Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135995
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.995, "Dra. María Laura Elvira D'Gregorio -Fiscal ante el Tribunal de Casación-. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 108.231 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV seguida a Basso, Alejandro Daniel", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan .
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 23 de junio de 2021, rechazó el recurso de la especialidad deducido por la señora Fiscal General del Departamento Judicial de Necochea contra el decisorio de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de ese Departamento Judicial que confirmó el auto dictado por el órgano de grado que decretó la suspensión del juicio a prueba a favor de Alejandro Daniel Basso.
Frente a lo así resuelto, la señora Fiscal de Casación interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue declarado admisible por el tribunal recurrido.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la señora Fiscal de Casación?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La señora Fiscal ante el Tribunal de Casación denuncia arbitrariedad por fundamentación aparente; valoración absurda y parcial de la prueba que se aparta del contenido de las constancias de autos, así como afirmaciones dogmáticas.
I.1. En un primer planteo, explica que en el supuesto de autos "...nos encontramos frente a un delito cometido en un contexto de violencia de género, lo que imponía que se lleve adelante un juicio oportuno, a fin de que se proceda a la condena del culpable, y se dé cumplimiento con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Nacional".
Aduce que lo decidido por la Sala IV ha comportado solo una fundamentación aparente que se aparta del contenido de las constancias de autos efectuando una valoración parcial y sesgada de los elementos de prueba aportados, todo lo cual conlleva la tacha de pronunciamiento arbitrario.
Insiste la recurrente en que el caso que nos ocupa "...importa un delito cometido en un contexto de violencia de género. El imputado de autos ejerció violencia física en varias oportunidades contra quien fuera su novia, en aquel entonces menor de edad. La madre de su novia -y actual víctima de los hechos investigados- fue quien impulsó a su hija para que haga las denuncias correspondientes. Basso fue sobreseído de los hechos por los que fuera acusado en aquella oportunidad por ser menor de edad, pero no por no haber ejercido violencia contra su pareja".
De tal modo, y como argumento en aval de su reclamo refiere que ese contexto es el que debió ser ponderado por los órganos jurisdiccionales intervinientes a fin de decidir si este caso encajaba en uno de tales características. Sostiene que el Ministerio Público Fiscal expresó en cada oportunidad pertinente que las particularidades del hecho investigado impedían que se conceda al imputado la suspensión de juicio a prueba sin afectar los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino. Sin embargo, reitera, la Sala IV efectuó una revisión superflua y aparente de los agravios expresados declarando inadmisible el recurso impetrado.
Puntualiza de seguido que el contexto en el cual se llevaron a cabo las amenazas a la señora R. no puede ser desentendido de los episodios de violencia padecidos por su hija en manos del imputado cuando era su pareja, relación que culminara por la oportuna intervención de su madre.
I.2. Asimismo, ataca la afirmación del Tribunal de Casación en cuanto resolvió que "...el fiscal se ha opuesto a la suspensión del juicio a prueba con un argumento que no se ajusta a las constancias de la causa, dado que al momento de formular la requisitoria de elevación a juicio no hace mención a la violencia de género", argumentando que tal decisión carece de toda razonabilidad y fundamento.
Transcribe de seguido la parte pertinente de la requisitoria de elevación a juicio, en la que se advierte que el representante del Ministerio Público Fiscal desarrolló la relación circunstanciada del hecho, haciendo expresa mención de que se trataba de un supuesto delictivo contra una mujer, que se sentía fuertemente amedrentada, al punto tal de solicitar que se disponga una restricción de acercamiento del imputado hacia la víctima de autos como a su hija -ex pareja-, y alude asimismo a la denuncia de R. donde también se hiciera expresa mención de las violencias vividas en manos del imputado; mención indubitada -concluyó- de la violencia de género que se advierte en el supuesto de autos.
Alega también que, en aquella primera audiencia, y ante el primer requerimiento de la defensa de la aplicación del instituto de la suspensión del juicio a prueba, la Fiscalía expresó su negativa por entender que el hecho imputado importaba un supuesto de violencia de género.
De todo lo expuesto estima que la revisión llevada a cabo por el Tribunal de Casación carece de una fundamentación suficiente lo cual la hace merecedora de la tacha de arbitrariedad.
I.3. Se ocupa luego pormenorizadamente de la cuestión vinculada con la violencia de género.
Luego de transcribir el art. 1 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), en el que se define qué debe entenderse por violencia contra la mujer, señala que es claro que la conducta típica reprochada a Alejandro Daniel Basso debe ser conceptualizada sin lugar a dudas como un supuesto de violencia de género.
Aduce que los hechos investigados, sin lugar a dudas, constituyen violencia contra las mujeres y para dar cuenta de ello, efectuó un repaso de la materialidad fáctica imputada.
En cuanto a las afirmaciones de la Cámara reiteradas por la Casación acerca de que -el episodio bajo examen- se trataría de "...un hecho aislado en el tiempo", en nada obsta -a su entender- a que el mismo sea conceptualizado como un supuesto de violencia de género.
Así, sostiene que los organismos jurisdiccionales no pueden desconocer el contexto de violencias y padecimientos no solo de la señora R. sino también de su hija. La propia imposición de la prohibición de acercamiento a ambas mujeres dispuesta al conceder el instituto en cuestión evidencia el contexto en el cual se dio el delito de amenazas agravadas, lo que impide tenérselo como un hecho aislado en el tiempo.
I.4. Por último, aborda lo vinculado con la responsabilidad internacional asumida por el Estado Nacional Argentino, acceso de las mujeres a la justicia, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (art. 7); Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 5).
En tal orden, apunta que la oposición fiscal oportunamente expresada no es más ni menos que la búsqueda de justicia en un supuesto en el que la víctima es una mujer y el imputado un hombre que ejerció violencia de género contra esta y su hija. El acceso de las mujeres a la justicia debe ser garantizado por el Estado, procurando erradicar la violencia por ella padecida y la impunidad de sus agresores.
Luego de transcribir parte de las Recomendaciones a fin de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres, consideró que la suspensión del juicio a prueba concedida al imputado Basso, y la eventual extinción de la acción penal aun cuando el material probatorio era suficiente para dictar una sentencia de condena, de modo alguno puede ser entendido como un castigo para un delito cometido contra una mujer en un contexto de violencia de género.
Expresa en tal entendimiento que la realización del juicio oral era absolutamente necesaria en el caso. Y suspender el juicio y extinguir la acción penal no solo propaga la impunidad del agresor, sino que además impide que se sepa qué sucedió.
Puntualiza que no puede perderse de vista que la señora R. lleva por tercera vez ante la justicia a Basso por hechos de violencia ejercidos contra su hija y su propia persona, sin recibir respuesta alguna, no alcanzando siquiera al juicio oportuno del denunciado para dilucidar su culpabilidad.
En suma, concluye que la sentencia dictada carece de la debida fundamentación, efectuando afirmaciones dogmáticas, omitiendo aplicar una perspectiva de género y, contraponiéndose con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado nacional al ratificar las citadas convenciones internacionales que regulan la materia (art. 75 inc. 22, Const. nac.).
II. Como lo aconseja la Procuración General, el recurso procede.
III.1. Le asiste razón a la recurrente pues, más allá de la excepcionalidad de la doctrina que invoca -arbitrariedad de sentencias-, no debe olvidarse que ella también procura asegurar respecto del Ministerio Público Fiscal la plena vigencia del debido proceso que se dice conculcado (cfr. doctr. CSJN Fallos: 299:17; 331:2077) exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente (CSJN Fallos: 311:948 y 2547; 313:559 y 321:1909), lo que no se aprecia en el sub examine .
III.2. Para decidir acerca de la inadmisibilidad del recurso de casación señalado en los antecedentes, la aludida Sala IV del tribunal intermedio en el apartado II de su pronunciamiento sostuvo que no se advierte "...en el decisorio impugnado ilegalidad o visos de arbitrariedad (arts. 106 y 210 del CPP), ni que el temperamento allí adoptado comprometa la obligación asumida por el Estado Argentino al adherir a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer por intermedio de la ley 24.632..." (del voto del juez Natiello con la simple adhesión del juez Kohan).
Recordó luego las circunstancias fácticas del caso en análisis: "Que el día 25 de octubre del 2020, siendo aproximadamente las 7:00hs., Alejandro Daniel Basso, de 18 años de edad, se hizo presente en las inmediaciones del domicilio de la calle … nro. … de Quequén, quien se encontraba temblando y exaltado, llevando consigo un cuchillo de 20 cm. de largo con mango de madera en uno de sus bolsillos del pantalón, manifestó a viva voz que quería hablar que saliera, dirigiendo sus palabras hacia la titular de la residencia, la Sra. A. N. R., quien fuera suegra de Basso, refiriéndole; ¿quiere que le muestre algo?, llevando su mano hasta el bolsillo donde tenía el cuchillo, oportunidad en que la Sra. R. por temor de recibir alguna agresión se comunicó con el 911".
Dijo luego "Nótese que la hipótesis fiscal queda circunscripta a dicho suceso presuntamente ocurrido el 25 de octubre del 2020, entre Basso y su ex suegra (denunciante), sin tener en cuenta el contexto y la realidad imperante, situación que, en el presente y particular caso, conduce a confirmar el decisorio, apartándose del dictamen fiscal que se opone al otorgamiento de la probation".
Añadió que "...los órganos jurisdiccionales no pueden desentenderse del contexto particular a la hora de decidir, teniendo especial consideración de las vicisitudes que se presentan por el carácter subsidiario del derecho penal, el cual debe ser aplicado como 'ultima ratio '".
Y agregó "En tal dirección, el a quo ha reparado, con acierto, en que '...no se advierten circunstancias constitutivas de un contexto de violencia de género, sino más bien un hecho aislado en el tiempo, donde no se observan las características de asimetría, desigualdad, dominación, que permitan encuadrarlos en hechos de esta naturaleza. Adviértase en este sentido que la denunciante refiere que, en cuanto a la presencia del imputado en su domicilio '...que se quedó asombrada ya que luego de finalizada la relación con su hija, hace dos años atrás aproximadamente, fueron muy esporádicas las veces que los vio en su casa...'. En síntesis, la circunstancia de haber tenido una relación conflictiva de pareja con su hija, hace dos años atrás, no nos permite decir que este episodio se enmarque en un contexto de violencia de género...".
Consideró asimismo "...que el Fiscal se ha opuesto a la suspensión del juicio a prueba con un argumento que no se ajusta a las constancias de la causa, dado que al momento de formular la requisitoria de elevación a juicio no hace mención a la violencia de género".
Por último, expresó que "...cabe recordar la naturaleza coercitiva que encierra la suspensión del juicio a prueba, que, en el caso, a la luz de las constancias ponderadas por el a quo y transcriptas ut supra , estimo sirve para observar el comportamiento del imputado, que de incumplir con las reglas que se le han puesto al concedérsele la suspensión del juicio a prueba, dará lugar inexorablemente a la reanudación del proceso".
III.3. El sentenciante, al compartir el criterio asumido oportunamente por la Cámara, ha desconsiderado el real alcance de lo acontecido al no percibir en toda su complejidad los actos descriptos por el Ministerio Público Fiscal.
Tal como surge del reclamo, la parte reseñó los antecedentes del caso poniendo de manifiesto lo siguiente: "a) En el marco de la IPP 11-00-005834-20 caratulada 'Basso, Alejandro Daniel', el Dr. Guillermo Horacio Sabatini, Agente Fiscal del departamento judicial Pergamino, formuló el requerimiento de elevación a juicio contra Alejandro Daniel Basso, por el delito de amenazas agravadas por la utilización de arma (art. 149 ter inc. 1 CP), por el hecho ocurrido el 25 de octubre de 2020, del cual resultara víctima la Sra. A. N. R. -madre de la ex pareja del imputado- (fs. 19/23)".
De seguido, prosiguió: "b) Con fecha 17 de noviembre de 2020, el Juez titular del Juzgado de Garantías N° 2 departamental, rechazó los pedidos de sobreseimiento y cambio de calificación articulados por la defensa, e hizo lugar -aun mediando oposición fundada del representante del MPF- a la solicitud de suspensión de juicio a prueba por el término de un año en relación a Alejandro Daniel Basso por el delito de amenazas agravadas (fs. 30/31vta.)".
Argumentó asimismo que "...la Fiscal General departamental, Dra. Analía Duarte, previo a que se resuelva la apelación incoada, expresó que la resolución del a quo se aparta del art. 76 bis cuarto párrafo del CP, contraría la convención Belem do Pará, contradice el precedente de la CSJN 'Góngora', advirtiendo que nos encontramos frente a un caso de violencia de género y citando la ley 24.632 art. 7 (fs. 32/vta.)".
Advirtió la impugnante que el supuesto de autos importa un delito cometido en un contexto de violencia de género; ya que el imputado ejerció violencia física en varias oportunidades contra quien fuera su novia, en aquel entonces menor de edad. La madre de su novia -y actual víctima de los hechos investigados- fue quien impulsó a su hija para que haga las denuncias correspondientes.
En tal entendimiento, puso de resalto los acontecimientos -acudiendo a un orden cronológico- que se desprenden del legajo casatorio. A tal fin, puntualizó que "...conforme surge del contenido de la IPP 11-00-3892-17, el 8 de julio de 2017, siendo aproximadamente las 18.30 hs., el imputado Alejandro Daniel Basso habría tomado del cuello a una joven menor de edad de sexo femenino, con la que mantenía en ese momento una relación de noviazgo. La víctima fue S. A. G., hija de A. N. R., respecto de la que se dispuso una medida cautelar de restricción de acercamiento".
A su vez y "...conforme surge del contenido de la IPP 11-00-4312-17, el 1 de agosto de 2017 el imputado de autos habría proferido dichos amenazantes e intimidatorios vía Facebook contra S. A. G. -hija de la víctima de autos-, y que habría violado una restricción de acercamiento que se hallaba vigente".
En ambos casos si bien se encontró acreditada la participación del joven, se resolvió el sobreseimiento en virtud de las previsiones de los arts. 1, primer párrafo, primer supuesto de la ley 22.278 y 63 de la ley 13.634.
Todo lo expuesto evidencia -según la parte- que el contexto en el cual se llevaron a cabo las amenazas a la señora R. no puede ser desentendido de los episodios de violencia padecidos por su hija en manos del imputado cuando era su pareja.
En definitiva, considera que el juzgador desconectó arbitrariamente la conducta atribuida del contexto de la causa, pues según entendió la señora Fiscal resulta contradictorio lo decidido por las instancias si, por un lado, se concede la suspensión de juicio a prueba, desconociendo que nos encontramos ante un hecho cometido en un contexto de violencia de género; y en ese mismo acto, se dispone que se mantenga la prohibición de acercamiento del causante tanto a la denunciante como a su hija.
De tal modo se pregunta la parte, si se trató de un hecho aislado en el tiempo -como se resolviera-, desvinculado con la violenta relación que tenía el imputado de autos con la hija de la víctima, entonces por qué motivo se impuso tal prohibición de acercamiento.
III.4. Cabe aquí precisar que al decidir el fallo P. 128.468, sentencia de 12-IV-2017, se puso de resalto que para determinar si el hecho imputado debe quedar comprendido o no en los términos de la "Convención de Belém do Pará", debió el juzgador analizar y ponderar -necesariamente- el contexto fáctico y jurídico, esto es, de las circunstancias anteriores y concomitantes que dieron motivo al dictado de la medida restrictiva.
Como se destaca en el dictamen de la Procuración General, el sentenciante desconsideró el real alcance de los hechos y la normativa internacional aplicable al no percibir en toda su complejidad los actos descriptos por el acusador en el requerimiento formulado oportunamente y las constancias de las denuncias acompañadas en las diversas presentaciones impugnativas. Así, la proliferación de las aludidas amenazas remite al contexto de violencia de género.
Cabe señalar lo afirmado en ese sentido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto advirtió que "...la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir" . Y ello, añadió la Corte, "...favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia" (caso González y otras "Campo Algodonero" vs. México, sent. de 16-XI-2009).
III.5. En suma, el Tribunal de Casación mediante el rechazo del recurso de la especialidad, dispuso dar andamiento a la suspensión del juicio sin demostrar que la oposición de la señora Fiscal careciera de motivación adecuada y suficiente, ignorando además los argumentos que dieron pábulo para
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