Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136356
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Asimismo, se difiere la regulación de los honorarios profesionales del doctor Pablo Mariano Scorzato por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.356, "Vaca, Carlos Andrés s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 104.187 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Torres, Kogan.
Conforme se desprende del expediente digital, la Sala II del Tribunal de Casación Penal, con fecha 9 de junio de 2021, rechazó el recurso de la especialidad presentado por la defensa particular de Carlos Andrés Vaca contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 de La Matanza que lo condenó a la pena única de trece años de prisión, accesorias legales y costas, con declaración de reincidencia, comprensiva de la pena dictada por la Sala III del Tribunal de Casación Penal a trece años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de secuestro extorsivo agravado por el uso de arma de fuego, por la calidad de funcionario público perteneciente a una fuerza de seguridad y por el número de intervinientes, en concurso real con falsedad ideológica de instrumentos públicos (hechos ocurridos el 27 de enero de 2011) y de la condena impuesta en el marco de la causa FSM 3776/2017 por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 2 de Morón en la que se lo condenó a la pena de seis meses de prisión -la que se tuvo por compurgada- y costas del proceso, por el delito de atentado a la autoridad a mano armada (hecho cometido el 1 de marzo de 2017).
Contra lo así decidido, el defensor particular, doctor Pablo Mariano Scorzato, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
El Tribunal de Alzada, mediante resolución de fecha 2 de febrero de 2022, tuvo por satisfechos los recaudos de admisibilidad del art. 494 del Código de rito en lo concerniente a la exigencia del monto de pena y frente a la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fue admitido en virtud de la denuncia de la defensa acerca de la errónea aplicación de los arts. 40, 41 y 58, todos del Código Penal.
Sostiene que en el caso se infringe el citado art. 58 dado que no corresponde unificar las penas, en tanto la impuesta por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 2, al momento de practicarse la unificación, se encontraba vencida.
Luego de citar textualmente extractos del fallo en crisis, puntualiza que "...el dictado de la medida unificatoria carece de interés legítimo, puesto que el segundo hecho por el que fue juzgado y condenado Vaca, tuvo lugar en el año 2017, época en que el causante se encontraba aún privado de su libertad, logrando luego de ello internalizar un proceso reflexivo respecto de sus actos y más tarde acceder al beneficio de libertad asistida, adecuándose al sistema de progresividad establecido por las normas de la ejecución penal, demostrando poseer capacidad de adaptación al medio social (todo lo que se encuentra acreditado en autos), por cuanto imponer una nueva pena de efectivo cumplimiento contradice en todo sentido el objeto primordial de la pena de propender a la revinculación del justiciable con la sociedad [...] dejando de lado la razón de ser de la condena".
De seguido, alega que el art. 58 del Código Penal tiene por finalidad, por un lado, asegurar el cumplimiento de las reglas del concurso material (arts. 55 y 57, Cód. Penal) y, por el otro, la unidad de reacción penal, evitando el cómputo paralelo de penas. En razón de ello, siendo que una de las penas que se unificó estaba vencida, la aplicación del art. 58 citado devino abstracta.
Agrega que el Tribunal de Alzada no se expidió sobre el planteo de que la segunda condena se encontraba prescripta para el momento en que la fiscalía solicitó la unificación.
Destaca que el juzgamiento en diferentes jurisdicciones y el tiempo transcurrido en la realización de ambos procesos no son responsabilidad de su defendido por lo que ello no puede perjudicarlo.
Por último, insiste en que "...las reglas de unificación de condenas deben ser aplicadas siempre y cuando [...] no se encuentren vencidas, salvo que el interesado pida expresamente su unificación, circunstancia ésta que tampoco ha tenido lugar en el caso, ya que fue a pedido del Ministerio Publico Fiscal".
II. La Procuración General aconsejó rechazar el recurso. Coincido con lo así dictaminado.
III. El recurso es notoriamente insuficiente en tanto la defensa particular se limita a exponer un mero criterio discrepante sobre el alcance del art. 58 del Código Penal sin hacerse cargo de las especiales particularidades del caso (conf. art. 495, CPP).
Previo a ingresar al fondo del reclamo, resulta necesario realizar una reseña de los antecedentes de la presente.
III.1. Conforme surge de las copias digitales del legajo de unificación de penas remitidas por el tribunal de mérito a la Secretaría Penal de esta Suprema Corte, en lo que aquí importa, el 19 de junio de 2019, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 2 de Morón, remitió al Juzgado de Ejecución n° 2 de La Matanza -ante quien estaba a disposición Vaca- el testimonio de la sentencia dictada contra el nombrado con fecha 16 de mayo de 2019 a los fines previstos en el art. 58 del Código Penal.
Frente a ello, el Juzgado de Ejecución se declaró incompetente a tales efectos y remitió las actuaciones al Tribunal en lo Criminal n° 1 de La Matanza. Este último, mediante resolución de fecha 20 de noviembre de 2019, aceptó la competencia en los términos del art. 58 citado y dio traslado a las partes.
Ante la vista conferida, el Ministerio Público Fiscal indicó que la condena impuesta a Vaca en el fuero federal, que se tuvo por compurgada, se cumplió "conjuntamente" con la de autos. En función de ello, con sustento en el sistema composicional, solicitó la imposición de la pena única de trece años y tres meses de prisión, accesorias legales y costas.
Por su parte, la defensa particular de Vaca sostuvo que no correspondía unificar las penas pues la impuesta por el fuero federal se había compurgado. A su vez, citó los arts. 65 inc. 3 y 66 del Código Penal y señaló que la prescripción de la pena de seis meses de prisión operó el 27 de noviembre de 2019. Agregó que la "unificación de condenas" requiere que ninguna esté vencida y que, en su defecto, si alguna lo estuviera se unifique siempre que haya un pedido del imputado, pero no del fiscal. Explicó que la razón práctica sobre la que se asienta el art. 58 del Código Penal es evitar la ejecución de penas en paralelo, circunstancia que no acontece en el presente pues una de las penas está agotada. De seguido, indicó que la unificación carece de interés legítimo "...puesto que el segundo hecho por el que fue juzgado y condenado Vaca, tuvo lugar en el año 2017, cuando éste se encontraba aún privado de libertad, logrando luego de ello reflexionar sobre lo acontecido y más tarde acceder al beneficio de la libertad asistida [...] demostrando poseer capacidad de adaptación al medio social...", a efectos de no contradecir el objeto primordial de la pena: la revinculación del justiciable con la vida social, ya logrado.
En suma, solicitó el rechazo de la unificación por haber sido compurgada y encontrarse prescrita la pena impuesta por el juzgado federal y por carecer de interés legítimo.
III.2. Ante tal situación, el Tribunal en lo Criminal n° 1 de La Matanza, merced al pronunciamiento del 20 de diciembre de 2019, sostuvo que las sentencias de condena recaídas contra Carlos Andrés Vaca adquirieron firmeza, habiéndose evacuado las vistas correspondientes (conf. arts. 58, Cód. Penal y 18, CPP).
Señaló que Vaca fue condenado por ese tribunal con fecha 14 de marzo de 2012 a la pena de trece años y cuatro meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de secuestro extorsivo agravado en concurso real con falsedad ideológica de instrumentos públicos, hechos ocurridos el día 27 de enero del año 2011; que luego, mediante sentencia de 8 de noviembre de 2012, la Sala III del Tribunal de Casación Penal, casó parcialmente el fallo y readecuó la pena en trece años de prisión, accesorias legales y costas; y que firme, se determinó como fecha de vencimiento de dicha pena el día 26 de enero de 2024.
De seguido destacó que el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 2 de Morón, en el marco de la causa FSM 3776/2017, con fecha 16 de mayo de 2019 (conf. incidente digital de unificación de penas), condenó a Carlos Andrés Vaca a la pena de seis meses de prisión, la que se tuvo por compurgada, y al pago de costas del proceso, por considerarlo autor del delito de atentado a la autoridad a mano armada, hecho cometido el 1 de marzo de 2017 en el pabellón n° 3 de la unidad residencial n° IV del Complejo Federal II de Marcos Paz.
Sentado lo anterior, estimó que, habiéndose dictado dos sentencias firmes con violación a las reglas del concurso, correspondía dictar un pronunciamiento unificatorio de conformidad con lo normado por el art. 58, primer párrafo, segunda parte del Código Penal.
En definitiva, con cita de los arts. 40 y 41 del Código Penal, remitiéndose a las circunstancias atenuantes y agravantes ya ponderadas, aplicó el principio composicional e impuso a Carlos Andrés Vaca la pena única de trece años, accesorias legales y costas.
Por último, afirmó que "...toda vez que al momento de comisión de los hechos por los cuales fue condenado en la justicia federal, el encartado Vaca revestía carácter de condenado y había cumplido parcialmente la pena privativa de libertad impuesta en estos obrados, no habiendo transcurrido el plazo previsto en el art. 50 del Código Penal", correspondía declararlo reincidente.
III.3. En lo que aquí importa, frente a la impugnación deducida por la defensa que únicamente se alza contra la unificación de sentencias, sin objeciones respecto de la declaración de reincidencia, la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el voto de la señora jueza Budiño -a quien adhirió simplemente el señor juez Mancini- desestimó el recurso de la especialidad por considerar que la unificación se realizó correctamente.
El Tribunal de Alzada, luego de hacer referencia a las dos penas unificadas, destacó que el hecho por el que Vaca fue condenado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 2 de Morón lo cometió mientras se encontraba cumpliendo la condena dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 de La Matanza por lo que las reglas del art. 58 del Código Penal se aplicaron correctamente.
En su apoyo, citó la sentencia dictada por esta Suprema Corte en la causa P. 101.359 y afirmó que "...el presente caso encuadra en el segundo supuesto previsto en el art. 58 del Código Penal pues en el caso se violaron las reglas de concursos de delitos (conf. arts. 55, 56 y 57). En función de ello, no hay impedimento alguno para que se proceda a la unificación de condenas por el sólo hecho de que la segunda pena impuesta haya sido compurgada, toda vez que al momento de ser impuesta la segunda condena, es decir, la dictada por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 2 de Morón, Vaca se encontraba cumpliendo pena por el hecho objeto de juzgamiento por ante el Tribunal n° 1 de La Matanza, cuyo vencimiento operará en el año 2024".
Concluyó que siendo lo decidido concordante con la doctrina de este Tribunal, se ajustaba a derecho la unificación de condenas llevada en revisión.
IV. Como se anticipó, el carril extraordinario no procede (conf. art. 495, cit.).
IV.1. En primer lugar, corresponde señalar que la defensa ninguna advertencia realiza respecto a la afirmación de los tribunales de las instancias previas relativa a que en el caso se violaron las reglas del concurso de delitos, cuando -en rigor- al momento en que Vaca cometió el ilícito por el que fue condenado en el fuero federal (causa FSM 3776/2017 del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 2, sent. de 16-V-2019, hecho de fecha 1-III-2017), la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 de La Matanza -por hechos anteriores- ya había quedado firme y el nombrado se encontraba cumpliendo pena en calidad de condenado (conf. causas P. 104.126, sent. de 14-IV-2010; P. 117.966, sent. de 4-VI-2014, P. 123.926, sent. de 10-V-2017; e.o.; todas ellas a contrario sensu ). Tanto es así, que el Tribunal en lo Criminal n° 1 de La Matanza practicó la unificación de penas (v. punto III.2.), y en ese mismo acto lo declaró reincidente.
IV.2. Sin perjuicio de ello, y de las consideraciones que podrían formularse respecto de la aceptación de la competencia declinada por el fuero federal en los términos del art. 58 citado (v. punto III.1.), lo cierto es que las genéricas críticas de la defensa no resultan eficaces para cambiar la suerte de lo decidido (conf. art. 495, cit.).
Son conocidas las dificultades interpretativas y de aplicación concreta que genera el art. 58 del Código Penal, lo que hace evidente el interés de las partes en introducir debidamente los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan su posición frente a la eventual aplicación del art. 58 del Código Penal, todo lo cual se vio debidamente garantizado en el procedimiento llevado a cabo ante el Tribunal en lo Criminal n° 1 de La Matanza que -previo a resolver- corrió vista a las partes (v. punto III.1.; conf. "Romano, Hugo Enrique s/ causa n° 5315", S.C.R., 804 L. XL, sent. 28-X-2008).
A ello se agrega que las críticas de la defensa particular relativas a que no resultaba posible aplicar las reglas del art. 58 del Código Penal pues para ese entonces la pena impuesta por el fuero federal había vencido, son una reedición dogmática de los planteos llevados en las instancias previas que no logran controvertir eficazmente el argumento del fallo de casación relativo a que dicha circunstancia no resultaba un obstáculo pues lo dirimente para la unificación de sentencias era que al momento en que Vaca cometió el nuevo hecho por el que fue condenado por el citado juzgado federal, se encontraba ejecutando la pena privativa de libertad impuesta por el Tribunal en lo Criminal n° 1 de La Matanza. Sobre este punto, la parte nada dijo.
En adición, de la compulsa de las copias digitales del incidente de unificación de penas se advierte que el juzgado federal al momento de dictar la sentencia de condena, en ese mismo acto realizó el cómputo de pena y explicó que siendo que "Vaca en relación [con esos] actuados no permaneció privado de su libertad, cuando realmente así se encontraba desde el 27 de enero de 2011, pero a disposición de otro Tribunal", estimó que ello no debía ponderarse en su contra, razón por la cual "...consider[ó] que deb[ía] computarse dicho tiempo a su favor".
De lo expuesto se desprende que el vencimiento de la pena impuesta en el fuero federal sobre el que la defensa edifica su reclamo, en rigor, obedece a que se tuvo en consideración el tiempo en que este estuvo privado de su libertad a disposición del Tribunal en lo Criminal n° 1 de La Matanza, sin que haya estado efectivamente detenido a disposición del juzgado federal (conf. art. 495, CPP).
De ahí que la defensa no solo dejó incontrovertida la afirmación del Tribunal de Alzada relativa a que el vencimiento de la pena impuesta en el fuero federal no impedía en el caso proceder a la unificación de sentencias (conf. art. 58, Cód. Penal) sino que, además, tampoco se hizo cargo de las particularidades de dicho vencimiento que tomó en consideración la detención sufrida por Vaca en otro proceso penal diferente.
IV.3. Igual suerte corresponde a la afirmación del recurrente relativa a que la unificación sólo puede ser a pedido del imputado, frente a la literalidad del citado art. 58 que establece que la unificación de sentencias -como en el presente caso- debe ser a "pedido de parte", siendo el Ministerio Público Fiscal -sin lugar a dudas- parte legitimada a tales fines (conf. art. 495, cit.).
IV.4. Tampoco conmovió eficazmente el interés con sustento en el cual el Ministerio Público Fiscal, requirió la pena única de trece años y tres meses de prisión en miras a evitar el cumplimiento paralelo de penas (v. punto III.1.).
Frente a ello, la defensa no demostró que dicho argumento no resultara suficiente para la unificación de sentencias.
IV.5. A lo hasta aquí expuesto, se agrega que las manifestaciones de la parte relativas a que la unificación de penas importaría la imposición de una nueva pena de efectivo cumplimiento que operaría en desmedro de la revinculación social de Vaca, quien se encontraría gozando de libertad asistida, resultan completamente genéricas y desvinculadas de las particularidades del caso.
En efecto, la parte no explica de qué manera la unificación de sentencias, en su variante unificación de penas, que el tribunal de mérito realizó aplicando el método de composición y fijándola en trece años de prisión -por debajo del monto requerido por la fiscalía y sin incrementar ni siquiera mínimamente la pena oportunamente impuesta por el Tribunal en lo Criminal n° 1-, afectaría los principios citados por la parte.
En definitiva, y más allá del acierto o error de lo decidido en cuanto al modo en que se practicó la unificación de sentencias -en su variante unificación de penas- la defensa particular no logró demostrar un perjuicio concreto que permita cambiar la suerte de lo decidido (conf. arts. 481 y 495, CPP).
V. Por último, las manifestaciones respecto a la falta de tratamiento del planteo de prescripción de la pena tampoco son de recibo pues la defensa no evidencia cuáles serían las implicancias concretas de ese extremo en el trámite unificatorio del caso (conf. art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud , Torres y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Asimismo, se difiere la regulación de los honorarios profesionales del doctor Pablo Mariano Scorzato por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/08/2023 09:44:03 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2023 12:27:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2023 14:40:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/08/2023 00:15:44 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/08/2023 08:47:30 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 15/08/2023 10:10:59 hs. bajo el número RS-93-2023 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia