Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136746
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.746, "C., M. D. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 94.191 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria , Torres , Genoud .
De las actuaciones digitalizadas se desprende que el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de La Plata, mediante la sentencia dictada el 21 de mayo de 2018, condenó a M. D. C. a la pena de diez años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser cometido por un ascendiente y por el aprovechamiento de la convivencia preexistente -al menos dos hechos- en concurso real (arts. 12, 29 inc. 3, 40, 41, 55 y 119 párrafo segundo en relación al párrafo cuarto incs. "b" y "f", Cód. Penal).
La defensa oficial de M. D. C. interpuso recurso de casación y la Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 26 de mayo de 2020, lo rechazó con costas.
Frente a lo así resuelto, el señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. archivo adjunto en oficio digital del 23 de noviembre de 2021); el cual fue declarado parcialmente admisible por el tribunal intermedio por resolución del 17 de febrero de 2022. Contra la parcela de la decisión denegada, la parte presentó queja ante esta Suprema Corte, que por resolución del 15 de julio de 2022 fue admitida y concedido el remedio extraordinario en trato.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital del 28 de febrero de 2023), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. La defensa denunció la arbitrariedad de la sentencia del Tribunal de Casación por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes de la Corte federal, con afectación de la defensa en juicio -derecho a ser oído-, el debido proceso legal, el derecho al recurso y los principios de inocencia e in dubio pro reo (conf. arts. 18, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2 "h", CADH; 14.1 y 14.5, PIDCP) .
Explicó que el tribunal intermedio desconoció el principio in dubio pro reo, toda vez que -desde su perspectiva- los elementos probatorios incorporados a la causa no alcanzaron para hacer desaparecer la duda sobre la comisión de los hechos y para acreditar la autoría de su defendido.
Le achacó al revisor una mera homologación de la decisión de grado y el solo repaso de las constancias sopesadas allí, pues -entendió-, que, de haberse inmiscuido en un adecuado análisis, habría advertido la falta de certeza sobre la plataforma fáctica reprochada a C. y su significación jurídica.
Afirmó que se lo condenó desde la óptica de un "derecho penal de autor", al otorgarse excesiva credibilidad a los testigos de cargo, criterio contrario al considerado respecto del imputado. Infirió que ello se debió al mal concepto de su asistido (como persona viciosa, violenta y consumidora de estupefacientes y alcohol).
Alegó falta de respuesta suficiente respecto al agravio vinculado con las irregularidades en que habría incurrido el perito Maimone, quien llevó adelante la diligencia de cámara Gesell. Recordó que en el recurso de casación se había denunciado que tal profesional había formulado preguntas tendenciosas a la víctima para lograr una declaración útil para la fiscalía.
Se disconformó con el mérito otorgado al testimonio brindado por la vecina D., pues en su parecer, la declarante creó un relato incriminatorio -que luego la menor víctima repitió- con el fin de apartar al imputado, quien habría constituido un obstáculo para la pretensión real de la testigo, cual era -afirmó el recurrente- quedarse con la guarda de la niña y su hermano.
Sumó a su tesis que la testigo de mención ocultó su condición de policía durante la instrucción, circunstancia recién conocida en el debate. Ello, a su modo de ver, fue demostrativo de su poca credibilidad.
Explicó que el contenido central de los agravios llevados en el recurso de casación vinculado con la falta de pruebas incriminantes, fue desatendido lo que -a su modo de ver- constituyó un apartamiento de las constancias de la causa y la infracción al derecho a ser oído, derivado del derecho de defensa en juicio.
Sostuvo que el juzgador fundó la condena en los dichos de la víctima, declaración que, en su opinión, no tuvo ningún respaldo en otros elementos de convicción incorporados al proceso como prueba, sino que fueron solo de testigos de oídas.
Acompañó su reclamo con la invocación de los fallos "Casal" de la Corte federal y "Herrera Ulloa" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y solicitó finalmente, la absolución del imputado C..
I.2. En segundo término, alegó infracción a la ley sustantiva con relación a lo normado por los arts. 55 y 119 segundo párrafo del Código Penal.
Aseveró que no correspondía aplicar la concurrencia real de delitos (art. 55, Cód. Penal) sino interpretar los hechos como un delito continuado y, en virtud de ello, aminorar la pena impuesta.
En ese carril, sostuvo que la indeterminación temporal de los sucesos atribuidos y la circunstancia de que todos ellos fueron cometidos por una misma persona contra una misma víctima y un mismo bien jurídico, eran demostrativos de la continuidad delictiva que propugnó.
Agregó en tal sentido que los supuestos hechos reiterados reprochados a C. aumentaron el contenido del injusto y que el agotamiento de cada uno no culminó con su consumación; concluyó así en que todas las conductas reprochadas constituyeron hechos dependientes entre sí.
I.3. Por otro lado, peticionó la recalificación de la conducta endilgada al imputado como abuso sexual simple.
En esa línea, indicó que C. fue condenado por haber efectuado tocamientos de contenido sexual abusivo en las partes pudendas de la niña, pero que la supuesta introducción de sus dedos en la vagina no aparece debidamente acreditada, por ello, a tenor de la duda imperante (art. 1, CPP), afirmó que debió aplicarse la figura penal más benigna de abuso sexual simple.
I.4. Finalmente, se agravió de la desconsideración como pauta minorante de la pena, de la situación de vulnerabilidad que el imputado ostentaba, habida cuenta de su extrema pobreza y escasa instrucción.
Advirtió una contradicción en el juzgador en tanto si bien este reconoció el estado de vulnerabilidad, descartó que el mismo gravite como atenuante en los términos del art. 41 inc. 2 del Código Penal.
Solicitó la reducción proporcional de la sanción impuesta conforme los principios de culpabilidad, proporcionalidad, razonabilidad y humanidad de las penas (arts. 18, 28, 31, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.).
II. El señor Procurador General postuló el rechazo del recurso interpuesto. Coincido con su opinión.
III. El agravio sobre la desnaturalización y la aparente tarea revisora de la sentencia de condena por parte del Tribunal de Casación, con relación a la materialidad ilícita y autoría de M. D. C., en vulneración -según adujo- al derecho al recurso y al doble conforme (arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP;) no procede, por las razones que a continuación expongo.
III.1. El Tribunal en lo Criminal n° 4 de La Plata tuvo por acreditado que "... en fechas indeterminadas, anteriores pero próximas al mes de diciembre del año 2014 en el interior de la vivienda cita en las calles … entre … y … de la ciudad de La Plata un sujeto del sexo masculino, al menos en dos oportunidades efectuó tocamientos e introdujo sus dedos en la zona de la vagina de su hija de trece años de edad C. B. C., mientras esta se encontraba durmiendo en su habitación, aprovechándose de la situación de convivencia preexistente con la víctima para llevar a cabo su accionar e impidiendo que le solicitara ayuda a su madre, quien dormía en la habitación contigua, tapándole la boca y bajo amenazas " (el destacado en cursiva figura en la sentencia digital original).
A su vez, consideró que se había acreditado la intervención de M. D. C. en los hechos mencionados y, consecuentemente, lo condenó por encontrarlo autor responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado por ser cometido por un ascendiente y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente -al menos dos hechos- en concurso real (arts. 40, 41, 55 y 119 párrafo segundo en relación al cuarto incs. "b" y "f", Cód. Penal).
III.2. La defensa impugnó el fallo ante el Tribunal de Casación y -en lo que ahora interesa- cuestionó la prueba con la que se acreditó tanto la materialidad ilícita como la autoría de su defendido. En síntesis, alegó la falta de credibilidad y verosimilitud del relato de la víctima; animadversión de las tías maternas respecto del imputado e interés de la testigo D. por quedarse con la tenencia de los hijos del nombrado, en especial con K., para lo cual el imputado resultaba un obstáculo.
Aseguró que el hacinamiento en el que vivía la familia tornaba inverosímil la modalidad de abuso atribuida a su asistido -penetración digital-. Advirtió en el veredicto un doble estándar de validación, respecto a los testigos de cargo -sumamente concesivo y flexible- diferente del de C. -exigente y cargado de prejuicios en su contra-.
Puso de resalto que su pupilo negó rotundamente los hechos, lo que fue avalado por la madre de la niña y, sin embargo, el sentenciante concluyó que las declaraciones de D., V. y A., eran merecedoras de plena credibilidad, sin someter sus dichos a escrutinio alguno que permitiera detectar el despliegue de la sana crítica racional.
Apreció que no existió pericia que corroborara que el imputado tenía una estructura de personalidad compatible con la de un abusador sexual o depredador.
En cuanto al reconocimiento médico legal de la niña, agregó que no aportó ningún dato objetivo de interés, que los dos desgarros eran de vieja data y que no resultaron determinantes ni permitieron ubicar su origen en términos temporales, pudiendo deberse a varias causas, inclusive haber sido autoprovocados.
Invocó que los testimonios de D., V. y A. fueron de oídas y reprodujeron la reiteración de un interrogatorio sugestivo en el que C. B. C. respondió por sí o no, sin espontaneidad.
Con relación al perito Maimone aseguró que se limitó a conducir la diligencia con el fin de aportar solo elementos de cargo para la hipótesis de la fiscalía y que su opinión, en cuanto a que el relato de C. era creíble o que no tenía influencia externa y fue espontáneo, careció de entidad científica. Por todo ello, solicitó la absolución del acusado.
Desde otro andarivel, cuestionó la calificación legal asignada a los hechos. En primer término, sostuvo que la penetración digital no constituye un abuso sexual gravemente ultrajante. Y luego explicó que no se configuró un concurso real sino un delito continuado. En fundamento de tal afirmación, argumentó que, como dos fueron los hechos acreditados, no pudo justificarse la agravante por la duración en el tiempo, y en cuanto a las circunstancias de su realización tampoco se apreció que C. redujera a C. al estado de una cosa sobre la que ejerciera dominio o disponibilidad, de modo tal que anulara la libertad o autodeterminación sexual y que haya reducido a la mínima expresión su dignidad personal.
Aseguró que los actos fugaces o discontinuos excluyen la agravante por lo que se debió limitar el reproche a los párrafos primero y último del art. 119 del Código Penal. En cuanto a la modalidad concursal, expresó que existió identidad de sujetos (pasivo y activo) y de actos abusivos, con episodios relacionados íntimamente entre sí, por lo que se debió excluir el concurso real y reducir la pena.
Finalmente denunció la trasgresión de los arts. 40 y 41 del Código Penal. Se agravió de que se computara la nocturnidad como pauta severizante de la pena, pues la agravante del tipo de "aprovechamiento de la convivencia preexistente" cancelaba todo remanente del juicio de tipicidad objetiva que pudiera ponderarse en el marco del art. 41 mencionado. Aseguró que, al así calibrarlo, se transgredió la prohibición de doble valoración.
Asimismo, se quejó del descarte de la atenuante de extrema pobreza y vulnerabilidad de C. que afectaba el control de sus frenos inhibitorios por ausencia de contactos de socialización primaria y secundaria, que le permitieran ensanchar su ámbito de autodeterminación.
Solicitó que se aplique el mínimo legal posible.
III.3. El Tribunal de Casación Penal, abordó el recurso y rechazó los agravios reseñados.
En lo que importa destacar para la solución del caso, en primer lugar, se consignó que el impugnante reeditaba íntegramente todos los agravios articulados en la instancia, insistiendo en su propia valoración de la prueba y desconsiderando las razones esquematizadas por el tribunal para fundar la conclusión que lo disconformó. Como se puede apreciar, en el mismo déficit incurre en esta instancia extraordinaria, pues los planteos que aquí trajo resultan ser -ya me expediré en concreto- reiteraciones.
III.3.a. Volviendo al examen de la sentencia, de su lectura se verifica que el juez Violini (a quien adhirió el doctor Borinsky) luego de describir la materialidad ilícita que se tuvo por probada, desestimó los planteos referentes al doble estándar de validación y a los cuestionamientos sobre la credibilidad asignada a los testigos de cargo para abonar la tesis de la fiscalía.
En resumen, los magistrados explicaron por qué las críticas de la defensa resultaban ser una interpretación distinta del plexo probatorio desvinculadas del valor convictivo que la sentencia en su conjunto poseía.
Para así decidir, realizaron un repaso de la materialidad ilícita, de los distintos elementos de prueba valorados por la sentencia de mérito, y en ese contexto es que se analizó la declaración de la menor víctima, de la vecina S. M. D., de las tías maternas de la niña, del perito psicólogo licenciado Maimone que participó en la declaración que brindó la joven durante la cámara Gesell y de la médica doctora Sara Verónica Bobadilla Inchausti, quien dio cuenta de las lesiones que presentó C. -desgarro en el himen-. También se desestimó la declaración de descargo de la mamá de C. y esposa del imputado.
El repaso de cada uno de los elementos ponderados da cuenta de que, a contramano de lo alegado por el recurrente, el órgano intermedio ponderó la información que cada testigo aportó.
Así, destacó que el perito Maimone no detectó en el discurso de la niña indicadores de mendacidad, presión o influencia, basándose en que el propio retraso madurativo de la menor (es decir, ante la carencia de recursos intelectuales) le permitía establecerlo con mayor facilidad, puesto que a ella le resultaba más complejo sostener un discurso inducido, mendaz e influenciado.
También se sopesó que el perito fue rotundo al negar elementos que supongan la co-construcción del relato alegado por la defensa. Por el contrario, puso de relevancia la consistencia interna y la espontaneidad del discurso, es decir, la posibilidad de "ir y venir" en forma coherente en el relato, sin repetir la versión como una lección aprendida. Explicó que la niña, a pesar de las preguntas, había sostenido siempre lo mismo, manifestando que fueron solo tocamientos por debajo de la ropa, y que le había metido el dedo en la vagina, pero que nunca la había penetrado. Aseguró que esta firmeza con relación a lo que pasó, fue una indicación de que narró una vivencia, y no algo que le dijeron que contara. Aclaró que, al contar la introducción digital, la niña no había sido espontánea pero sí coherente, lo que no le restaba credibilidad al relato porque tenía que ver con lo que no quería decir, dado que algunas situaciones le daban más vergüenza.
En cuanto a alguna referencia temporal, dijo que por el retraso de la menor le resultaba difícil el tema de la temporaneidad, sin embargo, pudo precisar que todo se interrumpió cuando se lo contó a S. -D.-, única referencia concreta que efectuó.
En definitiva, el tribunal intermedio rechazó los cuestionamientos de la defensa tendientes a restarle credibilidad al relato de C. C., confrontando y explicando las razones brindadas por el profesional Maimone, quien validó la declaración de la niña, al explicar la serie de indicadores evidenciados a lo largo del discurso.
No advirtió -al igual que el tribunal de origen- irregularidad alguna en la labor del perito en cuanto dirigió con normalidad y eficacia la diligencia, y fundamentó que el relato de la menor cumplía con los estándares de credibilidad.
Tampoco encontró pérdida de neutralidad en su labor cuando expresó "Ah bien" como reacción a la respuesta afirmativa de la víctima, "... pues en este caso es evidente que la expresión ha sido utilizada como una mera interjección" sin el sentido que la defensa pretendía otorgarle (de falta de neutralidad).
Agregó también que la defensa estuvo presente durante la diligencia de cámara Gesell, y controló la prueba pudiendo preguntar lo que creía conveniente, y en su caso objetar la actuación del perito que condujo el interrogatorio y, sin embargo, nada de eso hizo.
Subrayó que el sentenciante había dado crédito a la versión de la menor en cámara Gesell, en base a la sumatoria de los elementos producidos con inmediación en el debate, destacando y repasando las expresiones puntuales de la víctima.
A ello sumó la declaración testimonial de S. M. D., valorando sus posibilidades de conocimiento sobre el grupo familiar de la damnificada -eran vecinos-, la cantidad de años que hacía que los conocía, así como el cuadro de abandono que describió y en que se encontraban tanto C. ("...tenía como arena mojada pegada en la cabeza") y su hermano K. ("...andaba descalzo, en pañales, con el pelo largo, olor a mugre"). Se valoró su interés en ayudar tanto al imputado C. como a su esposa -S. M. A.-, quien padecía un retraso mental moderado; asistiéndolos en múltiples trámites, incluso para sacar el documento nacional de identidad del niño K., quien tenía un año y cuatro meses y no podía vacunarse por carecer de esa mínima documentación. Agregó que el propio C. mandaba a los niños o a la esposa a pedirle dinero y la testigo les daba, o directamente le mandaba los chicos a comer a su casa.
El cuadro convictivo se nutrió también con la declaración de una de las tías de la víctima, M. G. V. (hermana de la mamá de C., S. A.) quien relató que había recibido una llamada de S. D., quien le relató que había hablado con C. a raíz de que a la niña no le venía el periodo desde hacía dos meses, si había pasado algo fuera de lo normal, a lo que la nena le dijo que el padre la había tocado, que ante esa novedad la dicente se desesperó y le pidió que le trajera a la nena. Que le preguntó a C. muy cuidadosamente -es decir, que no le preguntó directamente- del tema y esta a pesar de ser muy retraída, le contó los padecimientos sufridos a manos de su progenitor.
Recordó que anotició a su otra hermana M. A., quien también interrogó a C. y posteriormente fue quien le informó a la madre lo que pasaba. Dijo que la familia vivía en una situación pésima, de muchísima necesidad, como dormían, prácticamente no tenían baño, era un cuadrado de chapa sin piso sin nada; que el imputado no trabajaba siempre y su hermana se quedaba con los hijos, y que por entonces no recibía ningún subsidio del Estado, aunque en la actualidad sí. Expuso que tenía un pésimo concepto del imputado porque era una persona alcohólica, llevaba muchos hombres a la
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