Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136005
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Diego Martín Minutti Folador, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.005, "Minutti Folador, Diego Martín. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 60.932 y su acumulada 61.112 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria, Torres, Genoud.
El Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de San Martín, mediante el pronunciamiento del 11 de junio de 2013, condenó a Diego Martín Minutti Folador a la pena de trece años y ocho meses de prisión, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio cometido en ocasión de robo.
Contra ese pronunciamiento, la defensa oficial y el representante del Ministerio Público Fiscal interpusieron recursos de casación. La Sala II del Tribunal de Casación Penal -previa acumulación de las actuaciones-, con fecha 5 de junio de 2014 resolvió rechazar el recurso de la defensa y hacer lugar al interpuesto por la fiscalía en lo que respecta a la calificación legal. Así, condenó al nombrado como autor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma en concurso real con homicidio simple, adecuando la pena, que fijó en dieciocho años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas.
La defensa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el cual fue rechazado por esta Corte el 31 de agosto de 2016 (v. causa P. 124.983). Interpuesto el recurso federal, el 1 de octubre de 2019 la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la queja oportunamente planteada, declaró procedente el recurso y dejó sin efecto la sentencia apelada, ordenando el dictado de un nuevo fallo (CSJ66/2018/RH1 "Minutti Folador, Diego Martín s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley").
Reingresadas las actuaciones al ámbito local, esta Corte mediante el pronunciamiento del 26 de diciembre de 2019 hizo lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley oportunamente interpuesto y, en consecuencia, dispuso el reenvío al órgano intermedio a fin de que efectuara una revisión integral de la sentencia de condena con apego al precedente "Casal".
Con fecha 9 de junio de 2021, la Sala II del Tribunal de Casación Penal rechazó el recurso de casación y mantuvo la pena de dieciocho años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas.
Contra esa resolución, la señora defensora oficial adjunta ante la aludida instancia, doctora Ana Julia Biasotti, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue declarado admisible el 22 de octubre de 2021.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 31-VIII-2022), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La defensa denunció la inobservancia de la doctrina legal de esta Corte en la causa P. 110.833, la afectación de los principios de culpabilidad y proporcionalidad de la pena (arts. 18 y 19, Const. nac.) y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable (art. 8.1., CADH).
Sostuvo que el Tribunal de Casación violentó la doctrina mencionada al rechazar la pretensión de ponderar como atenuantes de la pena, la excesiva duración del proceso y las condiciones de detención padecidas por el imputado (a las que calificó de "inhumanas").
Reseñó los fundamentos expuestos en el mencionado precedente P. 110.833 y expuso que los jueces no pueden prescindir de la realidad en la que fallan y en el marco de los arts. 40 y 41 del Código Penal, deben repararse los efectos de aquellas circunstancias que, siendo posteriores al hecho, repercuten menguando la pena proporcional a la culpabilidad.
Alegó que, al rechazar esos planteos por considerarlos insuficientes, el tribunal intermedio dictó un pronunciamiento arbitrario por apartarse de las constancias de la causa, ya que, contrariamente a lo afirmado, oportunamente se habían abordado todos los criterios que exige la teoría de la ponderación para la determinación de la razonabilidad del proceso.
Por otra parte, aseveró que, del mismo modo, se desarrolló con suficiencia el requerimiento de que sea considerada una circunstancia atenuante a las condiciones de detención padecidas por Minutti Folador, haciendo hincapié en la grave crisis humanitaria que atraviesan los centros de detención en la Provincia de Buenos Aires.
Con la transcripción de párrafos de fallos de la Corte federal acerca del derecho a ser juzgado en un plazo razonable y de precedentes de esta Corte que refieren a la posibilidad de que el inadecuado tratamiento procesal al que fue sometido el imputado encuentra reparación en el marco de la determinación de la pena, completó sus argumentaciones haciendo expresa alusión a los informes oficiales, que dan cuenta de la situación de crisis estructural del sistema carcelario bonaerense, las penas ilícitas y su compensación.
Solicitó que esta Corte case la sentencia dictada, asuma competencia positiva haciendo lugar a la ponderación de las circunstancias atenuantes sobrevinientes (excesiva duración del proceso y agravamiento de las condiciones de detención) y reenvíe los autos a la instancia a fin de que -previo contacto personal-, determine la pena a su asistido.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General: el recurso no prospera.
III. Conforme surge del relato de antecedentes, tras el regreso de las actuaciones al ámbito local, esta Corte hizo lugar -parcialmente- al recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto oportunamente, y dispuso que el Tribunal de Casación Penal -integrado por jueces hábiles- efectuara una revisión integral de la sentencia de condena, con apego al precedente "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, respecto de los agravios llevados a fs. 60/62 (v. resol. causa cit. de 26-XII-2019).
En oportunidad de presentar la memoria, el recurrente -a fs. 229/233- requirió que se valoren como factores de atenuación de la pena la excesiva duración del proceso y la situación de crisis humanitaria de los centros de detención.
El órgano intermedio mediante el voto de la jueza ponente, doctora María Florencia Budiño (a quien adhirió el doctor Carlos Ángel Natiello) cumplió su cometido de revisión.
En lo que hace al agravio de la parte, la magistrada señaló que se trataba de cuestiones posteriores a la comisión del delito juzgado, a la vez que consideró que la pena debe responder esencialmente al grado de disvalor objetivo y a la culpabilidad respecto del hecho cometido, vinculando las características o calidades de la personalidad del autor que sean reveladoras de mayor o menor contenido de injusto en su accionar. Bajo tales argumentos, afirmó que las circunstancias llevadas por el impugnante no estaban suficientemente vinculadas con las reglas contenidas en el art. 41 del Código Penal.
Agregó que la idea de pena no podía desvincularse del concepto de "consecuencia jurídica del delito", en tanto hecho incriminado por una ley anterior. En esa línea consideró que, al momento de graduar la sanción, se desconectaban las conductas posteriores del agente, como de las circunstancias sobrevinientes y extrañas a la ejecución del ilícito.
Luego, resolvió que el planteo resultaba insuficiente, ya que estimó que no existían desarrollos precisos que pudieran encaminar las circunstancias aludidas por la defensa en las reglas del Código de fondo.
Finalmente calificó de dogmáticas a las afirmaciones del impugnante dado que -a su modo de ver- no aparecían relacionadas -ni justificadas- con las situaciones de hecho que -según el impugnante- daban motivo a las atenuaciones peticionadas.
En lo que respecta a la excesiva duración del proceso, sostuvo que no había que atender en modo directo al tiempo insumido en el procedimiento, sino que correspondía formular un juicio de relación que exigía la vinculación de aquella medida con un examen de las circunstancias particulares de cada caso.
Agregó que la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso debe tomar en cuenta la complejidad del asunto; la actividad procesal del interesado; la conducta de las autoridades judiciales; la reparación en el perjuicio o afectación actual que la elongación del proceso implique para la situación jurídica del individuo, así como la gravedad del suceso atribuido (con cita de causas de esta Corte -P. 70.200, sent. de 27-VIII-2008 y P. 88.303, sent. de 25-III-2009-).
Concluyó en que nada de eso ha sido abordado por la parte recurrente respecto al concreto caso examinado, por lo que estimó que la pretensión era insuficiente para lograr el cometido planteado.
Sobre las condiciones de detención, expuso que la parte no intentó vincular la consideración en la que en general se encuentran los internos, con la concreta situación de encierro de Minutti como para evidenciar adecuadamente la concurrencia de circunstancias que exijan la disminución de la pena.
IV. Frente a lo así decidido, se advierte que si bien el argumento dado inicialmente importó realizar una interpretación del art. 41 inc. 2 del Código Penal que se aparta del criterio sostenido de modo mayoritario por esta Corte sobre la posibilidad que ofrece la fórmula allí prevista de que circunstancias posteriores a la comisión del hecho repercutan menguando la pena en lo pertinente (conf. doctr. causas P. 88.303, sent. de 25-III-2009; P. 110.833, sent. de 4-V-2011; P. 109.935, sent. de 11-V-2012; P. 113.790, sent. de 26-IX-2012; P. 90.759, sent. de 23-X-2013; P. 126.655, sent. de 9-VIII-2017; P. 126.473, sent. de 16-VIII-2017; entre otras más), lo cierto es que el planteo fue rechazado por insuficiente, al considerar el tribunal revisor que el reclamo no había sido relacionado con dato verificable alguno del expediente, ni justificadas las alegadas situaciones de hecho que motivarían la aplicación de la morigeración solicitada respecto de su asistido.
Por otra parte, la doctrina que invoca la impugnante tiene por fin destacar que la excesiva demora en obtener una decisión firme puede ser considerada -en determinadas condiciones- una de las pautas atenuantes contempladas en el art. 41 del Código Penal (causa P. 110.833, sent. de 4-V-2011), sin que ello pretenda significar que dicha circunstancia temporal sea inexcusablemente y con prescindencia de toda otra consideración una diminuente de la pena. Precisamente como la pauta debe ingresar en el marco de las condiciones personales del sujeto, no es un elemento objetivo cuya sola presencia determine la atenuación de la pena. Quien recurre a la instancia extraordinaria para revisar este punto e invoca la doctrina citada, no puede limitarse a señalar el transcurso del tiempo, sin relacionarlo con las condiciones personales del imputado.
Idéntico déficit presentó la carga de vincular la situación carcelaria de la Provincia con las concretas condiciones padecidas por Minutti Folador y, en lugar de contrarrestar tal respuesta, la parte persiste en reiterar de modo genérico el planteo (doctr. art. 495, CPP).
De tal modo, han quedado indemostradas las transgresiones legales denunciadas (art. 495, CPP).
La denuncia de arbitrariedad por apartamiento de las constancias de la causa, no corre mejor suerte. La recurrente insiste en señalar que oportunamente, en la memoria presentada se abordaron todos los tópicos exigidos por la teoría de la ponderación, pero lo que no evidencia es la vinculación de cada uno de ellos con el concreto supuesto de autos, tal como juzgó el Tribunal de Casación.
Cabe recordar que el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado (CSJN Fallos: 310:234). Y más allá de su discrepancia con el pronunciamiento dictado, la parte no consigue poner en evidencia vicios de tal magnitud (causa P. 134.089, sent. de 7-IX-2022; e.o.).
En consecuencia, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Diego Martín Minutti Folador, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/09/2023 14:08:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/09/2023 09:02:03 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/09/2023 13:37:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2023 10:51:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2023 10:54:00 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 15/09/2023 15:18:57 hs. bajo el número RS-118-2023 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia