Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135996
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.996, "Fernández, Karina Paula s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 83.569 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
El Juzgado en lo Correccional n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, con fecha 1 de marzo del año 2021, condenó a Karina Paula Fernández a la pena de cinco años de prisión, accesorias legales y costas, como autora de los delitos de hurto, estafa y circunvención de incapaces (causa SI-2761-2019) y hurto y defraudación por utilización de tarjeta de crédito hurtada (causa SI-2762-2019), todos en concurso real entre sí. A su vez, habiendo acordado las partes también el procedimiento de unificación de conformidad con las previsiones del art. 58 del Código Penal, le impuso la pena única de siete años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos, accesorias legales y costas, comprensiva de la anteriormente referida y la condena de dos años y cuatro meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos y costas, que había dictado el Juzgado de Garantías n° 5 de San Martín con fecha 29 de agosto de 2017, por los delitos de uso de documento público falso en concurso ideal con usurpación de títulos en concurso real con fraude en perjuicio de la Administración pública.
La defensa particular de Fernández apeló la condena y la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, mediante el pronunciamiento dictado el 28 de septiembre de 2021, rechazó el recurso y confirmó el fallo cuestionado en todos sus términos.
Tras ello, el abogado defensor de la imputada, el doctor Jorge Andrés Neville, interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, el 9 de noviembre de 2021 fue admitido por la mencionada Sala. En tal sentido se indicó que, si bien no estaban cumplidas las exigencias del art. 494 del Código Procesal Penal, la parte recurrente había desarrollado agravios federales con la suficiencia necesaria para superar la etapa de admisibilidad.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Como fuera indicado en los antecedentes, tratándose de una condena -con doble conformidad- procedente del fuero correccional que incumple el recaudo del monto de pena (art. 494 primer párrafo, CPP), los únicos agravios que sortearon la admisibilidad son aquellos que hacen pie en cuestiones federales.
En ese marco, el doctor Jorge Andrés Neville, en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, desarrolló como primer agravio de tal tenor un supuesto de defensa técnica ineficaz (planteo expuesto en el punto "VI.A" titulado de ese modo).
Señaló el recurrente que en el presente caso hubo una mala comunicación entre la imputada Fernández y su anterior abogado de confianza, el doctor Lloberas (aunque aquí el recurrente aluda al apellido con otra ortografía).
Refirió que, la circunstancia de que la imputada no haya estado durante la audiencia de juicio en el mismo recinto que su abogado defensor (dado que aquella, con prisión domiciliaria por razones de salud y a raíz de los protocolos sanitarios por entonces vigentes, compareció a ese acto procesal en forma virtual), hizo perder privacidad e "inmediatez" -término utilizado por el recurrente-, lo que a su entender causó un vicio en la voluntad de su defendida al no poder expresarse libremente con su abogado.
Asimismo, indicó que su colega y entonces defensor de la imputada, evidenció desconocimiento de las cargas procesales de citar a los testigos de su interés, de las reglas de composición de penas, como así también respecto de los extremos de la figura de circunvención de incapaces, al tiempo que formuló planteos extemporáneos, lo que, a su modo de ver, resultó demostrativo de que su asistida estuvo en estado de indefensión.
Insistió en que la comunicación libre y privada de la imputada con su anterior defensor no puede considerarse garantizada con la conexión "con pobre señal" que Fernández mantuvo durante la audiencia. Insistió en que la voluntad de la imputada en la aceptación del acuerdo de juicio abreviado estuvo viciada o altamente condicionada, dado que el anterior abogado le aconsejó acogerse a una pena en casi el máximo de la escala penal, descalificando a su vez el recurso de apelación presentado por el doctor Lloberas y el trámite unificatorio. En su apoyo, citó doctrina y jurisprudencia.
Luego, bajo el acápite "Crítica a los fundamentos de la sentencia", si bien hizo referencia "al artículo 408 del código procesal penal" en rigor debe entenderse que el abogado pretendía señalar el art. 378. Pues enunció los requisitos de la confesión (llana y circunstanciada) los que estimó que no se abastecieron en el caso, citando jurisprudencia que -pretende- apoyaría su tesis.
Criticó la desestimación del planteo realizado por su anterior colega referido a una defensa inadecuada en virtud de las condiciones de la audiencia -con asistencia remota de la imputada- y señaló que a su parte no le había sido posible realizar el planteo en forma oportuna en virtud de una presunta desigualdad entre la acusada, el señor juez y la señora fiscal, a lo que agregó que tampoco los recursos son medios adecuados para canalizar los agravios por afectación de garantías constitucionales.
En cuanto a las pruebas testimoniales, estimó que el mínimo de información recabada por la fiscalía durante la investigación penal preparatoria para la elaboración del requerimiento de elevación a juicio, no abastecían los recaudos necesarios para dictar un fallo de condena que supere la regla del in dubio pro reo .
También aludió a la prueba testimonial aseverando que no logró acreditarse ninguna venta de propiedades, para luego destacar que el fallo en cuestión desconoció la posibilidad de hacer revisar la condena recaída en juicio abreviado al afirmar que no podía controlarse el reconocimiento de los hechos efectuado por la imputada.
Por otro lado, se quejó de que se considerase a la denunciante Marta Caprara como sujeto pasivo de un delito dado que, a su entender, ello no acreditó "que efectivamente lo sea".
Consideró que el hecho de que "...la imputada tenga una cuenta en dólares de la cual extrajo dinero y que luego se dirija a una caja de seguridad, demostraría en todo caso que era ella quien tenía fondos".
Resaltó que es deber del órgano jurisdiccional fundar debidamente la pena y no de la defensa. Criticó que no se mencionan "...los extremos referidos en los arts. 40 y 41 del CPP [rectius: Código Penal]. No explica cómo ha considerado el hecho, oportunidad y gravedad y las características percibidas de la personalidad de la imputada conforme la ley".
De seguido, cuestionó que "...de existir testamento alguno, el otorgamiento no implica desplazamiento patrimonial. Como requisito de la estafa necesariamente debe existir perjuicio patrimonial. Situación que no se verifica cuando alguien realiza una disposición de última voluntad que a su vez no surtió efecto alguno. Y en todo caso, el derecho que otorga el testamento se ve supeditado a condiciones que son, la muerte del causante, que sea declarado válido, que existan bienes al momento del deceso, que ese testamento se haga valer mediante un proceso sucesorio. Si el testador otorgó el mismo con su voluntad viciada, lo que acarrea, en todo caso, es la nulidad del acto en los términos de los arts. 271 y 272 del Código Civil y Comercial de la Nación".
En función de lo expuesto, denunció gravedad institucional por haberse quebrantado las garantías del debido proceso y de defensa en juicio.
Finalmente, sostuvo que los acuerdos de juicio abreviado no pueden tomarse como "declaraciones de voluntades irrevocables, sacramentales, por lo menos para el imputado, pues bien puede ocurrir que, a posteriori de suscribirlo, el [acusado] cambie [de] opinión por haber sido mejor informado o haber vislumbrado aspectos o consecuencias que no había tenido en cuenta; por ende, se trata de hechos o circunstancias totalmente naturales y comprensibles".
II. En su dictamen, el señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso deducido.
Coincido con lo dictaminado.
III. El recurso es notoriamente insuficiente (conf. art. 495, CPP).
III.1. Previo a ingresar al fondo del reclamo, tal como lo puso de manifiesto la Procuración General en su dictamen, se advierte que el juicio de admisibilidad realizado por el Tribunal de Alzada no especificó concretamente cuáles eran las cuestiones federales que puntualmente se admitían. En su lugar, genéricamente se aludió a su presencia (doctr. art. 486, CPP).
No obstante esa falencia, a los fines de no dilatar el trámite (conf. art. 2, CPP) analizaré sin más la procedencia de los reclamos de pretensa índole federal que surgen de la lectura de la confusa exposición de agravios que exhibe la impugnación: violación del debido proceso y del derecho de defensa.
III.2. Sentado lo anterior, tal como se adelantó, la impugnación no procede pues la parte no logró evidenciar que la actuación del entonces defensor de Fernández, el doctor Fernando Lloberas, no haya garantizado durante la etapa de juicio, así como en la etapa recursiva, una defensa técnica eficaz (conf. arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8 inc. 2, CADH; 14, PIDCP; 89 y concs., CPP; causas P. 120.799, resol. de 1-VI-2016 y P. 130.235, resol. de 25-IV-2018, de este Tribunal -en lo que sea pertinente-; CSJN causas "Schenone", sent. de 3-X-2006; "Pace", sent. de 17-V-2016; "Iñigo", sent. de 26-II-2019 y P. 133.153, sent. de 20-VIII-2020, todas ellas en sentido contrario).
El recurrente, a través de una redacción que como se dijo, se torna por momentos intrincada y poco clara, se limitó a realizar una crítica de la actuación de su colega, pero con ello no aportó elementos que exhiban la excepcional doctrina de indefensión que propugna.
Por el contrario, las cuestiones referidas a una supuesta "mala señal" del dispositivo con el que se conectara la imputada a la audiencia, fueron planteadas por el entonces abogado defensor de Fernández (Lloberas) en el recurso de apelación y el órgano revisor aventó cualquier tipo de déficit en el ejercicio de la defensa, tanto material como técnica.
En efecto, en oportunidad de articular el recurso de apelación contra la sentencia de condena, el propio abogado actuante durante la etapa de juicio, el doctor Lloberas, introdujo la cuestión referida a una adecuada defensa en virtud de las circunstancias de asistencia remota al juicio por parte de su asistida.
Allí adujo (aún más claramente que el planteo actual) que no había tenido la posibilidad de comunicarse siquiera por teléfono, dado que la señal del celular de Fernández había resultado "sumamente pobre".
A su vez, también llevó ante el Tribunal de Alzada otra serie de planteos referidos a la falta de citación de testigos de descargo, el peso brindado a la declaración de la damnificada Caprara; la ausencia de investigación sobre el origen de los bienes de la mencionada; la crítica por la acumulación con la anterior pena impuesta a Fernández; entre otras cuestiones más.
El órgano revisor los abordó y dio respuesta a cada uno, rechazando así los agravios de la parte.
En cuanto al consentimiento de la imputada, con base a las constancias del expediente, confirmó que el procedimiento había observado lo dispuesto por los arts. 378 y 379, que la imputada había confesado circunstanciada y llanamente los delitos que se le imputaron y, por ende, se omitió la recepción de la prueba en forma oral, pasando a resolverse conforme las reglas del procedimiento abreviado.
Se resaltó que la modalidad remota en resguardo de la propia salud de la imputada, no afectó la comunicación libre y privada entre abogado y defendida, dada la asistencia letrada previa y durante el mismo acto procesal, como tampoco hubo ninguna manifestación al respecto durante el devenir de esa actividad procesal. De modo que, la cuestión sobre el adecuado patrocinio y la eficaz comunicación entre la imputada y su defensor fue abordada y validada por la Cámara, del mismo modo que el consentimiento y la aquiescencia brindada por aquella con respecto a los hechos reprochados, a la calificación legal y a la pena solicitada.
También descartó la crítica de la parte respecto al modo en que se produjo prueba durante la instrucción y afirmó que los testimonios valorados eran coherentes con la confesión de la imputada ofrecida en el marco de la audiencia oral.
Asimismo, ratificó el análisis del señor juez de la instancia respecto a la merma en la capacidad de la víctima Caprara dado el contexto en el que se encontraba (mujer de avanzada edad, en soledad, sin hijos y con un esposo discapacitado) circunstancia aprovechada abusivamente por la imputada para detraer en su provecho sus bienes. Coincidió con aquel en que no se necesitaba una previa declaración de incapacidad, sino que cabía escuchar su declaración y valorar su verosimilitud en consonancia con la demás prueba cargosa.
En síntesis, la Cámara avaló el modo en que se tuvieron por probados los hechos.
En lo que respecta a la unificación de la pena, afirmó que la fiscalía obró conforme a derecho, sin que pueda sospecharse que tuviera un especial interés en perjudicar a la encausada. Aclaró que la existencia de una condena en otra jurisdicción conllevó a la aplicación del proceso unificatorio establecido por el art. 58 del Código Penal. Asimismo, recordó que las partes, en el acuerdo celebrado se expidieron respecto de la pena a imponer tanto por los hechos a ser juzgados como por los resultantes de la unificación y ambos montos fueron respetados por el juzgador, por lo que consideró -con razón- que el planteo carecía de fundamentación.
Puntualmente, en cuanto a la pena impuesta en las presentes actuaciones, el Tribunal de Alzada también desestimó las críticas por insuficientes. Indicó que la defensa había realizado consideraciones genéricas sin indicar el error en que habría incurrido el juzgador en la determinación de la pena. A su vez, resaltó que se aplicó el método de la composición.
IV. Como se adelantó y tal como se desprende de la reseña efectuada, la parte no logró demostrar el compromiso directo de las garantías de defensa en juicio y debido proceso con lo efectivamente acontecido en el caso (conf. art. 495, cit.).
En efecto, sus manifestaciones no trascienden de un mero criterio divergente respecto a la actuación del anterior defensor en cuanto al trámite procesal consensuado (arts. 378 y 395, CPP) y al modo en que ejerció el derecho al recurso contra el fallo, sin exponer argumentos mínimamente razonables, con anclaje en lo efectivamente acontecido en el expediente, que demuestren que el abogado anterior al aquí recurrente, efectivamente haya omitido brindar una defensa técnica eficaz durante la etapa de juicio y en la instancia recursiva.
En síntesis, las críticas al desempeño del doctor Lloberas no superan el plano de meros pareceres diversos sobre cómo debiera -a su entender- haberse llevado a cabo la estrategia del caso, o cómo debió ponderar la prueba y litigar la determinación de la pena sin demostrar, en ninguno de dichos aspectos una afectación concreta a las garantías de defensa en juicio y debido proceso.
Por el contrario, de las constancias digitales se verifica que ante el Juzgado en lo Correccional n° 1 de San Isidro, el 23 de febrero del año 2021 se celebró la audiencia de juicio oral por medio de la plataforma Microsoft Teams (conf. Ac. 1249/2020 y RC 1250, SCBA).
En la sala de audiencia estuvieron presentes el señor juez, la señora fiscal y el entonces defensor particular, doctor Lloberas; y de modo virtual lo hizo la imputada, Paula Karina Fernández, en virtud de ser una persona de riesgo, según los parámetros sanitarios por ese entonces vigentes (en orden a la pandemia del COVID-19). Estas condiciones fueron aceptadas por la propia defensa, y luego de que la acusación expusiera los lineamientos de inicio, el abogado afirmó haber mantenido una entrevista previa con su asistida y requirió el trámite según el procedimiento establecido en los arts. 378 y 395 según un acuerdo previo arribado con la fiscalía.
En función de ello, el señor juez le hizo saber a la imputada Fernández (persona instruida y de ocupación comerciante) las disposiciones de los arts. 378 y 379, y se dejó constancia de que manifestó estar de acuerdo y comprender el alcance de esas normas "... como así que mantuvo la entrevista previa con su Defensor Particular" (el destacado figura en el original).
En tales términos, luego de escuchar atentamente a los hechos que integraron la acusación, los admitió "lisa y llanamente". Luego, las partes acordaron la imposición de una pena de cinco años al tiempo que también coincidieron en el trámite de unificación y pena única de siete años. Finalmente, a pedido de la señora fiscal y con anuencia de la defensa, se escuchó a una de las víctimas de los hechos objeto de juicio, Marta Elsa Caprara, conforme lo dispuesto por la ley 15.232.
Los argumentos expuestos por el Tribunal de Alzada, con especial anclaje en lo registrado en el acta del juicio oral, permanecen enhiestos frente a la deficitaria impugnación, en la que el recurrente persiste en aseverar la afectación de las garantías de defensa en juicio y debido proceso sin acompañar dichas declamaciones con un mínimo desarrollo de circunstancias o hechos concretos que patenticen vicio en el consentimiento de Fernández (conf. arts. 398 inc. 1, 495 y concs., CPP).
De igual manera, la modalidad en que participó Fernández en la audiencia (de manera telemática) a fin de resguardar su salud, no conllevó ninguna merma a su derecho de defensa, pues como se dijo, no impidió que recibiera el asesoramiento letrado previo y el diálogo directo con el magistrado, aventando así cualquier duda respecto a su efectiva capacidad de participar en la estrategia defensiva asumida.
Teniendo en especial consideración el alcance con que la Cámara revisó el fallo de condena (v. punto IV.2.) -a instancias del recurso de la especialidad presentado por el doctor Lloberas- el recurrente tampoco evidenció en qué aspectos se habrían quebrantado las citadas garantías constitucionales durante la etapa recursiva (art. 495, cit.).
Igual suerte corren las críticas relativas a la determinación de la pena, pues se trata de consideraciones dogmáticas sin vinculación con las características del caso y sin demostrar -ni siquiera de manera remota- el compromiso de cuestión federal alguna.
Efectivamente, si bien se tachó de excesivo el monto de pena arribado, el recurrente no desarrolló argumentos que le dieran sustento mínimo a dicha denuncia, más aún cuando esa sanción fue la pactada por las partes, sumado a que la unificación de penas se realizó por el método de composición, argumentos que expuso la Cámara al dar respuesta a similar queja y que no vienen cuestionados.
Lo expuesto resulta suficiente para desestimar las críticas por marcadamente insuficientes (conf. art. 495, cit.).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Genoud y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraor
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.