fin de imputar coejecución o simplemente otra forma de cooperación. Sin embargo, hay consenso generalizado en afirmar la coautoría cuando quien ejecuta junto con otro u otros el evento criminoso lo hace en virtud de un acuerdo previo por el cual cada uno conoce la acción de los demás y distribución de funciones. Justamente, esto es lo que caracteriza la coautoría de las demás formas de intervención a través de pluralidad de autores. En aquella el hecho no es dominado por uno de los intervinientes, sino por el conjunto o 'colectivo'. Importa, pues, el despliegue de una parte del suceso típico en combinación con el aporte de los otros. Por ello, rige en la coautoría la imputación recíproca de todas las contribuciones al suceso que tienen lugar en el marco del común acuerdo..." (conf. doctr. -en lo pertinente- causas P. 82.042, sent. de 30-III-2005; P. 104.036, sent. de 11-V-2011; P. 121.582, sent. de 29-III-2017 y P. 133.140, sent. de 10-VI-2021).
IV.2. En cuanto atañe a la base fáctica acreditada que sirvió para fundar la agravante del homicidio prevista en el art. 80 inc. 7 del Código Penal, las alegaciones de la defensa no trascienden de una divergencia valorativa que excede el acotado marco de revisión que habilita el art. 494 citado, sin lograr demostrar que fuese irrazonable concluir que la decisión de matar fue conexa con el delito contra la propiedad, en el marco de las condiciones apreciadas por las instancias anteriores.
Además, es doctrina de esta Corte que para la aplicación de dicha figura "...debe demostrarse la existencia en el ánimo del autor de cualquiera de las finalidades que contempla" (conf. causa P. 47.611, sent. de 4-V-1993), y que "...no resulta, ni expresa ni implícitamente, que su elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito" (conf. causas P. 106.440, sent. de 31-X-2012; P. 113.545, sent. de 19-XII-2012; P. 111.820, sent. de 31-VII-2013; e.o.).
A tenor de las reflexiones exteriorizadas, queda sin evidenciar que el razonamiento seguido por el Tribunal de Casación para confirmar la condena haya configurado una grosera interpretación de las pruebas del caso, al punto de llegar a establecer conclusiones insostenibles o claramente contradictorias a la luz de las circunstancias com
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