Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135418
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.418-RC, "M., J. L. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 95.340 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria.
El Tribunal en lo Criminal n° 1 de La Plata, el 26 de octubre de 2018, admitió el acuerdo de juicio abreviado presentado por las partes y condenó a J. L. M. a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, por encontrarlo autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple -hecho I-, abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante -hecho II-, en concurso real (v. fs. 10/19).
Interpuesta impugnación por la defensa del nombrado (v. fs. 23/27 vta.), la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 12 de septiembre de 2019, declaró prescripta la acción penal en orden al delito de abuso sexual simple -hecho I-, y condenó a J. L. M. a la pena de once años y nueve meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante, conforme a las pautas atenuantes y agravantes que llegaron firmes (v. fs. 54/60 vta.).
Frente a lo así resuelto, se alzó la señora defensora adjunta ante el Tribunal de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 68/94), que fue concedido parcialmente (v. fs. 95/99 vta.). Interpuesta queja por la defensa (v. fs. 110/117 vta.), fue admitida por esta Suprema Corte (fs. 119/121 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 126/135), dictada la providencia de autos (v. fs. 137) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. En primer lugar, la defensa denunció arbitrariedad de la sentencia por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes del Superior Tribunal federal, afectando la defensa en juicio, el derecho a ser oído y el debido proceso legal (conf. arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1. y 8.2.h., CADH; 14.5., PIDCP; 168 y 171, Const. prov.; v. fs. 74).
Alegó tránsito aparente por la instancia intermedia, con la consecuente frustración del derecho al doble conforme, principalmente con relación a la respuesta brindada por la Casación al agravio vinculado a la absurda valoración probatoria para tener por acreditada la materialidad ilícita y la autoría del imputado en el hecho II (v. fs. cit.).
En ese sentido, consideró que el órgano revisor no se detuvo a analizar cómo se había acreditado el acceso carnal vía anal, cuando el reconocimiento médico legal constataba que la joven presentaba lesiones a nivel genital de vieja data, sin lesión en la región anal. Agregó que "...la Dra. Bobadilla Inchausti refirió en su informe que la menor AM relató el hecho desde el año 2009 al 2013 cuando tenía 6 o 7 años y hasta los 10 años [...]; por lo que en punto a la materialidad ilícita que el TCP dijo este informe puede tenerse como elemento complementario de los dichos en Cámara Gesell de la menor AM, en tanto ellos llevaron a describir el hecho II [...] como ocurrido entre los años 2010 a 2015 y cuando la menor tenía 7 años de edad a 12 años de edad, no puede afirmarse como lo ha hecho la instancia intermedia [que] ha habido una correcta apreciación de la prueba..." (fs. 77 vta.).
Sostuvo que varias probanzas invocadas por el Tribunal de Alzada no aportaban nada para acreditar la materialidad ilícita (v. fs. 76/79 vta.).
Sumó que el tribunal intermedio omitió ocuparse seriamente de los agravios de la defensa, incumpliendo con su función revisora. En esa línea, consideró que no acreditó con la certeza necesaria la materialidad ilícita pues se limitó a convalidar el fallo llevado a su revisión, reeditando lo expuesto en la instancia de grado (v. fs. 79 vta. y 80).
Reafirmó que, al desentenderse de sus agravios, se apartó de las constancias de la causa y omitió realizar un examen amplio del material probatorio "...aún con [la] contradicción en el modo del acceso carnal vía anal sin una pericia que lo avale, más allá de los dichos de AM en Cámara Gesell al [referir] que su tío la penetró de atrás y que no sintió dolor" (fs. 80 vta.).
Con cita de los fallos "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que la sentencia del juicio abreviado no puede hallarse exenta de la debida motivación y que la revisión efectuada se limitó a convalidar la anterior, cuando debía garantizar la debida motivación (art. 1, Const. nac.), transgrediendo con ello el debido proceso (art. 18, Const. nac.) y la revisión del fallo (arts. 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP), lo que lo convierte en arbitrario (v. fs. 81 vta./85 vta.).
I.2. Luego, denunció arbitrariedad, violación al debido proceso, a la defensa en juicio, al principio de inocencia e in dubio pro reo , en el tramo correspondiente a la materialidad infraccionaria del hecho II (conf. arts. 18, Const. nac.; 15, Const. prov. y 1, CPP; v. fs. 84).
Planteó que los elementos probatorios valorados no alcanzaron para destruir el estado de inocencia de M. (v. fs. cit.).
Expuso que la simple lectura de la sentencia de grado mostraba las discordancias del relato de la víctima A.M. con la descripción fáctica del hecho II (v. fs. 86).
Adujo que "[l]a descripción del hecho II) en la sentencia de condena y que la intermedia convalidó como acreditada sin duda alguna, atribuye a [su] asistido ser el autor de un abuso sexual gravemente ultrajante por su realización y su duración, en períodos que no coinciden con los referidos por AM (entre los 7 y 12 años de la menor según la jurisdicción, desde que terminaba la salita de 5 años en Cámara Gesell y a la Dra. Bobadilla Inchausti de los 6 o 7 años hasta los 10, según relato de AM) y por un modo de realización que serían manoseos la primera vez según el relato de la menor en Cámara Gesell cuando terminaba la salita de 5, no se sabe [de] qué modo cuando arriaban las vacas y con acceso carnal anal en la oportunidad que le pidió el cortaúñas y cuando le pidió si podía tocar el órgano, y cuando estaban en el cumpleaños del tío E. en la quinta, en la pieza con todos los chiquitos" (fs. cit. vta. y 87).
Por ello, alegó arbitrariedad por fundamentación aparente (v. fs. 87 vta.).
I.3. Planteó también la violación al debido proceso, la defensa en juicio y la doble instancia por considerar que, al hacer lugar al reclamo de la defensa y declarar prescripta la acción penal emergente del hecho I, asumió competencia positiva e impuso pena cuando en rigor correspondía que reenviara las actuaciones a fin de que las partes pudieran debatir sobre la pena a imponer (v. fs. 88 vta.).
Refirió que la sanción impuesta en segunda instancia fue sin sustanciación ni fundamentación, en tanto se dijo mantener las pautas agravantes y atenuantes, las que dejó firmes (v. fs. 89).
Sin embargo, apuntó que, en el acuerdo de juicio abreviado se computó como única agravante la pluralidad de víctimas, pauta que fue valorada por el juez de grado para imponer la pena de doce años de prisión por dos hechos (hecho I, víctima S.M., y hecho II, víctima A.M.), y que el Tribunal de Casación dejó firme luego de declarar prescripta la acción penal emergente del hecho I, computando entonces para la pena de once años y nueve meses de prisión la agravante "pluralidad de víctimas" cuando -dada su decisión- correspondía su descarte (v. fs. cit.).
Insistió con que mediante esta actuación el Tribunal de Alzada afectó el debido proceso, la defensa en juicio y el derecho del imputado a obtener un examen integral de la sentencia condenatoria (v. fs. 90).
I.4. Por otra parte, planteó la transgresión del derecho del condenado a ser oído (conf. arts. 8.1., CADH; 14.1., PIDCP y 41, Cód. Penal; v. fs. cit.).
Con cita de lo resuelto en los fallos "Maldonado" y "Pin" de la Corte federal, consideró vulnerado el derecho del imputado a ser oído por haberse fijado la nueva pena sin celebrar la audiencia de visu (v. fs. cit. y vta.).
En consecuencia, solicitó la nulidad de lo fallado (v. fs. 90 vta.).
I.5. Por último, denunció arbitrariedad por falta de fundamentación del monto de la pena y, nuevamente, violación al debido proceso y a la defensa en juicio (v. fs. cit.).
Argumentó que el órgano revisor no fundamentó cómo arribaba a la pena de once años y nueve meses de prisión, vulnerando la normativa y doctrina legal que exige que los jueces expresen las razones por las cuales disponen de una cierta cantidad de pena para quien es encontrado autor penalmente responsable de un delito (v. fs. 92).
Agregó que no se explicitó el punto de partida en la escala legal, máxime cuando se eliminó al hecho I del concurso real y erróneamente se mantuvo la agravante pluralidad de víctimas (v. fs. 92 vta. y 93).
Por todo ello, solicitó que se case la sentencia con reenvío a la instancia anterior para que dicte una ajustada a derecho (v. fs. 93).
II. El señor Procurador General propuso el rechazo de la impugnación (v. fs. 126/135).
III. Coincido solo parcialmente con lo así dictaminado.
III.1.a. El primer agravio no procede.
En el recurso de casación, la defensa de M. básicamente criticó la motivación y la valoración probatoria para acreditar la materialidad ilícita por considerar que el fallo de mérito se hallaba sustentado -casi por completo- en las declaraciones de las víctimas que, en su opinión, resultaban endebles e imprecisas en cuanto a fechas, modos y lugares (v. fs. 24 vta./27).
En esa dirección, el impugnante sostuvo ante la instancia anterior que los dichos de las damnificadas fueron sobrevalorados y tomados a modo de verdad absoluta por parte del tribunal oral; y concluyó que la ausencia de una correcta motivación en las conclusiones y el déficit valorativo, imponían el dictado de un veredicto absolutorio por no haberse acreditado la materialidad ilícita (v. fs. 27).
Frente a ese planteo, el Tribunal de Casación Penal, tras declarar prescripta la acción emergente del denominado hecho I, consideró -contrariamente a lo afirmado por la defensa- que existieron elementos suficientes invocados por el juzgador para tener por acreditado el extremo cuestionado en el recurso, sin advertir una incorrecta apreciación de la prueba (v. fs. 57).
Así, afirmó que "...se valoró el importante relato de la víctima de autos A.M., quien dirigió una directa imputación al encausado cuando relató (bajo la modalidad de Cámara Gesell) los abusos sufridos a manos de su tío, los que se iniciaron con manoseos y luego pasaron a ser accesos carnales que se reiteraron en diversas oportunidades, brindando detalles que, para el juzgador de grado, reforzaron su credibilidad pues se apreció 'un relato firme y seguro' a la vez que espontáneo" (fs. 57 y vta.).
Agregó que "...si bien la defensa desmerece aquel relato, y al margen de que aun cuando fuera el único elemento de cargo podría ya constituir prueba suficiente de autoría (Art. 209 del C.P.P.) [...] dicha declaración se encontró corroborada por otras constancias que se erigieron en igual sentido incriminante, constituyendo un cuadro probal sólido con total apego a lo normado por los artículos 210 y 373 del ordenamiento ritual. Así, es pertinente traer a colación las declaraciones de P. M. y S. A., donde contaron las circunstancias en que supieron lo acontecido, lo cual se pudo engarzar con los dichos vertidos por la menor. Por otra parte, también pudo tenerse como elemento complementario el reconocimiento médico legal de fs. 14/15 que dio cuenta de que la menor A.M. presentaba lesiones a nivel genital, de vieja data, compatibles con las producidas por elemento duro o romo, como un pene en erección. En igual dirección se erigió el informe del Cuerpo Técnico Auxiliar del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de la menor [...] A.M. de fs. 33/34 que dio cuenta de la angustia y secuelas presentadas por la niña a la hora de recrear los eventos que la victimizaron" (fs. 57 vta. y 58).
Por todo ello, concluyó que "...las elucubraciones formuladas por el impugnante no alcanzan para conmover lo resuelto desde que se desentienden del exhaustivo análisis del material probatorio colectado que ni siquiera se limitó, como pareciera dar a entender la defensa, a la solitaria versión de la niña, sino que [...] estuvo complementado por otros elementos como declaraciones y prueba pericial que no hicieron sino corroborar los dichos de A.M. que indicaron a su tío como autor de los hechos juzgados" (fs. 58).
III.1.b. De la reseña efectuada se desprende que, para arribar a la confirmación del fallo de condena, el Tribunal de Casación efectuó una revisión compatible con los parámetros impuestos en el ya citado precedente "Casal" y -en el marco de la competencia abierta y en función de los agravios llevados por la defensa- abordó la queja de la parte y justificó su decisión, otorgándoles un tratamiento completo e integral a los argumentos dirigidos a desvirtuar el valor probatorio que el órgano de mérito otorgó principalmente a los dichos de la víctima (conf. doctr. causas P. 98.459, sent. de 3-IV-2008; P. 127.013, sent. de 26-IX-2018; P. 133.411, sent. de 20-V-2021; P. 135.146, sent. de 13-IX-2022; e.o.).
La afirmación de la defensa relativa a que el escrutinio llevado a cabo significó un "tránsito aparente" que frustró el derecho a la revisión del fallo, y que la Casación se desentendió de forma absoluta de su reclamo, no se condice con lo sucedido en el caso.
En realidad, bajo el ropaje de típicas cuestiones federales -por ejemplo, revisión aparente, doble conforme, etcétera-, lo que pretende la parte es imponer su propia visión sobre la labor probatoria, pero sus críticas no constituyen más que la expresión de su disconformidad con lo resuelto por el órgano revisor.
Tampoco pone en evidencia que el pronunciamiento del tribunal intermedio incurriera en arbitrariedad por motivación aparente y con apartamiento de las constancias probatorias de la causa. De esta manera, la sentencia queda a salvo de la tacha de arbitrariedad (art. 495, CPP).
Por lo demás, el embate enfocado desde la falta de prueba del acceso carnal vía anal constituye un giro argumental respecto del agravio llevado en el remedio casatorio, ocasión en la que se refirió genéricamente a las pruebas de los abusos, centrándose ahora con exclusividad en aquella (art. 451, CPP).
III.2. Similares consideraciones, cabe efectuar en torno al segundo agravio.
Es que, sin perjuicio de destacar que tanto la sentencia de mérito como la de revisión no esgrimieron margen de duda con relación a la acreditación de la autoría del imputado en el hecho, la recurrente, de la mano de la alegada transgresión al principio in dubio pro reo , reiteró cuestiones vinculadas con la denunciada revisión aparente y arbitrariedad del fallo de Casación, sin que esa normativa federal se encuentre inmediatamente involucrada en los términos que esgrime (art. 495, CPP).
Y si bien la sentencia de condena solo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad de la persona acusada por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio favor rei , si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto -tal como ha sido expuesto en el caso por el juzgador- impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar a cuestionar esa certeza subjetiva. Nada de ello el recurrente ha logrado aquí justificar.
Por demás, sobre las discordancias del relato de la víctima alegadas por la parte, resulta de utilidad recordar que de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se desprenden diversos parámetros a atender al momento de analizar los testimonios de víctimas de violencia sexual, entre ellos, que estas declaraciones se refieren a momentos traumáticos de las víctimas, cuyo impacto puede derivar en determinadas imprecisiones al recordarlos, lo que no significa que las manifestaciones sean falsas o que los hechos relatados carezcan de veracidad (conf. CIDH casos Fernández Ortega y otros vs. México . Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, sent. de 30-VIII-2010, Serie C No. 215, párrs. 104 y 105; Rosendo Cantú y otra vs. México . Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, sent. de 31-VIII-2010, Serie C No. 216, párrs. 91 y 95; J. vs. Perú . Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, sent. de 27-XI-2013, Serie C No. 275, párrs. 324 y 325; Espinoza Gonzáles vs. Perú . Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sent. de 20-XI-2014, Serie C No. 289, párr. 150). Asimismo, esta Suprema Corte ha considerado que resulta manifiesta en esos pronunciamientos del Tribunal Interamericano la importancia de evaluar las declaraciones de niños y niñas bajo el tamiz de la inexperiencia que pueden presentar en algunos aspectos de la vida, y teniendo especialmente en cuenta su edad y madurez intelectual (causas P. 132.751, sent. de 14-XII-2020; P. 133.075, sent. de 12-V-2021 y mi voto en minoría en P. 132.997, sent. de 24-VIII-2022; conf. CSJN "Sanelli", Fallos: 343:354).
III.3. Distinta suerte ha de correr el agravio por el que se postula falta de motivación al fijar la nueva pena.
Nótese que, tras declarar prescripta la acción penal emergente del hecho I -del cual resultara víctima la niña S.M.-, el órgano casatorio readecuó la pena a imponer por el hecho II (víctima A.M.) y sostuvo que "conforme a las pautas agravantes y atenuantes que permanecen firmes" correspondía condenar a J. L. M. a la pena de once años y nueve meses de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 59 vta.).
Cabe recordar que los jueces de grado habían valorado como atenuante la "ausencia de antecedentes penales" acordada por las partes; y, como agravante, la "pluralidad de víctimas" dado que, con su obrar, el imputado había afectado la integridad sexual de dos niñas, lo que aumentaba la medida del reproche y la afectación del bien jurídico protegido por la norma (v. fs. 15 y vta.).
Así las cosas, asiste razón a la parte en cuanto expone que el proceder del Tribunal de Alzada fue arbitrario sobre el punto, pues, declarada la extinción de la acción penal del hecho I, para considerar que subsistía la pluralidad de víctimas como pauta agravante, la Casación debió, cuanto menos, exponer las razones por las cuales consideraba ello posible tras obliterar del concurso real el hecho que tuvo como víctima a S.M. y mantener la condena solo por el hecho II, con una única víctima. Sin embargo, nada dijo al respecto.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que la doctrina de la arbitrariedad "...tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 297:100; 311:948 y 2402)" ( in re C.525.XLIII. Recurso de hecho. "Cabezas, Daniel Vicente y otros s/ denuncia -Las Palomitas- Cabeza de Buey", sent. de 17-X-2007, cons. 6°).
En ese tramo de la sentencia, el fallo solo satisface de manera aparente aquella exigencia constitucional (CSJN Fallos: 312:1635 y 1953; 313:751; 315:119; conf. Palacio de Caeiro, El recurso extraordinario federal , La Ley, Bs. As., 2002, pág. 125 y causa P. 121.318, sent. de 9-XII-2015).
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El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.