Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136275
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.275, "Palazzo, Luciano Ariel, Palazzo Yamil Ezequiel y Pérez Leandro Gabriel s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 101.872 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 30 de marzo de 2021, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de Luciano Ariel Palazzo, Yamil Ezequiel Palazzo y Leandro Gabriel Pérez contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de La Matanza que los había condenado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por ser coautores penalmente responsables de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y homicidio agravado criminis causae, en concurso real (v. fs. 89/106).
Contra esa decisión, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia intermedia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 119/126 vta.), el que fue concedido parcialmente por el tribunal intermedio en orden a la denuncia de errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal (v. fs. 127/128 vta.). Surge del informe de fecha 23 de febrero de 2022, que la defensa no dedujo queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Teniendo en consideración el alcance con el que fue admitida la impugnación y que del informe aludido en los antecedentes surge que la parte no dedujo queja, se reseñarán los agravios llevados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
En ese marco, el recurrente denunció la errónea aplicación de la ley sustantiva respecto del art. 80 inc. 7 del Código Penal, por considerar que las circunstancias del caso solo permiten inferir que el homicidio resultó del devenir del desapoderamiento.
En tal sentido, explicó que la materialidad ilícita corroborada da cuenta de que sus defendidos arribaron al lugar con la intención de sustraer la motocicleta de la víctima y, durante tal acción, resultó su muerte.
Luego de transcribir los argumentos brindados por el juzgador intermedio para rechazar un embate similar al aquí traído, adujo que ese órgano confirmó una sentencia que no logró demostrar la ultrafinalidad del homicidio calificado, pues no se probó debidamente la existencia del elemento subjetivo del tipo distinto del dolo que requiere el citado art. 80 inc. 7.
Explicó que "...en casos como el presente, la faz objetiva del delito puede resultar aparentemente típica con respecto a ambas figuras a la vez. No obstante, a fin de calificar los hechos en los términos del art. 80.7 es imperativo probar la ultrafinalidad típica".
Dijo que esa ultraintención se tuvo por acreditada por la cantidad de vainas halladas en el lugar y por el testimonio de una vecina que refirió haber visto los esfuerzos realizados por dos de los imputados para introducir al tercero en el vehículo. Agregó que tales inferencias no permiten sostener la vinculación pretendida por el homicidio conexo, pero sí la calificación de robo con homicidio resultante.
Alegó que el sentenciante omitió analizar la totalidad del panorama probatorio, en referencia a que durante la interacción del desapoderamiento, la víctima desenfundó su arma reglamentaria intentando repeler la sustracción, acción que -en su criterio- demuestra que la voluntad de dar muerte por no haber logrado el cometido no fue tal, sino que lo fue por el devenir del robo.
Concluyó que los indicios utilizados carecen de la gravedad y precisión necesarias para sostener inequívocamente el encuadre legal establecido en los términos del art. 80 inc. 7 del Código Penal, para lo cual resulta "...menester acreditar un dolo específico del sujeto respecto de esa muerte".
En síntesis, solicitó que se case la sentencia impugnada declarando erróneamente aplicado el art. 80 inc. 7 del Código Penal y, en consecuencia, se subsuma el hecho en la figura del art. 165 del mismo Código.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.1. El tribunal de mérito tuvo por debidamente acreditado que "...el día 16 de febrero de 2017 a las 22:15 aproximadamente, al menos cuatro sujetos de sexo masculino se desplazaban a bordo de un rodado marca Toyota Corolla de color oscuro y al llegar a la puerta de la finca sita en la calle [...] de la localidad de Villa Madero, Partido de La Matanza advirtieron la motocicleta marca Honda modelo CBX250, dominio 312-IZQ siendo que apoyado en ella estaba Iván Joel Traise, numerario de la Policial Local de La Matanza. Fue así que con el indiscutido propósito de apoderarse del motovehículo y demás cosas de valor que pudiere poseer aquél, detuvieron su marcha y lo increparon exhibiendo armas de fuego y al comenzar a palpar su humanidad, la víctima extrajo su arma reglamentaria resistiéndose así al evento rapiñatorio del que estaba siendo objeto. [...] Entonces, al darse cuenta [de] que no lograron la finalidad furtiva precedente, efectuaron múltiples disparos con el evidente propósito de matar a Iván Joel Traise, algunos de los cuales lo alcanzaron, provocando hemorragia interna en tórax y abdomen con la inevitable consecuencia de satisfacer su objetivo; ultimar a aquél" (fs. 9 y vta.).
Dicha conducta fue subsumida legalmente bajo los tipos penales de robo calificado por el uso de arma de fuego tentado y homicidio criminis causae, en concurso real (v. fs. 23).
III.2. Al dar respuesta a similar planteo al aquí esgrimido, el órgano revisor comenzó señalando que "...si de la afamada base fáctica resulta que los imputados comenzaron a disparar contra la humanidad de Traise después de que aquel extrajera su arma reglamentaria con el fin de resistirse al desapoderamiento, frustrando así la finalidad furtiva de los encartados, entonces no queda margen de duda respecto a la correcta calificación del hecho en los términos del artículo 80 inciso 7º, parte final del Código Penal".
En tal entendimiento, precisó que el citado art. 80 inc. 7 contempla "...el homicidio 'finalmente conexo', que se comete para perpetrar el delito, facilitarlo, consumarlo o procurar impunidad, y el homicidio 'causalmente conexo', que se comete por no haberse podido perpetrar el delito originalmente planeado. A decir de Soler, ése último supone un homicidio prácticamente por despecho, por resentimiento ante el fracaso de la empresa delictiva". Añadió que ello "...supone la existencia de dos tipos de conexión subjetiva con la muerte distintas entre sí, lo que hace del homicidio causalmente conexo (matar porque el hecho no se pudo consumar) y el finalmente conexo (matar para procurar la impunidad) figuras diferentes y diferenciables: la primera por requerir premeditación mientras que la segunda, no".
Con relación al caso, estimó que "...la muerte del damnificado no se vislumbra como un resultado de la violencia ejercida por los imputados al intentar el robo [...] el homicidio del sujeto pasivo no responde a la intención de los activos de facilitar, consumar ni, menos aún, procurar la impunidad del desapoderamiento iniciado. Por el contrario, la vinculación que se observa entre la conducta homicida y el delito contra la propiedad emprendido es causalmente impulsiva y como consecuencia de no haber los victimarios obtenido el fin propuesto al intentar el hecho punible frustrado".
En tal sentido, sostuvo que la intención de causar la muerte al verse frustrado el desapoderamiento se halló "...cabalmente evidenciada en el accionar desplegado por los propios imputados quienes comenzaron a disparar insistentemente contra la humanidad del damnificado luego de que aquel extrajera su arma reglamentaria con el fin de resistirse al asalto, frustrando así el desapoderamiento intentado, percutiendo tantos disparos que se halló un abanico de vainas, y llegando incluso dos [de] ellos a tener que forzar al tercero, que continuaba tirando, a que cesara en su accionar para poder fugarse del lugar".
Concluyó que la subsunción legal cuestionada resultó justa e incontrovertible, y descartó "...las pretensiones defensivas que intentan endilgarle a la muerte un carácter meramente accidental a los fines de lograr la aplicación de una figura más beneficiosa para el encausado, pero que, por lo dicho, no se responde a la realidad del evento analizado".
IV. Frente a lo así resuelto, el recurso se revela ineficaz para conmover la calificación de los hechos en los términos del citado art. 80 inc. 7 del Código Penal, ya que las discrepancias planteadas, bajo la denuncia de errónea aplicación de la norma de fondo, están dirigidas a cuestionar el valor otorgado a la prueba en las instancias anteriores -dando para ello una particular interpretación de lo sucedido y de los elementos de convicción tenidos en cuenta- a efectos de lograr un cambio en la calificación legal, y por ello escapan al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte (art. 494, CPP).
Al respecto, cabe señalar que, si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede derivar en una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la subsunción legal, salvo supuestos de absurdo o arbitrariedad, claramente alegados y demostrados -lo que no ocurrió en el caso-, no corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores de hecho invocados (conf. doctr. causas P. 98.594, sent. de 20-VIII-2008; P. 81.789, sent. de 13-V-2009; P. 116.231, sent. de 23-XI-2016; P. 132.452, sent. de 20-XI-2019; P. 133.140, sent. de 10-VI-2021; P. 134.707, sent. de 24-IX-2021; P. 134.725, sent. de 1-XII-2021; e.o.).
En el caso, la defensa se limitó a exponer una opinión discrepante con el abordaje efectuado por el tribunal intermedio, sostenida nada más que en una particular interpretación sobre la realidad de lo acontecido y en ello asentó su postura sobre la falta de acreditación de la ultrafinalidad requerida por la citada norma, pero de esa forma incurrió en la insuficiencia de no refutar las determinaciones probatorias efectuadas en sentido contrario por el sentenciante, mediante alguna crítica seria y razonada que justifique su revisión extraordinaria. Así entonces, corresponde su rechazo (art. 495, CPP).
En definitiva, el elemento subjetivo específico del tipo puesto en crisis quedó debidamente acreditado, sin que la defensa hubiera logrado rebatir las concretas respuestas brindadas por la Casación en cuanto a que el homicidio se cometió por no haber los victimarios obtenido el fin propuesto al intentar el desapoderamiento que se hallaba en curso de ejecución y que no pudo consumarse por razones ajenas a su voluntad, más precisamente porque la víctima extrajo su arma reglamentaria para resistirse al robo y, frente a ello, los autores comenzaron a dispararle.
Al respecto, cabe recordar que esta Corte ha decidido reiteradamente que la posible coexistencia en el acusado del propósito de defenderse frente a la reacción de la víctima, no obsta a la relevancia de la ultrafinalidad típica constatada que prevé la norma citada (conf. doctr. causas P. 127.176, sent. de 27-XII-2017; P. 127.378, sent. de 28-III-2018; P. 122.858, sent. de 19-IX-2018; P. 129.796, sent. de 28-XI-2018; P. 129.566, sent. de 29-V-2019; P. 132.981, sent. de 14-X-2020; P. 133.519, sent. de 16-XII-2020; P. 134.545, sent. de 6-XII-2021; e.o.).
En consecuencia, corresponde rechazar la propuesta de que se subsuma el hecho en la figura del art. 165 del Código Penal, pues no se demostró la errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 80 inc. 7, Cód. Penal).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Genoud , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/08/2023 13:25:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/08/2023 14:28:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/08/2023 09:17:45 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/08/2023 17:04:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/08/2023 08:44:19 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 04/08/2023 12:00:55 hs. bajo el número RS-89-2023 por SP-VARVERI LUCIANO JOSE.
Fin de la sentencia