Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135658
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.658, "Galera, Rubén César. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 97.246 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 28 de septiembre de 2020, hizo lugar parcialmente al recurso de la especialidad interpuesto por la defensa de Rubén César Galera contra la sentencia de unificación de penas dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata que, en incidente de la causa 2.510, había impuesto al nombrado la pena única de treinta y siete años de prisión con más declaración de reincidencia y accesorias legales, comprensiva de la de diecisiete años de prisión impuesta en causa 2.510 de ese Tribunal por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por su comisión con arma y grave daño en la salud mental de la víctima; la de un año y seis meses de prisión y declaración de reincidencia dictada en causa 8.221 del Juzgado en lo Correccional n° 1 departamental en orden al delito de abuso sexual simple en grado de tentativa; y, por último, la de veintidós años de prisión y declaración de reincidencia recaída en causa 6.463 también del citado Tribunal n° 3 por el delito de robo agravado por el uso de arma en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma. En consecuencia, casó el fallo impugnado, declaró que la pena a unificar de la causa 2.510 era de dieciséis años y seis meses de prisión. Asimismo, asumió competencia positiva y, en vista al resto de las pautas atenuantes y agravantes valoradas por la instancia anterior, adecuó el monto de la sanción impuesta al nombrado Galera a la pena de treinta y seis años y diez meses de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la de dieciséis años y seis meses de prisión impuesta en la aludida causa 2.510 del Tribunal en lo Criminal n° 3 departamental por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por su comisión con arma y grave daño en la salud mental de la víctima, y de las demás penas anteriormente aludidas (v. fs. 66/72 vta.).
Frente a lo así decidido, la señora defensora adjunta ante la citada instancia, doctora Ana Julia Biasotti, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 78/86), el cual fue declarado parcialmente admisible por el tribunal revisor (v. fs. 87/89 vta.). Ello motivó la interposición de queja ante esta Suprema Corte por la parcela denegada (v. fs. 95/97 vta.), que la admitió, declaró mal denegado el recurso articulado y lo concedió en orden a la denuncia de violación al debido proceso, defensa en juicio y la doble instancia (v. fs. 100/102).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 109/114), dictada la providencia de autos (v. fs. 116) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Contra el pronunciamiento reseñado en los antecedentes, la señora defensora oficial adjunta formuló dos agravios.
I.1.a. En primer lugar, denunció la errónea interpretación de los arts. 55 -en su versión anterior a la ley 25.928- y 227 ter, ambos del Código Penal, como así también la vulneración de los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de la pena, y de los arts. 77 inc. 1 "a" de la ley 25.390 "Estatuto de Roma", 9 de la ley 26.200, 5.3. de la Convención Americana de Derechos Humanos y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (v. fs. 80).
Criticó la respuesta dada por la mayoría del órgano revisor a los planteos de la defensa sobre el monto de la pena única aplicada, decisión que tildó de arbitraria por inadecuada aplicación del derecho vigente, con la consecuente afectación del debido proceso y la defensa en juicio (art. 18, Const. nac.; v. fs. cit.).
Siguiendo el voto en disidencia sobre el punto del juez Mancini, expresó que la ley 25.928 vino a zanjar las distintas interpretaciones en cuanto a cuál era el máximo de la pena de prisión temporal a los fines del art. 55 del Código Penal "...que tuvo como punto de partida la elevación del tope punitivo de conformidad con el art. 227 ter del código de fondo, que así arrojaba un máximo de 37 años y 6 meses de prisión; transgrediendo tal interpretación [el] principio de racionalidad, pues [...] dicho tope punitivo resultaba de mayor gravedad a las penas perpetuas" (fs. 81 vta.).
Agregó que "...la interpretación del tribunal de grado fue el resultado de una descontextualización con los sistemas que regulaban la libertad condicional, la tentativa, la participación, la inhabilitación, concluyendo que al tiempo del anterior art. 55 del CP aplicable al caso, el máximo de la pena temporal era de 25 años de prisión o reclusión" (fs. 82).
En aval de su postura, citó el voto minoritario del doctor Zaffaroni en el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Estévez" (v. fs. 82 y vta.), y destacó que la ley 26.200 -de implementación del Estatuto de Roma- "...no incorpora el máximo de treinta años del Estatuto a la prisión temporal, como sería el caso en que la pena temporal máxima interna fuese superior a ese tiempo, sino que lo reduce a veinticinco años. Esto importa que regresa al máximo tradicional de la especie de pena, conforme lo establecía la versión original del art. 55 del CP" (fs. 82 vta.).
En función de lo dicho, sostuvo que el tribunal intermedio no ajustó la decisión del tribunal oral a la legislación imperante y, de esa forma, se habría aplicado a su asistido una pena mayor a la que le hubiera correspondido si hubiera cometido un crimen de lesa humanidad o de guerra, para los que se prevé una escala de 3 a 25 años de prisión (v. fs. 83).
I.1.b. Asimismo, denunció que, en el caso, el mandato constitucional de resocialización no podría cumplirse, porque la edad de Galera a la fecha del recurso, el monto de la pena única aplicada y su calidad de reincidente impediría que se cumpla con el fin de readaptación a la sociedad. Además, estimó que la sanción impuesta resultó cruel, inhumana y degradante (v. fs. 83 vta.).
I.2. En subsidio, la recurrente denunció la violación al debido proceso, la defensa en juicio y la doble instancia (arts. 18, Const. nac.; 15, Const. prov.; 8.2.h., CADH y 14.5, PIDCP).
En esa dirección, apuntó que el tribunal intermedio, al hacer lugar parcialmente al recurso de casación con relación a la pena a unificar en la aludida causa 2.510, debió reenviar las actuaciones a fin de dar oportunidad a las partes de debatir ampliamente sobre la pena que finalmente se debía imponer (v. fs. 84 y vta.).
Explicó que "...la determinación del número de pena que finalmente se imponga, se relaciona con la producción de material probatorio -especialmente por la posibilidad de incorporar nuevas circunstancias atenuantes sobrevinientes que puedan repercutir en la estimación de pena que se formule-, no tratándose de un simple análisis matemático" (fs. 84 vta.).
Consideró que, a partir de una errónea actuación de parte del tribunal revisor, se limitó el ejercicio del derecho de defensa y la garantía de doble instancia como revisión amplia del fallo de condena (conf. CSJN Fallo: "Casal" y art. 8.2.h., CADH; v. fs. cit.).
Citó lo resuelto en los casos "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" y "Castillo Petruzzi y otros vs. Perú" por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 85 y vta.).
En definitiva, insistió en que se debieron reenviar los autos a la instancia de origen para la determinación de una nueva sanción, a fin de que -previa audiencia con el imputado- se evalúe no solo el monto de la pena única, sino también las posibles circunstancias sobrevinientes y, de esta forma, considere la pena única a imponer en definitiva (v. fs. 85 vta.).
II. El señor Procurador emitió su dictamen propiciando el rechazo del remedio en examen (v. fs. 109/114). Coincido con él.
III. El reclamo vinculado con la errónea aplicación de los arts. 55 -en su versión anterior a la ley 25.928- y 227 ter, ambos del Código Penal, no procede, pues la parte no se hizo cargo de replicar adecuadamente la postura mayoritaria del órgano revisor al motivar su decisión sobre dicho extremo.
III.1. En efecto, la Sala II del Tribunal de Casación Penal -a través del voto de la doctora Budiño, al que adhirió el doctor Natiello- resolvió que, en el caso, no se advertía transgresión al art. 55 del Código Penal con relación al monto de pena máximo que podía aplicarse a Galera.
Inicialmente recordó que el tribunal de mérito había expresado que, si bien las partes no habían efectuado planteos con relación a la escala penal que debía acogerse para la determinación del monto de la sanción en el caso concreto, era conveniente detenerse en la cuestión; para lo cual, explicó que "El primer hecho por el que fuera condenado Rubén Oscar (sic) Galera data del 23 de abril de 2003 y a esa época se encontraba vigente la anterior redacción del art. 55 del Código Penal, reformado por la Ley 25.928 del 10/09/04. Así, para establecer el monto máximo de la pena deben conjugarse dos normas del Código Penal, cuales son los artículos 79 y 227 ter, arrojando como resultado treinta y siete años y siete meses..." (fs. 68 vta.).
Luego expresó que, contra ello, los argumentos de la defensa no lograban conmover dicha fundamentación "...en tanto las referencias a la inaplicabilidad de la escala resultante por aplicación del art. 227 [ter] C.P o que el máximo de pena de 25 años por aplicación del Estatuto de Roma o por ser una pena cruel, inhumanos o degradantes, con cita en los arts. 5.3 C.A.D.H y 5 D.U.D.H, no son suficientes para demostrar el yerro o desacierto del Tribunal, exhibiendo así el recurso una insuficiencia argumental que permita conmover lo resuelto" (fs. 68 vta. y 69).
Añadió que la solución de aplicar penas mayores a los 25 años de prisión en los términos de los arts. 55 y concordantes del Código Penal, previo a la reforma de la ley 25.928, era su postura sobre la cuestión, y que tal solución había sido validada mutatis mutandi en diversos fallos de esta Suprema Corte y en el fallo "Estévez" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 69).
Concluyó que, en dicho contexto, el fallo impugnado no evidenciaba infracción legal alguna, ni violación al principio de legalidad, la Constitución nacional o a los tratados internacionales de los Derechos Humanos (v. fs. cit.).
III.2.a. Frente a lo así decidido, el planteo realizado por la recurrente se muestra insuficiente para rebatir eficazmente el desarrollo argumentativo efectuado por el tribunal intermedio (art. 495, CPP).
En efecto, la defensa insiste aquí en que la escala penal no puede superar los veinticinco años de prisión, pero no se hace cargo de rebatir los fundamentos brindados por las instancias anteriores al pronunciarse sobre la cuestión en crisis. Tal como lo señala el señor Procurador General en su dictamen, el planteo -en esencia- es una reedición del agravio que portara el recurso de casación, lo cual devela una técnica recursiva ineficaz, dado que no se hace cargo ni refuta la base motivacional de la decisión impugnada (conf. causas P. 119.795, sent. de 2-XII-2015; P. 127.180, sent. de 15-VIII-2018; e.o.).
Sobre la temática cuestionada, resultan aplicables al caso las siguientes consideraciones formuladas por esta Suprema Corte, mutatis mutandi , en la causa P. 134.709 (sent. de 24-VIII-2021, del voto de la doctora Kogan, al que presté adhesión).
Allí se dijo que este Tribunal, ya en otras oportunidades, ha desestimado por insuficientes argumentos que pretendían poner en jaque una interpretación como la realizada en autos, basándose en las incongruencias que generaría una pena temporal superior a los veinticinco años respecto del cálculo de diversas instituciones como la libertad condicional, la tentativa, la participación, o la rehabilitación para las penas de inhabilitación (conf. art. 495, CPP; v. causas P. 127.708, sent. de 13-XII-2013; P. 116.101, sent. de 12-III-2014; e.o.).
Por otro lado, aun sin desconocer que la tesis que expusiera el voto minoritario del doctor Mancini en la presente causa comulga con la opinión razonada de una corriente del pensamiento doctrinario especializado, la misma no ha sido nunca reconocida por nuestro legislador.
Por el contrario, hace ya más de quince años que el Congreso nacional definió como pena máxima de prisión divisible la de cincuenta años (art. 55, Cód. Penal; conf. ley 25.928, B.O., 10-IX-2004). Y si bien también se modificó el requisito temporal para acceder a la libertad condicional para el caso de penas indivisibles (ley 25.892, B.O., 24-V-2004), otras asimetrías pueden observarse aún hoy entre el tope punitivo expresamente vigente e institutos de la parte general (v.gr. arts. 42, 44 y 46, Cód. Penal; e.o.), lo que no abastece por sí solo como un fundamento constitucionalmente invalidante de la norma.
Corresponde destacar que el Máximo Tribunal del país ha tenido oportunidad de expedirse desestimando planteos que objetaban -desde el prisma constitucional- una postura similar a la asumida aquí por el órgano de juicio y confirmada por la Casación.
Efectivamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que: "...el propio art. 55 -en la redacción que aquí interesa- exige al intérprete indagar en la parte especial a fin de establecer el máximo legal previsto para la especie de pena de que se trate", agregando que por sí misma, "...esta sola circunstancia no basta para considerar violado el mandato de certeza (art. 18 de la Constitución nacional), toda vez que el establecer los alcances y matices de los textos legales frente al caso concreto constituye una característica propia de la tarea de aplicación del derecho" (del Fallo "Estévez", sent. de 8-VI-2010; conf., en el sentido indicado, lo resuelto por esta Corte en el precedente P. 127.708, sent. de 13-XII-2013 y P. 116.101, sent. de 12-III-2014, ya cit.).
III.2.b. Por otra parte, las críticas referidas al cercenamiento de las posibilidades de resocialización de Galera no evidencian una contradicción con normas de rango superior; media, aquí también, insuficiencia (art. 495, cit.).
Cabe destacar que los planteos de la defensa no se asientan en la existencia de un perjuicio actual, porque recién ante una eventual denegatoria del acceso a algunos de los regímenes del período de prueba -de corresponder- o derechamente a la libertad cuando se estime agotada la pena, es que cobrarían actualidad los reclamos postulados.
En suma, los cuestionamientos de la impugnante no expresan más que un criterio discrepante, sin lograr demostrar la concurrencia de la arbitrariedad que invoca en lo así decidido ni la violación de las normas que denuncia como transgredidas (doctr. art. 495, CPP).
Al respecto, cabe recordar que "...el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234), circunstancia que no se advierte en el caso de autos.
IV. Finalmente, el reclamo articulado en forma subsidiaria (v. pto. I.2. de la presente) también debe ser rechazado.
IV.1. El tribunal intermedio -en función de los planteos llevados en el recurso interpuesto por la señora defensora oficial del imputado- asumió competencia positiva y acogió el segmento de la impugnación dirigido a cuestionar la individualización de la pena efectuada en causa 2.510.
En esa dirección, hizo lugar al agravio defensista según el cual reclamaba que el Tribunal en lo Criminal al dictar sentencia de unificación de penas no había considerado la reducción de seis meses de pena a la condena de diecisiete años de prisión, dispuesta oportunamente por la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el fallo dictado el 24 de septiembre de 2009 en la causa 20.026 de ese tribunal, al excluir como pauta agravante de esos hechos la especial violencia del acceso carnal por vía anal (v. fs. 4/14).
En consecuencia, casó la ponderación de dicha agravante por parte del Tribunal en lo Criminal y computó, para la unificación de la causa 2.510, la pena de dieciséis años y seis meses de prisión (v. fs. 69 vta.).
Además, recordó que el Tribunal de mérito había expresado que las partes no plantearon circunstancias novedosas sobre atenuantes o agravantes y que, en dicho contexto, había computado como atenuante las "...meritadas en los pronunciamientos que se unifican cuales son la ausencia de antecedentes (al momento de la imposición de la primera de las condenas reseñadas) y el buen concepto informado" y, como agravantes, había reiterado y analizado las valoradas en las sentencias originales. El órgano revisor concluyó que tales circunstancias habían sido correctamente ponderadas, sin existir agravios de la defensa al respecto (v. fs. cit.).
Luego, explicó que el deber de motivación de las sentencias en el nivel de la determinación judicial de la pena "...requiere que se exprese la circunstancia de haber tenido en cuenta los criterios de valoración que prevé el art. 41 del Código Penal que, verificado en el caso en concreto, trasciende el juicio sobre la culpabilidad, incidiendo de ese modo en la magnitud de la pena", concluyendo que el tribunal de origen, al justificar la imposición de la pena, había cumplido las exigencias referentes a la fundamentación contenidas en el art. 106 del Código adjetivo (v. fs. 69 vta. y 70).
A continuación, se ocupó de responder el agravio llevado ante esa instancia acerca de la aplicación del método aritmético en la unificación de penas, justificando por qué el tribunal había utilizado el método composicional y no el aritmético, y que además no había aplicado el máximo de pena posible (v. fs. 70).
Culminó señalando que la defensa se había limitado a exponer un criterio discrepante al del tribunal en un área propia de su ámbito de incumbencia, cual es el procedimiento de adaptación de la pena al caso concreto, ello con la salvedad apuntada al inicio en cuanto se le diera la razón a la parte (v. fs. cit. y vta.).
En consecuencia, tras declarar que la pena a unificar de la causa 2.510 era de 16 años y 6 meses de prisión, asumió competencia positiva y, en vista al resto de las pautas atenuantes y agravantes valoradas por el tribunal de primera instancia que no se habían modificado, adecuó el monto de la pena única impuesta a Rubén César Galera en 36 años y 10 meses de prisión (v. fs. 70 vta.).
IV.2. De lo reseñado, no se advierte vulneración alguna por parte del tribunal revisor a la garantía a la doble instancia y la revisión amplia del fallo, con sustento en que fijó la nueva pena sin reenvío a la instancia de grado. Ello, en virtud de que la parte expresó su discrepancia con lo resuelto, mas no se ocupó de controvertir los argumentos que sustentaron el razonamiento elaborado por el órgano intermedio.
La recurrente no se hizo cargo de lo efectivamente debatido y resuelto en el caso, y lo cuestionó desde la óptica de una opinión personal acerca del alcance que correspondería asignar a la garantía de la revisión amplia del pronunciamiento. Sin embargo, en esos términos, el planteo se devela insuficiente porque no demuestra cuál habría sido la vulneración directa a las garantías de la doble instancia, la defensa en juicio y el debido proceso a través del pronunciamiento casatorio que redujo la pena de Galera.
Por lo demás, tal como lo expresó el señor Procurador General en su dictamen, y con
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.