Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133764
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.764, "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal-. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 91.084 y su acum. n° 91.086 del Tribunal de Casación Penal, Sala II, seguida a I., R. D.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres .
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 28 de mayo de 2019, rechazó los recursos del señor Fiscal y de la particular damnificada interpuestos contra la decisión del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Zárate-Campana que dictó, por mayoría, veredicto absolutorio en favor de R. D. I. en orden al hecho materia de acusación fiscal del que habría resultado víctima V. V. I. a partir del año 2003 en la localidad y partido de Escobar (v. fs. 107/118 vta. -sent. recurrida-, en su remisión a fs. 24/47 vta. -veredicto absolutorio-).
Contra esa decisión el entonces señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Carlos Arturo Altuve, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 129/146), el que fue concedido en esa instancia (v. fs. 147/149 vta.).
Oída la Procuración General (v. fs. 169/173 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 175) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal denunció respecto de la sentencia reseñada en los antecedentes que ese órgano revisor incurrió en el vicio de arbitrariedad al fundar la aplicación del principio in dubio pro reo en oportunidad de abordar el extremo de la autoría responsable del imputado, como así también por haberse verificado un tránsito solo aparente ante ese tribunal, por valorar la prueba de modo parcial y fragmentado y por haber incurrido en un déficit de motivación (v. fs. 135 vta.).
Explicó, en ese marco, que la absolución basada en el principio de la duda respecto de la participación del imputado I. en el hecho objeto de juzgamiento surge de un análisis parcial, fragmentado y absurdo del material probatorio producido en el debate y de los aportados por las partes, así como de la omisión de ponderar un testimonio fundamental para la correcta solución del caso, expresamente señalado por el señor Fiscal ante el órgano casatorio y que, a su modo de ver, no recibió respuesta (v. fs. cit.).
Indicó que la valoración que se hiciera de la declaración prestada por la víctima resultó parcial y aislada, sin que se haya integrado ni armonizado debidamente el material probatorio (v. fs. 136 y vta.).
Discrepó con la conclusión del tribunal revisor en cuanto consideró que la declaración de la víctima no había sido ponderada arbitrariamente en el fallo originario, destacando para ello los dichos de la perita psicóloga licenciada Adriana Beatriz Fioranelli, quien informó sobre las inconsistencias de su relato y la carencia de expresión emocional acorde con la magnitud de lo trasmitido y lo que surge de los informes psicológicos y las declaraciones prestadas en el debate por los distintos profesionales que intervinieron, de los cuales se desprendería la falta de certeza necesaria para arribar a un pronunciamiento condenatorio, a su modo de ver (v. fs. cit.).
Consideró, en orden a la declaración brindada en la audiencia por la licenciada Adriana Beatriz Fioranelli, que es determinante ponderar que la misma expresó que los dichos de la víctima no resultaban conforme a una ideación fabuladora y que si bien eran inconsistentes "...eso no significaba que estaba fabulando, inventando" (fs. íd. vta.).
Reiteró que, a su criterio, quedaba en evidencia que la valoración del testimonio de la damnificada fue parcial y fragmentada, por cuanto se le restó poder convictivo a lo declarado por la niña por padecer rasgos psicopáticos que pudieron influir en su mendacidad (v. fs. cit. vta. y 137).
Destacó que, por el contrario, la víctima narró los hechos enjuiciados con precisión en tanto "...indicó la modalidad y el lugar donde ocurrieron y sindicó a su padre como el autor. Sus dichos debieron ser valorados con el resto de las pruebas obrantes en el expediente y comparados con comportamientos procesales de la víctima (persistencia en su afirmación) y cotejados en el contexto general de los ventilado[s] en el debate" (fs. cit.).
Expuso que resulta arbitraria la decisión absolutoria del tribunal del debate -por mayoría- de hacer mérito, a fin de descreer de los dichos de la víctima, de los informes provenientes de las licenciadas Anahí García -psicóloga particular de la joven-, Elisa Graciela Gutiérrez -perita psicóloga-, Nora Ripsky -de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia de Escobar-, María Elena Avaca Espósito -perita asistente social- y Silvana Gilardón -perita psicóloga-, en función de las inconsistencias en que incurrieron las mismas, a su modo de ver (v. fs. 137 vta. y 138).
Agregó que "...los sentenciantes se limitaron a poner en duda infundadamente lo denunciado con toda claridad por la menor en la Cámara Gesell, fincando tal modo de decidir en características personales de la menor víctima (comportamiento autodestructivo y manipulador) que surgen de distintas pericias e informes y en que de éstos no surgía que durante el tiempo en que llevaron a cabo las distintas evaluaciones la joven refiriera a dicha problemática [...], lo que resulta a todas luces una arbitraria y absurda valoración de la prueba, pues más allá de las explicaciones brindadas por las distintas profesionales actuantes, resulta de toda lógica que la menor se sienta en condiciones de expresarse con tranquilidad respecto de los abusos de los que fue víctima una vez alejada de la presencia diaria de su victimario y al tomar confianza con sus eventuales interlocutores" (fs. 138 y vta.).
Estimó que lo resuelto en el caso transgrede los arts. 75 inc. 22 de la Constitución nacional y 1, 19 y 34 de la Convención sobre los Derechos del Niño, como así también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al interpretar de un modo erróneo y parcial las constancias de la causa (v. fs. cit. vta. y 142 vta./146).
Se agravió, por otra parte, de la decisión del órgano intermedio de juzgar correcta la ponderación que llevó a cabo el voto mayoritario del tribunal de origen con respecto al certificado médico acompañado por la defensa y que fuera expedido por el médico de confianza del acusado I., doctor Patricio Medel, del cual se desprende como diagnóstico que el nombrado no padecía HPV -o VPH, virus del papiloma humano-, sino que presentaba "...una verruga viral conforme el resultado anatomopatológico". Para concluir de ese modo, el veredicto absolutorio -por mayoría- consideró dirimentes las circunstancias vinculadas con que dicha prueba pudo ser controlada por el acusador y que las explicaciones vertidas por el citado profesional no fueron replicadas por el señor Fiscal en el debate. Frente a ello, el recurrente estimó que esa valoración fue producto de un análisis parcial y fragmentado dado que el informe pericial practicado que constató HPV en la victima más el testimonio de la madre de aquella, la incomparecencia del imputado a las citaciones para ser examinado su estado de salud, las contradicciones en su relato y el tenor de las respuestas de su médico particular, doctor Medel, en la audiencia presuponen "...un indicio de culpabilidad en I.", por lo que al pasar por alto todas estas cuestiones el tribunal revisor incurrió -una vez más- en arbitrariedad por falta de motivación, pues resolvió mediante afirmaciones dogmáticas y con apartamiento de las constancias comprobadas de la causa, efectuando de tal modo un análisis fragmentado del material probatorio, a su entender (v. fs. 139 y 140).
Denunció la omisión de valorar pruebas disponibles decisivas o conducentes para la solución del caso, en particular aludió a los testimonios de Marta Tutak -psicóloga que atendía a la menor-, María Cecilia Duarte -licenciada en trabajo social del Centro de Atención a la Víctima-, Rosana Kuperszmit -perita psicóloga- y L. E. B. -madre de un compañero de colegio de la damnificada- (v. fs. 140/141), y afirmó que esos testimonios resultaban determinantes para la correcta evaluación de la conducta de la víctima, pues eran demostrativos del motivo por el cual declaró con precisión sobre los hechos de abuso recién en Cámara Gesell, así como para evidenciar las conclusiones dogmáticas a las que se arribó en cuanto a la personalidad del imputado (v. fs. 141 y vta.).
Concluyó, por todo lo expuesto, que la prueba producida fue parcialmente valorada y que se omitió considerar elementos probatorios fundamentales a efectos de acreditar tanto la materialidad ilícita como la autoría responsable del imputado, lo cual pondría en evidencia que el estado de duda sobre el cual el órgano casatorio confirmó el veredicto absolutorio fue consecuencia de una arbitraria valoración de las probanzas reunidas y dotó a la sentencia en revisión de una fundamentación aparente que la descalifica como acto jurisdiccional válido (v. fs. 142 y vta.).
II. El señor Procurador General, doctor Julio Conte Grand, sostuvo la impugnación y propició su acogimiento (v. fs. 169/173 vta.).
III. En mi opinión el recurso no prospera.
III.1. La Sala II del Tribunal de Alzada destacó -a través del voto emitido por la doctora Budiño, que concitó la adhesión simple del doctor Mancini-, que resultaba correcto el temperamento adoptado por el tribunal de la instancia originaria a través de los votos emitidos por las magistradas integrantes de ese órgano que hicieron mayoría, doctoras Elena Beatriz Viviana Bárcena y Liliana Miriam Dalsaso, las cuales concluyeron que correspondía dictar veredicto absolutorio a favor del acusado R. D. I. con sustento en que no se contaban con los elementos probatorios suficientes para formar la convicción necesaria respecto a la materialidad ilícita reprochada al nombrado y su autoría responsable (v. fs. 112 vta., en su remisión a fs. 24/47).
En tal sentido, el tribunal casatorio entendió que la conclusión adoptada en el fallo absolutorio -por mayoría- sobre la base de la aplicación al caso del principio in dubio pro reo "...está avalada por la correcta y racional valoración de las piezas convictivas tenidas en consideración en el fallo impugnado, no verificándose en dicha operación la presencia de los vicios o defectos invocados por el Agente Fiscal y el representante de la Particular Damnificada" y remarcó, seguidamente, que lo aseverado por la decisión mayoritaria de la instancia originaria en orden a que "...no se cuenta con elementos probatorios suficientes para formar la convicción necesaria para fundar una sentencia de condena [contra I.]", no le merecía ningún reparo legal, pues fue expuesto en términos lógicos, con respeto a la normativa pertinente (conf. arts. 106, 210, 373 y concs., CPP) y resultaba adecuado a los postulados de la lógica y la experiencia (v. fs. 112 vta. y 113).
Enunció para ello los distintos elementos probatorios que fueron tenidos en consideración en el voto mayoritario del tribunal de debate para fundar su postura, mencionando en tal sentido "...los distintos informes psicológicos agregados a la causa, tanto del Cuerpo Técnico Auxiliar del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil departamental como de las peritos psicológicas [sic] de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de Escobar y de las psicólogas particulares tratantes. Asimismo, valoraron entre otras declaraciones las de [V. V. I.] prestada bajo el dispositivo Cámara Gesell, N. L. Á., docente que hizo la denuncia, M. P., madre [de la menor], Patricio Medel, m[é]dico urólogo y del imputado" (fs. 114).
Entendió, frente a los cuestionamientos que la parte acusadora había esbozado contra la valoración efectuada en el sufragio mayoritario alcanzado en el veredicto absolutorio en torno a la declaración de la víctima, que esa labor de ponderación "...no debe desecharse por ser arbitraria, sino que se asienta en fundamentos que revelan una apreciación razonable efectuada en el marco legítimo de las atribuciones que la ley otorga a los magistrados", y recordó el criterio de la Sala revisora en orden a que "...el grado de convicción que cada testigo provoca en los jueces de mérito configura una cuestión subjetiva perteneciente a la esfera reservada por la ley para los Magistrados del juicio quienes por su inmediación frente a los órganos de prueba, son los encargados de establecer el mayor o menor valor de las declaraciones testificales, por lo que no es posible por la vía casatoria invalidar las impresiones personales producidas en el ánimo del juzgador al observar dichas declaraciones salvo que se demuestre su contradicción con las reglas de la lógica, lo cual como se expresó no se ha logrado comprobar en el sub lite" (fs. cit. y vta.).
Señaló, en respuesta al planteo de los recurrentes -señor agente fiscal y particular damnificada- por el cual argumentaron en torno a que la víctima "no miente", que "...la profesional, Perito Psicóloga Oficial [Adriana Beatriz] Fioranelli concluy[ó] que la manifestación de [V. V. I.] sobre los hechos denunciados carece de consistencia interna, que dicha inconsistencia interna no resulta conforme a una ideación fabuladora sino a la perturbación interna que soporta. Asimismo, destacó carencia de expresión emocional que pudiera resultar acorde a la magnitud de lo transmitido, señalando esencialmente que su discurso debe ser significado y descifrado mediante intervención profesional", y puso de resalto que las magistradas que integraron el voto mayoritario del veredicto dictado en la causa explicaron sobre la base de "...la integral ponderación de los informes psicológicos y las declaraciones de los profesionales en la audiencia de debate", que no pudieron obtener la certeza que es necesaria para dictar un pronunciamiento condenatorio, expresando adecuada y suficientemente las razones que las condujeron a no formar convicción sobre ese punto (v. fs. 115).
Consignó, además, que en la decisión mayoritaria del tribunal de la instancia se ponderó que "...los informes psicológicos producidos por las profesionales de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia [de Escobar], quienes con relación a la denuncia de abuso sexual habían expuesto que [...] durante el tiempo de evaluación que realizó el servicio, la joven [V. V. I.] no se refirió a dicha problemática, como tampoco se observaron indicadores de los mismos. Las profesionales también se refirieron largamente a la problemática que atravesó la familia de [la víctima], a partir de la separación de sus padres, la implicancia y actitudes que los padres [de la nombrada] tuvieron ante la situación de profunda desavenencia familiar y el desinterés que evidenciaron por el bienestar afectivo de [V. V. I.]" (fs. cit.).
Hizo hincapié en que fue sopesado en ese fallo absolutorio dado por mayoría que "...todos los profesionales que abordaron a [V. V. I.], tanto peritos [...] como psicólogos tratantes, advirtieron sobre la urgente necesidad de asistencia profesional, como también sobre la gravedad del comportamiento autodestructivo y manipulador de la joven [I.]" (fs. íd. y vta.).
Sostuvo, en cuanto a la constatación en el imputado de la enfermedad HPV -o VPH, virus del papiloma humano- que fue afirmada por la parte acusadora, que en el sufragio mayoritario correspondiente al veredicto absolutorio bajo análisis se puso de relieve que "...[R. D.] I. acompañó un certificado médico expedido por el doctor [Patricio] Medel, quien consignó que la dolencia que tenía el imputado no es HPV sino una verruga viral conforme el resultado anatomopatológico por él obtenido. En el mismo sentido se expidió el galeno cuando declaró en el juicio, respondiendo a las preguntas de los recurrentes sobre el particular" y, en relación con la mencionada prueba, también indicó que "...el voto de la mayoría [del tribunal de origen] concluyó que pudo ser controlada por la [a]cusación y que las explicaciones dadas por el doctor [Medel] en el debate no fueron replicadas. A partir de todos los elementos analizados las magistradas explicaron lógica y razonadamente que no existe certeza de que [R. D.] I. tuvo la enfermedad de transmisión sexual HPV que se constató en [V. V. I.]" (fs. 115 vta.).
Concluyó, por las razones que han sido reseñadas, que debían ser desestimadas las críticas de los recurrentes en cuanto sostuvieron -con apoyo en el voto minoritario del veredicto obrante en autos- que los abusos sexuales denunciados se encontraban probados, como así también el extremo de la autoría responsable del imputado I. respecto de ellos, atento advertir que el tribunal de mérito -conforme los fundamentos empleados por la mayoría- realizó un análisis pormenorizado de la totalidad de la prueba testimonial y pericial producida en la causa, explicando los motivos por los cuales otorgó poder de convicción a unos testimonios en detrimento de otros y las razones en virtud de las cuales no pudieron superar el estado de duda, lo que derivó en el dictado de un pronunciamiento de matriz absolutoria (v. fs. 115 vta. y 116).
Indicó, en línea con el temperamento adoptado, que "No es correcto afirmar [...] que los sentenciantes hayan desapercibido o no valorado prueba obrante en la causa. Todos los informes y declaraciones a los que se refieren en los recursos fueron aludidos y valorados por las magistradas [que integraron la mayoría del tribunal interviniente], aunque no con el resultado imperativo perseguido por la acusación pública y privada" (fs. 116).
Estableció que en los casos en los que se investiga la comisión de delitos contra la integridad sexual, "...la convicción respecto de la ocurrencia de la hipótesis delictiva se logra también a través del testimonio de los peritos psicólogos que informan respecto de los dichos de quienes aparecen como víctimas en la causa, que en la búsqueda de indicadores constituyen un medio más de prueba, que debe enlazarse con los otros. Claro está que sus dictámenes no son vinculantes, que los sentenciantes deben formar convicción sobre la base de la prueba producida y no sobre sus conclusiones, encuentro que todo ello se presenta en la especie" y, en sintonía con ese razonamiento, afirmó "...la existencia de equilibrio entre la prueba de la causa que lógicamente generó la duda invocada por las magistradas [que integraron el sufragio mayoritario]", por lo que coligió que la postura de los recurrentes de invalidar el veredicto absolutorio se cimentó "...en la existencia de hechos que la mayoría del tribunal [de origen] correctamente declaró que no se pudieron demostrar" (fs. íd. y vta.).
Hizo un racconto de aquellas circunstancias que condujeron a las señoras juezas del tribunal de mérito, doctoras Bárcena y Dalsaso, a tener por configurado -por mayoría- un estado de duda insuperable respecto de la existencia del hecho y la autoría responsable del acusado R. D. I., ello en función de una "...extensa y minuciosa ponderación objetiva del plexo [probatorio] cargoso" y consideró, seguidamente, que correspondía desestimar los cuestionamientos de la parte acusadora en la medida que "...se limitan a una personal interpretación de las pruebas consideradas en el fallo, pero sin demostrar que el análisis que de ellas efectuó el tribunal de grado [-por mayoría-] se haya encontrado afectado por alguno de los vicios invocados en la impugnación. Tampoco en los recursos aparece ese aporte que es necesario para alcanzar la certeza que avale el dictado de una condena" (fs. cit. vta. y 117
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