Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134408
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara la extinción de la acción penal por prescripción en orden al delito de amenazas simples por el que venía condenado Luis Adrián Veragua (arts. 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 -según ley 25.990- y 149 bis, CPP).
Asimismo, como consecuencia de lo anterior, se declara inoficioso el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (conf. art. 488, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.408-RC, "Veragua, Luis Adrián s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 30.763 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria .
La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Morón, con fecha 16 de julio de 2019, revocó parcialmente la decisión del Juzgado en lo Correccional n° 1 departamental que había absuelto a Luis Adrián Veragua respecto de los delitos de amenazas simples y lesiones leves. En consecuencia, condenó al nombrado en orden al delito de amenazas simples y ordenó el reenvío a la instancia para la individualización de la pena (v. fs. 172/175 vta., legajo 30.763).
Con fecha 9 de septiembre de 2019, el Juzgado Correccional n° 1, en cumplimiento del reenvío, condenó a Veragua a la pena de ocho meses de prisión de efectivo cumplimiento, costas y declaración de reincidencia (v. fs. 231/236, legajo cit.).
La Sala I de la Cámara, el día 25 de septiembre de 2020, frente a la vía extraordinaria de inaplicabilidad deducida por la defensa oficial, luego de reconducirla como recurso de apelación (conf. causa P. 108.199 y su progenie), la rechazó y confirmó tanto la materialidad ilícita como el monto de pena impuesto (v. fs. 227/232, legajo cit.).
Frente a ello, la señora defensora oficial, doctora María Virginia Marsicovetere, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1/13 de la presente causa).
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías, mediante resolución de fecha 10 de noviembre de 2020, admitió la impugnación en lo que hace a las denuncias de violación de los principios de legalidad e irretroactividad de la ley penal por considerar que el hecho por el que fue condenado Veragua no encuadraba en la figura legal de amenazas (v. fs. 14/16).
La señora defensora oficial, doctora Ana Julia Biasotti, efectuó una presentación originaria ante esta Suprema Corte en la que, como cuestión previa, requirió que se analice la vigencia de la acción penal. Argumentó que, teniendo en cuenta que en el carril extraordinario había tachado de arbitraria la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de Alzada en la sentencia impugnada y que, desde el fallo de condena no firme dictado el día 9 de septiembre de 2019, había transcurrido el tiempo necesario para declarar la prescripción de la acción penal. En su apoyo, citó los fallos "Salas Jara", "Farina" y "Mawiel" de la Corte nacional, entre otros (v. fs. 48 y vta.).
Oída la Procuración General (v. fs. 40/43 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 45) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
Previa: ¿Corresponde declarar la prescripción de la acción penal del delito de amenazas simples?
En caso negativo:
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El pedido de prescripción de la acción penal del delito de amenazas simples (conf. art. 149 bis, primer párr., Cód. Penal) formulado por la defensa oficial ante esta Suprema Corte, dadas las particularidades del caso, es procedente (conf. arts. 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 inc. "e", 149 bis y concs., Cód. Penal).
I.1. En primer lugar, cabe recordar que es un criterio consolidado que la prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, actúa de pleno derecho, por el solo "transcurso del tiempo" (conf. causas P. 57.460, sent. de 29-XII-2004; P. 83.722, sent. de 23-II-2005; entre muchas otras).
Y ello debe ser resuelto por esta Corte, aun en el estrecho marco de su competencia extraordinaria, cuando se encuentren verificados todos los requisitos positivos y negativos que establece la ley para su procedencia, a efectos de evitar la continuación de un juicio innecesario (conf. CSJN Fallos: 186:396 y 318:2481). Estos son: 1) el transcurso del plazo pertinente (art. 62, Cód. Penal) y 2) la inexistencia de actos procesales interruptores y la no comisión de un nuevo delito (conf. art. 67, Cód. cit.).
I.2. Como segundo punto, resulta de utilidad aclarar que esta Suprema Corte venía sosteniendo de manera reiterada que el fallo revisor de la sentencia de condena interrumpe el curso de la prescripción, doctrina que fue sentada en la causa P. 121.979, "Salinas" (resol. de 16-VIII-2015), conforme los lineamientos que habían sido establecidos en las causas P. 84.431, sentencia de 31-X-2007; P. 90.959, sentencia de 3-IX-2008; P. 90.736, sentencia de 30-IX-2009; P. 105.309, sentencia de 29-IV-2015; entre otras.
Si bien en el marco de las causas P. 131.745, "Villafañe" (sent. de 21-VII-2020) y P. 132.525, "Godoy" (sent. de 23-VII-2020), a cuyos términos me remito en su totalidad, se aplicó la doctrina del fallo "Farina" de la Corte federal (sent. de 26-XII-2019), en lo que respecta a la interpretación que debe darse al art. 67 inc. "e" del Código Penal (ley 25.990), puntualmente, en el sentido de considerar que el último acto interruptor de la prescripción al que se alude en dicha norma es únicamente "...el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme"; en el caso, aún bajo el amparo de la doctrina anterior (causa P. 121.979, cit. y su progenie), la acción penal en orden al delito de amenazas simples (art. 149 bis, Cód. Penal) de todos modos está prescripta.
En efecto, tanto sea que se compute el término legal de prescripción desde la sentencia del Juzgado correccional de fecha 9 de septiembre de 2019 (que en cumplimiento del reenvío ordenado por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías departamental impuso pena y completó el fallo de condena), como que se lo haga a partir del fallo de la Sala I de la Cámara del día 25 de septiembre de 2020 (que revisó el fallo de condena y lo confirmó en todos sus términos), se arriba a la misma conclusión, esto es, que el plazo prescriptivo ha transcurrido fatalmente de acuerdo con los arts. 62 inc. 2 y 67 del Código Penal (t.o. según ley 25.990).
I.3. Por otra parte, efectuadas las constataciones pertinentes, no media en autos la causal prevista en el art. 67, cuarto párrafo, inc. "a" (ley 25.990), a tenor de los informes de la Dirección de Antecedentes Personales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y del Registro Nacional de Reincidencia que obran a fs. 54, 60/61 y 96/97.
I.4. Por todo lo expuesto, habiéndose constatado el cumplimiento de todos los requisitos legales del instituto de la prescripción de la acción penal, corresponde declarar la extinción de la acción penal en orden al delito de amenazas simples por el que Luis Adrián Veragua fue condenado (arts. 62 inc. 2, 67 -según ley 25.990- y 149 bis, Cód. Penal).
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó la cuestión previa también por la afirmativa .
A la cuestión previa planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Coincido con la solución que propicia el doctor Torres; la acción penal, por el paso del tiempo, prescribió y por lo tanto corresponde declarar su extinción.
Es que, encontrándose ya vigente el criterio interpretativo impuesto por la Corte federal en el precedente "Farina" (CSJN Fallos: 342:2344), al tiempo en que la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías de Morón -tras reconducir la impugnación presentada por la defensa de Veragua- confirmó la materialidad ilícita y la pena impuesta (v. fs. 227/232, fallo de 25 de septiembre de 2020), corresponde tomar como último acto interruptor del curso de la prescripción a la decisión del Juzgado en lo Correccional que, tras el reenvío ordenado por el revisor, procedió a completar la sentencia de condena, con fecha 9 de septiembre de 2019.
De todos modos, como indica el colega ponente, resulta notorio que aún bajo la interpretación anterior, es decir, tomando en consideración al fallo revisor como último acto interruptor, se llega a la misma conclusión en tanto que también transcurrió, desde el día 25 de septiembre de 2020, el máximo de duración de la pena señalada para el delito de amenazas simples (art. 149 bis, Cód. Penal).
Aunado a lo dicho, los informes de antecedentes refieren que el imputado no ha cometido nuevos delitos que obliguen a recomenzar a computar el plazo de vigencia de la acción penal (art. 67 inc. "a", Cód. Penal).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Coincido con la solución que propicia el doctor Torres.
Pues, sea que se compute el término legal de prescripción desde la sentencia de la Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional del Departamento Judicial de Morón que el día 25 de septiembre de 2020 convalidó el fallo de condena respecto de Luis Adrián Veragua, en relación con el delito de amenazas simples -hecho del día 17 de julio de 2017-, o se considere, como propone el señor juez ponente, la sentencia del señor juez correccional que, luego del reenvío ante la revocación de la absolución primeramente decretada, impuso pena (sent. de 9-IX-2019), de igual modo corresponde establecer que ha transcurrido el plazo legal de prescripción de la acción penal -de dos años- de acuerdo con los arts. 62 inc. 2 y 67 -según ley 25.990-, ambos del Código Penal, a tenor del delito de marras (art. 149 bis, primer párr., Cód. Penal).
Lo dicho torna inoficiosa toda discusión respecto de la adecuación al caso de la doctrina de esta Corte sentada en la causa P. 121.979, "Salinas" (resol. de 16-VIII-2015), o la que se señala nacida al amparo del fallo "Farina" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (sent. de 26-XII-2019), referido a la interpretación del art. 67 inc. "e" del Código Penal, según ley 25.990 (doctr. art. 488, CPP), para tener por efectivamente abastecido el transcurso del tiempo determinante de la prescripción.
De otro lado, constatada la inexistencia de delitos que hayan interrumpido el plazo prescriptivo -según se señala en el voto del señor juez que abre el acuerdo- adhiero a la declaración de extinción de la acción penal por prescripción en orden al delito de amenazas simples por el que Veragua venía condenado.
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Dado el resultado al que se ha arribado en la cuestión previa, en la cual se declara la extinción de la acción penal por prescripción en orden al delito de amenazas simples por el que venía condenado Luis Adrián Veragua, deviene inoficioso el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (conf. art. 488, CPP).
Así lo voto .
El señor Juez doctor Genoud , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la cuestión planteada en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se declara la extinción de la acción penal por prescripción en orden al delito de amenazas simples por el que venía condenado Luis Adrián Veragua (arts. 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 -según ley 25.990- y 149 bis, CPP).
Asimismo, como consecuencia de lo anterior, se declara inoficioso el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (conf. art. 488, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/10/2023 13:17:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/10/2023 14:46:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/10/2023 08:42:06 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/10/2023 13:58:21 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/10/2023 14:18:06 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 04/10/2023 14:54:22 hs. bajo el número RS-124-2023 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia