Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136165
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.165, "Altamirano, Emanuel Iván; Pérez, Miguel Ángel y Altamirano, Luciano Abel. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 102.035 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de diciembre de 2020, resolvió -en lo que resulta de interés para el caso- rechazar el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de San Martín que -en lo que también importar destacar- había condenado a Miguel Ángel Pérez a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por tratarse de una persona con quien ha mantenido una relación de pareja, por haberse cometido mediando violencia de género y por el empleo de arma (arts. 40, 41, 41 bis, 45, 80 incs. 1 y 11, Cód. Penal).
Frente a lo así resuelto, la señora defensora oficial adjunta ante aquella instancia, doctora Ana Julia Biasotti, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor del nombrado (v. archivo digital en actuaciones del 28 de enero de 2022), el cual fue concedido por resolución del tribunal intermedio del 23 de junio de 2021.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital del 23 de noviembre de 2022), dictada la providencia de autos en la misma fecha y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La señora defensora oficial adjunta, en oportunidad de presentar el recurso extraordinario, formuló dos agravios.
I.1. En primer lugar, denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 1 del Código Penal y la vulneración a los principios constitucionales de legalidad y máxima taxatividad (art. 18, Const. nac.).
Básicamente, se agravió por entender que, según los hechos acreditados, no se había configurado la agravante referida a la "relación de pareja".
Adujo que el tribunal revisor realizó un análisis arbitrario de la cuestión, pues la interpretación efectuada sobre dicho término no lograba delimitar de un modo certero el alcance de la expresión, sino que resultaba el producto exclusivo de la voluntad del tribunal y no la aplicación del derecho vigente conforme las constancias de la causa.
Consideró apropiado mencionar lo sostenido por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional en causa CCC 38.194/2103/TO1/CNC1 "E., D. s/ Recurso de casación", en cuanto a que debe alcanzarse una definición de relación de pareja que supere la multiplicidad de vínculos a los que se podría estar haciendo referencia y que "Hablar de pareja, de manera global e indeterminada, afecta el principio de máxima taxatividad legal, y puede permitir ampliar o reducir la gama de situaciones incluidas en la agravante, de acuerdo a la interpretación que los juzgadores efectúen a partir de su propia valoración cultural".
Alegó que hay que intentar desentrañar el espíritu de la ley apoyándose en otras normas del derecho positivo que permitan otorgar a esa interpretación un carácter armónico con el resto del ordenamiento jurídico, y no como lo hizo el tribunal revisor, sin un claro sustento en normas de la legislación nacional y de forma reñida con los principios que rigen la materia conforme el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Acosta".
Expresó que la razón de ser de la agravante son las relaciones vinculares existentes entre víctima y victimario, sin determinar diferencias de sexo, y que con ello la ley procuró "...equiparar a los supuestos de agravación del inciso 1º del art. 80, CP, los casos de los concubinos o uniones del mismo sexo que por una cuestión normativa no estaban alcanzados por la agravante de 'cónyuge' aunque, de hecho, social y culturalmente tuvieran el mismo reconocimiento que los esposos, del mismo modo en que se produjo en el ámbito de la legislación civil".
Tras efectuar una reseña de lo decidido por el tribunal intermedio, concluyó que la interpretación allí propuesta no permite delimitar con claridad las relaciones vinculares que se encontrarían abarcadas por la figura agravada del homicidio, convirtiendo a la norma prácticamente en un tipo penal abierto.
Con apoyo nuevamente en el precedente de la Cámara Nacional de Casación citado, refirió que solo se puede hablar de relación de pareja "...actual o pasada, a los fines previstos por el inc. 1ro. del art. 80, CP, cuando entre víctima y victimario exista o haya existido un vínculo afectivo de carácter singular, público, notorio, estable y permanente, en el que mediare o hubiese mediado convivencia. Y además, de acuerdo a lo previsto por el art. 510 del CCyC, esa convivencia tiene que mantenerse por un período no inferior a dos años, siendo también exigible que los integrantes de la pareja sean mayores de edad".
A partir de ello, concluyó que en el caso la relación vincular que mantuvieron Natalia Molina y Miguel Ángel Pérez no se llegó a perfeccionar una "relación de pareja" de acuerdo al sentido que corresponde atribuir al término a los fines de la figura agravada del homicidio, en consonancia con la regulación establecida en el art. 509 y siguientes del Código Civil y Comercial, respetuosa -a su juicio- de los principios de legalidad, pro homine y última ratio .
Por lo expuesto, teniendo en cuenta que el vínculo mantenido entre la víctima y el imputado no llegó a constituir una unión convivencial, solicitó se declare erróneamente aplicado el art. 80 inc. 1 del Código Penal.
I.2. En segundo término, denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 11 del Código Penal; la vulneración del principio de culpabilidad, debido proceso, derecho de defensa y presunción de inocencia (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.); y revisión aparente de la sentencia de condena (arts. 8.2.h., CADH y 14.5, PIDCP).
Luego de repasar los fundamentos dados por el tribunal revisor con relación a la acreditación de la agravante prevista en el art. 80 inc. 11 del Código Penal, adujo que dicho órgano efectuó una errónea y arbitraria valoración de la prueba al momento de confirmar la calificación enrostrada a su defendido.
Sostuvo que el Tribunal de Casación fue indiferente ante los planteos llevados en el recurso homónimo, vinculados a que en el caso no se habían acreditado los supuestos acontecimientos en los que se construyó la "violencia de género" que habría rodeado el homicidio, ni sobre la vaguedad con la cual se acreditó el "contexto circunstancial específico" de agresiones de Pérez hacia Molina que antecedió a su muerte y cómo todas esas circunstancias "mediaron" en la comisión del homicidio de la víctima conforme el art. 80 inc. 11 del Código Penal.
Consideró que la decisión impugnada constituyó un tránsito aparente por esa instancia que frustró el derecho del imputado a obtener la revisión de la sentencia condenatoria, de conformidad con lo establecido por los arts. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues la respuesta a sus reclamos consistió en una reiteración de las razones brindadas por el tribunal de grado, y no en un análisis acabado de las reales circunstancias que rodearon al hecho reprochado a su asistido.
Invocó en sostén de su postura los fallos "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y "Casal" y "Martínez Areco" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como lo resuelto en la causa P. 98.023, sentencia de 22-VIII-2007, de esta Suprema Corte.
Por todo lo expuesto en los apartados anteriores, solicitó se declare erróneamente aplicado el art. 80 incs. 1 y 11 del Código Penal.
II. Coincido con el dictamen de la Procuración General, el recurso no prospera.
III.1. El tribunal del juicio tuvo por acreditado en la causa 3.803 que "...el día 18 de julio de 2017, siendo alrededor de las 15:00 horas, el aquí imputado Miguel Ángel Pérez cuando se encontraba en el interior del departamento 1 de la calle Barragán 1777, del Barrio Fuerte Apache -de la localidad de Ciudadela, pdo. De Tres de Febrero-, le efectuó al cuerpo de Natalia Molina -quien era su pareja- por lo menos un disparo con el arma de fuego que portaba, impactando éste, en el estómago de la víctima, ello con claras intenciones de darle muerte y ocasionándole a Molina, una herida en la región del epigastrio, lesiones estas que finalmente con fecha 7/08/2017 causaron su fallecimiento".
Según los jueces de origen, la víctima murió por la utilización de un arma de fuego, conforme surge de la pericia de autopsia, que fue disparada voluntariamente por Pérez; y, más allá de la duración de la pareja -cuestionada por la defensa en su alegato-, la relación entre ambos (fruto del cual naciera la hija que tienen en común) se demostró acabadamente, sin necesidad de acreditarse -como parecía pretender la defensa- que dicha duración deba ser extendida en el tiempo para verse alcanzada por los extremos de encuadre típico que fuera motivo de intimación por parte del Ministerio Público Fiscal. Además, sostuvieron que la doble agravación en que se contextualizó la plataforma fáctica intimada resultaba fundada, porque la víctima y el imputado mantuvieron una relación de pareja conviviente y el homicidio se dio en un contexto de violencia de género.
En lo que respecta a la calificación legal, el hecho fue subsumido como homicidio agravado por tratarse de una persona con quien se mantuvo una relación de pareja, por haberse cometido mediando violencia de género y por el empleo de arma de fuego (arts. 41 bis y 80 incs. 1 y 11, Cód. Penal).
III.2.a. Por su parte, el Tribunal de Casación Penal, en respuesta a la crítica sobre la aplicación de la agravante del citado art. 80 inc. 1, se remitió al precedente n° 68.059 de ese tribunal, en el que se refirió que, con la nueva redacción de tal artículo, se amplió el espectro de protección de la norma pues la agravante no solo abarca vínculos de parentesco (ascendientes y descendientes) y relaciones conyugales, sino también otras nuevas modalidades de relación, actuales o pasadas (ex cónyuge o persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja); y agregó que esa variedad de relaciones interpersonales hace necesario precisar el concepto de "relación de pareja" a la luz del principio de legalidad (art. 18, Const. nac.).
Seguidamente, el tribunal revisor caracterizó a la "relación de pareja" a la que alude la ley como "...el vínculo interpersonal con determinada vocación de estabilidad, que une sentimentalmente a dos individuos para el desarrollo afectivo que ellos se brindan, con mayor o menor reciprocidad, en todas las áreas del amor"; y añadió que la norma por igual se refiere a una relación existente o mantenida en el pasado, por tanto, la convivencia resulta intrascendente.
Luego de hacer nuevamente alusión a lo fallado en el precedente citado respecto a las normas del Código Civil y Comercial, descartó la crítica de la defensa vinculada a la vaguedad de la expresión "relación de pareja". Puntualmente, indicó que el caso no presentaba lugar para la duda, dado que "...la víctima manifestó que era pareja de Pérez, y que, los testigos caracterizaron la relación como de 'novios', que los involucrados convivieron -aun sea por poco espacio de tiempo- y que incluso tuvieron una hija que al momento de los hechos contaba con dos años, situación que no deja margen de imprecisión para subsumirse el hecho de marras en el tipo penal del artículo 80 inc. 1 del C.P.".
Sumó a lo dicho que "Las mayores o menores intermitencias de ese vínculo entre las personas involucradas en el episodio, el que como se dijo surgió plenamente probado con la prueba testimonial, no lastiman su existencia, no debiendo olvidarse, a todo evento, que la prohibición legal alude a parejas actuales, pero en igual grado ubica a parejas pasadas, por lo que ninguna ventaja le trae a la defensa tales disquisiciones".
En consecuencia, estimó que la agravante cuestionada había quedado debidamente establecida.
A su vez, también descartó las alegaciones de la defensa sobre la afectación al principio de igualdad y proporcionalidad de las penas. Al respecto, señaló que la mera alegación de vulneración a tales principios no alcanzaba para cubrir el mínimo de los requisitos de suficiencia exigibles, cuando se pretende que no se aplique la figura legal en trato, y que además tampoco se había planteado la inconstitucionalidad de la agravante cuestionada.
III.2.b. Por otro lado, el tribunal intermedio desechó igualmente las críticas contra la agravante del inc. 11 del art. 80 del Código Penal.
Al respecto, sostuvo que "...cuando el [tribunal oral] hace pie en la prueba de testimonios (incluido el aportado por la propia víctima antes de su deceso) y la denuncia, está subrayando adecuadamente no solo el contexto de violencia por el que transitara la relación entre los sujetos involucrados, sino también al condimento subjetivo que acompañó la conducta de Pérez de dar muerte a [su] pareja, según el [tribunal de juicio], por no someterse a los deseos y voluntades de aquél, e intentar ser independiente".
Si bien consideró que no toda violencia contra la mujer de parte de un hombre implica siempre violencia de género, señaló que en el caso existió un contexto circunstancial específico de agresiones de Pérez hacia Molina (dichos de la víctima, de su madre y su abuela, en cuanto a episodios anteriores violentos), que antecedió a su muerte, lo cual, aunado a la voluntad de sometimiento en un contexto del que también se podría predicar cierta idea de pertenencia del acusado respecto de la víctima, según los dichos de esta en cuanto a que "...Pérez quería que la dicente fuera a buscar a un chico con la que la había visto hablar y con la intención de matar a este chico y como la dicente le dijo que no lo haría entonces Pérez le dijo 'entonces las balas son para vos' (sic) y después de decir esto Pérez le gatilló con el arma...".
En definitiva, concluyó que estas circunstancias, valoradas conjuntamente, daban cuenta de que se hallaban presentes los requisitos típicos de la figura aplicada.
IV. Como se adelantó, la impugnación no procede (conf. art. 496, CPP).
IV.1. El agravio vinculado con la errónea aplicación del art. 80 inc. 1 del Código Penal, no es de recibo, así como tampoco la vulneración del principio constitucional de legalidad.
Frente a la respuesta dada por el Tribunal de Casación Penal ante análogo planteo llevado a esa instancia sobre la aplicación de la ley sustantiva, y particularmente en lo referente a la "relación de pareja" entre el imputado y la víctima, la defensa no controvierte adecuadamente lo decidido -conforme fuera reseñado- con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa, e insiste con su postura opuesta y discrepante a fin de justificar una errada aplicación de la ley de fondo, como también la alegada vulneración a los principios que cita. El recurso es insuficiente (arg. art. 495, CPP).
En definitiva, como lo ha sostenido esta Suprema Corte en casos anteriores (causas P. 128.437, sent. de 8-VIII-2018; P. 131.282, sent. de 24-IV-2019 y P. 133.662, sent. de 24-IX-2021), la delimitación que pretende el recurrente del alcance del término "relación de pareja", merced a su remisión al art. 509 del Código Civil y Comercial de la Nación, que regula las "uniones convivenciales", no parece una hermenéutica sostenible, porque se desentiende de que esa "unión" del derecho privado expresamente establece como uno de sus requisitos la "convivencia" entre sus integrantes (en cuanto la define como la "unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida en común, sean del mismo o de diferente sexo"); en tanto la "relación de pareja" que mantiene o ha mantenido el autor, a la que alude el Código Penal -y tal como se desprende de los fundamentos de la ley 26.791 que dispuso el nuevo texto del actual art. 80 inc. 1 del Código Penal- al regular la agravante en cuestión específicamente expresa que no depende de que entre ellos "medie o haya mediado convivencia". Quien aquí recurre no aporta ninguna explicación que permita superar ese matiz diferencial a efectos de limitar el alcance del texto penal al del régimen civil, en virtud de las diferentes situaciones que se pretenden legislar y proteger.
En línea con lo hasta aquí expuesto, cabe agregar que, al votar en la causa P. 132.456 (sent. de 20-VII-2020), en la que la Suprema Corte se explayó con mayor amplitud sobre la interpretación del art. 80 inc. 1 del Código Penal, además de compartir el minucioso análisis realizado por el doctor Soria, efectué algunos agregados que creo apropiado reproducir aquí.
En primer lugar, destaqué que la propia dinámica de sanción de la ley 26.791 -el cambio de redacción del texto que ocurrió en el Senado y la insistencia de la Cámara de Diputados con la redacción original, que fue la que finalmente se aprobó- constituye una prueba más de la verdadera voluntad de quienes legislan.
En segundo lugar, señalé que la protección del vínculo afectivo-sentimental, aun en configuraciones menos formales que el matrimonio y las uniones convivenciales, no responde solo a los deberes de respeto recíproco y no agresión que pueden emerger de estas relaciones sino también a que el delito se produce a partir de un abuso de confianza. Confianza que no está basada en cualquier tipo de vínculo sino, justamente, en el derivado de la relación de pareja.
De tal conclusión derivé que no cualquier relación quedará abarcada por la figura agravada: en atención a los parámetros delineados, corresponderá indagar sobre la existencia de un vínculo afectivo o sentimental, con cierto grado de estabilidad y permanencia en el tiempo -no casual ni ocasional-, aunque no fuere continuo, en el que sus integrantes compartan o hayan compartido cierto ámbito de intimidad y confianza que, precisamente, haya dejado a la víctima en una posición de mayor vulnerabilidad.
Porque este tipo de relaciones, si bien no instauran obligaciones legales entre sus integrantes, sí funcionan como fuente de expectativas recíprocas y de confianza. Las personas que mantienen o han mantenido una relación de estas características se sienten racionalmente habilitadas a esperar ciertas conductas de su pareja -o expareja- que no esperarían de otros. Y tales expectativas y confianza, a su vez, causan que las prevenciones que se tomarían con una persona desconocida desaparezcan. Ante la pareja se "baja la guardia" (TSJ Córdoba causa "S., M. A.", sent. de 10-IX-2019, voto de la doctora Tarditti).
En tercer lugar, dije que aunque la redacción del art. 80 inc. 1 es neutral en términos de género, la incorporación de las relaciones de pareja vigentes o finalizadas se dio en el marco de una ley que buscó abarcar diversos contextos en que se producen femicidios y que quienes integran la legislatura tuvieron especialmente en cuenta que las mujeres son las principales víctimas de los homicidios consumados en el seno de las parejas o exparejas (Pazos Crocitto, José Ignacio; Los homicidios agravados , Hammurabi, Buenos Aires, 2017, págs. 67 y 74; v. también Pzellinsky, Romina y Piqué, María Luisa; "La incidencia de las recientes reformas del derecho civil en la interpretación del artículo
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