Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136339
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de C. A. Q., con costas (arts. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.339, "Q., C. A.. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 99.527 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan.
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que la Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 25 de marzo de 2021, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de San Martín, que condenó a C. A. Q. a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el uso de arma; abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo -dos hechos-, todos en concurso real.
Contra esa decisión, el señor defensor oficial adjunto ante esa instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue declarado admisible por el tribunal intermedio.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto denuncia la arbitrariedad de la sentencia por errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal y por contrariar los principios de culpabilidad, proporcionalidad de la pena y de resocialización. También aduce infracción al derecho a la doble instancia sobre la determinación de la pena y a la defensa en juicio (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 5 y 8.2.h., CADH; y 10.3 y 14.5, PIDCP).
Plantea que frente a la denuncia de omisión de tratamiento por parte del tribunal de grado respecto de una pauta atenuante que había efectuado esa parte, el órgano revisor respondió mediante meras afirmaciones dogmáticas que no determinan la solución del caso, y solo encuentra sustento en la voluntad de los jueces que la emitieron.
Alega que si bien dicho órgano jurisdiccional verificó la violación del art. 168 del "C.P.P." ( rectius : Const. prov.) y que la jueza Budiño -que quedó en minoría- ordenó el reenvío al tribunal de origen para que se pronuncie sobre la cuestión omitida, la postura que hizo mayoría "...votó por asumir competencia positiva y decidir respecto a la concurrencia o no de tal circunstancia atenuante argumentada".
Afirma que -a contrario de lo allí decidido- "...el recurso de casación está suficientemente fundado en cuanto a la demostración del agravio respecto a la valoración de la pauta atenuante relacionada con la falta de flexibilidad del imputado al momento de hacer frente a los problemas así como la impulsividad, ambas circunstancias que surgen del informe de la perito psicóloga, Lic. Echeverría".
Sostiene que el Tribunal de Alzada omite considerar el fondo de la cuestión sometida a estudio, y nada dice del informe de la perito psicóloga, así como la descripción de las particularidades que exhibe la personalidad del imputado, circunstancias de relevancia tal que demuestran una capacidad de actuación y de toma de decisiones condicionada.
Añade a ello, que también omitió pronunciarse sobre la imposibilidad del imputado de acceder a la libertad condicional en virtud de la índole del delito achacado (conf. art. 14, Cód. Penal), y que solo por ello, el tiempo de privación de la libertad es superior a igual monto punitivo.
En suma, considera que es falso que en el remedio casatorio no se hayan brindado fundamentos que demuestren la concurrencia de la atenuante planteada, concluyendo en que el trámite ante la instancia intermedia fue meramente aparente.
Entiende aplicables, cita y transcribe parcelas de los fallos "Laportilla", "Ruiz" y "Spíndola" de esta Suprema Corte y "Castillo Mercedes", "Ramírez Fernando Román" y "Romano Hugo Enrique" del cimero Tribunal federal.
Por último, destaca que la atenuante reclamada resultaba indiscutiblemente verificada en la causa, y que al decidir su descarte bajo el argumento de que la parte no ha demostrado el valor diminuente que podría corresponderle en el caso, el a quo incurrió en un mero rigor formal. Concluye que la Casación revela una infracción consciente a la tarea revisora que le corresponde, con la consecuencia ineludible de la frustración al derecho del imputado a que la pena se fiscalice por un Tribunal Superior.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.1. Cabe recordar que, al interponer el recurso de casación, la defensa de C. A. Q. objetó, en lo que aquí interesa destacar, que el órgano de grado a la hora de ponderar las pautas atenuantes había omitido valorar otras cuestiones alegadas por esa parte, tal la referida a la falta de flexibilidad del imputado a la hora de enfrentar los problemas (según el informe pericial psicológico de la licenciada Echeverría) y la impulsividad relevada en el mismo. Estimó que ello disminuyó su posibilidad de motivarse en la norma y debía repercutir en la pena.
Concluyó que la reprochabilidad que debe realizarse por los hechos imputados debe circunscribirse al nivel de culpabilidad, atendiendo a las circunstancias personales, solicitando la ponderación del referido informe psicológico con el alcance señalado (v. fs. 131 y vta., rec. digital).
III.2. En el abordaje de dicho reclamo, la doctora Budiño sostuvo que asistía razón a la defensa y propuso casar parcialmente el fallo en virtud de haber sido inobservados los arts. 168 de la Constitución provincial y 371 del Código Procesal Penal, por no haberse expedido el a quo sobre una circunstancia alegada por la parte que podría haber incidido la cuantificación de la pena, y disponer, a fin de garantizar el derecho al recurso sobre esa nueva porción del decisorio, el reenvío al tribunal de origen para que se pronuncie sobre la cuestión omitida.
A su turno, el doctor Natiello, que concitó la adhesión simple del doctor Kohan, coincidió con la jueza Budiño en que "...el a quo no trató una de las circunstancias que la defensa había solicitado se pondere como atenuante. En efecto, durante los alegatos la defensa solicitó que se tenga en consideración como una pauta atenuante las características de personalidad del imputado que surgían de la pericia realizada donde se reveló que el mismo carecía de flexibilidad al momento de enfrentar problemas, lo que a criterio del recurrente reducía la posibilidad de motivarse en la norma". Y, añadió, que "Entre las cuestiones sometidas por las partes a la consideración del Tribunal, las vinculadas con la determinación de la pena tienen carácter esencial y la omisión de su tratamiento es causal de casación por inobservancia de un precepto legal aplicable, en el caso el art. 168 de la Constitución Provincial. Así lo ha sostenido la Corte Provincial en el precedente SCBA P 52189 citado por mi colega en su voto".
Luego, expresó que, no obstante, "...para resolver el agravio planteado no parece necesario la celebración de un nuevo debate que es la exigencia del reenvío, por lo que, sumadas razones de economía procesal, este Tribunal se encuentra autorizado para asumir competencia positiva y decidir sobre la queja" y en esa dirección, resolvió que "...sin perjuicio de la omisión verificada [...] de todas maneras el planteo defensista resulta ineficaz, pues la pauta invocada no demuestra en el caso un menor grado de injusto y la defensa -cuando lo solicitó- no brindó argumentos válidos que sirvan para demostrar de qué manera tal pauta podría tener un valor diminuente siendo que su sola mención como circunstancia atenuante no alcanza para demostrar la denunciada transgresión al art. 41 del C.P., circunstancia que como dije tampoco la advierto".
IV. Esta reseña es demostrativa de que la función revisora del Tribunal intermedio en modo alguno fue indebidamente restringida y, por el contrario, se ajusta al deber que imponen los arts. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en este punto.
Se advierte que la casación verificó -por unanimidad- que le asistía razón al planteo de la defensa en cuanto a la aludida omisión de tratamiento y, por mayoría, asumió competencia positiva y brindó las razones que lo llevaron a desestimar la ponderación de la misma, no observándose que sus fundamentos resulten meramente aparentes.
Es decir, que la decisión puesta en entredicho cuenta, en este aspecto, con fundamentación suficiente que la pone a salvo de la tacha de arbitrariedad por supuesto déficit motivacional (doctr. arts. 495, CPP y 15, ley 48).
En rigor, los agravios se limitan a la exposición de una opinión contraria sobre la falta de incidencia de la pauta atenuante reclamada en el grado del injusto y la carencia de argumentos válidos que le den sustento y, con ello, el recurrente no logra poner de manifiesto que la resolución de la casación padezca de defectos tales como para evidenciar ni la errónea aplicación de la ley, ni la arbitrariedad o la violación de los principios constitucionales que invoca. Media, pues, insuficiencia (art. 495, CPP).
Por lo demás, que el Tribunal de Alzada no se haya expedido expresamente sobre ciertos planteos de la defensa (informe de la perito psicóloga, Lic. Echeverría) no evidencia por sí solo un vicio en el proceso de revisión de la sentencia, sino que -más bien- se traduce en una disconformidad en el modo en que se ponderó y enlazó la prueba y en la importancia que se asignó a algunos elementos de convicción por sobre otros.
En tal sentido, viene al caso recordar que el objeto de la doctrina de la arbitrariedad "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234; conf. causas P. 101.193, sent. de 2-V-2009; P. 128.926, sent. de 20-XI-2019; P. 134.321, sent. de 14-X-2021; e.o.).
Luego, tal como lo pone de resalto el señor Procurador General en su dictamen, el cariz impugnativo ahora esgrimido referido a que al determinar el monto de pena los jueces omitieron considerar que por la índole del delito achacado el imputado no podrá acceder al beneficio de la libertad condicional, no puede ser atendido por extemporáneo, en tanto que de ese modo y con tales argumentos, recién fue articulado al interponer el recurso extraordinario en estudio. Por lo que tal déficit sella la suerte adversa de esa pretensión (doctr. art. 451, CPP).
Finalmente, tampoco se advierte la mínima fundamentación exigible en la causal de arbitrariedad que viene alegada con sustento en que el Tribunal intermedio se habría apartado de los fallos que se citan "Laportilla", "Ruiz" y "Spíndola" de esta Suprema Corte y "Castillo Mercedes", "Ramírez Fernando Román" y "Romano Hugo Enrique" de la Corte federal, pues el recurrente debió hacerse cargo de las diferencias causídicas entre dichos precedentes y las concretas circunstancias del presente expediente de modo tal de explicitar por qué, pese a esas relevantes diferencias, la solución debía ser la misma (art. 495, CPP).
A todo evento, cabe recordar que nuestro código adjetivo en sus arts. 460 y 461 regula puntualmente en qué casos el Tribunal de Casación, luego de casar una sentencia, debe disponer el reenvío a la instancia de origen o en su defecto, puede readecuar el pronunciamiento recurrido, asumiendo competencia positiva, sin que el recurrente se haya ocupado de asignar alguna otra inteligencia a las normas que gobiernan ese trámite. Media insuficiencia (art. 495, CPP).
Por último, las alegadas afectaciones de los principios de culpabilidad, proporcionalidad de la pena y de resocialización han quedado huérfanas de fundamentos, en tanto dependían del éxito del planteo previamente desestimado.
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de C. A. Q., con costas (arts. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/09/2023 11:49:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/09/2023 09:09:11 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/09/2023 09:51:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/09/2023 16:42:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/09/2023 17:59:45 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 28/09/2023 08:29:34 hs. bajo el número RS-121-2023 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia