Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136990
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.990, "López González, Héctor Miguel. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 108.814 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres.
De las actuaciones digitalizadas obrantes en el sistema informático Augusta se desprende que el Juzgado de Ejecución Penal n° 1 del Departamento Judicial de La Plata, por resolución del día 11 de junio de 2020, denegó el ingreso al régimen de libertad condicional peticionado por la señora defensora oficial en favor de Héctor Miguel López González -causa n° 12.703-.
La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, a través de la decisión de fecha 11 de septiembre de 2020, rechazó el recurso homónimo en el que la parte había solicitado -en lo pertinente- la declaración de inconstitucionalidad del art. 14, segunda parte del Código Penal y confirmó la decisión impugnada -causa n° CP 28.309/2-.
Deducido recurso de casación por la señora defensora oficial, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento de 16 de julio de 2021, lo declaró admisible y lo rechazó por improcedente, sin costas -causa n° 108.814-.
Frente a esa decisión, el señor defensor oficial adjunto de Casación, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue declarado admisible por ese tribunal intermedio (conf. resol. de 19-IV-2022).
Oído el señor Procurador General (conf. dictamen de 1-XII-2022), dictada la providencia de autos el día 5 de diciembre de 2022 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal solicitó en la vía impugnativa extraordinaria en trato que se declare la inconstitucionalidad del art. 14, segunda parte del Código Penal -conforme la redacción dada por la ley 25.892- en cuanto allí se establece que la libertad condicional no se concederá en los casos previstos en los arts. 80 inc. 7, 124, 142 bis anteúltimo párrafo, 165 y 170 anteúltimo párrafo del mismo cuerpo legal.
Ello así, en tanto entendió que la citada norma prohíbe la concesión del mencionado beneficio anticipado por el solo hecho de haber sido el sujeto condenado por alguno de los delitos especificados, sin importar ningún dato relativo al modo en que se ejecutó la pena impuesta, tanto en su aspecto objetivo como subjetivo.
I.1. En ese marco, denunció la afectación del principio de igualdad ante la ley y del derecho a la resocialización como fin de la pena privativa de la libertad impuesta en el caso (arts. 18, Const. nac.; 7 y 10.3, PIDCP y 5, CADH).
Luego de efectuar diversas consideraciones teóricas acerca de la finalidad de la pena conforme los postulados de la prevención especial positiva y de citar diversos precedentes de la Corte federal en sustento de su postura, adujo que "No resulta lógico que [su] asistido sea impedido de acceder a la última etapa del régimen de ejecución de la pena, basándose dicho impedimento en el mero hecho de haber cometido determinado delito, aspecto objetivo de la ley penal que de ningún modo puede prevalecer sobre el fin último de la pena privativa de libertad".
Adunó a ello, que la interpretación del art. 14 efectuada por el tribunal intermedio "...se enfrenta a la engorrosa situación de ponderar una presunción anticipada y de naturaleza apodíctica respecto de la prognosis de reinserción del hombre penado, dejando de lado la posibilidad de evaluación empírica y concreta tras años de encierro".
Explicó que la variable para avanzar en la readaptación social del condenado no puede ser otra que las mejoras obtenidas en sus condiciones personales, con lo cual "...el tipo de delito por el cual se lo condenó nunca podrá constituirse en el dato definitorio para que se decida si se debe avanzar en el tratamiento o no. En todo caso será un dato más entre todos los que deberán tenerse en cuenta para definir el tratamiento más adecuado, pero nunca, podrá funcionar como única variable para quitar una de sus etapas fundamentales".
Agregó que "...este tratamiento diferente que se propone incumple con la manda constitucional pues el fin de resocialización deja de ser el 'esencial', como marcan el Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos] y la Convención [Americana sobre Derechos Humanos], ya que, como se ha demostrado resulta imposible lograr dicho fin desde una situación de encierro".
Destacó, con relación a la reforma legislativa introducida al Código sustantivo por la ley 25.892, que "...no fue [...] para acentuar el derecho constitucional a la readaptación social sino, por el contrario, existió una clara intención de utilizar la pena sólo para excluir a los 'delincuentes' de la sociedad y así poder defender, proteger y amparar a las víctimas, tal las propias palabras de los legisladores".
Por último, dijo que el órgano revisor "...dejó de lado la finalidad resocializadora como argumento esencial al momento de evaluar la procedencia o no de la libertad [condicional] de [López González] y se inclinó por la justificación exclusiva en el tipo de delito que cometió", apartándose de ese modo de la manda constitucional que lo ampara a fin de obtener el beneficio liberatorio en cuestión.
I.2. Luego, denunció la violación del principio de igualdad ante la ley (arts. 16, Const. nac.; 24, CADH y 3, PIDCP).
En lo concreto, argumentó que "...restringir el régimen de progresividad en la ejecución de la pena a determinados ciudadanos [...] haciendo fincar tal restricción en el delito cometido, no sólo le quita a la pena el objetivo constitucional y convencionalmente asignado, sino que además, organiza la discriminación de un grupo de personas sobre una base no razonable" y que "La selección es arbitraria porque no guarda ninguna relación con el derecho que se va a modificar".
Adujo que el grupo de delitos identificados en el art. 14 del Código Penal para darles un distinto tratamiento legal en orden a la imposibilidad de conceder en esos supuestos la libertad condicional "...no tiene sustento en ninguna circunstancia relacionada propiamente con la ejecución de la pena e incluso ni siquiera resulta ser homogéneo, esto es, no se le aprecian características comunes que justifiquen la agrupación", y que -por otro lado- las disposiciones supralegales que establecen la readaptación social "...no prevén restricción alguna basada en el mero reproche o repulsa social que puedan tener determinadas conductas, por más graves que ellas puedan resultar".
Asimismo, en aval de su postura, invocó los precedentes "Nápoli" y "Veliz, Linda Cristina s/ causa n° 5640" de la Corte federal y señaló que "...no se entiende y el Tribunal de Casación no lo ha explicado, cu[á]l fue el criterio utilizado por el Congreso Nacional y la Legislatura bonaerense para agrupar los tipos penales enunciados en el art. 14 del [Código Penal]".
Concluyó que "...la discriminación realizada por la ley para brindarle al imputado de autos, un régimen de ejecución de la pena distinto del universo de condenados a pena privativa de libertad, basado exclusivamente en el hecho de haber sido condenado por [un] delito de los enumerados en el art. 14 del C.P., es arbitrario, pues, el criterio de diferenciación no es objetivo y razonable, en consecuencia, es violatorio de los arts. 16 y 75 incs. 22 y 23 de la Const. Nacional, 24 de la Convención Americana [sobre] Derechos Humanos y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, correspondiendo se declare su inconstitucionalidad".
II. El señor Procurador General emitió su dictamen propiciando el rechazo del remedio en examen.
Coincido con él.
III. Frente a similares cuestionamientos llevados a conocimiento del órgano revisor, dicho tribunal recordó -a través del sufragio del señor juez ponente doctor Natiello, que concitó la adhesión simple del señor juez doctor Kohan- que en numerosas oportunidades ha resuelto que "La declaración de inconstitucionalidad debe obedecer a una cuestión grave y manifiesta, circunstancia que en el caso no se observa, toda vez que las leyes dictadas por el Congreso de la Nación se presumen válidas, amén la interpretación propiciada por la norma en cuestión no hace más que introducirse en temas relativos de la política criminal del Estado".
Expresó, con sustento en doctrina de esta Suprema Corte y de la Corte federal, que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o decreto constituye un acto de suma gravedad institucional, con lo cual debe ser considerada la ultima ratio del orden jurídico, y que la suficiencia de una impugnación de índole constitucional exige la exposición del modo en que la norma cuestionada quebrantaría las cláusulas constitucionales invocadas y que exista una relación directa entre aquella y estas.
Explicó en concreto que "...nada de ello ocurre en el caso en estudio, dado que no se violenta principio constitucional alguno con una mera norma en la que entran en juego -para una sana discreción del legislador- razones de política criminal y por ende, excede el ámbito del examen 'la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones' ('Pupelis, María', C.S.J.N. 14/5/91). Todo lo precedentemente expuesto [...] persuade [-al órgano revisor-] que los textos legales censurados por la defensa no transgreden el contenido del artículo 16 de la Constitución Nacional ni, de igual modo, el de los artículos 28 y 31 de la misma".
Luego de señalar que la redacción de la norma cuestionada obedece a una cuestión de política criminal y de técnica legislativa, dijo -con apoyo en doctrina de autores- que "...al estructurarse en nuestro país la división de poderes y de funciones, inherente a nuestro sistema constitucional de gobierno, aceptándose que el Poder Judicial es el guardián de la constitucionalidad, para así asegurar la supremacía de la Carta Magna, se abre de inmediato una excepción, puesto que el ejercicio por parte de cada uno de los poderes de competencias que le son privativas, es estrictamente político, y en su ámbito no puede penetrar la revisión judicial".
Expuso, seguidamente, que "El efecto de esta construcción es que las decisiones adoptadas en tales materias por el ejecutivo o el legislativo se agotan en la propia instancia de la que emanan, sin que puedan ser llevadas a través de una cuestión de constitucionalidad ante las cortes judiciales. Así, la estructuración, organización y delimitación de competencias a través del dictado del ordenamiento legal procesal, es una facultad política inherente al órgano legislativo, conforme lo dispuesto en los artículos 75 inciso 20 de la Constitución Nacional y 166 de la Constitución de la Provincia -sin perjuicio de las eventuales posibilidades reglamentarias concedidas al ejecutivo, o en algunos casos, al judicial-, que se encuentra exenta de todo control judicial, en tanto se respeten las normas básicas contenidas sobre el punto por la Constitución Nacional".
Trajo a colación como refuerzo argumental la doctrina legal de la Corte federal en el mencionado precedente "Pupelis, María", en cuanto a que "... la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional ya que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas, esto es, dictadas de acuerdo a los mecanismos previstos en la Ley Fundamental, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente y que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula sea manifiesta, clara e indudable. La Corte Suprema [de Justicia de la Nación], al ejercer el elevado control de constitucionalidad debe imponerse la mayor mesura, mostrándose tan celosa en el uso de sus facultades como del respeto a la Carta Fundamental, con carácter privativo a los otros poderes".
Consideró, en lo particular, que "...la libertad condicional es un derecho establecido a favor del condenado que modifica la forma de cumplimiento de la pena, pero no permite su acortamiento. Sentada la base que consiste en el reconocimiento del instituto como una forma de cumplimiento de pena [...] no se verifica la alegada violación al principio de igualdad ante la ley que emana del art. 16 de la Constitución Nacional desde que nada impide que se otorguen a unos -los condenados a otros delitos- ciertas concesiones que no se confieren a quienes no están en análoga situación", y que "...resulta imposible sostener la violación a la garantía invocada toda vez que no hay distingos en el universo de sujetos que revistan iguales calidades".
Explicó, además, que "...lo que buscó el Congreso Nacional a través de la reforma legislativa -ley 25.892 [con relación al instituto de la libertad condicional]- fue ajustar el tratamiento penitenciario, como un modo de propender a que el encausado internalice la gravedad de la lesión social que ha provocado con su conducta ilícita y, de esa manera, lograr los fines de la resocialización de la pena".
Expresó, por otra parte, que "...así como con el caso de la reincidencia, estamos frente a una postura de política penitenciaria establecida por el legislador, que fija un determinado tratamiento resocializador para los autores de conductas delictivas determinadas (de altísima gravedad), que no aparece como lesiva a principio constitucional alguno y, por tanto, sometida a control judicial".
Trajo a colación la opinión de Sebastián Soler sobre este instituto en orden a que: "'...la libertad anticipada es una modalidad que, dentro del sistema progresivo que adopta nuestra ley, asume la pena privativa de libertad y es perfectamente lícito y constitucional que el legislador haya dispuesto cuáles son las condiciones y requisitos que ese beneficio necesita para ser concedido. Además de ser legítimo y razonable privar de ese privilegio a quien por su conducta ha demostrado no ser merecedor de él, parece entonces válida la crítica de que los tribunales no pueden por su cuenta y riesgo, arrogándose facultades que no tienen, modificar un importante aspecto de la política criminal delineada por el legislador'".
Destacó, a renglón seguido, que "Por tanto, existe un fundamento razonable para hacer la distinción contenida en la segunda parte del art. 14 del Código Penal [-texto según ley 25.892-], la que prevé la prohibición respecto a que no podrá otorgarse el beneficio de la libertad condicional a los condenados por el delito de homicidio en ocasión de robo (art. 165 del C.P.) [...] por la cual el legislador se encuentra facultado para establecer, dentro del amplio margen que le ofrece la política criminal, las consecuencias jurídicas que estime conveniente para cada caso y como cimiento de sus bases esenciales", y que "Las normas en cuestión no obstan a la resocialización del condenado, toda vez que del art. 1 de la ley 24.660 surge que 'La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender, y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad'. Así las cosas, se desprende que durante el transcurso de tiempo en que el condenado permanezca privado de su libertad, es función del Estado arbitrar todos los medios necesarios para lograr esa finalidad; ya que tal como se expusiera más arriba, todo condenado a pena privativa de la libertad cuenta con la posibilidad de recuperarla".
Sumó que "...el condenado podrá lograr una paulatina atenuación de las restricciones inherentes a la pena, al obtener un cambio de sección o grupo dentro del establecimiento penitenciario o su traslado a otro (art. 14 de la ley de ejecución penal nacional 24.660)", y que "...en los últimos seis meses de su condena previos al otorgamiento de la libertad condicional si correspondiere, será pasible de adquirir salidas transitorias a razón de un día (1) por cada año de prisión o reclusión cumplida en los cuales haya efectivamente trabajado [o] estudiado (art. 100 párrafos 5, 6, 7 y 8 de la ley de ejecución penal provincial 12.256)".
Manifestó, a su vez, que "Tampoco se incumple con la aludida finalidad establecida por las normas internacionales, la reforma y readaptación social del condenado (específicamente artículo 5, inciso 6º, del Pacto de San José de Costa Rica y artículo 10, inciso 3º, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos antes citados) dado que esas normas indican '...la finalidad «esencial» que debe perseguir el Estado en el legítimo ejercicio del «ius puniendi», cual es la «reforma y readaptación social» de los condenados; y si bien, de tal suerte, marcan una clara preferencia en torno aquel objetivo llamado de prevención especial -del que [...] no resultan excluidos los condenados a prisión perpetua-, evidentemente no obstaculizan otros fines que el legislador adopte, y que no se enfrenten a la interdicción también prevista en nuestra Constitución nacional de que las cárceles sean para castigo'".
Consideró, en definitiva, que el agravio de la defensa en orden a que el art. 14 del Código Penal atenta contra la resocialización de la persona condenada constituía un enunciado dogmático vacío de contenido, y afirmó que esa finalidad resocializadora de la pena privativa de la libertad es esencial pero no excluyente. Así, sostuvo -con cita de doctrina de autores- que las modificaciones a la ley nacional 24.660 -como la operada por la ley 25.948- relativizaron el propósito resocializador al introducir "...un componente inocuizador que no puede ser soslayado en la interpretación integral de ese cuerpo normativo [...] Esto lleva igualmente a concluir que de ningún modo nuestro régimen legal impide asignar a la pena privativa de la libertad un fundamento retributivo, y más allá de cuál sea el sentido que se le asigne a la retribución en sí misma, lo cierto es que su razonabilidad se ve asegurada ante la constatación de que ella respeta las exigencias propias del principio de proporcionalidad".
Por los fundamentos expuestos, concluyó que correspondía rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 14, segunda parte del Código Penal.
IV. Lo así decidido no ha sido debidamente impugnado por la parte (doctr. art. 495, CPP).
En efecto, los cuestionamientos traídos por la defensa oficial para objetar lo resuelto por el tribunal intermedio no pasan de una interpretación distinta de la figura en trato y no demuestran de modo inequívoco su contrariedad con la Constitución nacional.
Cabe recordar que esta Corte ya ha rechazado, en reiteradas ocasiones, objeciones de inconstitucionalidad del art. 14, segunda parte del Código Penal basadas en argumentos similares a los que trae el recurrente (conf., mutatis mutandis, causa P. 135.058, sent. de 13-IV-2022, voto de mi distinguido colega el doctor Torres al cual presté mi adhesión, y doctr. causas P. 127.747, sent. de 4-VII-2018; P. 131.225, sent. de 17-IV-2019; P. 131.703, sent. de 18-XII-2019; e.o.).
El régimen de la libertad condicional (arts. 13 a 17, Cód. Penal) es una manifestación de la política del legislador nacional dirigida a graduar el uso del encierro carcelario. Tanto la configuración de los bienes penalmente protegidos, los comportamientos penalmente reprochables, el tipo y la cuantía de las sanciones penales y la proporción entre las conductas que se pretende evitar y las penas con las que se intenta conseguirlo son potestad exclusiva del legislador, q
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