Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136796
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.796, "Á., J. I. J. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 112.799 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres , Genoud, Kogan, Maidana.
La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento de fecha 22 de marzo de 2022, rechazó el remedio de la especialidad interpuesto por la defensa particular de J. I. J. Á., contra la sentencia de unificación de penas dictada por el Tribunal Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Morón, por la que en definitiva se lo condenó a la pena única de ocho años de prisión, accesorias legales y costas. La pena única es omnicomprensiva de: a) la de tres años de prisión de ejecución condicional, con el cumplimiento de determinadas reglas de conducta por el término de dos años (conf. art. 27 bis, Cód. Penal) impuesta por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 de Morón el 21 de diciembre de 2018 (causa n° 1039), por el hecho acaecido el 30 de marzo de 2017, constitutivo del delito de robo agravado por el uso de armas (art. 166 inc. 2 primer párrafo, Cód. Penal) y b) la pena de seis años de prisión impuesta con fecha 28 de septiembre de 2020, por el órgano a quo (causa de su reg. n° 3884), por hallarlo coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma (art. 166 inc. 2 primer párrafo, Cód. Penal), respecto del hecho ocurrido el 26 de julio de 2019.
La defensa particular del condenado ejercida por el doctor Jorge Marcelo Rossi, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue parcialmente concedido por el órgano casatorio (solo en orden al agravio dirigido a cuestionar la errónea aplicación del art. 58, Cód. Penal y las llamadas "Reglas de Beijing"); sin que por el tramo impugnativo denegado se haya articulado queja (v. informe de fecha 9 de junio de 2022).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Como la admisibilidad de la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley incoada quedó ceñida al agravio sobre errónea aplicación del art. 58 del Código Penal, en función de las llamadas "Reglas de Beijing" -Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 40/33 de 28 de noviembre de 1985-, con ese acotado alcance serán descriptos y abordados los reclamos de la parte.
II. El recurrente denuncia arbitrariedad de la sentencia por la errónea aplicación del art. 58 del Código Penal al haberse unificado penas de dos procesos, siendo que en uno de ellosÁ. era menor de edad habiendo sido establecida bajo el régimen de responsabilidad penal juvenil.
Alega vulneración del interés superior del niño (art. 3.3, CDN; Reglas de Beijing; resolución 40/33 de la Asamblea General de la Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad, resolución 45/114 de la Asamblea General y Directrices de Naciones Unidas resolución 45/112), desconociendo el reconocimiento del niño como sujeto de derecho, siendo que su normativa debe interpretarse de la forma más amplia posible.
Sostiene que el fallo impugnado que confirma la resolución que dispone la unificación de la condena dictada por el Tribunal Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Morón con la del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, afecta el interés superior del niño, pues el fin de las sanciones para estos posee "...objetivos, medios y propósitos propios, muy diferentes al fuero de mayores".
Alega que el pronunciamiento dictado en el proceso de menores "...no resulta una sentencia 'condenatoria' que comprende el art. 58 CP, pues no es una condena por no tener carácter punitivo sino tuitivo...".
En ese marco, alude a los arts. 37 y 40 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño para sostener que lo allí prescripto se complementa con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, estableciendo los fines del proceso penal de personas menores de edad.
Agrega que los mentados fines surgen de pautas integradoras y educativas (arts. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 17), debiendo entenderse la utilización de la privación de libertad como último recurso y el bienestar del menor como pilar fundamental frente a la medida privativa de la libertad.
Sobre la cuestión, expuso que "...con fundamento en el fin de la pena del fuero minoril, no es posible unificarla con la pena del fuero de mayores, pues se vulneran todas las garantías y características propias de este derecho especial".
Indica que en la unificación de penas no hay más que una unificación de las consecuencias de dos condenas, que se impone en la medida que dichas consecuencias coexistan y que, en virtud de la especialidad del fuero, no correspondía computar la condena impuesta en un proceso de la justicia de responsabilidad penal juvenil. Cita el precedente "Maldonado" de la Corte federal. Y, como corolario, refiere que la sanción impuesta controvierte derechos de raigambre constitucional con fundamento en la imposibilidad manifiesta de satisfacer los fines señalados por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
III. El señor Procurador General propició el rechazo del recurso intentado.
IV. Coincido con lo dictaminado, pues en mi opinión el carril extraordinario impetrado no puede tener favorable acogida.
V. En oportunidad de resolver similar planteo llevado ante esa sede, el Tribunal de Casación -merced al voto del doctor Kohan que concitó la adhesión del juez Natiello- preliminarmente destacó que Á., al tiempo de cometer el delito por el cual resultara condenado por el Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Morón (26 de julio de 2019), ya contaba con la condena de ejecución en suspenso dictada en la causa del fuero de menores, dándose así uno de los supuestos previstos en el art. 58 del Código Penal.
Consideró que no existía impedimento para unificar, conforme las previsiones del mentado precepto legal, una condena dictada en la jurisdicción penal juvenil y otra en la de mayores, siendo que la única limitación que se reconocía se relacionaba con el instituto de la reincidencia de jóvenes en conflicto con la ley penal, de acuerdo a lo normado en el art. 5 de la ley 22.278, que prescribe que las disposiciones relativas a la reincidencia no son aplicables al menor que sea juzgado exclusivamente por hechos que la ley califica como delitos, cometidos antes de cumplir los dieciocho años de edad.
Destacó que el presupuesto fáctico del sistema de la justicia penal juvenil había desaparecido, dado que el condenado ya no era más un menor de edad, sino un adulto, pasando de la infancia a la adultez con todas las consecuencias que ello implicaba. "Ergo, [concluyó] resulta un contrasentido reclamar para un adulto la aplicación de preceptos que están reservados a los menores de edad tales como en lo que respecta al fin de la pena..." (conf. arts. 37 y 40, Convención Internacional sobre los Derechos del Niño).
Agregó que si bien varios de los postulados allí establecidos resultaban coincidentes con las características que revestía el proceso penal de mayores, la diferenciación se daba a partir del punto 4 del art. 40, el cual proclama que "...Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción".
Recordó también que las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores establecían varias pautas, las cuales, permitían determinar cuáles eran los fines del proceso penal seguido a personas que aún no habían alcanzado la mayoría de edad. En tal sentido, señaló que los arts. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 del nombrado cuerpo normativo aludían a pautas integradoras y educativas a los fines de lograr una comunión entre los intereses de la sociedad y la integración de los jóvenes en dicho ámbito. Añadió que "...el art. 5 de las mismas reglas establece los objetivos de la justicia minoril, determinando que '...El sistema de justicia de menores hará hincapié en el bienestar de éstos y garantizará que cualquier respuesta a los menores delincuentes será en todo momento proporcionada a las circunstancias del delincuente...'".
Citó además el art. 17 que refiere a los principios rectores de la sentencia y resolución, destacándose, la proporcionalidad de la respuesta jurisdiccional, ajustada a las circunstancias y necesidades del sujeto; la utilización de la privación de libertad como último recurso; y el bienestar del menor como pilar fundamental frente a una medida privativa de libertad.
Añadió que la revisión de la pena de menores, conforme los arts. 68 a 85 de la ley 13.634, tenía que ver con las medidas de integración social previstas por la ley 13.298, con la mirada puesta en la resocialización y recuperación del joven, circunstancia que evidentemente no ocurrió, desde que había cometido otro delito. De otra parte, reiteró, que según lo entendía, "... las finalidades invocadas no son muy distintas a las que se persiguen con la pena impuesta a los adultos, conforme los postulados del art. 1 de la ley 24.660".
Concluyó que la condición de mayor de edad del condenado tornaba abstractas muchas de las declaraciones reservadas a los menores de edad, con lo que no encontraba óbice para unificar una sentencia o pena dictada por el fuero minoril con una dictada por un órgano jurisdiccional de adultos. Citó en apoyo de esa decisión la causa P. 129.890 -sentencia de 13-III-2019- de esta Suprema Corte de Justicia.
VI. Ahora bien, la inteligencia del sistema de unificación de penas así interpretada y entendida por el a quo a los efectos de concluir en su aplicación al caso, no viene debidamente replicada, lo cual obsta, por insuficiencia impugnativa, a la viabilidad del reclamo (arg. art. 495, CPP).
Se insiste en que la pena dictada en el fuero de responsabilidad penal juvenil debe quedar al margen de la regla del art. 58 del régimen de la materia, sin controvertir, más allá de la referencia genérica a principios del bloque de constitucionalidad propios del sistema de menores, en particular el de especialidad, lo afirmado por el tribunal revisor en cuanto a que conforme las previsiones de dicho precepto no existe impedimento para llevar a cabo la unificación, siendo que la única limitación reconocida era la que se relacionaba con el instituto de la reincidencia.
Tampoco se cuestiona idóneamente el argumento por el cual, si bien el condenado era menor al momento de cometer el hecho por el cual fue juzgado y condenado en el fuero especial, ahora siendo adulto correspondía considerarlo como tal para la determinación del proceso de unificación del art. 58 del Código Penal. En efecto, la defensa nada dice en torno a que el presupuesto fáctico del sistema de la justicia penal juvenil, según la Casación, había desaparecido desde que Á. debía ser tenido como adulto.
Para más, la cita de postulados contenidos en tratados internacionales que aluden a la especialidad del fuero aparecen como meras expresiones dogmáticas desvinculadas de las concretas constancias de la causa.
De igual modo quedan sin sustento las demás alusiones formuladas a remolque del planteo principal relativo a la imposibilidad de unificar penas de mayores con una del régimen de responsabilidad penal juvenil, que ya fuera desestimado, en tanto la parte no ha logrado demostrar que la interpretación efectuada por el a quo del tantas veces citado art. 58 del régimen penal importe una exégesis irrazonable del texto legal encasillable en la doctrina de la arbitrariedad que invoca.
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Abro respetuosa disidencia, pues es mi parecer que el recurso intentado debe prosperar.
II. La defensa particular del imputado denuncia arbitrariedad de la sentencia por la errónea aplicación del art. 58 del Código Penal al haberse unificado penas de dos procesos, uno seguido en el fuero de responsabilidad penal juvenil y el otro en el fuero de mayores.
Alega vulneración del interés superior del niño (art. 3.3, CDN; Reglas de Beijing; Reglas de La Habana; Directrices de Riad), dado que la unificación decidida no protege en forma integral sus derechos.
Afirma que el pronunciamiento dictado en el proceso de menores no es una "sentencia condenatoria" en los términos del art. 58 del Código Penal ya que no tiene carácter punitivo sino tuitivo.
En ese marco, alude a los arts. 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño para sostener que lo allí prescripto se complementa con las Reglas de Beijing, estableciendo los fines del proceso penal seguido a personas menores de edad.
Expone que si no es posible la inscripción en el registro de mayores del antecedente de una persona menor de edad, ni tampoco considerar ese antecedente del fuero de menores a los fines de la reincidencia, mucho menos puede ser utilizado para generar una pena única.
Indica que en la unificación de penas no hay más que una unificación de las consecuencias de dos condenas, que se impone en la medida que dichas consecuencias coexistan y que, en virtud de la especialidad del fuero, no corresponde computar la condena impuesta en un proceso de la justicia de responsabilidad penal juvenil. Cita el precedente "Maldonado" de la Corte federal. Y, como corolario, refiere que la sanción impuesta controvierte derechos de raigambre constitucional con fundamento en la imposibilidad manifiesta de satisfacer los fines señalados por la Convención sobre los Derechos del Niño.
III. Previo a ingresar al fondo del reclamo, reseñaré brevemente lo resuelto sobre el punto por el Tribunal de Casación Penal.
El juez Kohan -que concitó la adhesión simple del juez Natiello- destacó que Á., al tiempo de cometer el delito por el cual resultó condenado por el Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Morón (26 de julio de 2019), ya contaba con la condena de ejecución en suspenso dictada en la causa del fuero de menores, dándose así uno de los supuestos previstos en el art. 58 del Código Penal.
Consideró que no existía impedimento para unificar, conforme las previsiones del mentado precepto legal, una condena dictada en la jurisdicción penal juvenil y otra en la de mayores, siendo que la única limitación que se reconoce se relaciona con el instituto de la reincidencia de jóvenes en conflicto con la ley penal, de acuerdo a lo normado en el art. 5 de la ley 22.278, que prescribe que las disposiciones relativas a la reincidencia no son aplicables al menor que sea juzgado exclusivamente por hechos que la ley califica como delitos, cometidos antes de cumplir los dieciocho años de edad.
Destacó que el presupuesto fáctico del sistema de la justicia penal juvenil había desaparecido, dado que el condenado ya no era más un menor de edad sino un adulto, pues había pasado de la infancia a la adultez, con todas las consecuencias que ello implica. "Ergo, [-concluyó-] resulta un contrasentido reclamar para un adulto la aplicación de preceptos que están reservados a los menores de edad tales como los referidos al fin de [la] pena" (conf. arts. 37 y 40, CDN).
Agregó que si bien varios de los postulados establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño coinciden con las características que reviste el proceso penal de mayores, la diferenciación se da a partir del punto 4 del art. 40, el cual proclama que "Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción".
Recordó también que las Reglas de Beijing establecen varias pautas que permiten determinar cuáles son los fines del proceso penal seguido a personas que aún no habían alcanzado la mayoría de edad. En tal sentido, señaló que los arts. 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 del nombrado cuerpo normativo aluden a pautas integradoras y educativas a los fines de lograr una comunión entre los intereses de la sociedad y la integración de los jóvenes en dicho ámbito. Añadió que "...el art. 5 de las mismas reglas establece los objetivos de la justicia minoril, determinando que '...El sistema de justicia de menores hará hincapié en el bienestar de éstos y garantizará que cualquier respuesta a los menores delincuentes será en todo momento proporcionada a las circunstancias del delincuente...'".
Citó además el art. 17, que refiere a los principios rectores de la sentencia y resolución, y destaca la proporcionalidad de la respuesta jurisdiccional, ajustada a las circunstancias y necesidades del sujeto; la utilización de la privación de libertad como último recurso; y el bienestar del niño como pilar fundamental frente a una medida privativa de libertad.
Añadió que la revisión de la pena impuesta a los niños, conforme los arts. 68 a 85 de la ley 13.634, tiene que ver con las medidas de integración social previstas por la ley 13.298, cuya finalidad radica en la resocialización y recuperación del joven, circunstancia que evidentemente no había ocurrido en el caso, ya que Á. había cometido otro delito. De otra parte, afirmó que, según lo entendía, "...las finalidades invocadas no son muy distintas a las que se persiguen con la pena impuesta a los adultos, conforme los postulados del art. 1 de la ley 24.660".
Concluyó que la condición de mayor de edad del condenado tornaba abstractas muchas de las declaraciones reservadas a los menores de edad, con lo que no encontraba óbice para unificar una sentencia o pena dictada por el fuero penal juvenil con una dictada por un órgano jurisdiccional de adultos. Citó en apoyo de esa decisión la causa P. 129.890 (sent. de 13-III-2019) de esta Suprema Corte.
IV. En mi opinión el recurso es procedente (art. 496, CPP; conf., con sus diferencias, mi voto en causas P. 131.562, sent. de 15-IX-2020 y P. 134.971, sent. de 4-IV-2022). Veamos.
IV.1. Inicialmente, conviene dejar aclarado que el hecho de que en la actualidad J. I. J. Á. sea mayor de edad de ningún modo puede tornar abstracta la aplicación de las normas específicas del fuero penal juvenil, pues lo que determina el régimen legal aplicable es la edad que tenía el nombrado al momento de cometer el hecho. Entonces, dado que Á. era menor de edad para el tiempo del hecho por el que el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 de Morón le impuso pena en la causa n° 1039, deben aplicarse las normas específicas que rigen en la justicia penal juvenil a lo largo de todo el proceso penal, incluyendo obviamente la etapa de imposición y ejecución de la pena en lo que a esta condena respecta (arts. 3, 37 y 40, CDN; 4, ley 22.278; Directrices de Riad; Reglas de Beijing; conf. CSJN Fallos: 328:4343, cons. 22° y 23° y 332:512).
Un niño puede transformarse en adulto durante el desarrollo del proceso penal, pero el
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