Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136386
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la defensa oficial, con costas (doctr. arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.386, "C., S. G. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 100.152 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 21 de julio de 2020, rechazó el recurso homónimo interpuesto por el defensor particular de S. G. C. contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de San Martín que -con integración unipersonal- lo había condenado a la pena de catorce años y dos meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de corrupción de menores agravada en concurso ideal con abuso sexual gravemente ultrajante (seis hechos), que concurren materialmente.
Frente a lo así resuelto, el señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue declarado parcialmente admisible por la Sala interviniente. Contra la parcela de la decisión denegada, la parte no presentó queja.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Teniendo en consideración el alcance con el que fue admitida la impugnación, y que del informe practicado surge que la defensa oficial no dedujo queja, se abordará solo el agravio relacionado con la errónea aplicación del art. 125 del Código Penal.
II. En tal sentido, el recurrente centró su crítica en la falta de acreditación del elemento subjetivo contenido en dicha figura referido a la intención de su asistido de "promover o facilitar" la corrupción de la víctima.
Luego de repasar los fundamentos dados por el tribunal revisor para pronunciarse por el rechazo del recurso de la defensa, adujo que para tener por acreditada la figura de corrupción de menores no solo debe tenerse en cuenta la entidad o capacidad corruptora del acto sino también la intencionalidad del sujeto activo, es decir, el dolo específico del autor; y que -en el caso- las distintas modalidades abusivas no excedían el tipo penal del abuso sexual y, en consecuencia, no podían tenerse por acreditados los extremos de la corrupción de menores.
Explicó que, aun aceptando que los elementos valorados por el Tribunal de Casación pudieran tener entidad corruptora, no se vislumbraba en ningún párrafo de la sentencia impugnada la necesaria demostración del elemento subjetivo del tipo.
Añadió que la corta edad de la víctima y la ejecución de un acto con contenido sexual respecto de aquella, no son suficientes a los fines de tener por configurado el delito previsto en el art. 125 del Código de fondo.
Concluyó señalando que el cuadro probatorio de autos solo daba cuenta de actos de abusos sexuales, pero que por su índole no apuntaron a la corrupción de la víctima.
III. Coincido con el dictamen de la Procuración General, el recurso no prospera.
IV.1. El Tribunal en lo Criminal n° 2 de San Martín tuvo por probado que: "...desde que F. E. P. B. (nacida el 08/03/1993) era una niña de 5 y 6 años de edad, hasta que fue una adolescente de 16 [años], su tío -marido de la hermana de su madre- promovió su corrupción cuando quedaba bajo su cuidado y el de su mujer, en las viviendas sitas en [...]. Los actos realizados de modo reiterado a lo largo de esos años, [cuanto] menos dos veces en cada domicilio, configuraron sometimientos gravemente ultrajantes. Consistieron en tocarle los pechos por debajo de la ropa, introducirle los dedos en la vagina y darle besos en la boca, siendo idóneos para desviar su normal desarrollo sexual. El sujeto aprovechaba por un lado, la confianza y afecto logrados con la niña y su familia y por otro, que ella no lograba oponerle resistencia y se paralizaba frente a sus reiteradas conductas" (fs. 14 y vta.).
Los sucesos fueron calificados como corrupción de menores agravada por haber sido cometida por persona encargada de la guarda en concurso ideal con abuso sexual gravemente ultrajante -seis hechos-, que concurren en forma material entre sí (arts. 54, 55, 119 segundo párrafo y 125 último párrafo, Cód. Penal; v. fs. 59).
IV.2. En lo que resulta relevante para el caso, al interponer el recurso de casación, la defensa de C. cuestionó que no se había justificado la corrupción de menores agravada porque su asistido no ejercía efectivamente la función de guardador de la joven.
IV.3. A su turno, el tribunal intermedio, al expedirse sobre el encuadre legal en el art. 125 del Código Penal, señaló que dicha norma no describe los actos con capacidad para corromper ni especifica el resultado, y que tal indefinición del tipo objetivo puede encontrar correctivo en la adecuada interpretación del contenido ideológico del verbo típico, es decir, la acción de "promover" la corrupción como indicativa de la intención del autor de obtener la corrupción o depravación de la víctima y que va más allá de satisfacer su propio deseo sexual.
Siguiendo doctrina de autor, expresó que "...lo que se castiga en este caso, es la interferencia en el proceso de formación de la sexualidad o el normal desarrollo de ella [...] cuando se sostiene que la ley tiende a tutelar el normal o sano crecimiento sexual y castigar como corrupción los actos que ponen en peligro dicho desarrollo, sólo se dice lo correcto si se interpreta que lo que se reprime es la influencia o interferencia negativa en el libre crecimiento sexual de las personas, mediante la realización de prácticas sexuales, que tengan la capacidad de pervertir o depravar a la víctima".
Con relación al caso, dijo que "...las prácticas sexuales a las que el imputado sometió a su sobrina, y en el contexto en que las hizo, cuando estaba a su exclusivo cuidado, menoscabando la confianza que le otorgaban los padres de la niña, aprovechándose de esa situación y satisfacer sus deseos libidinosos desde que F. era muy pequeña (5 años de edad), manoseándoles sus partes pudendas, desnudándola e introduciendo sus dedos en la vagina de la niña, naturalizando en la niña dichas prácticas lascivas como si fueran actos normales e integrantes de la educación que brinda un adulto, y cuando fue adolescente, motivarla, fomentarle y facilitarle los permisos para que asistiera a fiestas electrónicas ante la negativa de sus padres, y una vez allí, proporcionarle el ingreso a las fiestas mencionadas, el suministro de bebidas alcohólicas (ambas eran inalcanzables sin la intervención de un mayor de edad), como así también incitarla a que consumiera las drogas que él mismo le proveía, y todo ello con el único objeto de besarla en la boca como si fueran una pareja y al regresar de las mismas, para aprovecharse sexualmente de ella dentro de su rodado, resultan todas estas conductas -en su conjunto- constitutivas del delito de corrupción".
Afirmó que, de acuerdo a la materialidad ilícita acreditada, "...las conductas que el imputado llevó a cabo, dan cuenta del ejercicio de enseñanzas u órdenes de prácticas idóneas para corromper que constituyen el sometimiento de su víctima al abuso sexual acreditado, aprovechando su [minoría de] edad, la relación de cuasi convivencia y el ejercicio de autoridad que detentaba".
Expresó que "...el veredicto aparece suficientemente fundado cuando, con base en lo dictaminado por las peritos psicólogas, toma en cuenta el daño que puede derivarse de las conductas descriptas al someterse a la víctima a una práctica sexual a una edad que nada tenía que ver con la de su desarrollo o evolución. La víctima contó que creía que esas prácticas eran normales hasta que se dio cuenta que su padre no se lo hacía, advirtiendo entonces que algo andaba mal" y recordó que la joven "...se orinaba en la cama, se autolesionaba con ataques de ansiedad y baja autoestima, todas circunstancias que la obligaron a realizar tratamientos psicológicos".
Para dar respuesta a la crítica puntual de la parte, destacó que "...si el imputado y su esposa, habían convenido con los padres de F. y asumido el compromiso del cuidado de ésta en su ausencia, todas las tardes al regreso del colegio, y en aquellas noches en que la niña también se quedaba a dormir, y como contrapartidaéstos le compensaban económicamente con el pago de una suma dineraria, va de suyo que la agravante guarda estaba justificada. Más aún si se tiene en cuenta que en muchos de los casos, la menor estaba bajo su exclusiva responsabilidad del imputado".
Finalmente, concluyó que "...el delito de corrupción se consuma con la sola realización de los actos objetivamente idóneos para depravar, siendo suficiente el peligro de que ello suceda, con prescindencia de si el sujeto pasivo finalmente se corrompa".
V. Como adelanté, el recurso no prospera.
V.1. En primer término, cabe resaltar que existe una variación argumental en los planteos que la defensa ahora introduce ante esta Sede, que conduce al rechazo de la pretensión.
En efecto, como se anticipó, al deducir el recurso de casación, la defensa de C. alegó la falta de justificación de la guarda como causal de agravamiento del delito de corrupción de menores, por considerar que no había prueba para concluir que su defendido ejercía efectivamente esa función (v. fs. 80 vta.).
El cuestionamiento sobre la acreditación del dolo directo del autor que requiere el tipo penal del art. 125 del Código Penal, tal como ahora se lo intenta, no fue llevado ante las instancias anteriores, a pesar de que tal planteo ya tenía actualidad en ese momento (art. 451, CPP).
V.2. Aun sorteando la valla de la temporaneidad, el recurso se revela ineficaz para conmover la calificación de los hechos en los términos del citado art. 125 del Código Penal, ya que, más allá de que el reclamo se enunció como de errónea aplicación de la ley sustantiva, el recurrente, en rigor, pretende una reinterpretación de los hechos y de los elementos probatorios a partir de los cuales se convalidó la calificación legal, y ello se encuentra por fuera del marco propio de conocimiento de esta Corte (art. 494, CPP y su doctr.).
Y si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede conducir a una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la subsunción legal, salvo supuestos de absurdo o arbitrariedad claramente invocados y demostrados -lo que no ocurrió en el caso-, la regla determina que no corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores sobre los hechos alegados (conf. doctr. causas P. 92.219, sent. de 12-VII-2006; P. 114.722, sent. de 3-X-2012; P. 102.196, sent. de 14-XI-2012; P. 105.648, sent. de 5-XII-2012; P. 110.540, sent. de 12-VI-2013; P. 116.825, sent. de 18-VI-2013; P. 111.032, sent. de 10-VII-2013; P. 110.347, sent. de 23-XII-2013; P. 127.974, sent. de 21-II-2018; P. 133.271, sent. de 14-X-2020; P. 132.813, sent. de 13-IV-2021; e.o.).
En definitiva, los cuestionamientos de la parte no pasan de ser una mera opinión discrepante con el criterio sustentado por el Tribunal de Casación, opuesto a su pretensión. Y, como es sabido, el mero disenso o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo desde el ángulo de la técnica del carril impetrado (conf. causas P. 102.516, sent. de 20-VIII-2008; P. 101.759, sent. de 18-XI-2009; P. 104.310, sent. de 25-XI-2009; P. 102.668, sent. de 22-XII-2010; P. 117.860, resol. de 19-III-2014; P. 117.680, resol. de 26-III-2014; P. 133.271, sent. de 14-X-2020; P. 134.020, sent. de 28-VI-2021; P. 134.058, sent. 27-XII-2022; e.o.).
V.3. De cualquier forma, cabe destacar que lo resuelto por el tribunal intermedio es coincidente con la inveterada doctrina legal de esta Corte que, en reiteradas ocasiones, ha sostenido que el art. 125 del Código Penal no tiene por núcleo de referencia a quien corrompiere, sino a quien "promoviere" o "facilitare" la corrupción, por lo cual el tipo no requiere que se produzca la concreta corrupción (causas P. 128.666, sent. de 20-III-2019; P. 132.773, sent. de 27-VIII-2020; P. 132.644, sent. de 1-XII-2020 y P. 134.873, sent. de 12-XI-2021).
Se trata de un delito que pretende reprimir esencialmente la comisión de actos de contenido sexual con aptitud suficiente para adelantar el normal desarrollo de la sexualidad de la víctima.
En lo que hace a las acciones típicas, "promover" significa "iniciar", "comenzar", "empezar", "dar principio a una cosa", "adelantar" algo "procurando su logro", "mover", "llevar hacia delante". Por lo tanto, para que se perfeccione este supuesto no es necesario que se concrete la corrupción como resultado lesivo, sino que se requiere que el autor inicie (comience, empiece, dé principio, mueva, lleve hacia delante) actos suficientemente idóneos tendientes a desviar el normal desarrollo psicosexual del sujeto pasivo.
Por su parte, "facilitar" significa crear las condiciones para que algo sea posible o pueda hacerse "sin mucho trabajo" o pueda "suceder con mucha probabilidad".
Finalmente, en punto a las alegaciones de la parte vinculadas con la faz subjetiva del tipo, corresponde señalar que de la lectura de la sentencia emitida por el órgano revisor se aprecia que aquel no se expidió sobre el tópico -porque, según se dijo, la parte no formuló ante esa sede un agravio particularizado al respecto-; de allí que esta Corte no cuenta con el sustrato resolutorio necesario para ejercer la revisión pertinente.
Sin perjuicio de ello, cabe traer a colación que esta Corte viene sosteniendo que la figura de corrupción de menores se trata de un delito doloso en el que el autor debe conocer la edad de la víctima y el contenido potencialmente corruptor de su conducta, así como también tener la voluntad de producir el acto idóneo para corromper (causas P. 132.773, cit. y P. 133.550, sent. de 9-XII-2020).
No hay dudas de que los requisitos típicos enunciados se encuentran plenamente satisfechos en el caso, no solo por las características de los hechos y su reiteración, sino además por su precocidad (dada la corta edad de la niña) y por la especial relación que unía a la víctima con el imputado (pareja de su tía).
Por lo expuesto, voto por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la defensa oficial, con costas (doctr. arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/08/2023 13:25:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/08/2023 14:28:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/08/2023 09:17:46 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/08/2023 17:04:15 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/08/2023 08:44:20 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 04/08/2023 12:01:00 hs. bajo el número RS-90-2023 por SP-VARVERI LUCIANO JOSE.
Fin de la sentencia