Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138758
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.758, "Aguiar Ramírez, Yesica Natalia. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 122.695 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Kogan, Soria.
De las actuaciones digitalizadas obrantes en el sistema informático Augusta se desprende, en lo que interesa, que el Juzgado de Ejecución Penal n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, por resolución del 6 de junio de 2022, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal y denegó el beneficio de la libertad condicional peticionada por el señor defensor oficial en favor de Yesica Natalia Aguiar Ramírez (causa de origen n° 0700-23.489-19-1).
Contra esa decisión, la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, con fecha 16 de junio del mismo año, rechazó el recurso incoado, confirmó la resolución impugnada que no hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad del art. 14, inc. 10 del Código Penal conforme la modificación introducida por ley 27.375 y rechazó la solicitud de libertad condicional en favor de la nombrada (causa cit.).
Deducido recurso de casación por la defensa oficial, la aludida Cámara lo denegó por no hallarse enmarcado en los supuestos del art. 450 del Código Procesal Penal (v. resol. de 28-VI-2022; causa cit.). Ante ello, la defensa oficial de Aguiar Ramírez articuló queja, la que fue rechazada -por inadmisible- por la Sala II del Tribunal de Casación Penal mediante resolución del 2 de agosto de 2022 (causa n° 118.712).
Posteriormente, la defensa efectuó una nueva solicitud de inconstitucionalidad del art. 14, última parte del Código Penal y requirió se conceda la libertad condicional de su asistida (v. presentación de 28-XI-2022). Frente a ello, el mencionado Juzgado de Ejecución Penal n° 4 departamental rechazó tales planteos -ver resolución de 28-XI-2022- (causa n° 0700-23.489-19-1, cit.).
La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, con fecha 7 de diciembre de 2022, resolvió no hacer lugar al recurso homónimo y, en consecuencia, confirmó el referido decisorio del 28 de noviembre de 2022 -conforme arts. 21 inc. 1, 421, 433 y concordantes del Código Procesal Penal- (causa cit.).
Contra dicho pronunciamiento el señor defensor oficial dedujo nuevo recurso de casación, cuyo rechazo por inadmisible por parte de la Cámara -ver resolución de 29-XII-2022- motivó la interposición de queja en los términos del art. 433 del Código Procesal Penal (causa ídem).
A su turno, la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el dictado de la resolución de 28 de febrero de 2023, declaró admisible la queja interpuesta y rechazó el recurso de casación, por improcedente, sin costas (causa n° 122.695).
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto ante dicha instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el cual fue declarado admisible por el tribunal intermedio por resolución del día 21 de abril de 2023 (causa cit.).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de 25-IX-2023), dictada la providencia de autos de fecha 27 de septiembre de 2023 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal solicitó en la vía impugnativa extraordinaria en trato, que se declare la inconstitucionalidad del art. 14, segunda parte del Código Penal, en cuanto allí se establece que la libertad condicional no se concederá en los casos de los delitos previstos en los arts. 5, 6 y 7 de la ley 23.737 o la que en el futuro la reemplace, por los que resultó condenada en estos actuados su defendida -art. 14, inc. 10 del Código Penal (texto según ley 27.375)-.
Ello así, en tanto entendió que la norma de fondo cuestionada prohíbe la concesión del mencionado beneficio anticipado por el solo hecho de haber sido condenado por alguno de los delitos especificados en la norma -en el caso de autos: tenencia de estupefacientes con fines de comercialización-, sin importar ningún dato relativo al modo en cómo se ha comportado la persona durante el período que estuvo privada de libertad bajo el correspondiente tratamiento.
I.1. En ese marco, denunció la afectación del derecho a la resocialización como fin de la pena impuesta.
Luego de efectuar diversas consideraciones teóricas acerca de la finalidad de la pena conforme los postulados de la prevención especial positiva y de citar diversos precedentes de la Corte federal en sustento de su postura, adujo que "No resulta lógico que [su] asistid[a] sea impedid[a] de acceder a la última etapa del régimen de ejecución de la pena, pese a que se encuentra demostrado en la causa que adquirió todas las herramientas necesarias para reinsertarse en la sociedad, basándose dicho impedimento en el mero hecho de haber cometido determinado delito, aspecto objetivo de la ley penal que de ningún modo puede prevalecer sobre el fin último de la pena privativa de libertad".
Adunó a ello, que la interpretación del cuestionado art. 14 del digesto sustantivo efectuada por el tribunal intermedio "...se enfrenta a la engorrosa situación de ponderar una presunción anticipada y abstracta respecto de la prognosis de reinserción del hombre penado, dejando de lado la posibilidad de evaluación empírica y concreta tras años de encierro".
Explicó que la variable para avanzar en la readaptación social del condenado no puede ser otra que las mejoras obtenidas en sus condiciones personales, con lo cual "...el tipo de delito por el cual se lo condenó nunca podrá constituirse en el dato definitorio para que se decida si se debe avanzar en el tratamiento o no. En todo caso será un dato más entre todos los que deberán tenerse en cuenta para definir el tratamiento más adecuado, pero nunca, podrá funcionar como única variable para quitar una de sus etapas fundamentales".
Agregó, en torno a la norma de fondo objeto de crítica, que "...este tratamiento diferente que se propone incumple con la manda constitucional[,] pues el fin de resocialización deja de ser el 'esencial', como marcan el Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos] y la Convención [Americana sobre Derechos Humanos], ya que, como se ha demostrado resulta imposible lograr dicho fin desde una situación de encierro".
Destacó, con relación al propósito de la reforma legislativa introducida al art. 14 del Código sustantivo por la ley 25.892, que "...no fue [...] para acentuar el derecho constitucional a la readaptación social sino, por el contrario, existió una clara intención de utilizar la pena sólo para excluir a los 'delincuentes' de la sociedad y así poder defender, proteger y amparar a las víctimas de las personas 'peligrosas', tal la palabra del legislador".
Por último, dijo que el órgano revisor "...dejó de lado la finalidad resocializadora como argumento esencial al momento de evaluar la procedencia o no de la libertad [condicional] y se inclinó por la justificación exclusiva en el tipo de delito cometido", apartándose de ese modo de la manda constitucional que lo ampara a fin de obtener el beneficio liberatorio en cuestión.
I.2. Luego, denunció la violación del principio de igualdad ante la ley.
En prieta síntesis, con invocación de diferentes precedentes de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos y del Máximo Tribunal nacional -entre ellos el caso "Nápoli" (CSJN Fallos: 327:2868)-, destacó que: "...restringir [en el caso bajo estudio] el régimen de progresividad en la ejecución de la pena a determinados ciudadanos [...] haciendo fincar tal restricción en el delito cometido, no sólo le quita a la pena el objetivo constitucional y convencionalmente asignado, sino que además, organiza la discriminación de un grupo de personas sobre una base no razonable" y que "La selección es arbitraria porque no guarda ninguna relación con el derecho que se va a modificar".
Alegó que "Sólo se habla de gravedad de los hechos como factor común a todos los delitos, pero ese dato además de no resultar razonable para privarlos de la libertad condicional y del resto de los institutos del periodo de prueba [...], tampoco supera el filtro de razonabilidad debido a que sigue siendo violatorio del principio de igualdad ya que por más que en su mayoría ellos sean delitos graves no son los únicos que el Código [Penal] contempla".
I.3. De seguido, razonó en torno a la distinta entidad del delito y la pena que prevé la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización -que resultó atribuido en esta causa a su asistida- con relación a otras figuras típicas del mismo art. 5 de la ley 23.737 de mayor gravedad a su juicio y a los delitos incluidos en la prohibición del art. 14 -texto según ley 27.375, citada- del Código Penal, y concluyó que "...la discriminación realizada por la ley para brindarle [a la condenada] en esta causa un régimen de ejecución de la pena distinto del universo de condenados a pena privativa de libertad, basado exclusivamente en el hecho de haber sido condenado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, es arbitrario, pues, el criterio de diferenciación no es objetivo y razonable, en consecuencia, es violatorio de los arts. 16 y 75 incs. 22 y 23 de la Const. Nacional, 1.1 y 24 de la Convención Americana [sobre] Derechos Humanos y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, correspondiendo se declare su inconstitucionalidad".
Finalmente expresó que, en el caso, no resulta posible compatibilizar las normas cuestionadas con los preceptos constitucionales y convencionales de mención, en tanto que el art. 14, inc. 10 del Código Penal -texto conforme la ley 27.375- al imposibilitar el otorgamiento de la libertad condicional con único fundamento en el delito que le es imputado, no deja margen interpretativo para la adecuación al bloque de constitucionalidad federal.
Por los fundamentos expuestos, requirió se case la decisión recurrida y se conceda la libertad condicional de Aguiar Ramírez o bien, subsidiariamente, se reenvíen los autos a la sede intermedia para que resuelva conforme las pautas contenidas en la presentación recursiva.
II. El señor Procurador General emitió su dictamen propiciando el rechazo del remedio en examen.
Coincido con él.
III. Frente a similares cuestionamientos llevados a conocimiento del órgano revisor, dicho tribunal sostuvo -a través del sufragio del señor juez ponente doctor Mancini, que concitó la adhesión simple de la señora jueza doctora Budiño- que "...el impugnante sólo expresa el fundamento dogmático de la solución propiciada, pero en modo alguno evidencia que las circunstancias particulares del caso habiliten la solución propiciada, todo lo cual evidencia la ineficacia del planteo al limitarse a comparaciones en abstracto y a citas jurisprudenciales, inhabilitando así el ingreso de un procedimiento de excepción" (tercera cuestión, apdo. II).
Indicó que la petición de inaplicación de una norma por considerarla inconstitucional requiere que se expliciten y demuestren las peculiaridades objetivas o subjetivas del caso para ubicarla por fuera de la cobertura de su generalidad. Zanjado lo cual, indicó que también deben puntualizarse "...los motivos por los cuales ese desajuste entre la previsión general y el caso concreto terminan por evidenciar que un acontecimiento así encapsulado, ubica a la ley que lo está englobando en un enfrentamiento de incompatibilidad (contradicción) con una disposición constitucional, lo cual provocará entonces que, en la medida de dicha oposición, la norma inferior sea inaplicada por inconstitucional".
Remarcó, entonces, que deberá la parte exponer los datos que hacen que la previsión general de la ley se muestre distorsionada al bajar al caso concreto, el cual -aunque nominalmente no deje de pertenecer a aquello que genéricamente se pretendió regular-, materialmente, en cambio, aparece desacomodado en autos.
Con relación al caso concreto bajo análisis, enfatizó que "...no se logra explicar por qué motivo o de qué forma el cumplimiento de la pena de cuatro años de prisión, impuesta a Yesica Natalia Rodriguez Aguiar [ rectius : Aguiar Ramírez], consecuencia del delito de -tenencia ilegitima de estupefacientes con fines de comercialización-, desatendería a la meta resocializadora que, como aspiración, se asigna a la pena privativa de la libertad, la cual sólo se cristalizaría -a criterio del impugnante- en caso de hacerse lugar a una soltura anticipada por medio de la libertad pretendida", y que "...no ha quedado demostrado [...] de qué modo se le niega a la condenada la progresividad en el régimen y la resocialización, quien tiene oportunidad concreta y firme de reintegrarse a la sociedad, a partir del uso de otros institutos, y herramientas como progresividad en el régimen de detención, acceso a trabajo y estudio, salidas a prueba y demás beneficios previstos en la ley de ejecución".
Definió que el legislador reguló la aludida figura de libertad anticipada, siendo parte de sus facultades disponer razonablemente las condiciones para su procedencia, así como los supuestos de exclusión, siempre que tal criterio resulte atendible y justificado. En ese entendimiento, se explayó sobre los alcances del principio de igualdad con cita de fallos de la Corte federal (CSJN Fallos: 299:146; 300:1049 y 1087; 301:1185) y en torno a la desestimación de similares planteos a los aquí efectuados por parte de esta Suprema Corte (causas P. 126.187 y P. 130.112; e.o.), descartando que el caso en debate se encuentre por fuera de los lineamientos de política criminal que restringen el ingreso de la imputada al instituto requerido o que resulte arbitrario que el legislador limite el rango de las herramientas disponibles para la finalidad de la resocialización de la pena.
Concluyó, por las razones brindadas, en que no advertía que la aplicación de la disposición de la norma denunciada -verbigracia art. 14, inc. 10 del Código Penal, citado- por parte del Tribunal de Alzada departamental resulte violatoria del principio de igualdad o afecte el de resocialización.
IV. Lo así decidido no ha sido debidamente impugnado por la parte (doctr. art. 495, CPP).
En efecto, los cuestionamientos traídos por la defensa oficial para objetar lo resuelto por el tribunal intermedio no pasan de una interpretación distinta de la figura en trato y no demuestran de modo inequívoco su contrariedad con la Constitución nacional.
Cabe recordar que esta Corte ya ha rechazado, en reiteradas ocasiones, objeciones de inconstitucionalidad del art. 14, segunda parte del Código Penal basadas en argumentos similares a los que trae el recurrente (conf., mutatis mutandis, doctr. causas P. 135.058, sent. de 13-IV-2022 -voto del distinguido colega el doctor Torres al cual presté mi adhesión simple-; P. 127.747, sent. de 4-VII-2018; P. 131.225, sent. de 17-IV-2019; P. 131.703, sent. de 18-XII-2019; e.o.).
Allí este Tribunal ha expresado que el régimen de la libertad condicional (arts. 13 a 17, Cód. Penal) es una manifestación de la política del legislador nacional dirigida a graduar el uso del encierro carcelario. Tanto la configuración de los bienes penalmente protegidos, los comportamientos penalmente reprochables, el tipo y la cuantía de las sanciones penales y la proporción entre las conductas que se pretende evitar y las penas con las que se intenta conseguirlo son potestad exclusiva del legislador, quien goza de un amplio margen de libertad; es por ello que el control constitucional difuso que posee la jurisdicción al respecto debe ser muy cauteloso (conf., en lo pertinente, causa P. 126.187, sent. de 4-VIII-2016 -voto de la doctora Kogan al cual adherí-).
La decisión normativa que aquí se cuestiona fue adoptada por el legislador nacional de manera legítima y ratificada con la sanción de la ley 27.375 (B.O., 28-VII-2017), que amplió el listado de delitos impedidos de acceder a la liberación anticipada, entre ellos, el del art. 5 de la ley 23.737, ilícito por el que resultó condenada su asistida.
En definitiva, el art. 14 del ordenamiento penal, en cuanto establece la pérdida de la posibilidad de acceder a la libertad condicional lo que hace, en palabras de la Corte federal, es determinar "...la sujeción de los condenados a un régimen más severo de ejecución de la pena en el que se los priva del derecho a obtener la libertad condicional" (conf. CSJN Fallos: 334:559).
Eso no es distinto de lo que ocurre con la reincidencia, cuya constitucionalidad ha sido ratificada en varias oportunidades por el Máximo Tribunal federal y por esta Corte (conf. CSJN Fallos: 308:1938; 311:1451; 329:3680 cons. 12° a 18° del voto del señor juez Petracchi y 337:637; SCBA causas P. 106.677, resol. de 25-XI-2009; P. 103.293, resol. de 17-II-2010; P. 112.597, resol. de 16-II-2011; P. 135.058, cit.; P. 136.045, sent. de 4-VIII-2023; P. 136.990, sent. de 24-VIII-2023; e.o.).
Precisamente, la garantía constitucional de la igualdad no impide que las leyes contemplen de manera distinta situaciones que consideren diferentes, siempre que concurran objetivos motivos de diferenciación que no sean irrazonables.
La referencia del recurrente al fallo "Nápoli" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no pone en jaque este razonamiento, puesto que aquel fue dictado en función del principio de inocencia que ampara a todas las personas procesadas, lo cual es bien distinto a la problemática aquí planteada.
En otro orden, que los condenados por alguno de los delitos enumerados en el art. 14 no puedan aspirar al régimen de libertad condicional tampoco implica que el Estado haya abandonado la finalidad esencial de reforma y readaptación social (arts. 5 inc. 6, CADH y 10 inc. 3, PIDCP).
Es que la imposibilidad de acceso a la libertad condicional no obsta a la resocialización del condenado, pues existen otras herramientas para garantizar la ejecución progresiva de la pena. Es preciso destacar especialmente la atenuación en cuanto a la rigurosidad del régimen introducida en el art. 56 quater de la ley 24.660 a partir de la ley 27.375 -ver art. 32- (B.O., 28-VII-2017), porque el magistrado interviniente deberá resolver -en su caso y en tiempo oportuno- la adecuación de la situación de Yesica Natalia Aguiar Ramírez a la legislación vigente (conf. doctr. SCBA causas P. 132.969, sent. de 25-VIII-2020; P. 133.520, sent. de 5-II-2021; P. 135.045, sent. de 4-VIII-2023; P. 136.990, sent. de 24-VIII-2023; e.o.).
Entonces, su procedencia requiere que el planteo pertinente tenga un sólido desarrollo argumental y cuente con no menos fuertes fundamentos, al extremo de proponer un análisis inequívoco y exhaustivo del problema, de manera que si el recurrente no demuestra cuál es el alcance de sus derechos y por qué razones cree que lo actuado por el legislador es incorrecto, no cabe atenderlo.
Eso es lo que ocurre en el caso bajo análisis, puesto que el señor defensor oficial desoyó el razonamiento seguido por la Casación para desestimar el pedido de inconstitucionalidad del art. 14, segunda parte del Código Penal sin que su impugnación ofrezca razones con la aptitud necesaria para habilitar una declaración de la gravedad institucional de la peticionada (art. 495, cit.).
Además, la parte no ha desarrollado argumentos que resulten suficientemente concluyentes como para justificar una decisión de tal gravedad institucional, ultima ratio del orden jurídico, como sería declarar la inconstitucionalidad reclamada (SCBA causa
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.