Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136056
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.056, "Hidalgo, Adrián Ángel s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 96.225 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Torres, Kogan, Carral, Kohan, Natiello.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, el 11 de septiembre de 2020, rechazó por improcedente el recurso de la especialidad articulado por la defensa oficial en favor de Adrián Ángel Hidalgo contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de San Martín que, mediante el procedimiento de juicio abreviado, condenó al nombrado a la pena de nueve años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor del delito de robo agravado por el uso de arma de utilería (hecho III), y como autor de tentativa de homicidio en concurso ideal con resistencia a la autoridad (hecho IV), en concurso real entre sí (arts. 12, 29 inc. 3, 40, 41, 42, 54, 55, 79, 166 inc. 2 párrafo tercero y 239, Cód. Penal).
La defensa presentó un pedido de aclaratoria en el que solicitó que se rectifique la parte resolutiva del fallo mencionado, dejándose asentado la resolución parcialmente favorable del remedio, "...con relación a la exclusión de la agravante [puesta en peligro de la vida de la hija de López, y de los menores que la acompañan], a la vez que ser[í]a necesario readecuar la imposición de costas".
Dicha presentación fue desestimada con sustento en que, tal pedimento, excedía las previsiones del art. 109 del Código Procesal Penal al importar una modificación esencial de los fundamentos de la sentencia (v. resol. digital de fecha 3 de agosto de 2021).
Frente a lo así resuelto, el señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el 14 de septiembre de 2021, que fue declarado parcialmente admisible por el Tribunal de Alzada en cuanto al planteo de prescripción de la acción penal del delito de resistencia a la autoridad, lo que motivó la articulación de recurso de queja por la defensa. Esta Corte, mediante pronunciamiento de fecha 3 de marzo de 2022, admitió la queja y concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en lo que respecta a la revisión aparente de la sentencia de condena en cuanto a las pautas agravantes y su impacto en el monto de la pena y la consiguiente arbitrariedad por defectuoso tratamiento del agravio y apartamiento de las constancias de la causa (arts. 1, 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La defensa, en primer término y como cuestión previa, solicita se declare la prescripción de la acción penal con relación al delito de resistencia a la autoridad por haberse cumplido holgadamente el plazo establecido en el art. 62 -inc. 2, in fine - en función del art. 67, párrafo 4 -apartado "a"- del Código Penal.
Refiere que desde la sentencia de condena dictada el 28 de noviembre de 2018 no ocurrieron otros actos interruptores del curso de la acción penal persecutoria.
Alega que en atención a lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Farina" (CSJN Fallos: 342:2344) debe declararse extinta la acción penal respecto al delito referido.
I.2. En segundo término, denuncia la revisión aparente del fallo de condena en lo concerniente a las pautas agravantes valoradas en el proceso determinativo de la pena y la arbitrariedad del fallo por apartamiento de las constancias de la causa.
Recuerda que en la sentencia de la instancia se valoraron las aumentativas relacionadas con la pluralidad de intervinientes en el hecho III respecto de ambos imputados -Ruiz Díaz e Hidalgo- y la pluralidad de víctimas en el hecho IV respecto de Hidalgo, descartando "...lo prolongado de la fuga" por haber sido ya valorado en la configuración del dolo eventual.
Indica que las quejas relativas a esas pautas aumentativas no fueron debidamente tratadas por el a quo quien incurrió en restricciones cognoscitivas que desnaturalizaron la revisión amplia que le es propia a ese órgano jurisdiccional.
Detalla que el pronunciamiento atacado presentó una clara discordancia entre la objeción planteada a la agravante "pluralidad de intervinientes" y la escueta respuesta dada. Ello, por cuanto en el recurso de casación se había alegado que tal aumentativa no había formado parte del acuerdo abreviado ni había sido solicitada por el Ministerio Público Fiscal. De modo que, sostiene, su incorporación a la sentencia conlleva violación al principio de congruencia.
En esa senda, apunta que la Casación se abocó al tratamiento fondal de la circunstancia en crisis, a su configuración, sin atender el planteo relativo a la impertinencia de su incorporación en la decisión final.
Denuncia, además, que el órgano intermedio omitió toda referencia al planteo relativo a que, al momento de determinar el quantum punitivo, no se ponderó la absolución de Hidalgo por uno de los delitos imputados, circunstancia que entiende debió haber operado como diminuente de la pena.
Sostiene que la respuesta jurisdiccional se abocó directamente a revisar y confirmar la magnitud de la pena impuesta, pero sin atender el concreto reclamo propuesto por la defensa.
Concluye así que el revisor se apartó indebidamente de las constancias de la causa -puntualmente, de los agravios llevados a su conocimiento- dictando una sentencia arbitraria. Invoca en sostén de su reclamo lo fallado por esta Corte en la causa "Ruiz" (causa P. 83.260), así como también lo emergente de los precedentes "Miara", "Squilario", "Casal" y "Martínez de Areco" de la Corte federal, y de los casos "Herrera Ulloa" y "Mohamed" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
II. La Procuración General aconsejó rechazar el recurso intentado.
III. Disiento con ese dictamen. Pues, como seguidamente se explica, el recurso procede.
IV. Previamente es preciso efectuar un breve repaso por el derrotero de la causa.
IV.1. El Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de San Martín tuvo por acreditado -en lo que aquí interesa- que "[...] Hecho III: El día 23 [rectius: 26] de enero de 2016, siendo las 18:40 horas, cuando Juan Carlos Rosales detuvo su automóvil Chevrolet Aveo MGB 688 en Eva Perón y José C. Paz de la localidad de Billinghurst, partido de San Martín, fue abordado por Adrián Hidalgo y Sebastián Ruiz Díaz quienes mediante intimidación con una réplica de arma de fuego, se apoderaron del rodado y las pertenencias que se hallaban en su interior, dándose a la fuga //Hecho IV: Que ese mismo día y minutos después, Adrián Hidalgo condujo el Chevrolet Aveo a alta velocidad para fugar de los móviles policiales que estaban en su persecución, por una zona no destinada al tránsito vehicular y embistió a Roxana Vanesa López quien llevaba en brazos a su hija de siete meses de edad, M. V., aceptando la posibilidad de causarles la muerte, siendo la pequeña despedida por el aire hasta caer al suelo, sufriendo fractura en la pierna de carácter grave y su madre, transportada sobre el capot por varios metros más hasta caer al suelo, sufriendo politraumatismos de carácter leve".
Por estos sucesos, mediante sentencia dictada el 28 de noviembre de 2018 a través del procedimiento de juicio abreviado, el tribunal referido condenó a Adrián Ángel Hidalgo a la pena de nueve años de prisión tras reputarlo autor del delito de robo agravado por el uso de arma de utilería (hecho III), y como autor de tentativa de homicidio en concurso ideal con resistencia a la autoridad (hecho IV), en concurso real entre sí.
Frente a ello la defensa oficial interpuso recurso de casación el que objetó la calificación legal atribuida al hecho IV, y denunció errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, debiendo aplicarse una pena cercana al mínimo legal.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal por sentencia de fecha 11 de septiembre de 2020, rechazó el recurso de la especialidad, lo que motivó que dicha parte presentara el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en trato.
IV.2. Cabe señalar que es un criterio consolidado que la prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, actúa de pleno derecho, por el solo "transcurso del tiempo" (conf. causas P. 57.460, sent. de 29-XII-2004; P. 83.722, sent. de 23-II-2005; e.o.).
En el caso, siendo el hecho investigado del 26 de enero de 2016, corresponde examinar lo relativo a la prescripción de la acción penal merced a las previsiones de los arts. 59 inc. 3, 62 inc. 2 y 67 cuarto y quinto párrafo -según ley 25.990- por ser la vigente al momento de su comisión (art. 18, Const. nac.).
En cuanto a la incidencia del concurso ideal de delitos he adscripto a la tesis del paralelismo para el cómputo del plazo de prescripción de la acción penal a partir de votar en las causas P. 66.793 ("J., J. s/Abuso de armas", sentenciada en 9-XII-2003) y P. 85.149 ("T., J. H. Calumnias e injurias en concurso ideal", sentenciada en 29-IX-2004), solución que indudablemente, en mi opinión, ha sido receptada en la nueva formulación del quinto párrafo del art. 67 del Código Penal antes citado (conf. ley 25.990; doctr. causas P. 71.400 y P. 81.549, sents. de 27-II-2008; P. 93.042, sent. de 16-IV-2008; P. 73.735 y P. 83.402, sents. de 23-IV-2008; P. 98.044, sent. de 14-V-2008; P. 76.668 y P. 97.373, sents. de 18-VI-2008; P. 78.001, sent. de 2-VII-2008; P. 87.980 y P. 71.307, sents. de 26-XI-2008 y P. 93.837, sent. de 3-VI-2009; entre muchas otras).
En tanto, en lo que concierne al acto interruptor aludido en el art. 67, cuarto párrafo, inc. "e" del Código Penal, sea que se compute el término legal de prescripción del delito enrostrado (resistencia a la autoridad, art. 239, Cód. Penal) desde la primera sentencia de condena emitida por el Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de San Martín (del 28 de noviembre de 2018), o atendiendo a la sentencia del órgano revisor (del 11 de septiembre de 2020), ha transcurrido en exceso el plazo de dos años previsto para el delito de que se trata, de modo que corresponde su declaración, sin que nada aporte a la cuestión que interesa la discusión entre la doctrina de esta Corte sentada en la causa P. 121.979, "Salinas" -resolución de 16-VIII-2015- o las que se señalan nacidas al amparo del fallo "Farina" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -sentencia de 26-XII-2019- (doctr. art. 488, CPP). Ello, porque de cualquier modo hay que concluir en la extinción de la acción penal por prescripción en relación con el mentado delito.
Por otra parte, efectuadas las constataciones pertinentes, no media en autos la causal prevista en el art. 67, cuarto párrafo, inc. "a" -ley 25.990- (actual sexto párrafo, inc. "a", según ley 27.206, B.O. de 10-XI-2015), a tenor de los informes de la Dirección de Antecedentes Personales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y del Registro Nacional de Reincidencia (v. constancias digitales).
Por ello, habiéndose verificado el cumplimiento de todos los requisitos legales del instituto de la prescripción, corresponde declarar la extinción de la acción penal en orden al delito de resistencia a la autoridad por el que Adrián Ángel Hidalgo viene condenado junto a otros ilícitos (arts. 62 inc. 2, 67 -según ley 25.990- y 239, Cód. Penal).
V. En lo que refiere al segundo agravio corresponde señalar lo siguiente.
V.1. El sentenciante de grado valoró como atenuante de la sanción la ausencia de antecedentes penales de Hidalgo y como pautas agravantes la pluralidad de intervinientes (hecho III) y la pluralidad de víctimas en el hecho IV, además de aquellas otras personas (demás hijos de López) que puso en peligro con su accionar.
En el recurso de casación, en lo que resulta de interés, la defensa oficial denunció errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, cuestionando las pautas de mensura del monto de pena impuesto por haberse valorado como severizante la puesta en peligro de la vida de los hijos de López. Asimismo, se quejó del mérito otorgado a "...la pluralidad de intervinientes en el hecho" atento que no había sido solicitada por la fiscalía, implicando esto una afectación al principio de congruencia, y por haberse tomado "...de modo general sin explicar de manera suficiente en qué medida influyó esta pluralidad en la realización del tipo objetivo". Solicitó se le imponga una pena cercana al mínimo legal -cuatro años de prisión- más aun teniendo en cuenta que Hidalgo además fue absuelto por uno de los hechos atribuidos.
A su turno, el tribunal del recurso abordó en el acápite "II" de su fallo el control sobre la medida de la pena y señaló que "...entiendo al igual que la defensa, que la puesta en peligro de la vida de la hija de López, y de los menores que la acompañaban, no debe ser computada como pauta agravante, pues [...] contribuyó a dar sustento y basamento a la calificación que se mantiene".
De otro lado destacó que correspondía valorar la pluralidad de intervinientes en los hechos II -que no forma parte del recurso en trato- y III, "...pues surge que intervino más de una persona en su comisión, lo que constituye mayor temor para la víctima, pues lógicamente no es lo mismo ser intimidado por un atacante que por dos o más".
Concluyó que más allá de la supresión de una agravante, "la pena [...] impuesta dentro de los límites pactados permanece inalterada, pues [...] es facultad del juzgador fijar el monto de pena dentro de los límites acordados". Citó en apoyo doctrina legal de esta Corte.
V.2. En virtud de lo reseñado, si bien es doctrina del Tribunal que no procede el reclamo que se sustenta solo en una visión diferente sobre la manera en que debió efectuarse el proceso de determinación judicial de la pena, particularmente en cuanto a la incidencia que el descarte de una severizante debió tener -a criterio del impugnante- en la cuantía de la sanción finalmente impuesta, siendo ella una técnica ineficaz para demostrar que la revisión encarada por el tribunal revisor fuese aparente o arbitraria (art. 495, CPP), cabe en este caso distinguir la siguiente particularidad.
Y es que la parte, aunque escuetamente, cuestionó lo relativo a la pauta severizante vinculada con la pluralidad de intervinientes en el hecho III, según se reseñó, desde dos aristas: por no haber sido planteada por la fiscalía en violación al principio de congruencia y por no haberse explicado de manera suficiente su impacto en el injusto.
La Casación únicamente se ocupó de convalidarla aportando mayores argumentos por los que debía ser ponderada con ese cariz, sin darle ningún tratamiento a la cuestión lógicamente previa de si su incorporación de oficio, sin petición del fiscal y por fuera de lo acordado por las partes, importaba violación al principio de congruencia.
En el marco del derecho al recurso que le asiste al imputado tal reclamo no ha sido abordado ni puede entenderse debidamente desplazado, de modo que, en ese punto, el agravio debe ser acogido.
Finalmente, la queja del recurrente acerca de que el revisor debió expedirse sobre el planteo vinculado a que al condenado debió imponérsele una pena cercana al mínimo legal teniendo en cuenta que fue absuelto por uno de los hechos atribuidos, dado lo que se resuelve, deviene inoficioso expedirse sobre el punto. En tanto corresponde devolver los autos a la instancia de origen para que se expida por el agravio vinculado al principio de congruencia -por la pauta agravante: pluralidad de intervinientes en el denominado hecho III-, y asimismo, resuelto ello, establezca la pena correspondiente a los delitos tentativa de homicidio (hecho IV) y robo agravado por el uso de arma de utilería (hecho III) en concurso real entre sí, junto con las demás determinaciones que permanecen inalteradas.
Con el alcance dado, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. A diferencia de mi colega, coincido con el dictamen del señor Procurador General en el que se propicia el rechazo del reclamo previo de la defensa referente a la solicitud de la prescripción de la acción del delito de resistencia a la autoridad que concursa en forma ideal con el de tentativa de homicidio (arts. 42, 54 y 79, Cód. Penal).
Los antecedentes del caso, conjuntamente con el derrotero impugnativo de la defensa, han sido suficientemente detallados en el voto que antecede, por lo que cabe remitirse a ellos.
Ya he señalado mi criterio contrario a la aplicación del cómputo paralelo de los plazos de prescripción para los casos de concurso ideal de delitos (conf. mi voto en causa P. 130.792, sent. de 14-IV-2021; e.o.).
Para que el cómputo de la prescripción opere independientemente se exige la concurrencia de más de un delito, es decir, una pluralidad de hechos que por definición importan acciones paralelas que poseen plazos separados de prescripción, tomando en cuenta el máximo de la pena conminada en el tipo penal del que se trate (art. 62 inc. 2, Cód. Penal).
Sin embargo, en el concurso ideal nos encontramos frente a una única conducta que encuentra adecuación típica en más de una figura penal. Por lo tanto, no se trata de un conjunto de delitos diferentes sino de un delito con varias tipicidades que tiene prevista, como respuesta punitiva, la aplicación de la pena mayor (art. 54, Cód. Penal).
De esta manera, al tratarse de un único suceso, el término de la prescripción en estos casos debe regirse por esa unidad de hecho y computarse teniendo en consideración la pena mayor.
En ese sentido, enseña Roxin: "Las expresiones habituales en el lenguaje técnico 'concurso ideal' y 'concurso real' se basan en la idea de que en el concurso real efectivamente (= realmente) existen varios hechos, mientras que la pluralidad de infracciones de la ley en el concurso ideal sólo es de naturaleza ideal, es decir, se basan en una pluralidad de tipos realizados mientras que realmente sólo se ha cometido una acción" (Roxin, Claus; Derecho Penal. Parte general, Tomo II, Thomson Reuters-Civitas, Buenos Aires, 2014, pág. 941).
Bajo ese entendimiento, en los supuestos de concurso ideal de delitos, las calificaciones legales convocadas para resolver la subsunción no deben prescribirse de manera separada, porque justamente no hay pluralidad de hechos y, por ende, de acciones prescriptibles: la acción es única. La existencia de dos calificaciones no debe confundirse con la existencia de dos delitos o acciones penales.
Esta posición ha sido sostenida por calificada doctrina (v. Calvete, Adolfo; Prescripción de la acción penal , Tomo 1, DIN editora, Buenos Aires, 1989, pág. 77 apdo. "b", con cita a Ricardo C. Núñez. Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro; Derecho Penal: parte general , 2ª edición, Ediar, Buenos Aires, 2014, págs. 865/866 y 902. Lascano, Carlos J. [h]; "Plazos de prescripción de la acción penal. Comienzo del plazo de prescripción de la acción" en Baigún, David y Zaffaroni, Eugenio Raúl [directores]; Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial , 3ª edición, Tomo 2B, Hammurabi, Buenos Aires, 2012, pág. 172. Stratenwerth, Günter; Derecho Penal. Parte General I. El he
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