Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135789
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 495 y concs., CPP).
Se encomienda a la instancia de origen que, para el caso de corresponder y a los efectos que pudieren resultar pertinentes, arbitre los mecanismos necesarios para comunicar al hijo de la víctima o a sus representantes legales la existencia de la reparación económica prevista en la ley 27.452, conocida como "Ley Brisa" (arts. 1 inc. "c", 2 y 3, decreto reglamentario 871/18), así como también del asesoramiento que brinda el Estado para su tramitación a través del Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante casos de Violencias Extremas por Motivos de Género (art. 2 y Anexo I punto IV. "e", resol. 80/20, modif. por resol. 227/21, Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad).
Se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Hernán Emilio Carluccio, por los trabajos desarrollados ante esta instancia (conf. art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.789, "Maldonado Santos, Diego Matías s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 105.870 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Genoud, Kogan, Soria.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 1 de junio de 2021, rechazó el recurso interpuesto por el defensor particular de Diego Matías Maldonado contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que lo había condenado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, con más la declaración de reincidencia, por resultar autor responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, agravado genéricamente por el empleo de arma de fuego (v. fs. 24/41).
Contra ese decisorio, el defensor particular, doctor Hernán Emilio Carluccio, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 165/181 vta.), el que fue declarado parcialmente admisible, solo en lo que respecta a la errónea aplicación de la ley sustantiva y al planteo relativo a la inconstitucionalidad de la pena perpetua (v. fs. 43/47). Surge del informe de fs. 184, que la defensa no dedujo queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 186/187 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 189) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Teniendo en consideración el alcance con el que fue admitida la impugnación y que del informe aludido en los antecedentes surge que la parte no dedujo queja, se reseñarán los agravios llevados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
I.1. En primer término, el defensor particular denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 11 del Código Penal por entender que no toda violencia contra una mujer es violencia de género, sino solo aquella "...que se realiza contra una persona por el hecho de pertenecer al género femenino". En aval de su postura, citó opiniones doctrinarias y el art. 4 de la ley 26.485 (v. fs. 177 vta.).
Refirió que, a pesar de que la norma se refiere a la palabra "género", la noción ha quedado delimitada por el legislador a la "violencia contra las mujeres"; por lo que, para que un hecho sea considerado como tal, debe existir un acto de violencia que incida sobre la mujer por razón de su género, basado en una discriminación, en relaciones de desigualdad y de poder asimétricas entre los sexos, que la termina subordinando (v. fs. 178).
Alegó que, en el caso, se juzgó el delito de homicidio, sin testigos del hecho y sin evidencias físicas, el cual se agravó por un contexto de supuesto maltrato que nadie vio, imponiendo una pena perpetua carente de razón (v. fs. cit.).
Insistió con que "...el asesinato de una mujer no siempre implica femicidio" y que, para ello, la muerte debe haber sido ocasionada "...en un ámbito específicamente situado que requiere una subordinación y sometimiento de la mujer hacia el hombre, que fundamentalmente se basa en una relación desigual de poder..." (fs. cit.).
Solicitó la aplicación del art. 84 del Código Penal (v. fs. 179).
I.2. En segundo lugar, la defensa denunció la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua por considerarla violatoria de los principios de culpabilidad, división de poderes, resocialización de las penas y prohibición de imponer penas crueles, inhumanas y/o degradantes (v. fs. 179).
En apoyo a su postura, citó el precedente "Etcheverry" del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Necochea (v. fs. 179 vta. y 180).
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III. El primer agravio dirigido a cuestionar la calificación legal en los términos del art. 80 inc. 11 del Código Penal, no es de recibo.
III.1. El tribunal de juicio tuvo por debidamente acreditado que "...el 10 de julio de 2016, aproximadamente a las 02.30 horas, en un domicilio ubicado en un pasillo que sale de la calle [...] de la localidad de Villa Tranquila, del partido de Avellaneda, Diego Matías Maldonado, mediando violencia de género, mató de un disparo de arma de fuego, a una mujer, su pareja conviviente Jacqueline Aldana Giménez" (fs. 72 vta.).
Ante similares planteos a los aquí traídos sobre la significación jurídica otorgada al suceso (v. fs. 146/148), el Tribunal de Casación Penal comenzó por reseñar que se habían acreditado los requisitos del tipo penal contemplado en el art. 80 inc. 11 del Código Penal, con múltiples elementos de prueba que dieron cuenta de la violencia ejercida por Maldonado a la víctima (v. fs. 35 vta.).
Así, se refirió a las declaraciones testimoniales de Alicia Villalba, quien dijo que la víctima era una persona muy reservada, pero que había contado su situación a personas cercanas; de Karina Torres (amiga y vecina de la víctima), quien relató que la damnificada era una chica muy lastimada, que sufría mucho y soportaba golpes, traiciones y engaños, también expuso sobre un hecho de violencia que había presenciado; de Silvia Giménez (hermana de la víctima), quien además de dar cuenta del maltrato que padecía su hermana, recordó dos hechos puntuales de amenazas y agresiones; del hijo del imputado y la víctima, que precisó que su papá siempre maltrataba a su mamá, la amenazaba con cuchillos o armas adelante suyo y ejercía violencia psicológica sobre ella (v. fs. cit.).
Ante ello, compartió el razonamiento del tribunal de juicio en cuanto a que esos elementos probatorios permitieron demostrar que Maldonado "...ejerció violencia íntima contra su mujer, efectuando un ataque permanente contra la integridad física y psicológica de ésta, quien intentaba ocultar por 'amor' y temor lo sufrido, sin perjuicio de haber exteriorizado a sus cercanos ciertos actos contra su libertad e integridad personal" (fs. 36).
Luego de ello, concluyó que la afirmación de la defensa de que la violencia no había sido probada "...choca contra el sólido andamiaje probatorio analizado..." (fs. cit.).
También descartó las argumentaciones dogmáticas de la parte contra el tipo legal aplicado. Tras otorgar precisiones sobre el alcance y exigencias de esa figura legal y señalar la recepción de directrices internacionales en la materia por la ley 26.485 y el decreto que la reglamentó (v. fs. 36 y vta.), expresó que el femicidio alude a muertes violentas de mujeres que se inscriben en prácticas socioculturales basadas en la idea de inferioridad de las mujeres y de superioridad de los varones; y que, en el caso, "...las conductas desplegadas por Maldonado, descriptas por familiares, amigos y el hijo de la pareja, tenían el claro objeto de demostrar esa dominación y pusieron al descubierto un patrón sociocultural basado en la inferioridad de la mujer (o superioridad masculina) que exacerbó la violencia ejercida contra la víctima". En base a ello, encontró plenamente justificada la afirmación de que la muerte analizada se produjo en un contexto de violencia de género (v. fs. 37).
III.2. Frente a lo así resuelto, el recurso se revela ineficaz para conmover la calificación del hecho en los términos del art. 80 inc. 11 del Código Penal, ya que las discrepancias planteadas, bajo la denuncia de errónea aplicación de la norma de fondo, están dirigidas a cuestionar el valor otorgado a la prueba en las instancias anteriores -dando para ello una particular interpretación de lo sucedido y de los elementos de convicción tenidos en cuenta- a efectos de lograr un cambio en la calificación legal, y por ello escapan al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte (art. 494, CPP).
Al respecto, cabe señalar que, si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede derivar en una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la subsunción legal, salvo supuestos de absurdo o arbitrariedad, claramente alegados y demostrados -que en el caso no viene planteado por la parte-, no corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores de hecho invocados (conf. doctr. causas P. 98.594, sent. de 20-VIII-2008; P. 81.789, sent. de 13-V-2009; P. 116.231, sent. de 23-XI-2016; P. 132.452, sent. de 20-XI-2019; P. 133.140, sent. de 10-VI-2021; P. 134.707, sent. de 24-IX-2021; P. 134.725, sent. de 1-XII-2021; e.o.).
En el caso, el recurrente se limita a manifestar su disconformidad con el valor asignado a la prueba, cuestionando y reeditando la suficiencia del material probatorio reunido en las instancias anteriores para acreditar que en el caso medió violencia de género, sin controvertir adecuadamente lo decidido con arreglo a las circunstancias probadas de la causa; de tal manera, su planteo se presenta meramente como un criterio divergente al del sentenciante que, por su insuficiencia, amerita su rechazo (art. 495, CPP).
Por lo demás, la pretensión de calificar el suceso en los términos del art. 84 del Código Penal -al amparo de la versión del imputado de que el arma se le había caído y se disparó accidentalmente- pendía de los reclamos sobre arbitrariedad en la ponderación de los hechos y su prueba (testimoniales, informe de autopsia, pericias) y la revisión sobre tales tópicos efectuada por el órgano de casación, los que quedaron marginados de la competencia de esta Corte (conf. juicio de admisibilidad parcial del recurso en trato). De modo que, enhiesta la subsunción jurídica en los términos del art. 80 inc. 1 del Código de fondo junto con la agravante genérica del art. 41 bis por el empleo de un arma de fuego, y convalidado lo concerniente a la calificante del inc. 11 del citado art. 80, nada corresponde señalar sobre el punto.
IV. La pretendida declaración de inconstitucionalidad de la pena perpetua tampoco debe ser acogida.
IV.1. El Tribunal de Casación Penal rechazó análogo agravio, argumentando que "...la actividad de la jurisdicción en temas de semejante importancia como es la declaración de inconstitucionalidad obliga, tanto al operador de grado como al órgano revisor, a tener bien en claro el objeto de la actuación interpretativa que a dichos órganos corresponde, con miras a evitar posibles intromisiones en áreas que pertenecen al dominio de otros poderes, por lo que consecuentemente, resulta imprescindible delimitar el ámbito de injerencia en que se autoriza dicha actividad revisora sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma" (fs. 37 vta.).
En tal sentido, explicó que "...esta preocupación relativa a eventuales intromisiones en esferas de poder reservadas a otros sectores, que resulta plenamente válida como criterio general, según el cual la tipificación de conductas y los mínimos y máximos establecidos en las escalas penales emergentes resultan topes vinculantes para el juzgador, puede ser excepcionado en los casos en que se encuentre comprometida su constitucionalidad" (fs. cit.).
Con relación al caso, adelantó que "...el planteo del impugnante no abastece la exigencia antes mencionada [...] desde que no se ha evidenciado la configuración de colisión normativa alguna que justifique la solución peticionada, en tanto no mereció ninguna objeción que la pena perpetua aplicada en el caso, con la que está conminado el delito previsto en el art. 80 inc. 1º y 11º del C.P., no guarde racional vinculación con la gravedad del ilícito juzgado" (fs. cit.).
Culminó aseverando que no había sido puesto en tela de juicio que la pena establecida en esta situación particular fuera desproporcionada o irracional -desde la óptica constitucional postulada por el quejoso- con relación a la naturaleza de la conducta típica atribuida al acusado; y citó jurisprudencia de esta Corte para avalar su criterio (v. fs. 38 y vta.).
IV.2. Frente a los argumentos desarrollados por el órgano casatorio, el recurrente insiste con su pretensión mencionando principios que anuncia violados sin ningún anclaje en las constancias de la causa ni del imputado, en procura de evidenciar que la condena perpetua ratificada no conserva una relación de proporcionalidad y racionalidad con la gravedad del ilícito reprochado en el caso, tal como concluyó la Casación, sosteniendo su validez constitucional con argumentos que permanecen enhiestos por falta de impugnación, lo que torna el planteo de la defensa en puramente dogmático y, por ello, ineficaz para demostrar que la reacción punitiva indivisible impuesta al autor contraríe normativa constitucional alguna (art. 495, CPP).
Cabe recordar que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes solo tiene cabida como ultima ratio del orden jurídico; y que para su procedencia se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera la norma cuestionada contraría la Constitución causándole de ese modo un agravio. De modo que, para que pueda ser atendido un planteo de tal índole, debe tener un sólido desarrollo argumental y contar con fundamentos que se apoyen en las probanzas de la causa. Nada de esto acontece en el caso, por lo que corresponde el rechazo del agravio (causas P. 63.131, sent. de 25-II-2004; P. 130.072, sent. de 17-X-2018; P. 134.975, sent. de 24-VI-2022; entre muchas otras).
V. Teniendo en cuenta que, conforme surge de la sentencia de primera instancia, la víctima Jacqueline Aldana Giménez -fallecida a causa de violencia de género- tenía, junto con Diego Matías Maldonado, un hijo menor de edad al momento de los hechos (v. fs. 72 vta.), es preciso encomendar a la instancia de origen que, para el caso de corresponder y a los efectos que pudieren resultar pertinentes, arbitre los mecanismos necesarios para comunicar al hijo de la víctima o a sus representantes legales la existencia de la reparación económica prevista en la ley 27.452, conocida como "Ley Brisa" (arts. 1 inc. "c", 2 y 3, decreto reglamentario 871/18), así como también del asesoramiento que brinda el Estado para su tramitación a través del Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante casos de Violencias Extremas por Motivos de Género (art. 2 y Anexo I punto IV. "e", resol. 80/20, modif. por resol. 227/21, Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; conf. causas P. 135.792, sent. de 23-III-2023 y P. 135.101, sent. de 9-V-2023).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 495 y concs., CPP).
Se encomienda a la instancia de origen que, para el caso de corresponder y a los efectos que pudieren resultar pertinentes, arbitre los mecanismos necesarios para comunicar al hijo de la víctima o a sus representantes legales la existencia de la reparación económica prevista en la ley 27.452, conocida como "Ley Brisa" (arts. 1 inc. "c", 2 y 3, decreto reglamentario 871/18), así como también del asesoramiento que brinda el Estado para su tramitación a través del Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante casos de Violencias Extremas por Motivos de Género (art. 2 y Anexo I punto IV. "e", resol. 80/20, modif. por resol. 227/21, Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad).
Se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Hernán Emilio Carluccio, por los trabajos desarrollados ante esta instancia (conf. art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/09/2023 14:08:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/09/2023 09:02:02 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/09/2023 13:37:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2023 10:51:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2023 10:53:58 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 15/09/2023 15:18:48 hs. bajo el número RS-114-2023 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia