Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136239
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.239, "M., F. G. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 101.396 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria.
Conforme surge del expediente digital, la Sala III del Tribunal de Casación Penal, el día 22 de junio de 2021, rechazó el recurso homónimo deducido por la defensa oficial de F. G. M. y confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por alevosía y por la causa.
Contra dicho pronunciamiento, el señor defensor oficial, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
El Tribunal de Alzada, el día 24 de noviembre de 2021, admitió parcialmente la impugnación: por un lado, desestimó por inadmisibles las denuncias de violación del principio in dubio pro reo y la tacha de arbitrariedad; por otra parte, admitió la denuncia de inobservancia del art. 34 inc. 1 del Código Penal.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Teniendo en consideración el alcance con el que fue admitida la impugnación, se reseñarán únicamente las críticas vinculadas a la inobservancia del art. 34 inc. 1 del Código Penal.
De modo preliminar, la defensa cita textualmente los argumentos expuestos en el recurso de casación y en el fallo en crisis.
Sentado ello, sostiene que la sentencia recurrida le reprocha a esa parte el hecho de no haber demostrado la existencia de una eximente de responsabilidad cuando ello también es carga del Ministerio Público Fiscal, conforme el criterio objetivo que debe guiar su actuación.
Alega que la Casación se apartó de las constancias de la causa al afirmar que M. realizó los hechos con pleno control de sus movimientos y actos. Aclara que no planteó la falta de realización de conducta sino la incapacidad relativa que le impidió al acusado "...comprender la criminalidad de su conducta o comprendiendo esta, poder actuar en consecuencia".
En razón de lo expuesto, dice que no es válido exigirle a la defensa que demuestre por testigos la ingesta de estupefacientes, la cantidad consumida, la alucinación padecida a consecuencia de ello y demás circunstancias, sobre todo cuando "...las pericias psicológi[c]a y psiquiátrica dictaminaron que M. 'pudo haber tenido una dificultad en el control de sus acciones agresivas por un estado de desinhibición consecuente del abuso de sustancias psicoactivas'".
Refiere que la alteración de la percepción "...no se prueba sino que se enjuicia; por ende, la parte no tiene la carga de acreditarla sino que le corresponde al tribunal formular su enjuiciamiento al respecto y [...] dicho juicio acerca de la inimputabilidad debe realizarse sobre elementos fácticos sobre los que se fundara el juicio de imputabilidad o inimputabilidad".
A continuación, cita la prueba que -a su entender- demuestra la incapacidad de culpabilidad:
a) Peritaje psicológico-psiquiátrico, elaborado por la licenciada Yacobino y el doctor Otamendi, en el que se da cuenta del consumo de tóxicos por parte de M. a partir de los quince o dieciséis años; que tuvo una infancia marcada por el abandono, el maltrato, el alojamiento en un instituto de menores. Al momento del examen (12 de noviembre de 2018), se concluyó que no presentaba alteraciones sensoperceptivas ni ideación delirante; que tenía inteligencia y comprensión dentro de los parámetros de normalidad, con desempeño acorde al nivel de instrucción alcanzado. Se agregó que no presentaba "...sintomatología compatible con psicosis, síndrome demencial o alienación mental [...] teniendo entonces capacidad para delinquir [...] sin perjuicio de lo expuesto 'pudo haber tenido una dificultad en el control de sus acciones agresivas por un estado de desinhibición consecuente al abuso de sustancias psicoactivas'".
b) Informe de la licenciada Rodríguez, perita trabajadora social del Cuerpo Técnico del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, del que surge la historia de abandono por parte de su madre y de su padre, la situación de pobreza, violencia y "exclusión educativa" que vivió M. durante su niñez, así como también su inicio en el consumo de drogas.
c) Los testimonios de Rolando Mosqueira y Jorge Martirano, que corroboraron la situación de consumo que sufría M..
La defensa señala que, pese a ello, los señores jueces de mérito descartaron que su asistido hubiera consumido sustancias estupefacientes el día del hecho y el anterior, por estimar que no existía prueba suficiente sobre el punto más que los dichos del imputado.
Alega que el Tribunal de Casación Penal, alejándose de las constancias del expediente, confirmó ese temperamento. Explica que no es acertada la afirmación del órgano de alzada referida a que "Sólo la intoxicación plena y total en cuanto a sus efectos y fortuita en su causa, encaja en la eximente...". Insiste en que los señores jueces revisores se apartaron de las constancias de la causa y consideraron -equivocadamente- que la "posibilidad" de que M. no haya podido controlar sus acciones agresivas (peritaje psicológico-psiquiátrico) les impedía arribar a la certeza positiva respecto a que no padecía al momento de los hechos afectación de su conciencia y tenía pleno control de sus movimientos y actos.
Concluye que no es posible afirmar que su defendido haya obrado con pleno conocimiento y voluntad de realización del tipo penal cuando, a criterio de los expertos, existió la posibilidad de que no comprendiera el alcance de su conducta o, en su defecto, no pudiera dirigirla conforme esa comprensión.
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso.
Coincido con lo dictaminado.
III. El recurso es improcedente en tanto las consideraciones de la defensa oficial no logran demostrar la inobservancia del art. 34 inc. 1 del Código Penal (art. 496, CPP).
Como primer punto, de la reseña del apartado I se advierte un primer déficit que surge de los propios términos en que se planteó la estrategia de defensa, en tanto se peticiona la absolución de M. fundada de manera simultánea en la imposibilidad de comprender la criminalidad del acto "o" dirigir sus acciones, brindando los mismos fundamentos para ambas causales y sin hacer ningún tipo de diferenciación entre estas, lo que da cuenta del modo genérico y deficiente en que se desarrolló el agravio, pues la parte no se hizo cargo de las especificidades que cada una de esas causales presenta.
A ello se agrega que, tal como a continuación se expondrá, frente a idénticos planteos a los ahora reeditados por la parte, el tribunal de mérito y el Tribunal de Casación dieron razones suficientes, fundadas en la prueba producida así como también en las particulares características del hecho -extremo este último que llegó incontrovertido a esta Suprema Corte- para descartar que M. hubiera actuado en un estado de incapacidad de culpabilidad por el consumo de sustancias tóxicas.
Veamos.
IV. La sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata:
IV.1. Previo a ingresar al modo en que se analizó la capacidad de culpabilidad de M., resulta de utilidad recordar la descripción del hecho que se tuvo por debidamente acreditado y que llegó incontrovertido a esta instancia en tanto sobre sus particularidades (modalidad de ejecución, circunstancias, actitud del imputado durante y con posterioridad, conocimiento previo con la víctima, entre otras) se asentó, en gran medida, el reproche penal del nombrado: "...el 26 de marzo de 2018, en el campamento Hebrón, ubicado en calles F y 1 de Estación Chapadmalal, en el kilómetro 12 de la Ruta Provincial 88, aproximadamente a las 7:00 horas, F. G. M., luego de pernoctar allí, donde residía Luis Quenta, ambos miembros de una congregación religiosa, redujo por la fuerza al nombrado Quenta, lo ató a su cama, lo roció con nafta que encontró en el lugar y lo prendió fuego, a consecuencia de lo cual se incendiaron el cuerpo de la víctima en un 70% y la finca casi en su totalidad, falleciendo Quenta a causa de las quemaduras el 2 de abril de 2018, luego de una agónica internación hospitalaria. El designio de M. se centró en procurar su impunidad respecto del desapoderamiento ilegítimo de una motocicleta y de una notebook, en el contexto de la violencia que a continuación se describirá, dado que era conocido de Quenta, propietario de dichos bienes, y del grupo religioso del que ambos eran miembros, propósito compatible con la incesante preocupación de la víctima de dar a conocer la identidad del autor a todo aquel que se acercó al lugar luego del hecho. Para consumar la muerte, M. se aseguró tanto la absoluta indefensión de Quenta como el actuar sobre seguro, atándolo previamente a su cama de manera tal de mantenerlo inmovilizado, y luego rociándolo con nafta para prenderlo fuego, acción que, como antes se indicó, determinó su deceso".
IV.2. En cuanto a la capacidad de culpabilidad del acusado, el tribunal de mérito sostuvo que su propia declaración permitía descartar la aplicación de la eximente en cuestión.
De esta manera, recordó que "Su relato se refirió al consumo de drogas, pero no dio precisiones ni explicación alguna (ni fue interrogado por la partes) respecto de qué tipo de drogas, qué cantidad, en qué estado físico se encontraba al momento del consumo (descansado, sin dormir, alimentado, etc.), si las mezcló con alguna otra sustancia o alcohol, etc. Sólo dijo que se drogó antes de llegar a lo de Quenta y también cuando se quedó allí en una habitación. Nada más. Ningún otro dato permite establecer el grado de ese consumo, sin perjuicio de lo laxo de su referencia en relación al resto del detallado cuadro de situación que [...] pudo percibir (dolo) y valorar (comprensión de criminalidad). Es más, ninguna otra evidencia permite acompañar la versión de M. de haber consumido drogas, pues no existe pista alguna que apoye su excusa...".
Agregó que "Su relato fue coherente, lineal, cronológico y memorioso. Brindó detalles sobre lo sucedido y ofreció un elemento determinante para descartar por completo la eximente planteada por la defensa. Dijo M.: 'No me dio para matarlo con un cuchillo o de otra manera'. Tal frase resulta indicativa del desvalor que implicaba dar muerte a una persona conocida de manera personalizada, es decir, sintiendo el apuñalamiento (lo mismo sucede con el ahorcamiento, por ejemplo). Con ello se delimita su capacidad de comprender y, además, de elegir una vía alternativa para continuar y culminar su designio, cual fue la de tomar un bidón de nafta, rociarlo [...] y prenderlo fuego".
"La dirección corporal de sus acciones coincidió a la perfección con la planificación de su idea. Desechó apuñalarlo porque 'no le dio' y lo prendió fuego. Claro en este caso arrojándole combustible, para no sentir que la muerte reprochable era causada por su propia mano".
Insistió en que ninguna prueba avalaba la versión de M. de haberse drogado antes del hecho y agregó que "Drogarse no es igual a encontrarse condicionado por la droga, a ser adicto o, en lo que aquí interesa, a verse determinado sin capacidad psíquica alguna para advertir el desvalor de sus acciones o para dirigir sus acciones en otro sentido".
En lo que respecta a los informes y peritajes -sobre los que la defensa insiste dogmáticamente en la inculpabilidad de M. también ante esta Suprema Corte-, oportunamente el órgano de mérito se encargó de valorar cada uno de ellos, descartando el alcance que le pretendió dar la parte:
- En lo que atañe al informe socioambiental, destacó que fue elaborado con base en una entrevista realizada a la madre de M., M. C., quien dio cuenta de la infancia de su hijo, marcada por la violencia, la pobreza y el abandono. El tribunal consideró que como M. C. no tuvo contacto con él durante nueve años, poco podía decir respecto de gran parte de su infancia y adolescencia, y añadió que "...el dictamen nada dice del consumo de drogas o de una posible inimputabilidad al momento del hecho".
- En cuanto al informe psicológico-psiquiátrico, elaborado sobre la base de una entrevista personal con M., el tribunal dijo que la situación de consumo allí consignada se fundaba en los dichos del propio acusado sin ninguna otra prueba adicional. En lo que atañe a la conclusión del dictamen, recordó que se descartaron alteraciones sustanciales compatibles con perturbaciones de la conciencia o alteración morbosa de sus facultades mentales. En particular, frente al planteo de la defensa de la instancia en cuanto a que M. pudo haber tenido dificultades para controlar sus acciones -que en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley se reitera casi textualmente-, el sentenciante, de manera categórica, afirmó que "...el informe refiere en potencial que M. 'pudo' haber tenido una dificultad en el control de sus acciones agresivas por un estado de desinhibición consecuente al abuso de sustancias psicoactivas. Esa dificultad no podría ser afirmada por los peritos debido a la inexistencia de datos colaterales que apoyen el relato de M., los que tampoco constan ni surgen de la prueba producida durante el debate. Conforme lo hasta aquí expuesto, ese 'pudo' debe desecharse. En todo caso, además, se habría tratado de una dificultad y no de una perturbación que anulara su capacidad de dirección de las acciones, lo que también descarta la eximente propuesta".
Estimó que la intoxicación alegada por la parte no lograba conmover el resto de la prueba que daba cuenta de un comportamiento coherente, compatible con su finalidad y comprensivo del reproche penal que merecía.
Finalmente, hizo referencia a los testimonios de Mosqueira, Martirano y Acevedo, y señaló que por sus dichos tampoco se podía tener por probada la adicción de M. a las drogas.
IV.3. Por todo lo expuesto, concluyó que "...el accionar de M. resultó compatible con la dirección de las acciones que pretendía, sin perturbación alguna de su consciencia que lo impidiera (ni que obnubilara su comprensión). El consumo de drogas no se encuentra probado, aunque, de darlo por cierto, su capacidad de reconocimiento de la situación, de lo que implicaba dar muerte a un conocido con un cuchillo, del reemplazo de ese medio (tal vez más) reprochable por otro de carácter impersonal, la fuga inmediata del lugar, el desapoderamiento de objetos de valor (moto y computadora), el atar e inmovilizar a la víctima para asegurarse el éxito de su objetivo, el incendiar todo para no dejar rastros y el matar al único testigo que podía denunciarlo hablan de un plan signado y dirigido por una plena capacidad para impedir las consecuencias de un hacer que comprendió prohibido en todo momento " (el destacado me pertenece).
V. De igual manera, el Tribunal de Casación Penal, mediante el voto del señor juez Violini al que adhirió el señor juez Borinsky, rechazó el pedido de absolución por incapacidad de culpabilidad.
En tal sentido, afirmó que la parte se limitó a reiterar idénticos argumentos a los expuestos en el juicio sin rebatir los del fallo de mérito.
De seguido, sostuvo que "Sólo la intoxicación plena y total en cuanto a sus efectos y fortuita en su causa, encaja en la eximente enarbolada insuficientemente por la defensa".
V.1. Destacó que los magistrados del juicio descartaron la incapacidad de culpabilidad de M. con base en las circunstancias objetivas de la causa "...pues aunque [en la] pericia psicológica y psiquiatra [se] dictaminara que '...pudo haber tenido una dificultad en el control de sus acciones agresivas por un estado de desinhibición consecuente al abuso de sustancias psicoactivas' -como alega la defensa-, esta conclusión no es determinante y carece de entidad suficiente para sustentar la causal de inculpabilidad que se pretende".
Sostuvo que ello daba la pauta de una mera posibilidad y no de una certeza, "...contingencia esta que dista mucho de asegurar el estado de inimputabilidad alegado".
De seguido, resaltó que la defensa oficial no se hizo cargo de las conclusiones de los peritos relativas a que "...'no se rescata[ban] alteraciones sustanciales compatibles con un estado alterado de la conciencia o alteración morbosa de sus facultades mentales porque tuvo capacidad para delinquir' [...]. Y luego exponían que 'pudo' haber tenido alguna dificultad en el control de sus acciones agresivas por el estado de desinhibición por el consumo de sustancias, pero ello, lejos está de significar que M. tuviera alguna alteración o insuficiencia de sus facultades que le impidiera comprender lo que hizo o actuar de manera diversa".
Recordó que el órgano de mérito sostuvo que no se probó más que con los solitarios dichos del imputado que este hubiera consumido drogas antes de cometer el hecho.
A continuación, citó las declaraciones de Mosqueira, Martirano y Acevedo, y señaló que no resultaron eficaces para corroborar la hipótesis de la defensa.
En lo que respecta al informe socioambiental, estimó que "La sola mención de que a los diecisiete años se había iniciado en el consumo de sustancias prohibidas [...] por sí solo no abastece certeza en cuanto a que en el momento del hecho el acusado no comprendía lo que hacía".
V.2. En contraposición a lo expuesto por la defensa, aseveró que M. tuvo pleno conocimiento y control de lo que quería y hacía. En tal sentido, recordó que se demostró que "...arribó al lugar donde residía la víctima [Luis Quenta], quien le permitió el ingreso porque lo conocía por integrar el mismo grupo religioso y compartir campamentos evangélicos en dicho sitio. Que en un momento el encartado ató a la víctima a la cama, lo roció con nafta, como asimismo al lugar y prendió fuego, quemándose la finca casi en su totalidad y el cuerpo del damnificado en un 70% -lesiones que a la postre le provocaron su deceso-. Que con posterioridad el imputado sustrajo una notebook y una moto propiedad de la víctima con la que huyó del lugar".
Recordó que "Luis Quenta predicaba la palabra y era una persona muy querida en Chapadmalal [...] El inculpado, a sabiendas de ello, y de que la víctima lo iba a dejar ingresar se presentó en su vivienda -en la que en algunas oportunidades habían compartido campamentos religiosos- porque se conocían y se había ganado su confianza al relacionarse a partir de integrar el mismo culto evangélico. Ya en el interior del lugar ató a la víctima a la cama para garantizar el éxito del robo, y para evitar ser descubierto y procurar su impunidad, lo roció con un combustible altamente inflamable como lo era la nafta y sobre una superficie que combustionaba inmediatamente como lo era el colchón de la cama, al igual que derramó nafta en el lugar, para posteriormente incendiar todo, provocando la destrucción de casi toda la propiedad y las lesiones gravísimas en la salud del damnificado que le provocaron su muerte. Y luego de ello, sustrajo la motocicleta y la notebook del damnificado, huyendo mientras conducía la primera mencionada, la que según sus propios dichos no le había querido arrancar en un primer momento, efectuando las maniobras necesarias para que esta lo hiciera".
Destacó que, tal como lo expuso el órgano de mérito, la alegación de la defensa consistente en que el imputado "...se encontraba en un estado de inconsciencia por haber ingerido estupefacientes, es una apreciación personal del recurrente que no encuentra apoyo en
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