Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136432
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.432, "Orellana, Nahuel Sebastián s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 108.849 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala V del Tribunal de Casación Penal rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por el señor defensor oficial contra la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Morón, que a su turno había confirmado el auto por medio del cual se estableció que la pena de prisión perpetua impuesta a Nahuel Sebastián Orellana en la causa n° 2.921 vencerá el 19 de junio de 2058 y que la caducidad registral de la condena operará el 19 de junio de 2068 (arts. 13, 16 y 24, Cód. Penal; v. resol. digital de fecha 10 de noviembre de 2020).
El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación, doctor Nicolás Agustín Blanco, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. archivo adjunto de fecha 8 de noviembre de 2021); el cual fue declarado admisible por resolución del órgano intermedio del 17 de febrero de 2022.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen en archivo adjunto de fecha 16 de diciembre de 2022), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. La defensa denunció que la pena de prisión perpetua impuesta a su asistido desconoce el derecho a la vida (art. 4.1., CADH).
Explicó que Nahuel Sebastián Orellana fue condenado a prisión perpetua, y que posteriormente se estableció que el vencimiento de esa sanción operará el 19 de junio de 2058, es decir pasados cuarenta y cinco años, en función del juego armónico de los arts. 13 y 16 del Código Penal.
Entendió que ello implica, en el caso, una verdadera pena a perpetuidad, pues la sanción se agotará a una edad muy avanzada del condenado.
Se refirió al principio de progresividad como elemento para verificar el alcance que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado al derecho a la vida, en tanto aquel no estaría limitado a la vida en términos biológicos, sino que se ha extendido al derecho a vivir con dignidad, a desarrollar un proyecto de vida e incluso a procurar un sentido para la propia existencia.
En sustento de su postura citó el caso Baldeón García vs. Perú , la Opinión Consultiva OC-16/99, y el art. 5.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; pues también vinculó el derecho a una vida digna con el resguardo que debe poseer toda persona privada de su libertad contra la tortura o trato cruel, inhumano o degradante.
Resaltó, además, la realidad carcelaria nacional y, específicamente, en esta Provincia.
Por otra parte, afirmó que mantener detenido a su asistido por un plazo tan extenso convierte a la sanción penal en una verdadera "pena de muerte", dado que la vida de la persona se agotará en manos del Estado.
Sostuvo que la pena a perpetuidad impuesta en el caso no logra sortear el control de convencionalidad que exige que la sanción sea compatible con los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con el monto máximo estipulado en el art. 77 del Estatuto de Roma, todo lo cual -a su juicio- avala la petición de inconstitucionalidad del art. 13 del Código Penal.
Como consecuencia de lo expuesto, entendió vulnerados el derecho a la vida (art. 4, CADH) y la prohibición de imponer la pena de muerte (art. 4.3., íd.).
I.2. Por otro lado, denunció la violación de los arts. 18 de la Constitución nacional; 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.3. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; ello por considerar que el tribunal revisor no atendió el planteo referido a la afectación al fin resocializador de la pena y que tampoco analizó que del cómputo cuestionado resulta la aplicación de una sanción que constituye un trato cruel, inhumano y degradante a la luz de la expectativa de vida del condenado, con supresión de toda posibilidad de elaborar y ejecutar un plan vital (conf. arts. 5.2., CADH y 7, PIDCP).
Consideró que una pena que elimina la posibilidad de lograr la reintegración del condenado a la sociedad es, en esencia, contraria a los fines resocializadores que se declaran como sus objetivos, porque supone transitar una pena para "...aprender a vivir en sociedad" sin que se concrete, en algún momento, la reintegración social.
Concluyó que el cómputo de pena impuesto a Orellana, efectuado por aplicación de los arts. 13 y 16 del Código Penal, vulnera el derecho a su dignidad personal y a la finalidad esencial de reinserción social que la sanción debe procurar (conf. art. 5.6., CADH).
I.3. Por último, insistió con la violación al derecho a la vida (arts. 4.1. y 5.6., CADH). Sostuvo que, en el caso, la posibilidad que el ordenamiento jurídico contempla para que el condenado pueda acceder a la libertad estaría ubicada entrada ya la edad jubilatoria, por lo que difícilmente pueda aspirar a incorporarse al sistema laboral o a desarrollar un proyecto de vida.
Finalizó afirmando que el cómputo de pena aprobado mediante la aplicación de los arts. 13 y 16 del Código Penal resulta contrario al derecho a la vida, al trabajo y a la integridad personal, y que implica en definitiva la imposición de una pena cruel e inhumana, por lo que solicitó que se declare la inconstitucionalidad del citado art. 13 y se disponga el reenvío del caso a fin de realizar un nuevo cómputo de pena respetuoso de los derechos humanos invocados.
II. El señor Procurador General propició el rechazo del recurso.
III. Adelanto que comparto esa opinión.
Para una mejor comprensión, corresponde que inicialmente efectúe una reseña del derrotero procesal de la causa.
III.1. De las actuaciones digitalizadas se desprende que el Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Morón, por sentencia del 24 de septiembre de 2014, condenó a Nahuel Sebastián Orellana a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio agravado por ser criminis causae y por la condición de miembro de la fuerza de seguridad de la víctima, y autor del delito de portación de arma de guerra sin la debida autorización legal, todos en concurso real entre sí.
Una vez que la sentencia quedó firme, el mismo tribunal estableció que la pena de prisión perpetua impuesta a Orellana vencerá el 19 de junio de 2058 y su caducidad registral operará el 19 de junio de 2068 (v. resol. de 10-XI-2020).
Para ello, los jueces consideraron que la prisión perpetua no tiene fin, dura para siempre, pero que sin embargo el andamiaje jurídico que permite determinar su vencimiento se desprende del juego armónico de los arts. 13 y 16 del Código Penal, de los cuales se vislumbra que el mínimo tiempo posible de duración es de cuarenta y cinco años de prisión, resultante de los treinta y cinco años de cumplimiento de condena exigidos para la obtención de la libertad condicional más diez años de duración de las condiciones impuestas para el goce de dicho instituto.
En definitiva, entendieron que el límite mínimo de encierro previsto para la pena impuesta a Orellana -quien no tiene posibilidad de acceder a la libertad condicional por haber sido condenado, entre otros delitos, por homicidio criminis causae - es de cuarenta y cinco años, período que se estableció como de cumplimiento de la pena de prisión perpetua, a computarse en los términos del art. 24 del Código Penal. Luego, los magistrados contaron el tiempo que el nombrado llevaba privado de su libertad (desde el 20 de junio de 2013) y así llegaron a ubicar la fecha de vencimiento de la pena el 19 de junio de 2058, y la de caducidad registral el 19 de junio de 2068.
III.2. Ante ello, el señor defensor oficial, doctor Diego Rodríguez, interpuso recurso de apelación en el que peticionó la inconstitucionalidad del art. 13 del Código Penal, por fijar el vencimiento de la pena y la posibilidad de obtener la libertad por encima del límite punitivo establecido en el Estatuto de Roma (treinta años).
Indicó que, en el caso, la sanción resultaba efectivamente perpetua, aunque se haya establecido un límite, ya que la pena impuesta a Orellana vencería al alcanzar los sesenta y cinco años de edad, por lo que el nombrado transcurriría todo el período de su vida productiva encarcelado y sin posibilidades reales de reinserción social.
III.3. La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental desestimó el recurso de la especialidad.
Así, fundamentó su pronunciamiento y el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 13 del Código Penal exponiendo, por un lado, que "...la Ley Nacional n° 26.200 establece en su artículo 2° que el sistema penal allí previsto es de aplicación para los crímenes y delitos respecto de los cuales la Corte Penal Internacional es competente, los que son distintos del cometido por el aquí condenado Orellana" y, por otro lado, dijo que "...el propio texto internacional contempla la posibilidad de imponerse una pena de reclusión a perpetuidad, fijando la cuantía de treinta años para el caso que la sanción sea temporal (art. 77 apartado 1-a del Estatuto -Ley 25.390-), y perpetua (apartado 1-b) cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado".
En igual sentido, sostuvo que "...la [...] Ley 26.200 dispone en su artículo 12 que las penas correspondientes para los delitos contemplados por la norma internacional en ningún caso podrá ser inferior a la que pueda corresponder si fuera condenado por las normas dispuestas en el Código Penal de la Nación; teniendo previsto además que, para cualquiera de los ilícitos, cuando se produzca la muerte, la pena será de prisión perpetua (arts. 8, 9 y 10 de dicha legislación)".
Asimismo, afirmó que no existe norma que establezca expresa o tácitamente que la pena perpetua no puede superar los treinta años de prisión, y que el propio Estatuto de Roma en su art. 80 instituye que nada de lo dispuesto en esa parte ("VII. De las penas") se entenderá en perjuicio de la aplicación de las sanciones prescriptas en la legislación nacional de cada Estado.
Finalmente, entendió que el cómputo establecido de ninguna manera anulaba el proceso de reinserción social, ya que no se encontraba restringido el acceso a distintos institutos previstos por las leyes de ejecución.
III.4. Contra esta decisión, la defensa oficial dedujo recurso de casación en el que reiteró su planteo de inconstitucionalidad del art. 13 del Código Penal por contrariar lo previsto en el Estatuto de Roma.
Señaló que el límite temporal expuesto en la resolución, al ser tan lejano en el tiempo, atentaba contra el fin de la pena como instrumento resocializador.
En virtud de ello, solicitó que se case la decisión cuestionada, se declare la inconstitucionalidad del límite penal punitivo previsto en el art. 13 en función del término normado en el art. 16 del Código Penal, y se revoque el auto por el cual se aprobó el cómputo de pena respecto de Nahuel Sebastián Orellana.
III.5. De tal modo arribamos al fallo del Tribunal de Casación cuestionado en la impugnación en tratamiento.
Para decidir como lo hizo, luego de reseñar lo dispuesto por la Cámara, la Casación señaló que "...los jueces explicaron detalladamente los motivos en los cuales fundamentaron su decisión sin advertirse yerro alguno en la logicidad del fallo puesto en crisis, ni que por su parte la defensa con sus alegaciones recursivas logre evidenciar circunstancia alguna que descalifique la decisión atacada como acto jurisdiccional válido".
En relación con la inconstitucionalidad del art. 13 del Código Penal, sostuvo que "...se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera la norma cuestionada contraría la Constitución causándole de ese modo un agravio. Así, para que pueda ser atendido un planteo de tal índole que permita excitar la vía intentada, debe tener -en lo que cuenta- un sólido desarrollo argumental que no exhibe el presente, principalmente teniendo en consideración que las instancias previas dieron respuesta fundada a dicho planteo y ello no es rebatido por la parte, sino que, la defensa reedita nuevamente en esta instancia casatoria los argumentos por los que recibió acabada contestación".
Concluyó que era insuficiente la mera invocación de una cuestión federal basada en genéricas postulaciones, si no se la desarrollaba y se la asociaba a lo actuado en el caso concreto; por lo cual de esa forma no se abastecían los perfiles con que debía contar el planteo de una cuestión federal para ser admisible, suficiente y atendible.
IV. Como adelanté, el recurso en estudio no prospera.
IV.1.a. Llega firme a esta instancia que, pese al calificativo de "perpetua" que el legislador le ha dado a algunas penalizaciones, nuestro sistema constitucional no admite el encierro de por vida, lo que se compadece con la doctrina de esta Suprema Corte que, siguiendo jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha señalado que aun para el caso de las penas perpetuas, estas no son realmente tales, porque de lo contrario lesionarían la intangibilidad de la persona humana, por lo cual debe fijarse, eventual y oportunamente, el momento de su agotamiento (CSJN Fallos: 329:2440 "Giménez Ibáñez"; SCBA causas P. 84.479, sent. de 27-XII-2006; P. 94.377, sent. de 18-IV-2007; P. 126.330, sent. de 29-III-2017 y, especialmente, la intervención anterior de la Corte en este mismo caso, causa P. 126.377, sent. de 19-XII-2018).
Ahora bien, este Tribunal ha afirmado que, por regla, se halla fuera de la órbita del sentenciante establecer una determinación numérica de la pena a perpetuidad, que ya el legislador consideró que era absoluta (no individualizable). De lo contrario, su fijación ab initio en determinada cantidad de tiempo de privación de la libertad, podría avanzar sobre el arbitrio que compete a otros poderes del Estado, desoyendo el sentido de la misión del Poder Judicial, que exige observar escrupulosamente el ámbito de su jurisdicción sin menoscabar las funciones que incumben al legislador o al ejecutivo (CSJN Fallos: 208:1848 y 2268; 310:1162; 311:2580; 316:2732; 326:2004; entre muchos). Ello, frente al amplio margen que la política criminal le ofrece al legislador para establecer las consecuencias jurídicas que estime convenientes para cada caso (CSJN Fallos: 311:1451, cons. 9°).
Entonces, una adecuada inteligencia del ya mencionado precedente "Giménez Ibáñez" que concilie con esos postulados no debe redundar necesariamente en la individualización de una pena perpetua, sino proporcionar un hito temporal que habilite el acceso al paulatino avance hacia la libertad, conforme los institutos de la ley de ejecución penal disponibles. Ello se impone en casos como este, en el que no procede la libertad condicional y tampoco la asistida, ante la imposibilidad de determinar la fecha de agotamiento de la pena perpetua, pues esta última supone la existencia del dies ad quem para el cómputo de los últimos 6 meses.
Tales circunstancias, de consuno con la finalidad resocializadora de las penas privativas de la libertad, conducen a la aclaración del panorama respecto de cuándo ello podría tener lugar, bajo una interpretación sistemática del orden normativo aplicable (conf., mutatis mutandis , causas P. 131.026, sent. de 18-V-2020; P. 135.440 y P. 135.842, sents. de 24-VIII-2022).
Se trata de ofrecer, incluso a la persona condenada con la pena más gravosa, la posibilidad de contar con la razonable expectativa de reinserción al medio social.
La situación de indefinida privación de libertad se genera en estos precisos supuestos ahora examinados de penas impuestas a perpetuidad por alguna de las conductas previstas en el art. 14 del Código Penal (texto según ley 25.892, B.O. de 26-V-2004) como es el caso de Orellana. Concretamente, porque se enfrentan ante el obstáculo legal de un acceso a la libertad condicional y a la libertad asistida.
IV.1.b. Sentado todo ello, hay que decir que aquí los representantes fiscales no han objetado la pertinencia de acotar con un límite temporal la pena a prisión perpetua impuesta al condenado. De modo que en tales condiciones corresponde ingresar al meollo del asunto.
IV.2. En primer lugar, cabe señalar que los argumentos traídos por la defensa sobre la violación del derecho a la vida (art. 4.1., CADH), así como el cariz impugnativo ahora esgrimido de la mano de la realidad carcelaria argentina y particularmente de la Provincia de Buenos Aires, no fueron planteados en el recurso de casación, por lo que su formulación deviene extemporánea. En rigor, en confronte con los llevados a la instancia intermedia, constituyen una variación argumental sustancial que los torna inaudibles ante esta Corte (doctr. art. 451 cuarto párrafo, CPP; conf. causas P. 78.901, sent. de 7-XI-2001; P. 75.534, sent. de 21-XI-2001; P. 77.329, sent. de 10-IX-2003; P. 81.725, sent. de 16-IX-2003; P. 83.841, sent. de 9-X-2003; P. 89.368, sent. de 22-XII-2004; P. 126.079, sent. de 21-III-2018; P. 131.533, sent. de 11-IX-2019; P. 132.720, sent. de 29-IV-2020; e.o.).
Aclarada así la cuestión, estimo innecesario abundar en mayores consideraciones sobre tales planteos (doctr. art. 495, CPP).
IV.3. Por otro lado, coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General en que la presunta incompatibilidad entre lo normado por el art. 13 del Código Penal -en consonancia con el art. 16 de ese mismo ordenamiento-, y el tope máximo de treinta años de pena dispuesto por el Estatuto de Roma, no es de recibo por su insuficiencia (art. 495, CPP).
En efecto, de la reseña efectuada en los puntos III.3. y III.5. de este voto podemos advertir que el Tribunal de Casación hizo suyos los fundamentos brindados por la Cámara de Apelación y Garantías departamental, que abordó y descartó análogo planteo al aquí traído.
Cabe destacar que particularmente sobre el punto la cámara sostuvo: a) que no es cierto que la pena máxima prevista en el Estatuto de Roma sea de treinta años de prisión, pues ello se desentiende del art. 77 inc. 1 apartado "b" del citado instrumento; b) que la ley 26.200 establece en su art. 12 que la pena aplicable a los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en ningún caso podrá ser inferior a la que pueda corresponder si la persona fuera condenada por las normas dispuestas en el Código Penal de la Nación; teniendo previsto además que, en cualquiera de los delitos, si ocurre la muerte, la pena será de prisión perpetua (arts. 8, 9 y 10, ley 26.200); y c) que no existe norma que establezca expresa o tácitamente que la pena perpetua no puede superar los treinta años de prisión, y que el propio Estatuto de Roma instituye que nada de lo dispuesto se entenderá en perjuicio de las sanciones prescriptas en la legislación nacional.
Frente a esos sólidos argumentos brindados por la Cámara y convalidados por la Casación, la parte insiste con su postura personal de reclamar la aplicación del Estatuto de Roma para fijar la prisión perpetua en treinta años en lugar de utilizar el monto de cuarenta y cinco años que surge del juego de los arts. 13 y 16 del Código Penal, sin controvertir la fundamentación desarrollada para desestimar idéntico agravio al traído ante esta instancia. Y, como es sabido, el mero disenso o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.