Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135754
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.754, "Aguilera, Mauricio Sergio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 101.110 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres .
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 24 de septiembre de 2020, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa particular contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de La Plata, que condenó a Mauricio Sergio Aguilera a la pena de diez años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego -arts. 40, 41, 41 bis y 79 del Código Penal- (v. fs. 67/79).
Los defensores particulares, doctores Julio Ricardo Beley y Bruno Strassera, interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 82/97 vta.), el que fue declarado admisible por el tribunal recurrido conforme el alcance allí establecido -ver apartado 2- (v. fs. 101/102 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 106/111), dictada la providencia de autos (v. fs. 113), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Los defensores particulares de Mauricio Sergio Aguilera denunciaron que el Tribunal de Casación Penal efectuó una valoración parcial y absurda de la prueba, inconciliable con las probanzas producidas durante el debate, habiéndose aplicado erróneamente los arts. 42 [ rectius : 41 bis] y 79 del Código Penal en lo que respecta a la acreditación del obrar doloso puesto en cabeza de su pupilo -inexistente a su modo de ver-, por lo cual tildaron la decisión de arbitraria (v. fs. 85).
Afirmaron que el órgano revisor realizó una composición irrazonable de la prueba y, además, prescindió de otros elementos relevantes que demostrarían que el actuar del encausado Aguilera no fue doloso, tales como la existencia de: i) relatos que acreditarían que el nombrado fue apuntado con un arma de fuego por parte de los sujetos agresores que ingresaron al local comercial "Me Piace" donde tuvo lugar el evento; ii) filmaciones correspondientes a la reconstrucción del hecho de donde se infiere una luminosidad que imposibilitaba la percepción por parte del imputado respecto de las personas ubicadas en la vereda del bar; iii) múltiples contradicciones e incongruencias manifestadas por la hermana de la víctima; etcétera. En ese marco, sostuvieron que el fallo partió de la base de que el encausado era culpable a título doloso y de allí se construyó un iter supuestamente lógico que desembocó en la condena cuestionada, a su criterio (v. fs. 85 vta. y 86).
Denunciaron, seguidamente, una deficiente fundamentación del fallo en revisión por haber prescindido de las reglas establecidas para su dictado en los arts. 1 y 18 de la Constitución nacional y 106, 210 y 371 del Código Procesal Penal y que el veredicto condenatorio y la sentencia dictada se apoyaron en fundamentos aparentes y contradictorios, tornando el pronunciamiento en arbitrario y lesionando, a su vez, el derecho de defensa en juicio y el debido proceso (v. fs. 86).
Advirtieron, luego de efectuar una reseña de la materialidad ilícita, la autoría responsable atribuida a su asistido y los argumentos utilizados a fin de tener por acreditado el obrar doloso del imputado, sobre las inconsistencias e incongruencias que surgen de: i) las conclusiones periciales que determinaron la trayectoria del proyectil disparado por Aguilera (v. fs. 86 vta. y 87); ii) las dos declaraciones brindadas por la hermana de la víctima durante la instrucción, quien habría manifestado que en el momento del disparo el moto vehículo en el que huían los delincuentes "...no había llegado a mitad de cuadra (es decir sobre calle 9, más cerca de calle 54 [de La Plata])" o la afirmación de que la luminosidad era tal que no podía negarle al imputado la percepción de las personas que estaban ubicadas en la esquina de la calle 53 de esa misma ciudad (v. fs. 88 vta. y 89) y iii) del razonamiento -a su juicio falaz- respecto de lo relatado por Agustín Alejandro González, quien habría dicho que "... estamos en el medio del centro, había buena iluminación " y de ahí se estableció que Aguilera no podía no haber captado a las personas ubicadas en la mencionada calle (el destacado figura en el original; v. fs. 89).
Consideraron que la prueba producida durante el debate fue analizada de modo arbitrario por el tribunal casatorio, en tanto siempre estuvo direccionada hacia la condena de Aguilera por un homicidio doloso, mientras que esa defensa siempre había sostenido que la intención de su asistido fue defender su vida y la de las personas que se encontraban detrás suyo (v. fs. 89 y vta.).
Afirmaron que Aguilera disparó al ser apuntado por uno de los asaltantes y actuó con un " animus defendendi ", confiando en que con su disparo barrería con la amenaza "seria e inminente" de perder su vida o de quienes estaban en peligro (el destacado figura en el original; v. fs. 89 vta. y 90).
Trajeron a colación el video de la reconstrucción del hecho del cual surgiría con claridad, a juicio de esa defensa, que "... la confianza de Aguilera se encontraba fundada en los hechos y su margen de decisión estaba acotado y se puede resumir en un 'su vida -en relación a quien lo apuntaba- o la mía' ", y alegaron que su defendido "... no dudó en disparar, no buscó la situación sino que logró repeler a los asaltantes del local comercial sin extraer su arma, sin exhibirla; solamente la utilizó cuando su vida corrió un peligro indiscutido. Por lo que corresponde afirmar la errónea aplicación del artículo 79 del código de fondo para tener por acreditado el actuar doloso de Mauricio Aguilera" (el destacado figura en el original; fs. 90).
Argumentaron que no existió una relación de causalidad entre el disparo de Aguilera con relación a la víctima y la imputación a título de dolo, dado que "... el mero hecho de haber disparado el arma de fuego con 'animus defendendi' confiando en que barrería con la fuente de peligro (sujeto apuntando con un arma de fuego), el dolo queda absolutamente descartado " (el destacado figura en el original; fs. 91).
Adujeron, luego, que el análisis efectuado respecto del testimonio de Agustín Alejandro González -mesero del local comercial "Me Piace"- habría sido efectuado de un modo parcial y arbitrario, debido a que relató con precisión que en el momento del hecho tuvo temor por su vida y que el obrar de Aguilera había sido correcto, pero que "...al día de hoy [entendía] que el actuar [del nombrado] fue apresurado" (fs. 92).
Sostuvieron que ante un plexo probatorio contradictorio debió haberse aplicado en beneficio de su asistido el principio de in dubio pro reo (v. fs. cit./94), objetaron que se haya descartado la posibilidad de que el imputado obrase de modo imprudente (v. fs. 94 vta.) e hicieron un repaso de la declaración del imputado que brindó en los términos del art. 308 del Código de rito (v. fs. cit. vta./96).
Concluyeron en que las constancias probatorias analizadas, impiden tener por demostrada la intención por parte de Aguilera de provocar el resultado mortal acaecido en autos, y menos aún, que haya actuado con desprecio e indiferencia ante la posibilidad o probabilidad de que -a raíz del disparo efectuado con su arma reglamentaria en ocasión de perseguir a los sujetos que previamente habían cometido el desapoderamiento ilegítimo en el local comercial "Me Piace" muñidos de armas de fuego-, se produjera la muerte de una persona que se hallaba en inmediaciones del lugar -Nélida Soledad Bowers- (v. fs. 96 y vta.).
Precisaron que las circunstancias vinculadas con la inmediatez con que se produjo el desenlace del suceso, la actitud de los sujetos activos mientras se daban a la fuga al grito de "tirale, tirale", el temor por la vida de quienes se hallaban detrás de su defendido, la nocturnidad, la mala visión debido al horario, la conducta asumida por Aguilera para con la víctima fatal apenas ocurrido el evento en tanto acudió inmediatamente a asistirla, conducen -a su modo de ver- al entendimiento de que el procesado en ningún momento tuvo dentro de su esfera de conocimiento el desenlace final, no se resignó ante dicha posibilidad, no actuó con indiferencia ante la probabilidad de ese resultado y -en definitiva- no obró con un dolo homicida eventual, sino más bien con un dolo de justificación (v. fs. 96 vta.).
Solicitaron, por las razones expuestas, que -a todo evento- el obrar atribuido al encausado debe ser disculpado, o en su defecto, el hecho sea calificado como homicidio culposo -conforme art. 84 del Código Penal- (v. fs. cit. vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó en su dictamen el rechazo del recurso (v. fs. 106/111), postura con la cual coincido.
III. Debo señalar previamente que, al realizar el juicio de admisibilidad, el tribunal casatorio consideró -en lo que resulta pertinente destacar- que el recurso interpuesto únicamente puede fundarse en la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o doctrina legal referida a ella (art. 494, CPP) y que en el caso bajo análisis "...la índole de los agravios cumple con los recaudos de la vía recursiva escogida", y si bien la defensa había esgrimido la existencia de cuestiones federales -relacionadas sustancialmente con la arbitrariedad del fallo en revisión y la consecuente transgresión de los principios del debido proceso y la defensa en juicio-, su argumentación "...se cierne, en rigor de verdad, en una típica cuestión de interpretación y alcance de la ley sustantiva", vinculada con la errónea subsunción del hecho en los arts. 41 bis y 79 del Código Penal y, subsidiariamente, con la inobservancia de los arts. 34 -formalmente no citado- y 84 del citado digesto de fondo (v. esp. fs. 101 y vta.).
Entonces, cuando, como en el caso, la incorrecta aplicación de las normas sustantivas y la arbitrariedad -por indebida fundamentación- vienen inescindiblemente ligadas, la no concesión del recurso en el tramo referido a la arbitrariedad traería consigo la ruptura en la unidad conceptual de la argumentación de la parte recurrente, lo que demuestra la necesidad de analizar íntegramente los planteos formulados (conf. CSJN Fallos: 340:1149; SCBA, causas P. 133.182, resol. de 11-III-2020; P. 133.084, sent. de 15-XII-2020; P. 133.631, sent. de 13-IV-2021; P. 134.007, sent. de 7-XII-2021; P. 134.864, sent. de 28-XII-2021; e.o.).
IV.1. Aclarado ello, cabe destacar que la plataforma fáctica que arribó firme a la instancia intermedia (v. esp. fs. 73 vta.) y de la que dio cuenta el Tribunal de Casación, es la siguiente: "...aproximadamente a las 22:10 hs del día 29 de agosto del año 2013, dos sujetos masculinos, con arma de fuego en mano, ingresaron a la confitería 'Me Piace', sita en calle 9 y 54 de La Plata, y se apoderaron ilegítimamente del dinero existente en la caja y del perteneciente a los clientes que se encontraban en la planta baja, además de sus objetos de valor, para darse a la fuga -a bordo de dos motocicletas- por calle 9 en dirección a 53, los cuales -en ese momento- no fueron habidos. Que en esa oportunidad, en el interior del comercio siniestrado, se encontraba Mauricio Sergio Aguilera, un efectivo policial, quien advirtió la maniobra ilícita, salió detrás de los autores del hecho munido [sic] de su arma reglamentaria y con el objetivo de detenerlos, contexto en cual efectuó un disparo en dirección hacia una de las motocicletas, juzgando como no improbable las consecuencias negativas que su accionar aparejó, esto es, que el proyectil dirigido hacia los asaltantes fue a dar contra la persona de Nélida Soledad Bowers, que ocasionalmente se encontraba en calle 9 casi esquina 53, la cual a raíz del mismo, perdió su vida momentos más tarde en el Hospital San Martín de esta ciudad" (fs. 69).
IV.2. Sentado ello, el tribunal revisor abordó los agravios llevados por la defensa de Aguilera en el recurso de la especialidad, vinculados sustancialmente todos ellos con la absurda, irrazonable y parcial valoración de la prueba y la ausencia del dolo homicida en el actuar de su pupilo (v. fs. 29/43 -rec. casatorio cit.-; 69 y sigs. -sent. recurrida-).
Comenzó, por razones metodológicas, con una reseña de los argumentos expuestos en el pronunciamiento dictado en la instancia originaria (conf. sufragio emitido por el juez Fernández Lorenzo que concitó las adhesiones de la doctora Sanucci y el doctor Decastelli), en cuyo marco se sostuvo que "...jamás podría justificarse el homicidio de [la víctima] Nélida Soledad Bowers, sencillamente porque ella no era responsable del peligro que se pretendía eliminar, y porque, concurriendo la hipótesis de máxima (se ha causado su muerte), el saldo no deviene -lógicamente- positivo ni prepondera de modo relevante; en palabras más sencillas: el derecho no puede aprobar una conducta (principio de justificación) que ha causado imputablemente la muerte de un tercero inocente y que nada tenía que ver con el peligro originario que pretendía conjurar. Esto es indiscutible" (fs. 69 y vta.).
Mencionó que el juzgador de origen dio respuesta al planteo de la defensa referido al cumplimiento del deber por parte del imputado Aguilera, acudiendo para ello al análisis del marco regulatorio que impone deberes especiales a los funcionarios policiales como representantes de la institución y, con ese norte, aludió a la normativa que reglamenta el accionar policial -ley 13.482- que exigía al nombrado "...en su intervención y en lo que hace al empleo de armas de fuego, anteponer la preservación de la vida humana o de su integridad al éxito de la actuación o la conservación de la propiedad", razonando al respecto -el juez de la instancia originaria- que "...Aguilera hizo todo al revés a lo debido. En un lugar céntrico y lleno de personas, disparó a la carrera, a un objetivo en movimiento y unos metros alejado de su posición, detrás del cual y en la línea de fuego, había un grupo considerable de personas haciendo fila -casi en la calle- para entrar al bar-café ubicado en la otra esquina, llegando incluso a decir que no apuntó y paró su carrera, sino que fue 'un dedazo'... este proceder, amén de constituir una irresponsabilidad absoluta, significa algo más, comunica un acto de hostilidad frente a la vigencia de la norma vulnerada, defraudando la expectativa social-normativa de que la policía tiene como deber primario preservar y no arrogarse la vida de terceros ajenos" (fs. 69 vta.).
Citó, a continuación, la conclusión del fallo de primera condena en orden a que "...independientemente de la improcedencia del cumplimiento del deber como justificación, tampoco la legítima defensa podría tener cabida, ante la ya remarcada ajenidad de la víctima respecto del peligro que el funcionario [Aguilera] pretendía repeler", descartándose por considerarlo dirimente -aun cuando no fuera alegado por la defensa- la posibilidad de la exculpación de la conducta en juzgamiento bajo un estado de necesidad (v. fs. cit. vta./70 vta.).
Continuó con el análisis de la sentencia de mérito y señaló que en ella se estableció que "...amén que el imputado dejó en claro que fue amenazado a partir de lo que parecía ser un arma de fuego, no es menos cierto de que admitió que realizó la detonación en plena corrida, sin detenerse para apuntar, mientras la motocicleta en la que iba quien le amenazaba estaba en marcha y en plena fuga", dando cuenta también de diversos testimonios que descartaban la versión de Aguilera como de otros que la respaldaban (v. fs. 70 vta./72). A partir de tal plexo probatorio, el juzgador de grado consideró que "...existió un pequeño lapso temporal [sic], si bien escaso, pero que permite verificar la imputación dolosa del homicidio al justiciable Aguilera [...], cual es, la existencia de un hiato, mínimo pero valorativamente suficiente, para concluir que [...] hubo solución de continuidad entre la conducta de los asaltantes consistente en 'tirale, tirale' del conductor [de la moto] y el darse vuelta apuntando... del otro que iba atrás de aquél, y la respuesta del policía [Aguilera] que apareció una vez fenecida aquella situación, cuando las motos ya habían arrancado, se habían alejado en forma considerable de la puerta de [la confitería] 'Me Piace' y estaban emprendiendo la huida [...]. Es decir, existió un pequeño lapso temporal [sic] entre la amenaza armada contra el imputado y la acción de este último de disparar, puesto que [...] quedó en evidencia [de los testimonios mencionados], [que aquél] gatilló su arma reglamentaria cuando las motocicletas ya estaban en plena huida, es decir, en movimiento, y ya a cierta distancia" (fs. 72 y vta.).
Aludió, a su vez, al análisis efectuado en su fallo por el magistrado que intervino en el debate en torno al testimonio brindado por Agustín Alejandro González -trabajador del establecimiento comercial "Me Piace" donde se perpetró el desapoderamiento ilegítimo-, en cuanto expuso que "...cuando salió del local y llegó a la esquina -previo al disparo del funcionario policial [Aguilera]- [y] dijo '... yo ya los veía yéndose en la moto ...' [...,] '... la moto estaba mitad de cuadra, un poquito más adelante... ' y que la distancia entre el imputado y la motocicleta era ' mitad [de] cuadra' , dejando en evidencia que Aguilera no disparó al ser apuntado, sino a posteriori, es decir, en la huida de los asaltantes". Sobre esa base, el juez de la instancia consideró que "...aun aceptando -por beneficio de la duda- que, en ese contexto, existió algún tipo de peligro, este no fue de tal magnitud para permitirle a Aguilera exonerarse por vía del estado de necesidad exculpante" y "...dado que la víctima fallecida fue totalmente ajena al curso causal dañoso originario (imposibilidad de trasladar los costes de su eliminación hacia un tercero ajeno y con un saldo que no es positivo ni prepondera de modo relevante), el peligro base de la exculpación ha de ser 'normativamente considerable' para exonerar al sujeto que infringió el deber de respeto al proyecto de quien nada hizo de continuar con su existencia", a lo que debía sumarse "...la condición policial del imputado, quien ejercía su función al momento del hecho, quedando en evidencia que violentó su propio rol, su deber como funcionario, restringiéndose, aún más, el ámbito de su exculpación" (el destacado figura en el original; fs. 72 vta. y 73).
Indicó, por estimarlo relevante, que el sentenciante que intervino en la etapa originaria había cerrado su argumentación afirmando que "...aun aceptado -por beneficio de la duda- aquél peligro [aludido precedentemente], este fue específico de la actividad de funcionario policial, debiendo ser aceptado como tal" y que "...solamente ante un riesgo de muerte segura podría aceptarse la exculpación bajo un estado de necesidad, lo cual no ocurrió pues el imputado no se encontró ante el dilema de disparar o morir con seguridad", a lo cual agregó que "...no puede soslayarse el contexto del atraco, si bien algún comensal vio un arma [de fuego] en la mano de uno de los asaltantes... lo cierto es que, dentro del local, no hubo una carga de violencia extraordinaria más allá de la ínsita en todo tipo de robo [...], es decir, [...] en modo alguno dieron señales de que estaban dispuestos a iniciar un enfrentamiento armado en la esquina de [la confitería] 'Me Piace'". Además, quedó expuesto en la mentada decisión de mérito que "...quien lo habría apuntado [al imputado] tenía una posición totalmente desfavorable y es
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