Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136713
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de W. L. I. y S. A. L., con costas (arts. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.713, "I., W. L. y L. S. A.. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 95.744 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud , Kogan , Soria, Torres.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 13 de julio de 2020, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra el auto pronunciado por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes que declaró a W. L. I. y a S. A. L. coautores responsables del delito de robo calificado por su comisión en lugar poblado y en banda, y por el uso de arma de utilería y arma impropia (arts. 166 incs. 1 y 2 párrafo tercero y 167 inc. 2, Cód. Penal), difiriendo la eventual aplicación de sanción penal hasta el cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 4 incs. 2 y 3 de la ley 22.278 (v. sent. digital).
Contra ello, la señora defensora oficial adjunta ante el tribunal intermedio, doctora Ana Julia Biasotti, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el cual por resolución de 6 de mayo de 2022 fue declarado admisible por la Sala recurrida.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 15-II-2023), dictada la providencia de autos el 16-II-2023, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. La defensa oficial, a cargo de la doctora Ana Julia Biasotti, denunció la arbitrariedad del fallo del Tribunal de Casación en el tramo que descartó la alegada errónea aplicación del art. 67 de la ley 13.634; consideró que no existió un profundo análisis del plexo probatorio y la correspondiente revisión que ordena el citado artículo; asimismo, argumentó que al decretarse oportunamente el sobreseimiento del coimputado Cruz se habría patentizado dicha situación; y agregó que el arma presuntamente utilizada en el suceso reprochado y que fuera reconocida por la víctima, fue hallada por personal policial en poder del nombrado Cruz.
Sostuvo que en el caso se soslayó lo dispuesto por esta Suprema Corte en la causa P. 125.587, violentando el principio de igualdad ante la ley y el interés superior del niño (arts. 16, Const. nac. y 3, CDN), y que -por todo ello- se dictó un fallo arbitrario y violatorio del debido proceso y la defensa en juicio.
I.2. En segundo lugar, denunció la errónea aplicación de los arts. 166 incs. 1 y 2, párrafo tercero, y 167 inc. 2 del Código Penal, al considerar que la fundamentación del temperamento adoptado por el a quo resultó insuficiente y arbitrario a fin de confirmar la autoría de sus asistidos.
En concreto señaló que no se habría descripto la contribución causal que a la ejecución del hecho realizó cada imputado, por lo que -a su juicio- no se puede arribar de forma lógica a un estadio de certeza, y consideró -como dato no menor- el hecho de no haberse secuestrado al momento de la detención de los imputados I. y L., objeto alguno propiedad de la víctima.
Agregó que la modalidad del reconocimiento casual efectuado por la víctima Joaquín Giménez -en el hospital mientras se encontraba recibiendo atención médica-, habría tenido una direccionalidad implícita en el ánimo de Giménez, "...provocando a la vez un daño colateral, como resulta ser la estigmatización de los menores".
Por lo expuesto, solicitó que se case la sentencia impugnada y se reenvíen los autos para que se dicte un nuevo fallo ajustado a derecho.
II. Coincido con el señor Procurador General: el recurso debe ser rechazado.
III. Liminarmente, cabe señalar que la articulación interpuesta fue admitida por el tribunal intermedio a fin de abordar los agravios de naturaleza federal articulados, que -según el a quo - la impugnación contenía explicaciones concretas dirigidas contra la motivación desarrollada en el fallo cuestionado y que presentaba la aptitud y carga técnica necesaria como para ser admitida.
IV. Sentado lo anterior, considero que el primer agravio vinculado con la denuncia de arbitrariedad del fallo dictado por el tribunal revisor, en el tramo correspondiente a la aplicación del art. 67 de la ley 13.634, no prospera.
IV.1. Ante idéntico planteo llevado a la instancia intermedia, el tribunal revisor sostuvo que la decisión cuestionada había sido respetuosa de los principios que rigen la materia, y destacó que los argumentos de la defensa eran una reiteración de los que había expuesto en la audiencia celebrada en la instancia, sin lograr desvirtuar las sólidas razones dadas sobre dicha cuestión por el tribunal de mérito.
Seguidamente, efectuó un desarrollo del razonamiento seguido por ese sentenciante para arribar a la convicción sobre la autoría responsable de los imputados a partir de los elementos de prueba obrantes en la causa.
En ese marco señaló que el tribunal de origen tuvo en cuenta el acta de "fs. 1/1" de la cual surgía que "...los efectivos policiales tomaron conocimiento de la comisión de un ilícito por parte de tres masculinos mediante intimidación con un arma de fuego en calle Mariano Moreno entre Muñiz e Ituzaingó de Luján, aportándoles características de como vestían, y que al dirigirse al lugar divisaron tres sujetos cuyas características coincidían, logrando determinarse que se trataba de un mayor, y dos menores de edad, S. L. y A. I., logrando luego de un cacheo incautar de la cintura del mayor de edad una réplica de arma de color negra con numeración P22S"; y que "...los testimonios brindados en el debate, le merecieron plena credibilidad, en tanto cada uno hizo su aporte sobre lo que había visto y recordado respecto del hecho, esto es que la aprehensión de los imputados se produjo instantes posteriores a la alerta policial, que fueron interceptados a pocas cuadras del lugar del hecho, que el arma fue reconocida por la víctima, quien dio la descripción de los sujetos y su vestimenta, coincidente con la de los detenidos pocos instantes después, sumado a que también la víctima reconoció a los sujetos espontáneamente en el hospital de Lujan, señalando tal circunstancia a los efectivos policiales para posteriormente volver a reconocerlos en la comisaría".
El a quo expresó que todo ello permitió ubicar a W. I. y a S. A. L. en el lugar y en el momento de los hechos, y agregó que el tribunal de mérito había estimado que "...las pruebas testimoniales resultaban concordantes entre sí y con el resto de las constancias, siendo que tampoco se verificó (ni se comprobó puntualmente por parte del impugnante) cualquier motivo o interés especial, afecto o animadversión en el ánimo de las testigos cuestionadas".
Luego, el Tribunal de Casación señaló que las generalidades y demás apreciaciones subjetivas del quejoso con relación al valor convictivo de esos elementos no alcanzaba para evidenciar vicio alguno; agregó que: "El grado de convicción que cada testigo provoca en los jueces de mérito configura una cuestión subjetiva perteneciente a la esfera reservada a ellos por la ley...", sin que fuera posible en la instancia casatoria "...invalidar las impresiones personales producidas en el ánimo del juzgador al observar la declaración de los testigos", salvo absurdo que no comprobó en el caso, y que "...los magistrados de juicio son libres en la valoración y selección de las pruebas que han de fundar su convencimiento desde que el valor de los medios de prueba no se encuentra fijado o determinado de antemano, sino que corresponde al tribunal de mérito evaluar y establecer el grado de convencimiento que tales elementos puedan producir".
Asimismo, en tanto la defensa había relacionado el agravio dirigido a cuestionar la manera de probar la autoría responsable con la aplicación del art. 67 de la ley 13.634, el Tribunal de Casación sostuvo que el planteo debía rechazarse por insuficiente toda vez que la equiparación sostenida no había sido acompañada del imprescindible anclaje legal necesario para darle al acto sustento como para derribar el pronunciamiento. Sumó a ello que el art. 322 del Código Procesal Penal establece -claramente- que el sobreseimiento cierra de manera definitiva e irrevocable el proceso "con relación al imputado a cuyo favor se dicta" y que tiene valor de cosa juzgada "...con respecto a la cuestión penal pero no favorecerá a otros posibles partícipes".
A todo evento, también citó el supuesto contemplado en el art. 323 inc. 4 del Código Procesal Penal.
En suma, concluyó que la defensa no se había encargado de dotar de suficiencia a su planteo, por lo que la queja quedaba definitivamente desechada; y, así, ausente el alegado defecto de motivación en la ponderación probatoria expresó que resultaba improcedente el agravio encaminado a conmover la determinación de la intervención de los encartados en los sucesos juzgados.
IV.2. La reseña anterior evidencia que el fallo dictado por el Tribunal de Casación Penal abordó el agravio formulado por la defensa sobre la pretendida aplicación del art. 67 de la ley 13.634, descartándolo con explícitos fundamentos conforme se detalló.
Frente a ello, la recurrente se limitó a reeditar los argumentos llevados ante la instancia intermedia y a expresar su disconformidad con las razones expuestas en el fallo en crisis en sentido adverso a su pretensión. En rigor, sus desarrollos no solo se desentienden de lo decidido, pues sin entrar a valorar la corrección de ese tramo, la parte ninguna observación dedica a la interpretación efectuada a la norma en cuestión de la mano de los mentados arts. 322 y 323 inc. 4 del Código Procesal Penal, lo que -por su palmaria insuficiencia- constituye un mecanismo inidóneo para evidenciar la arbitrariedad alegada (art. 495, CPP).
Por otro lado, concuerdo con el señor Procurador General en que lo resuelto por esta Suprema Corte en la causa P. 125.587 -citada por la recurrente-, no resulta aplicable en esta situación concreta, por cuanto en ese precedente la cuestión se centró en determinar qué organismo debía asumir la competencia de conformidad con el art. 67 de la ley 13.634; mientras que en el caso la defensa había cuestionado el auto de responsabilidad y su planteo fue descartado por haber sido presentado de modo insuficiente.
Por otra parte, la impugnante tampoco realizó ningún esfuerzo para demostrar que lo resuelto en aquella causa sea asimilable a esta, frente a las particularidades y diferencias descriptas en el párrafo anterior.
Así entonces, lejos se está de demostrar la existencia de algún supuesto que, excepcionalmente, pudiera conducir a la descalificación del fallo casatorio como acto jurisdiccional válido (arg. art. 18, Const. nac.).
V. El segundo motivo de agravio, en torno a la arbitrariedad vinculada a la calificación legal y autoría responsable, tampoco es de recibo.
V.1. El Tribunal de Casación, se refirió al hecho acreditado en la presente causa dando cuenta que "...el día 26 de noviembre de 2017, siendo aproximadamente las 03.00 horas, en circunstancias en que la víctima de autos Joaquín Giménez, circulaba por la calle Mariano Moreno entre Dr. Muñiz e Ituzaingó de la localidad de Luján, aproximadamente a la altura de la Clínica Güemes, fue sorprendido por tres sujetos de sexo masculino, quienes lo abordaron siendo que uno de ellos detentaba un arma de fuego de tipo réplica de una pistola 9mm, con la que propinó primero un culatazo en la cabeza y luego siguió golpeándolo, ocasionándole heridas contuso cortantes en el rostro y cuero cabelludo, tras lo cual lo desapoderaron de una mochila color negra Nike, la que contenía un estuche de cuchillas que la víctima utilizaba para trabajar, ya que se desempeña como cocinero, documentación perteneciente a una motocicleta de su propiedad y ropa de trabajo, dándose posteriormente a la fuga los masculinos corriendo en dirección a la calle Ituzaingó...".
Sobre esa base, consideró irreprochable el razonamiento del sentenciante de mérito al tener por acreditado que "...fueron tres sujetos los que participaron en el evento, y el hecho de que haya sido sólo uno de ellos el que golpeó a la víctima no descarta los aportes indispensables de los coimputados que se tuvieron por probados"; y que "...la atribución del carácter de coautor efectuada no merece reproches, pues de la forma en que vienen descriptos los hechos, y cuya fijación ha resultado inconmovible, claramente surge que se trata de un delito ejecutado con una división funcional de tareas".
Resaltó que los imputados "...sorprendieron y abordaron a la víctima, en clara actitud de apoyo al sujeto que golpeó"; por tanto "...el aporte efectuado propendía claramente a la producción del desapoderamiento, elemento típico de la figura en trato".
Luego de hacer alusión a los requisitos de la coautoría funcional, sostuvo que, si bien la defensa pretendía hacer pie en que no se habría acreditado un acuerdo previo o plan común, el mismo surgía claramente de las circunstancias probadas en las que se llevó a cabo el hecho, siendo que en la sentencia de grado se detallaron los diferentes roles que cumplieron los imputados en su ejecución.
Agregó que "...la intervención a título de coautores de I. y L. fue debidamente demostrada a partir de un conjunto de indicadores de la existencia de un plan conjunto que fueron correctamente evaluados por el juez de grado, siendo ineficaz la crítica aislada que realiza la impugnante"; y que, de conformidad con las particularidades que presentó el caso, "...no aparece arbitrario ni antojadizo o alejado de las reglas de la lógica que el a quo haya afirmado la existencia de un plan conjunto con división de tareas, puesto que el mismo se infiere inequívocamente de las circunstancias presentadas fundamentalmente por la víctima Giménez, cuyo testimonio se encontró corroborado por la totalidad del cuadro probatorio cargoso desarrollado en el debate, y por la clara distribución de roles que existió en el evento".
Sumó a lo dicho que "...la circunstancia de que fueron tres las personas que intervinieron en el ilícito y la modalidad de su accionar -conforme se determinó en el fallo- revela un acuerdo de voluntades que quedó evidenciado claramente a partir de la prueba reseñada por el sentenciante".
En síntesis, el tribunal a quo concluyó que la defensa no logró evidenciar vicio valorativo alguno, tampoco la errónea aplicación de la ley de fondo ni la alegada arbitrariedad en el razonamiento del órgano de origen, por lo que el agravio debía rechazarse.
V.2. En atención a lo expuesto, la sentencia criticada -al contrario de lo afirmado por la recurrente- cuenta con fundamentación suficiente como para ponerla a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada.
En lo sustancial, los argumentos de la defensa -descartado por insuficiencia el agravio precedente- solo constituyen una mera opinión discrepante con el criterio sustentado por el revisor, a partir del cual se tuvo por acreditada la responsabilidad de los imputados como coautores del delito de robo calificado por su comisión en lugar poblado y en banda, y por el uso de arma de utilería y arma impropia, sin que se advierta, a tenor de las circunstancias comprobadas de la causa, que se haya incurrido en arbitrariedad en lo así sostenido, ni tampoco desarrolló la parte una impugnación idónea para descalificar la decisión reprochada (doctr. art. 495, CPP).
Resulta oportuno recordar que esta Suprema Corte tiene dicho que la categoría de coautoría funcional surge justamente para supuestos en que más de un sujeto codomina el hecho a través de su función específica en la ejecución del suceso total sobre el que existe una decisión común. Desarticular tal coautoría funcional y exigir la acreditación de la causación física en cada tramo fáctico de la ejecución del delito es negar aquella categoría de participación -en sentido lato- pues el dato esencial de la coautoría funcional es justamente la división de tareas (conf. causas P. 132.776, sent. de 8-IV-2021; P. 133.140, sent. de 10-VI-2021; P. 133.465, sent. de 14-VII-2021; e.o.).
En definitiva, los argumentos contenidos en el recurso en examen lejos están de demostrar un supuesto excepcional que encaje en la doctrina de las sentencias arbitrarias elaborada por la Corte federal (art. 495, CPP), ni tampoco alcanzan para evidenciar la afectación a garantía constitucional alguna. Media pues insuficiencia (art. 495, CPP).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan , y los señores Jueces doctores Soria y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de W. L. I. y S. A. L., con costas (arts. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/09/2023 12:25:10 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/09/2023 13:19:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/09/2023 08:48:19 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2023 13:18:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2023 13:23:25 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 06/09/2023 14:22:18 hs. bajo el número RS-108-2023 por SP-SANTUCCI ROMINA ELISABET.
Fin de la sentencia