Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136743
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.743, "Vogliolo, Héctor Horacio -Fiscal General- s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 98.341 del Tribunal de Casación Penal, Sala V Seguida a M. R., A.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan.
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que la Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 31 de julio de 2020, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por el señor fiscal de cámaras del Departamento Judicial de La Plata, doctor Héctor Horacio Vogliolo, contra la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental que hizo lugar al habeas corpus articulado por la defensa oficial de A. M. R., y declaró la extinción de la acción penal por prescripción con relación a los hechos que fueron calificados provisoriamente como abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el vínculo y la convivencia (hecho I), y tentativa de abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y la convivencia (hecho II), en concurso real entre sí, por los que fuera acusado el nombrado; disponiendo en consecuencia su inmediata libertad (v. resol. digital de 31-VII-2020).
Contra lo así decidido, el señor fiscal ante aquella instancia, doctor Carlos Arturo Altuve, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. archivo digital en presentación de 30-V-2022); el cual fue admitido por la referida sala del Tribunal de Casación por resolución de fecha 10 de marzo de 2022.
Oído el señor Procurador General, quien se pronunció por la procedencia del reclamo (v. dictamen digital de 30-XI-2022), dictada la providencia de autos el 5 de diciembre de 2022, presentada la memoria por parte del señor defensor adjunto ante el tribunal intermedio, doctor Nicolás Agustín Blanco (en modalidad digital de 14-XII-2022), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Carlos Arturo Altuve, deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a través del cual denuncia la errónea aplicación de la ley sustantiva, en contra de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino (arts. 8 y 25, CADH; 4 y 7, Convención de Belém do Pará; 3 y 19, CDN; 18 y 75 inc. 22, Const. nac.).
Argumenta que el fallo impugnado se encuentra en pugna con los tratados y convenciones de derechos humanos que el Estado argentino ha ratificado por medio de los cuales se ha comprometido a investigar y sancionar a los responsables de este tipo de delitos.
Refiere que el art. 62 del Código Penal debe ser interpretado en consonancia con las normas del derecho internacional, en particular con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará" y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Con antelación al desarrollo de los fundamentos de su impugnación, hace una reseña de los antecedentes del caso. En lo que resulta relevante, explica que los hechos relatados en la denuncia efectuada por la progenitora de la víctima (9 de diciembre de 2009), fueron ratificados por la propia damnificada luego de su mayoría de edad en declaración prestada el 14 de abril de 2018; que al imputado A. M. R. se le recibió declaración en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal el 16 de mayo de 2019, mientras que el 22 de mayo de ese año se le aplicó la prisión preventiva solicitada por el señor fiscal; las conductas endilgadas fueron calificadas como abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el vínculo y la convivencia (hecho I) y tentativa de abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y la convivencia (hecho II), en concurso real; la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, resolvió que la acción penal con relación a las referidas conductas se hallaban prescriptas desde el lapso temporal en que se sitúan los hechos, de conformidad con el plazo de doce años previsto por el art. 62 inc. 2 del Código Penal; dicha decisión fue confirmada por el Tribunal de Casación Penal.
De seguido, aduce que si bien la ley 26.705 (B.O., 5-X-2011) -que incorporó el segundo y tercer párrafo al art. 63 del Código Penal- y luego la ley 27.206 (B.O., 10-XI-2015) -en cuanto derogó los mencionados párrafos del art. 63 e introdujo modificaciones al art. 67, ambos del Código Penal-, entraron en vigencia con posterioridad a la fecha de los hechos aquí denunciados, a la época de tales ilícitos se encontraban vigentes los principios jurídicos fundamentales que motivaron la reforma en la norma nacional, y que el Estado argentino ya había adquirido, comprometiéndose a su observancia, en convenciones internacionales de rango constitucional, particularmente la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Destaca que en los fundamentos que acompañaron el proyecto de la ley 26.705, y en similares términos la ley 27.206, se remarcó que: " La Convención sobre los Derechos del Niño -incorporada a nuestra Constitución Nacional- impone al Estado Argentino la adopción de medidas tendientes a asegurar al menor la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, en tanto que la ley 26061 dispone el derecho del niño, de la niña y del adolescente a proteger su integridad física, sexual, psíquica y moral estableciendo que, cuando existiere conflicto entre los derechos e intereses de los menores frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, deberán prevalecer los primeros " (el destacado figura en el original).
En el mismo sentido, invoca lo resuelto por la Cámara Federal de Casación Penal en la causa 191/2012/CFC1, caratulada "A. J. s/ Recurso de Casación".
Explica que el instituto de la prescripción es una cuestión de orden legal interno, que no viene impuesto por la Constitución nacional y/o tratados internacionales, y que si bien hace operativo en parte el derecho de toda persona a ser juzgado en un plazo razonable, lo cierto es que, en casos como el presente, el proceso se inició al cobrar verdadero impulso a partir de la ratificación efectuada por la víctima al llegar a la mayoría de edad, con lo cual -a su juicio- no hay afectación a ese derecho constitucional.
Seguidamente, hace referencia a la imprescriptibilidad de los delitos cometidos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes por parte de los adultos responsables que velaron por su cuidado; y señala que el Estado a través de sus poderes tiene la obligación de poner al alcance de todos los individuos el acceso a la justicia, brindando especial atención a los sujetos mencionados que hayan sido víctimas de agresiones sexuales dentro del seno familiar.
I.2. Luego, denuncia la arbitrariedad del fallo recurrido por fundamentación aparente e incongruencia citra petita .
Sostiene que los fundamentos brindados por el Tribunal de Casación para rechazar el recurso interpuesto por el señor agente fiscal, resultaron incongruentes e inatingentes para responder los agravios planteados en la impugnación oportunamente interpuesta, convirtiendo la resolución en arbitraria por fundamentación aparente.
Argumenta que, el señor fiscal no solicitó -como afirmó el tribunal intermedio- la aplicación retroactiva de las leyes 26.705 y 27.206, ni tampoco argumentó que el caso de autos constituyera uno de los considerados imprescriptibles por las convenciones respectivas, ni que fuera un caso de excepción, ni que debía dejarse de lado el art. 18 de la Constitución nacional y el principio de legalidad. Por el contrario, lo solicitado era la "...revocación de la sentencia dictada por la Cámara de Apelación y Garantías, en consideración a que las acciones penales emanadas de los delitos imputados en la presente causa no se hallaban prescriptas". Ello, a partir de "considerar imprescindible aplicar al caso la normativa local en forma armónica con los preceptos convencionales" que rigen estos supuestos, y que se encontraban vigentes al tiempo de ocurrencia de los hechos relatados.
Concluye que el Tribunal de Casación no respondió el planteo efectuado por la parte (correspondencia entre lo pretendido y lo juzgado), decidiendo de modo citra petita , de modo tal que torna al fallo en anulable por arbitrario en base a fundamentos tan solo aparentes.
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar al recurso interpuesto (v. dictamen digital de 30-XI-2022).
III. Por su parte, el señor defensor adjunto ante la instancia intermedia, doctor Nicolás Agustín Blanco, acompañó la memoria y destacó que esta Suprema Corte ya ha desestimado casos análogos al presente, solicitando se resuelva en el mismo sentido (v. memorial digital de 14-XII-2022).
IV. Para dar fundamento a la solución que propicio es menester efectuar un breve repaso de las circunstancias relevantes de la causa.
IV.1. Conforme surge de las actuaciones digitalizadas, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, a través del pronunciamiento dictado el 31 de mayo de 2019, resolvió hacer lugar al habeas corpus interpuesto por la defensa oficial de A. M. R., revocó el auto impugnado y declaró - prima facie - la prescripción de la acción penal seguida al nombrado por la presunta comisión de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el vínculo y la convivencia (hecho I), y tentativa de abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y la convivencia (hecho II) en concurso real, disponiendo en consecuencia la libertad del nombrado (v. resol. digital en copias de presentación de 30-V-2022).
Sostuvo que de acuerdo a la materialidad ilícita los hechos investigados se habrían cometido entre los años 1997 y 2003; y que conforme la determinación temporal efectuada por la titular de la acción pública, la acción penal se encontraría extinguida por prescripción, toda vez que no resultan aplicables al caso de autos la ley 26.705 (B.O., 5-X-2011) ni la ley 27.206 (B.O., 10-XI-2015).
Con cita de un artículo de doctrina se refirió a la temática de la irretroactividad de la ley y la prescripción, como también al precedente "Mirás" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la causa P. 112.596, "Delgado, Fabián Darío" de esta Suprema Corte.
Sostuvo que a los fines de analizar la vigencia de la acción penal correspondía estar a lo establecido por el art. 63 del Código Penal en su único párrafo (conf. legislación actual): "La prescripción de la acción empezará a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito o, si éste fuere continuo, en que cesó de cometerse". En ese entendimiento consideró que "...desde el lapso temporal en que se sitúan los hechos denunciados ha transcurrido el plazo de 12 años previsto por el art. 62 inc. 2 del Código Penal, sin que haya existido ningún acto que suspenda o interrumpa el curso de la prescripción (art. 67 del CP) en ese tiempo".
Finalmente, señaló que la denuncia se realizó cuando se encontraba vigente la acción penal y que la causa iniciada estuvo aparentemente traspapelada durante aproximadamente seis años y diez meses en la órbita del Ministerio Público Fiscal, sin trámite alguno, teniendo ello claramente incidencia en el fenecimiento de la acción penal, cuestión que -según dijo- no solo genera revictimización, sino -como el caso- impunidad, por lo que consideró debía comunicarse esa situación al señor fiscal de cámaras departamental (art. 28, ley 14.442).
IV.2. Frente a esa decisión, el señor fiscal de cámaras departamental, doctor Héctor Ernesto Vogliolo, interpuso recurso de casación (v. actuaciones digitalizadas de 30-V-2022). Sin observaciones en relación con la vía actuada, fundó su presentación en la errónea aplicación de la normativa aplicada y destacó que el temperamento adoptado se encontraba en contraposición con los principales tratados y convenciones de derechos humanos que el Estado argentino había ratificado.
IV.3. La Sala V del Tribunal de Casación Penal, rechazó el recurso al considerar que la decisión que declaró la prescripción de la acción penal prima facie , estuvo motivada en elementos objetivos que surgieron de autos y fundamentada en la ley que estimó aplicable al caso. Por tanto, no correspondía la pretendida descalificación del fallo objetado como acto jurisdiccional válido.
En ese sentido, señaló que como bien había concluido el Tribunal de Alzada, la acción penal seguida a A. M. R. con relación a los hechos que fueran calificados provisoriamente como abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el vínculo y la convivencia (hecho I), y tentativa de abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y la convivencia (hecho II), en concurso real entre sí, se encontraba extinguida por prescripción, dado que había transcurrido en exceso el plazo previsto por el art. 62 inc. 2 del Código Penal, sin que hubiese acaecido algún acto interruptor del curso de la prescripción, situando el comienzo del término de prescripción de la acción penal en el momento en que los delitos cesaron de cometerse.
Destacó el a quo que resulta un criterio consolidado que la prescripción puede y (debe) ser declarada incluso de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, opera de pleno derecho, por el solo "transcurso (del) tiempo" (conf. CSJN Fallos: 305:1236; 311:2205; 313:1224; 323:1785; 324:2778; y SCBA causas P. 71.313, sent. de 16-II-2000; P. 63.579, sent. de 8-III-2000; P. 65.996, sent. de 5-IV-2000; P. 83.147, sent. de 14-IV-2004; entre otras).
Por otro lado, resaltó que el Tribunal de Alzada no había soslayado las reformas legislativas que avanzaron en el sentido de salvaguardar los derechos de las víctimas en pos a una tutela judicial efectiva (leyes 26.705 y 27.206 en cuanto modifica la regla general acerca del comienzo de la prescripción de la acción para ciertos casos específicos), sino que prescindió de su aplicación por acertadas razones jurídicas. Ello en tanto explicó que "...la acción penal se encuentra extinta pues corresponde en el caso dar operatividad al principio de legalidad, aplicando la ley penal más benigna (art. 2 del CP)".
Por último, hizo referencia a que "El delito investigado no constituye ninguno de los supuestos declarados imprescriptibles de conformidad a las Convenciones que así lo determinan; tampoco configura un caso especial en los que cabría realizar un análisis más pormenorizado (v. dictamen Procuración General en CSJN, 'Funes, Gustavo Javier y otro s/ encubrimiento, etc. -incidente de excepción por extinción de la acción penal- recurso extraordinario-' y la jurisprudencia de la Corte Interamericana allí analizada)"; de tal forma "...el Estado tiene el deber de investigar hechos como los sucedidos en la presente, pero eso no implica que lo pueda hacer a cualquier costo; dicho con mayor precisión: el principio de legalidad -y así sus corolarios- tiene jerarquía Constitucional (art. 18, CN) y ninguna razón plausible autoriza la mirada acotada que se propicia en el caso".
V. No comparto lo dictaminado por la Procuración General, el carril extraordinario incoado resulta insuficiente para revertir lo decidido (conf., mutatis mutandi , causas P. 132.967 y P. 133.029, sents. de 30-VIII-2021; art. 495, CPP).
V.1.a. La denuncia de que lo decidido va en contra de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino de conformidad con los arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 4 y 7 de la Convención de Belém do Pará; 3 y 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional citado por el recurrente, no puede prosperar (conf. art. 495, cit.).
V.1.b. Cabe recordar que tal como lo puso de manifiesto el Tribunal de Casación Penal, y conforme lo tiene dicho esta Suprema Corte en numerosos precedentes, las leyes que regulan la prescripción de las acciones penales están alcanzadas por el principio de legalidad (conf. arts. 18, Const. nac.; 9, CADH; 15.1., PIDCP y 2, Cód. Penal; causa P. 118.546, sent. de 6-V-2015, entre muchas otras, con especial sustento en arraigada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir del precedente "Mirás" -Fallos: 287:76-, especialmente, cons. 6° y 7° y "Arancibia Clavel" -Fallos: 327:3312-; e.o.).
A su vez, el Tribunal de Casación destacó que no se estaba en presencia de algunos de los supuestos de delitos declarados imprescriptibles de conformidad a las convenciones que así lo determinan. Así como tampoco se configura un caso especial en los que cabría realizar un análisis más pormenorizado, remitiéndose para ello al dictamen de la Procuración General en la citada causa "Funes" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todo lo cual le permitió concluir que aun debiendo el Estado investigar diligentemente los hechos como los sucedidos en la presente causa, debe serlo en el marco de las leyes que regulan el caso, sin comprometer el principio de legalidad y las consecuencias que de él se derivan (art. 18, Const. nac.).
V.1.c. Conforme se advierte de la reseña de agravios, la parte dejó incontrovertida esta parcela del fallo, sin replicar de manera suficiente la respuesta ligada al principio de legalidad y la ley penal más benigna. Sus críticas estuvieron dirigidas a insistir con la vulneración a los tratados y convenciones internacionales debido a que el tiempo en que sucedieron los hechos, sus principios y garantías se encontraban vigentes, como también la vinculación del caso con la garantía del plazo razonable de duración del proceso, siendo que ello no tiene ninguna incidencia en la solución del caso pues la extinción de la acción penal se fundó exclusivamente en el cumplimiento de los requisitos objetivos de la prescripción, regulados en los arts. 59 inc. 3, 62, 63 y 67 -de un lado, según ley 25.990, y por otro, según textos anteriores a las leyes 26.705 y 27.206-, y 119 párrafos segundo y cuarto inc. "f" del Código Penal.
V.1.d. Tampoco explica los motivos por los cuales el Estado habría incumplido los deberes que emergen del art. 7 incs. "b", "c" y "f" de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
En lo que atañe a las argumentaciones sobre la cita del art. 7 incs. "b", "c" y "d" no resulta eficaz, pues la declaración de prescripción de la acción penal por sí misma no evidencia la violación de los deberes asumidos por el Estado argentino. La parte debió -al menos- vincular el régimen legal de ejercicio y extinción de la acción penal dependiente de instancia privada aplicado (conf. arts. cits., Cód. Penal) con las particularidades de lo acontecido en el expediente y dar motivos suficientes que demuestren que el plazo legal de doce años desde la comisión de los hechos no configuró un medio legal razonable para que el Estado pueda actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.
V.2. Por otro lado, el agravio dirigido a cuestionar el fallo recurrido por arbitrariedad debido a la fundamentación aparente e incongruente, resolviendo citra petita , tampoco es de recibo (conf. art. 495, CPP).
En efecto, sus afirmaciones resultan huérfanas de todo sustento argumental e indemostradas como para evidenciar que lo resuelto encaje en un supuesto de arbitrariedad, en tanto que el impugnante no rebate el fundamento empleado por el tribunal revisor en cuanto a que la ref
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