Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135920
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Julio Alberto Diarte, con costas (art. 495, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.920, "Diarte, Julio Alberto s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 97.423 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan.
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Morón, el día 16 de abril de 2019, desestimó el recurso de la especialidad presentado por la defensa oficial de Julio Alberto Diarte contra la decisión del Tribunal en lo Criminal n° 4 de dicha departamental que aprobó el cómputo de pena en el que se estableció que la condena única a veinticinco años de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la pena a veinticinco años de prisión, accesorias legales y costas dictada por ese Tribunal en la causa 3074 y de la condena dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes, en la causa 375/1200, a once años y diez meses de prisión, accesorias legales y costas, fijando como fecha de vencimiento el día 11 de octubre de 2023 y estableciendo su caducidad registral el mismo día del año 2033 (v. fs. 75/77 vta.).
Contra ello, la defensa oficial dedujo recurso de casación que fue rechazado por la Sala V del Tribunal de Casación Penal; frente a lo así decidido, la parte articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 86/93, 115/116 vta., 128/135).
La citada Sala V, el día 19 de octubre de 2021, declaró admisible el carril extraordinario (v. fs. 136/137 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 141/144 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 146) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor defensor oficial, doctor Daniel Aníbal Sureda, denuncia violación del principio de legalidad por no aplicarse debidamente el cómputo privilegiado previsto en el art. 7 de la ley 24.390 con el argumento de que el segundo hecho se cometió luego de la derogación de la norma (v. fs. 131 vta. y 132).
A su entender, siendo que la causa 375 del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Mercedes tramitó durante la vigencia de la ley 24.390, sus efectos deben extenderse sobre la totalidad de las causas que integran la pena única pues la sentencia de unificación hace desaparecer la individualidad de cada una de las penas que la integran (v. fs. 132 y vta.).
Alega que la decisión del Tribunal de Casación Penal quebrantó los principios de legalidad, máxima taxatividad legal, in dubio pro reo y plazo razonable (conf. arts. 18 y 19, Const. nac.; 7.5. y 9, CADH; 15.1., PIDCP; 2 y 3, Cód. Penal -v. fs. 132 vta.-).
A su vez, explica que el objetivo de la impugnación consiste en lograr la libertad de su asistido por considerar que la pena única venció el día 17 de agosto de 2015. En su apoyo, cita un precedente del Tribunal de Casación Penal (v. fs. 133 vta. y 134).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso (v. fs. 141/144).
Coincido con lo dictaminado.
III. El recurso es manifiestamente insuficiente (conf. art. 495, CPP).
III.1. En lo que aquí importa, el Tribunal en lo Criminal n° 4 de Morón, el día 13 de julio de 2018, impuso a Diarte pena única de veinticinco años de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la pena de veinticinco años de prisión, accesorias legales y costas dictada por ese Tribunal en la causa 3074, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal (seis hechos, uno agravado por el uso de arma) y robo (cinco hechos, uno calificado por el uso de arma), todos en concurso real entre sí (hechos cometidos los días 20 de febrero y 19 de junio de 2007; sent. de 5-III-2010) y de la condena dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 de Mercedes, en la causa 375/1200, a once años y diez meses de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado y robo agravado en concurso real (hechos cometidos el día 29 de febrero de 2000; sent. de 29-VIII-2002).
En tal sentido, en lo que respecta a la sentencia dictada por ese Tribunal en la causa 3074 el día 5 de marzo de 2010, señaló que "...se verifica la firmeza". Asimismo, indicó que en este expediente Diarte permanece privado de su libertad de manera ininterrumpida desde el día 22 de junio de 2007 (v. fs. 55 vta.).
Por otra parte, destacó que el fallo de condena dictado por el Tribunal en lo Criminal n° 1 de Mercedes, bajo el registro de la causa 375/1200, adquirió firmeza el día 6 de agosto de 2010. En el marco de ese expediente, Diarte fue aprehendido el 2 de marzo de 2000 hasta el 6 de julio de 2005, fecha en que se le concedió la excarcelación en términos de libertad condicional, aplicando el cómputo privilegiado del art. 7 de la ley 24.390. El vencimiento de la pena se fijó para el día 28 de septiembre de 2013 (v. fs. cit.).
Como consecuencia de ello, se practicó y aprobó el correspondiente cómputo de la pena única: se aplicó el cómputo privilegiado del art. 7 de la ley 24.390 únicamente a la detención sufrida en la causa 375 del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Mercedes, fijando el vencimiento el día 11 de octubre de 2023 y la caducidad registral el día 11 de octubre de 2033 (v. fs. 62/63 vta.).
Contra esto último, la defensa oficial presentó recurso de apelación.
III.2. Tal como se adelantara, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Morón, el día 16 de abril de 2019, rechazó la impugnación.
En primer lugar, recordó las distintas condenas que conformaron la pena única de veinticinco años de prisión, así como también las fechas de los hechos.
De este modo, destacó que Diarte, en el marco de la causa 375/1200 del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Mercedes (hechos cometidos el 29 de febrero de 2000), fue privado de su libertad el día 2 de marzo de 2000 y excarcelado el día 6 de julio de 2005 en los términos de los arts. 169 inc. 9 del Código Procesal Penal y 13 del Código Penal, como consecuencia de la aplicación del cómputo privilegiado del art. 7 de la ley 24.390 (v. fs. 108 vta. y 109).
De seguido señaló que con relación a la presente causa (expte. n° 3074 del Tribunal en lo Criminal n° 4), "...el período de detención abarca desde el día 22-VI-2007, permaneciendo en esa situación de forma ininterrumpida hasta la fecha del pronunciamiento impugnado. Conforme ello, y a fin de determinar el vencimiento de la condena, el a quo tomó la última detención operada 22-VI-2007 y le sumó los [veinticinco] años de pena, llegando así al 22-VI-2032, fecha a la que le descontó el período de detención cumplido en la causa de la departamental de Mercedes, esto es [ocho años, ocho meses y diez días], lo que determinó que [...] opere su vencimiento el 11-X-2023 y su caducidad registral el 11-X-2033" (fs. 108 vta. y 109).
Sentado ello, afirmó que no todos los períodos en que el encausado estuvo privado de libertad están alcanzados por el cómputo privilegiado del citado art. 7 (v. fs. 109).
Explicó que, si bien ambos procesos están contemplados en la pena única, lo cierto es que los hechos cometidos en el marco de la causa que tramitó ante el Tribunal en lo Criminal n° 4 se cometieron luego de la derogación de la ley 25.430 por lo que no resulta válido extender el criterio del cómputo privilegiado del art. 7 de la ley 24.390 a períodos de detención cumplidos con posterioridad a la derogación de la norma.
Recordó que el art. 7 de la ley 24.390 tuvo por finalidad compensar la demora del Estado con relación a quienes estaban privados de libertad en prisión preventiva y "...no para aquellos que -como Diarte-, hubieran sido condenados, luego excarcelados y finalmente hallados culpables de otras infracciones cometidas mientras gozaba de dicha libertad" (fs. 109 vta.).
En función de tales razones, concluyó que pretender extender la aplicación del cómputo privilegiado aplicado a la primera condena en Mercedes a la pena impuesta por un delito cometido con posterioridad a la derogación del art. 7 de la ley 24.390 no resulta una derivación razonable del derecho vigente (v. fs. cit.).
En suma, confirmó el cómputo de pena única aprobado por el Tribunal en lo Criminal n° 4 con los alcances reseñados.
III.3. Por su parte, la Sala V del Tribunal de Casación Penal, también consideró adecuado el cómputo de pena practicado.
En efecto, de la lectura del fallo en crisis se advierte que el señor juez Borinsky, que concitó la adhesión del señor juez Carral, en primer lugar, sostuvo que la Cámara había garantizado una revisión amplia del cómputo en crisis por lo que la garantía del doble conforme se encontraba abastecida (v. fs. 115 vta.).
Como segundo punto, indicó que lo decidido es ajustado a derecho pues el segundo de los hechos se cometió cuando la ley 24.390 ya se encontraba derogada, por lo que Diarte no podría ser beneficiado con el cómputo doble como lo pretende la defensa; aclaró que dicho temperamento no se modifica por el hecho de que ambas penas estén unificadas (v. fs. 115 vta. y 116).
Finalmente, indicó que no se advierte arbitrariedad, denegación de justicia ni gravedad institucional que justifiquen una excepción al régimen imperante (v. fs. 116).
IV. Como se adelantó, el recurso no puede prosperar (conf. art. 495, CPP).
Conforme se desprende de la reseña de antecedentes, la defensa oficial se limitó a formular consideraciones dogmáticas sobre la afectación de los principios de legalidad, in dubio pro reo y plazo razonable sin hacerse cargo de controvertir eficazmente los argumentos expuestos en el fallo en crisis.
En efecto, la denuncia de violación del principio de legalidad no se hace cargo de explicar por qué motivo se vería afectada dicha garantía siendo que -precisamente- el a quo confirmó el cómputo tomando en especial consideración la fecha de comisión de los hechos de las respectivas penas unificadas para así determinar la ley aplicable, principio fundamental sobre el que se asienta la garantía de legalidad que la parte dice quebrantada (conf. art. 18, Const. nac.).
De esta manera, el Tribunal de Casación confirmó que no correspondía aplicar el cómputo privilegiado a la detención sufrida en la causa del Tribunal en lo Criminal n° 4 de Morón pues los hechos se cometieron luego de la derogación del art. 7 citado. Es decir, la decisión de no aplicar el cómputo privilegiado a estos hechos se sustentó en principios básicos que hacen al sistema de irretroactividad relativa de la ley que rige en nuestro sistema penal constitucional que, reitero, toma como punto de partida para determinar la ley aplicable el momento de comisión de los hechos (conf. arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 9, CADH; 15.1., PIDCP; 2, 3 y concs., Cód. Penal).
De ahí que la parte debió explicar de qué manera el procedimiento de unificación de penas (conf. art. 58, Cód. Penal), que tiene por finalidad garantizar la unidad de reacción penal y así evitar el cumplimiento de pena en paralelo, debería impactar en virtud de los principios básicos que hacen a la aplicación de la ley en el tiempo. En este punto radica la manifiesta insuficiencia recursiva pues no fundamenta que bajo el presupuesto de la unificación de penas corresponda aplicar ultraactivamente el cómputo privilegiado a hechos cometidos con posterioridad a su derogación (conf. ley 25.430).
En otras palabras, la alegación dogmática de la defensa oficial consistente en que la unificación de penas hace desaparecer la individualidad de cada una de las condenas que la integra se queda a mitad de camino en el razonamiento pues debió justificar cómo la unidad de reacción penal impactaría en el caso concreto en la determinación de la ley aplicable respecto de cada uno de los hechos que se cometieron en momentos donde regían leyes diferentes en cuanto a las reglas del abono de la prisión preventiva (art. 24, Cód. Penal), siendo ello una diferencia crucial.
V. En función de lo dicho, las denuncias de violación del plazo razonable e in dubio pro reo , directamente enlazadas con la denuncia de violación del principio de legalidad, quedaron huérfanas de sustento argumental (conf. art. 495 cit.).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto del señor Juez Soria en cuanto propone desestimar la impugnación por insuficiente por compartir los fundamentos allí expuestos.
En lo que respeta a la violación del principio de legalidad vinculada a la interpretación del art. 7 de la ley 24.390, tal como lo expuso el doctor Soria, la defensa oficial no logró demostrar de qué manera esa garantía constitucional se habría quebrantando, siendo que el alcance dado al citado art. 7 en el cómputo de la pena única practicado, de manera acertada, tuvo en especial consideración la fecha de comisión de los hechos así como también el período de tiempo durante el cual Diarte estuvo privado de su libertad (v. pto. III.2. del voto del magistrado preopinante).
En definitiva, se aplicó el cómputo privilegiado únicamente a la pena impuesta en el marco de la causa 375/1200 del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Mercedes pues la fecha de comisión del hecho como así también el tiempo de detención ocurrieron durante la vigencia de la ley 24.390 (conf. causas P. 131.819, sent. de 24-II-2023; P. 132.179, sent. de 5-VII-2023 y P. 133.005, sent. de 13-VII-2023, mutatis mutandi ). Frente a ello, el recurrente, tal como lo expuso el señor Juez Soria, no logró evidenciar de qué manera ello debió extenderse al cómputo de la pena impuesta por el Tribunal en lo Criminal n° 4 de Morón cuando el hecho y la detención acontecieron con posterioridad a la derogación del cómputo privilegiado.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Genoud y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Julio Alberto Diarte, con costas (art. 495, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/08/2023 13:10:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/08/2023 14:11:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/08/2023 08:41:37 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/08/2023 10:03:29 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/08/2023 10:42:00 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 24/08/2023 12:06:19 hs. bajo el número RS-101-2023 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia