Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137820
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial a favor de Josué Elías Nahuel Mazzei, con costas (arts. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.820, "Mazzei, Josué Elías Nahuel. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de ley en causa N° 116.852 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que, el Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con fecha 15 de marzo del 2022 condenó a Josué Elías Nahuel Mazzei a la pena de prisión perpetua, multa de mil pesos, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de agresión, homicidio calificado por haber sido cometido mediante ensañamiento y alevosía, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, amenazas, abuso de armas y lesiones leves, todos -por mayoría- en concurso real entre sí (arts. 5, 12, 19, 40, 41, 45, 54, 55, 80 inc. 2, 89, 104 tercer párrafo, 105, 149 bis, 189 bis inc. 2, Cód. Penal).
La defensa oficial de Mazzei interpuso un recurso de casación, y la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 29 de agosto de 2022, lo rechazó por improcedente, quedando de ese modo confirmada la condena (v. sent. digital de 29-VIII-2022).
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto ante esa instancia -doctor Nicolás Agustín Blanco- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital de 15-IX-2022), el cual fue declarado admisible por el tribunal intermedio (v. resol. digital de 3-XI-2022).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 23-VI-2023), dictada la providencia de autos (v. proveído de 26-VI-2023), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el señor defensor oficial adjunto de Josué Elías Nahuel Mazzei?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La defensa oficial de Josué Elías Nahuel Mazzei mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestionó el rechazo por parte del Tribunal de Casación Penal del pedido de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua aplicada a su asistido.
Recordó la argumentación ensayada ante la instancia anterior sobre la pena perpetua efectiva, resultado de la aplicación de los arts. 13 y 80 inc. 2 del Código Penal, con la consecuente afectación del fin resocializador de las penas privativas de la libertad y la vulneración a la prohibición de imponer penas que resulten crueles, inhumanas y degradantes (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac. y 5.2. y 5.6., CADH).
Luego de transcribir parte de lo resuelto por el tribunal revisor sobre el punto, alegó arbitrariedad y errónea revisión del fallo impugnado en violación al art. 8.2. "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por haber formulado afirmaciones genéricas y dogmáticas.
I.1. Seguidamente, se refirió a que la imposición de una pena a prisión perpetua viola el derecho a la vida (art. 4.1., CADH), como consecuencia de la aplicación de los arts. 13, 14 y 80 inc. 2 del Código Penal, en conjunción con la edad del imputado.
Citó el caso "Baldeón García vs. Perú" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló que dicho Tribunal ha concebido el derecho a la vida extendiéndolo de su sentido biológico al incluir el derecho a vivir con dignidad y a desarrollar un proyecto de vida.
Describió la realidad carcelaria de la Provincia de Buenos Aires advertida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que registra hacinamiento y malas condiciones materiales, trayendo a colación lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Lori Berenson Mejias vs. Perú".
Sostuvo que, en el presente caso, el encierro a perpetuidad ocasiona la afectación al derecho a la vida y convierte a la sanción penal en una paulatina pena de muerte. Citó lo fallado por el citado tribunal internacional en los casos "Hilaire, Constantine y Benjamín y otros vs. Trinidad y Tobago".
I.2. Por otro lado, denunció la violación del art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y explicó que el encierro de por vida implica "una pena de eliminación social", pues Mazzei será apartado para siempre de la sociedad en contra de la finalidad de reforma y readaptación social de los condenados.
Puso de manifiesto su relación con la dignidad humana y el retorno de la persona a la sociedad, lo cual -a su juicio- no podría cumplirse con la imposición de una pena a perpetuidad en tanto culminara cuando se extinga su vida.
I.3. Por otro lado, aludió nuevamente a la prohibición expresa del art. 18 de la Constitución nacional respecto a las penas crueles, inhumanas, degradantes o infamantes, y que, en función del art. 75 inc. 22 de la misma, la Convención que lleva ese nombre porta ese mismo rango constitucional.
Con base en tales argumentos solicitó que se declare su inconstitucionalidad y el consecuente reenvío de las actuaciones a fin de que se fije una nueva pena, respetuosa de los derechos humanos que se reputan vulnerados.
I.4. Finalmente, refirió a la oportunidad del planteo, la inconveniencia de diferir la decisión sobre el punto porque importaría someter al imputado a la incertidumbre de saber si "morirá en la cárcel o si tiene la expectativa vital de recuperar alguna vez su libertad ambulatoria".
II. Coincido con la Procuración General en cuanto se pronunció por el rechazo de la queja traída.
III.1. En cuanto al agravio vinculado a la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua -por ser contraria al fin resocializador y resultar una sanción cruel, inhumana y degradante-, el cual -a juicio del recurrente- no tuvo una revisión amplia compatible con lo normado en el art. 8.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no es de recibo.
El Tribunal de Casación Penal abordó análogo agravio llevado y lo descartó. Primero, tuvo en consideración la excepcionalidad que implica declarar la invalidez constitucional de una norma, cuestión grave y manifiesta que no se observaba en el caso, dado que los artículos criticados por el recurrente habían sido establecidos por leyes del Congreso nacional que se presumen válidas, y que la interpretación propiciada en el recurso se introducía en temas relativos de la política criminal del Estado.
Agregó que esta Suprema Corte también estableció similar estándar, exigiendo como indispensable para la suficiencia de una impugnación de carácter constitucional "...la exposición del modo en que la norma cuestionada quebrantaría las cláusulas constitucionales invocadas y que exista una relación directa entre aquella y éstas".
Sentado lo anterior, el Tribunal de Casación consideró que en el caso no se violentaba ningún principio constitucional, sino que se trataba de un ámbito discrecional del legislador fundado en razones de política criminal, sin que quepa analizar "...la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones' ('Pupelis, María', C.S.J. N. 14/5/91)".
Indicó que no se transgrede el contenido de los arts. 16, 28 y 31 de la Constitución nacional, a la par que recordó que el control de constitucionalidad que les incumbe a los tribunales se reduce al examen de si la ley es o no razonable, pero no llega al de la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones.
Luego de citar doctrina de autores en torno a la prisión perpetua, señaló que -con excepción de la prohibición expresa contenida en el art. 37 de la Convención de los Derechos del Niño- de las previsiones de los tratados internacionales incorporados a la Constitución no surgía incompatibilidad alguna con la pena de prisión perpetua, afirmando que si bajo el recaudo de una potencial soltura, se permite válidamente aplicar la pena de prisión perpetua a un menor de edad, con más razón, se habilitaría tal pena al delincuente mayor, reafirmando la inexistencia de normativa constitucional que lo prohíba. Negó también que de modo implícito hubiese contradicción con los derechos humanos siempre que se respete -al igual que en el caso de aquellas temporalmente determinadas- la integridad de la persona condenada (con cita del art. 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica -ley 23.054, B. O. de 27-III-1984 -ADLA 1984- B, 1250-; arts. 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 11 y 16 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes).
Se refirió a lo resuelto por el Tribunal Constitucional Alemán y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; destacó que las penas a prisión perpetua no obstan a la resocialización del condenado, toda vez que del art. 1 de la ley 24.660 surge que " La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender, y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad" .
Adunó que el Estado mantiene la función de arbitrar todos los medios necesarios para lograr esa finalidad resocializadora y que no se incumple con ella aun cuando se marque una preferencia al objetivo de prevención especial siempre que no se obstaculicen otros fines que el legislador adopte.
Por todo lo expuesto, concluyó que la pena de prisión perpetua es constitucional siempre y cuando se conceda a los condenados a su debido tiempo, la oportunidad de retornar al medio libre; desechando finalmente la invocación interpretativa que realizó la defensa sobre la aplicación del Estatuto de Roma.
III.2. De la reseña efectuada no se advierte ni la arbitrariedad ni la vulneración a la garantía consagrada en el art. 8.2. "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos referida por el recurrente, en tanto el Tribunal revisor contestó el planteo y lo rechazó brindando las razones por las cuales la petición de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua no era procedente (art. 495, CPP).
En efecto, para el tribunal revisor, la declaración de inconstitucionalidad debe obedecer a una cuestión grave y manifiesta -circunstancia no observada en el caso-, a la par que citó doctrina de esta Suprema Corte al respecto; destacó que la redacción de la norma atacada es una cuestión de política criminal y de técnica legislativa; indicó que las penas a perpetuidad no son absolutas; se refirió a los tribunales internacionales quienes sostuvieron que las penas a perpetuidad no resultan contrarias a la prohibición de tratos crueles, degradantes o inhumanos en la medida que admitan de alguna forma la libertad anticipada; que las penas a prisión perpetua no obstan a la resocialización del condenado (conf. art. 1, ley 24.660), ni tampoco incumple con la normativa internacional (conf. arts. 5.6., PSJCR y 10 inc. 3, PIDCP).
III.3. Por otro lado, cabe destacar que, frente a lo así resuelto, las críticas traídas por el recurrente de la mano de la violación a la reforma y readaptación social del penado, y que la pena perpetua es cruel, inhumana y degradante, además de ser una reedición de las llevadas a la instancia intermedia, solo dejan entrever una opinión discrepante a la del juzgador en orden a la imposición de la sanción perpetua, pero con ello, no logra evidenciar el modo en que se habrían producido las transgresiones legales denunciadas (doctr. art. 495, CPP).
Frente al desvalor de acto que se aprecia en las conductas reprochadas -agresión, homicidio calificado por haber sido cometido mediante ensañamiento y alevosía, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, amenazas, abuso de armas y lesiones leves, todos en concurso real entre sí-, el recurrente no se encarga de demostrar por qué la pena de prisión perpetua, sería inadecuada y desproporcionada respecto de la culpabilidad de Mazzei.
En suma, dado que la pena debe guardar proporcionalidad con la magnitud del contenido ilícito del hecho, o sea, con la gravedad de la lesión al bien jurídico concretamente afectado por el hecho (conf. CSJN Fallos: 329:3680), el reclamo queda huérfano de sustento pues se devela como puramente dogmático y no abandona nunca el plano teórico si el recurrente no realiza un análisis circunstanciado del contenido injusto del hecho a fin de demostrar que la reacción punitiva rígida impuesta a los autores es contraria a las normas constitucionales y convencionales que cita (conf. mi voto en la causa P. 120.347, sent. de 15-X-2015).
La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Maldonado" ("Maldonado, Daniel Enrique y otro s/ robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado -causa n° 1174-" expte. letra M n° 1.022, Libro XXXIX), sostuvo que la pena perpetua es absoluta y por lo tanto, no exige, de hecho, ningún esfuerzo argumental adicional para su determinación, agregando que este tipo de penas -tal como la prisión perpetua- no admiten agravantes o atenuantes pues el legislador ha declarado, de iure , "...que todo descargo resulta irrelevante: son hechos tan graves que no admiten atenuación alguna", y concluyó que "...en los casos de plena culpabilidad por el hecho, este recurso legislativo resulta, en principio, admisible" (cons. 14).
De igual modo el entonces señor Procurador General de la Nación, Esteban Righi, sostuvo que la pena de prisión perpetua no vulnera per se la Constitución nacional ni los instrumentos internacionales incorporados a ella (conf. dictamen de 27 de marzo de 2007, in re "Chueke, Daniel Isaac y otros s/homicidio agravado por el vínculo etc. -causa n° 1029-" C. 2.641, XXXIX RHE), postura reiterada por el actual señor Procurador interino, Eduardo Casal (v. dictamen de 20 de abril de 2017, causa "Álvarez, Guillermo Antonio y otros s/ robo con armas" CCC 70150/2006/T01/1/2/RH1).
III.4. Por otra parte, el cariz impugnativo que integra el agravio relativo a la violación del derecho a la vida (conf. arts. 4.1 y 5.6, CADH), es extemporáneo.
El recurrente introdujo ese agravio en el recurso extraordinario en tratamiento, de manera que no formuló tal grave pretensión de confrontación constitucional en la primera ocasión posible a efectos de que los jueces de la causa puedan considerarla y decidirla (CSJN Fallos: 328:3165; v. recurso de casación en presentación digital de 23-III-2022).
En dicho marco, la intempestiva formulación no observa el estándar aplicado por la Corte federal en la materia por el cual se establece que "...el planteamiento de la cuestión federal debe hacerse en condiciones tales que habiliten al tribunal de última instancia en el orden local, a pronunciarse sobre ella en la sentencia definitiva" (CSJN Fallos: 147:371; en Suplementos de Actualización. Secretaria de Jurisprudencia de la CSJN, Corte Suprema de Justicia de la Nación. Recurso extraordinario y recurso de queja: Parte I, 1ra. Edición, Buenos Aires, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2011, pág. 132).
III.5. Finalmente, sin perjuicio de otras consideraciones que pudieran formularse, las argumentaciones de la defensa en torno a la oportunidad del planteo y la certeza sobre cuando le correspondería solicitar la libertad, no se asientan en la existencia de un perjuicio actual pues recién ante una eventual denegatoria del acceso a algunos de los regímenes del período de prueba -de corresponder- o derechamente a la libertad cuando se estime agotada la pena, es que cobrarían actualidad los reclamos postulados.
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Genoud y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial a favor de Josué Elías Nahuel Mazzei, con costas (arts. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/10/2023 10:14:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/10/2023 10:18:19 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/10/2023 10:59:41 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/10/2023 20:02:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/10/2023 08:23:57 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 24/10/2023 11:35:20 hs. bajo el número RS-140-2023 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia