Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137535
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.535, "Palavecino, Jorge Javier. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 100.712 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 5 de octubre de 2020, declaró formalmente admisible y rechazó el recurso de queja interpuesto por el señor defensor oficial de Jorge Javier Palavecino contra la denegatoria del recurso de casación por parte de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que, a su vez, había confirmado la resolución del Juzgado de Ejecución Penal n° 1 departamental que rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal (redacción según ley 25.892) y no hizo lugar al pedido de libertad condicional solicitado en favor del nombrado.
Contra lo así resuelto, el señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor José María Hernández, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el cual fue declarado admisible por resolución del tribunal intermedio del 31 de marzo de 2022 para el abordaje de las cuestiones federales planteadas.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 19-V-2023), dictada la providencia de autos el día 22 de mayo de 2023 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La defensa oficial de Jorge Javier Palavecino cuestionó que el tribunal intermedio rechazara el recurso de casación deducido por esa parte sin tratar la inconstitucionalidad del art. 14, segundo párrafo, del Código Penal, negando -como fundamento de su decisión- que la inconstitucionalidad estuviese demostrada acabadamente y que la solución brindada al caso en las instancias anteriores hubiera sido adecuadamente cuestionada por la defensa.
Adujo que la cuestión federal que habilita la vía intentada fue sobradamente acreditada, desde dos aristas: en primer lugar, porque se encuentra en juego la validez de un artículo de una ley de fondo por ser contrario a la Constitución nacional y a los tratados internacionales de Derechos Humanos con igual jerarquía; en segundo lugar, porque la resolución impugnada incurre en arbitrariedad al negar una competencia propia del Tribunal de Casación (art. 18, Const. nac.).
Explicó que es falsa la afirmación del tribunal revisor que niega el carácter federal de los agravios, pues -en su opinión- constan con creces las razones por las cuales es imposible sostener la validez del art. 14, segundo párrafo, del Código Penal de modo racional, igualitario y respetuoso de los postulados constitucionales.
Sostuvo que dicha norma "...es un supuesto de derecho penal de autor que restringe la reinserción paulatina de una persona privada de su libertad al medio libre únicamente por el delito cometido, desconociéndose el esfuerzo personal, la evolución y superación que pudiera haber vivenciado esa persona intra muros".
Concluyó que tal manera de resolver importó la consagración de un mecanismo que lleva a negar la obligación de pronunciarse sobre la supremacía de la Constitución nacional y del bloque federal todo (art. 31, Const. nac.) y soslayó la necesaria intervención del Tribunal de Casación como órgano intermedio previo a la Corte provincial.
II. El señor Procurador General propuso el rechazo de la impugnación. Coincido con su opinión, aunque por otros fundamentos.
III. Previo a ingresar al fondo del reclamo, resulta necesario realizar una reseña de los antecedentes del caso.
III.1. En una primera intervención del Tribunal de Casación, el 13 de febrero de 2014, su Sala V -en lo que aquí interesa destacar- hizo lugar al recurso homónimo interpuesto por la defensa de Jorge Javier Palavecino contra el pronunciamiento del Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que había condenado al nombrado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor de los delitos de homicidio criminis causae en concurso real con robo agravado por su comisión con arma de fuego. En consecuencia, casó parcialmente el fallo recurrido a nivel de la calificación legal y la pena, y condenó a Palavecino a la pena de 13 años de prisión, accesorias legales y costas en orden al delito de robo agravado por el homicidio resultante. El hecho por el que recayó condena data del 23 de octubre de 2010 (conf. datos que surgen de la MEV).
III.2. El 21 de diciembre de 2015, el tribunal de mérito aprobó el cómputo de pena practicado respecto del nombrado Palavecino, según el cual aquella vencería el 16 de noviembre de 2023.
III.3. Con fecha 6 de junio de 2019, la defensa oficial planteó la inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal (redacción según ley 25.892) y solicitó que se incluya a su asistido en el régimen de libertad condicional.
En ese marco, denunció -esencialmente- la afectación del principio de igualdad ante la ley y del principio de progresividad y reinserción social al que toda la ejecución de la pena privativa de la libertad debe ir dirigida (arts. 1 y 16, Const. nac. y 5.6., CADH).
III.4. El Juzgado de Ejecución Penal n° 1 departamental, por resolución del día 26 de junio de 2019, rechazó -en lo que aquí importa- el planteo de inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal y, en consecuencia, no hizo lugar a la libertad condicional peticionada.
III.5. Contra esa decisión, la defensa oficial interpuso recurso de apelación, el que fue rechazado por la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental mediante el pronunciamiento dictado el 15 de julio de 2019.
III.6. Frente a ello, la parte dedujo recurso de casación, que fue denegado por la Sala III de la Cámara por resolución del 16 de octubre de 2019.
Para adoptar tal temperamento, luego de estimar satisfechos los requisitos de admisibilidad del art. 451 del Código Procesal Penal, los camaristas expresaron que, no obstante, la decisión impugnada no encuadraba dentro de los supuestos contemplados taxativamente en el art. 450 de ese mismo código.
En tal dirección, consideraron pertinente remarcar el criterio adoptado por ese órgano de alzada en la materia. Al respecto, citaron -entre otras- la causa 37.281, "Cáceres, Gastón s/ recurso de casación", registrada bajo el n° 211/10, en cuanto allí se dijo: "La norma del art. 450 in fine del ceremonial, establece que procede el recurso de casación en materia de coerción, contra resoluciones de las Cámaras departamentales que denieguen la libertad. Ello significa, que tratándose de autos confirmatorios de resolutorios de primera instancia, es decir, contándose [con] un doble conforme, la vía casatoria se encuentra vedada".
III.7. Ello motivó la interposición de queja por la defensa, mediante la cual -en resumen- postuló que "...colocar al a quo en la situación de tener que decidir sobre los supuestos de admisibilidad contenidos en el art. 450 del Código Procesal Penal, es poco menos que incitarlo a que, consciente o inconscientemente, asuma la crítica o acaso el respaldo de su propia obra: la decisión en crisis...", y que los pronunciamientos como el que aquí se cuestiona se encuentran especialmente previstos en el art. 450 del Código Procesal Penal, al facultarse el recurso de casación contra las decisiones dictadas por la Cámara de Apelación y Garantías cuando denieguen libertades en los términos intentados, incluso en la etapa de ejecución.
Concluyó que habiéndose demostrado los extremos del art. 433 del Código Procesal Penal debía hacerse lugar a la queja, declarar admisible el recurso de casación presentado oportunamente por esa parte, revocar la decisión de la Cámara que avaló el rechazo de la solicitud de inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal y consecuentemente, otorgar la libertad condicional a Palavecino.
III.8. Dicha queja -como se indicó en los antecedentes- fue declarada formalmente admisible y rechazada por el Tribunal de Casación.
Para así decidir, la Sala V -ahora integrada por los jueces Mancini y Kohan- estimó inicialmente que la queja era formalmente admisible en los términos del citado art. 433, pues reunía los requisitos relativos al tiempo y la forma de su interposición. Luego, la juzgó improcedente.
En lo medular, sostuvo que tanto el recurso de casación como el de apelación cumplen el mismo papel en lo que al imputado respecta, pues ambos "...se encuentran diseñados para tornar operativo el derecho al recurso y, en casos como el presente, para permitir la revisión de la decisión en crisis".
Explicó que las situaciones en las que la negativa de la Cámara constituyó la confirmación de una medida dispuesta en la instancia originaria quedan en principio excluidas del recurso de casación, salvo casos de excepción, pues el derecho del imputado al recurso habría quedado satisfecho; entendió que ello fue lo que ocurrió en el caso, a partir de los fundamentos dados por la Cámara.
Por otra parte, sostuvo que la defensa no había demostrado suficientemente el carácter federal de los agravios que pretendía someter a su conocimiento, y que esas falencias argumentativas impedían sostener que la decisión cuestionada importase la afectación constitucional pregonada.
Concluyó que era insuficiente la mera invocación de una cuestión federal basada en postulados genéricos, si no se la desarrollaba ni se la asociaba a lo actuado en el caso concreto, y que de tal forma "...no se abastecen los perfiles con que debe contar el planteo de una cuestión federal para ser admisible, suficiente y atendible" (del voto del doctor Mancini).
A su turno, el doctor Kohan expresó que sin perjuicio del criterio sustentado por la Sala que integra como juez natural (la IV) con relación al alcance del citado art. 450, compartía el análisis efectuado por su colega preopinante en torno a los agravios planteados y la inexistencia, en el caso, de gravedad institucional o cuestión constitucional que posibilite la apertura de la instancia extraordinaria federal; por eso, adhirió al voto del juez Mancini en igual sentido y por los mismos fundamentos.
III.9. Así es como llegamos al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo estudio.
IV.1. Ahora bien, sin dejar de advertir que la interpretación efectuada por el Tribunal de Casación respecto del alcance del art. 450 del Código Procesal Penal no se compadece con la sostenida por esta Corte en la causa P. 109.270 y su progenie (conf. causas P. 118.932, resol. de 16-VII-2014; P. 127.037, resol. de 7-VI-2017; P. 134.495, resol. de 18-XI-2021; e.o.), lo cierto es que de la lectura del recurso de la especialidad que motivó aquella resolución surge que la cuestión federal no fue articulada de manera adecuada, en tanto las aseveraciones de la parte no resultan idóneas para conmover lo decidido en las instancias previas sobre el mismo asunto llevado a su conocimiento.
IV.2. En efecto, los cuestionamientos traídos por la defensa para objetar lo resuelto por la Cámara no pasan de una interpretación distinta de la figura en trato y no demuestran de modo inequívoco su contrariedad con la Constitución nacional.
Cabe recordar que esta Corte ya ha rechazado, en reiteradas ocasiones, objeciones de inconstitucionalidad del art. 14, segunda parte, del Código Penal basadas en argumentos similares a los que trae el recurrente (causas P. 127.747, sent. de 4-VII-2018; P. 131.225, sent. de 17-IV-2019; P. 131.703, sent. de 18-XII-2019; P. 135.058, sent. de 13-IV-2022; e.o.).
El régimen de la libertad condicional (arts. 13 a 17, Cód. Penal) es una manifestación de la política del legislador nacional dirigida a graduar el uso del encierro carcelario. Tanto la configuración de los bienes penalmente protegidos, los comportamientos penalmente reprochables, el tipo y la cuantía de las sanciones penales y la proporción entre las conductas que se pretenden evitar y las penas con las que se intenta conseguirlo son potestad exclusiva del legislador, quien goza de un amplio margen de libertad; es por ello que el control constitucional difuso que posee la jurisdicción al respecto debe ser muy cauteloso (causa P. 126.187, sent. de 4-VIII-2016, voto de la doctora Kogan).
La decisión normativa que aquí se cuestiona fue adoptada por el legislador nacional de manera legítima y ratificada con la sanción de la ley 27.375 (B.O., 28-VII-2017), que amplió el listado de delitos impedidos de acceder a la liberación anticipada.
El art. 14 del Código Penal, en cuanto establece que los condenados por alguna de las figuras tipificadas en los arts. 80 inc. 7, 124, 142 bis anteúltimo párrafo, 165 y 170 anteúltimo párrafo, no pueden acceder a la libertad condicional, lo que hace, en palabras de la Corte federal, es determinar "...la sujeción de los condenados a un régimen más severo de ejecución de la pena en el que se los priva del derecho a obtener la libertad condicional..." (CSJN Fallos: 334:559).
Eso no es distinto de lo que ocurre con la reincidencia, cuya constitucionalidad ha sido ratificada en varias oportunidades por el Máximo Tribunal federal y por esta Corte (CSJN Fallos: 308:1938; 311:1451; 329:3680 cons. 12° a 18°, voto del señor juez Petracchi y 337:637; SCBA causas P. 106.677, resol. de 25-XI-2009; P. 103.293, resol. de 17-II-2010; P. 112.597, resol. de 16-II-2011; e.o.).
Precisamente, la garantía constitucional de la igualdad no impide que las leyes contemplen de manera distinta situaciones que consideren diferentes, siempre que concurran objetivos motivos de diferenciación que no sean irrazonables. En el caso del art. 14 -en su redacción de acuerdo a la ley 25.892- el legislador eligió determinados delitos que comulgan en la consecuencia de la muerte de la víctima (considerados "atroces" y "aberrantes" de acuerdo al debate legislativo) y los excluyó de la liberación anticipada.
Más allá de que el criterio de distinción sea opinable, no puede en modo alguno tachárselo de arbitrario. Y resulta claro que el régimen más severo se impone no por lo que el condenado es, sino por lo que hizo.
En otro orden, que los condenados por alguno de los delitos enumerados en el art. 14 no puedan aspirar al régimen de libertad condicional tampoco implica que el Estado haya abandonado la finalidad esencial de reforma y readaptación social (arts. 5.6., CADH y 10.3., PIDCP).
En este sentido, la defensa no rebate eficazmente el argumento de la Cámara, según el cual la imposibilidad de acceso a la libertad condicional no obsta a la resocialización del condenado pues existen otras herramientas para garantizar la ejecución progresiva de la pena (v. resol. de 15-VII-2019; fs. 22 vta. penúltimo párrafo de las copias digitalizadas). Es preciso destacar especialmente la atenuación en cuanto a la rigurosidad del régimen introducida por el art. 56 quater a partir de la ley 27.375, porque el magistrado interviniente deberá resolver la adecuación de la situación de Palavecino a la legislación vigente (conf. causas P. 132.969, sent. de 25-VIII-2020; P. 133.520, sent. de 5-II-2021 y P. 135.058, cit.).
Según arraigada doctrina de la Corte federal, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes es la más delicada de las funciones que cabe encomendar a un tribunal de justicia, al importar el desconocimiento de los efectos de una norma dictada por otro poder del Estado, que goza de presunción de legitimidad. Se trata de un acto de suma gravedad institucional que debe ser utilizado como ultima ratio del orden jurídico, por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocadas (CSJN Fallos: 321:441; 327:831; 328:4542; e.o.).
Entonces, su procedencia requiere que el planteo pertinente tenga un sólido desarrollo argumental y cuente con no menos fuertes fundamentos, al extremo de proponer un análisis inequívoco y exhaustivo del problema, de manera que si el recurrente no demuestra cuál es el alcance de sus derechos y por qué razones cree que lo actuado por el legislador es incorrecto, no cabe atenderlo.
Eso es lo que ocurre en el caso, puesto que el señor defensor oficial desoyó el razonamiento seguido por el órgano revisor para desestimar el pedido de inconstitucionalidad del art. 14, segunda parte, del Código Penal sin que su impugnación ofrezca razones con la aptitud necesaria para habilitar una declaración de la gravedad institucional de la peticionada.
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Concuerdo con la solución del colega que abre este acuerdo.
Las circunstancias del caso ya han sido suficientemente reseñadas por el doctor Torres, siendo innecesaria su reproducción.
Como refiere en el punto IV.1. hay doctrina reiterada de esta Suprema Corte en cuanto a la inteligencia que corresponde asignarle al art. 450 del Código Procesal Penal, conforme lo decidido en la causa P. 109.270 y su progenie (conf. causas P. 118.932, resol. de 16-VII-2014; P. 127.037, resol. de 7-VI-2017; P. 134.495, resol. de 18-XI-2021; e.o.).
La Casación, luego de aludir a que existía doble conforme sobre el asunto materia de agravio (arg. art. 450, CPP), refirió en cuanto a la queja sobre las respuestas dadas al planteo de inconstitucionalidad del art. 14, segunda alternativa del Código Penal, que de la lectura del recurso de la especialidad formulado se evidenciaba que la pretensa cuestión federal no había sido articulada de manera adecuada, en tanto las aseveraciones de la parte no resultan idóneas para conmover lo decidido en las instancias previas sobre el mismo asunto llevado a su conocimiento.
Ahora bien, una aclaración adicional. De ningún modo es consistente que la Casación repute que no ha sido formulada ante su sede una cuestión federal con la suficiencia y carga técnica necesarias para franquear su competencia revisora, pero luego estime que existe cuestión federal a efectos de -en el marco de la doctrina de "Strada" y "Di Mascio"- habilitar la de esta Corte (doctr. art. 494, CPP), con el argumento expuesto de que "...en el caso se advierte la existencia de una cuestión constitucional que la parte reclamó desde el inicio de la incidencia en el Juzgado de Ejecución la inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal, petición que fue mantenida ante la Cámara y ante éste Tribunal...". Porque, como se dijo en la doctrina citada, esta Corte solamente está habilitada a revisar el supuesto agravio federal, si antes ha sido abordado por el tribunal intermedio previo a esta sede, en tanto no es dable admitir un salto de instancia.
La única cuestión útil para superar ese escollo, es que la defensa hubiera denunciado con la carga técnica requerida (art. 15, ley 48) la arbitrariedad del fallo casatorio en la interpretación asignada al mentado art. 450 del Código Procesal Penal a la luz de las constancias comprobadas del caso.
Sin embargo, ello no ha sido así.
La defensa no ha logrado justificar que hubiera planteado ante Casación argumentos de tal entidad para revertir lo decidido por la Cámara departamental, con una interpretación distinta del instituto establecido en el precepto de mentas, eficaz a los efectos de patentizar su contrariedad con la Constitución nacional, cuando tanto el órgano intermedio como esta Corte tienen precedentes que avalan el tem
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