Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137172
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.172, "María Laura E. D’Gregorio, Fiscal Titular Interina ante el Tribunal de Casación Penal s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en Causa n° 117.826 del Tribunal de Casación Penal, Sala II, seguida a B., F. J.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan.
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 30 de junio de 2022, rechazó el recurso homónimo interpuesto por el señor fiscal contra la resolución de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Plata, que haciendo lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa particular, revocó el auto del Juzgado de Garantías n° 7 de Saladillo que había denegado el pedido de prescripción de la acción penal solicitado a favor de J. F. B.. En consecuencia, declaró prima facie extinguida la acción penal por prescripción respecto del nombrado en orden a los delitos de abuso sexual con acceso carnal, gravemente ultrajante por la edad de la víctima y las circunstancias de perpetración, todo en concurso real, por la reiteración de los hechos, encomendando al juzgado de garantías verificar la existencia de causales interruptivas (conf. arts. 55, 67 inc. "a" y 119 segundo y tercer párrafo, Cód. Penal).
Contra lo así decidido, la señora fiscal titular interina ante el Tribunal de Casación Penal, doctora María Laura E. D’Gregorio, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el cual fue admitido por la referida sala del Tribunal de Casación Penal por resolución de 9 de agosto de 2022.
Oído el señor Procurador General, quien se pronunció por la procedencia del reclamo (v. dictamen digital de 21-III-2023), dictada la providencia de autos el 22 de marzo de 2023 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La señora fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, doctora María Laura E. D’Gregorio, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia apartamiento de la doctrina legal del Máximo Tribunal nacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vulneración del principio de supremacía constitucional y errónea aplicación del art. 62 del Código Penal, en contra de obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino (arts. 8 y 25, CADH; 4 y 7, Convención de Belém do Pará; 3 y 19, CIDN; 1, 2 y 15.2., CEDAW; 18 y 75 inc. 22, Const. nac.).
Sostiene que, de la lectura de lo fallado, los hechos ocurrieron cuando la víctima era una niña en los términos del art. 1 de la Convención de los Derechos del Niño y en atención a esa circunstancia junto con su condición de mujer víctima de abuso sexual, es considerada particularmente vulnerable. Con ese norte, destaca que la inteligencia que el tribunal revisor le otorgó al art. 62 del Código Penal, se alza contra las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino de investigar con la debida diligencia y sancionar la violencia contra las mujeres, garantizándole el acceso a procedimientos legales justos y eficaces, así como la tutela judicial, continua y efectiva. Ello debido a que esas obligaciones se hallan vigentes en el momento en que acaecieron los hechos de autos -entre los años 2006 y 2007- y que, a su entender, fueran erróneamente declarados prescriptos, puesto que mantenían ese vigor en ocasión de la denuncia efectuada por el progenitor de la niña víctima en el año 2019 y permanecen inalteradas hasta la actualidad.
Refiere que todas las obligaciones asumidas por el Estado argentino, sean las que integran el bloque constitucional, sea la supralegal, tenían plena vigencia con anterioridad a la fecha en donde comenzaron a suceder los hechos aquí juzgados. Por lo tanto, estima, una norma de inferior jerarquía -como lo es el art. 62 del Código Penal- no puede ser invocada para incumplir tales obligaciones internacionales (art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados).
Señala que en estas actuaciones en ningún momento medió renuncia, desinterés ni mora en investigar por parte de quienes la ley confiere tal potestad. Por el contrario, desde el momento en que el denunciante se anotició de los hechos y formuló la denuncia penal, la causa avanzó sin demora alguna.
I.2. A continuación, hace un breve racconto de lo declarado por la joven respecto de los hechos de los cuales fue víctima: "Desde que yo tenía 5 años, me hacía practicarle sexo oral. Que F. B., primo de mi mamá, me hacía practicarle sexo oral. Que siempre me lo hacía hacer en el mismo lugar. Que yo vivía en ese tiempo en la casa de mi abuela materna, M. M. C., en calle … … N° … de Lobos y al lado de la casa de ella había un taller mecánico que era del padre de F., que en ese lugar me lo hacía hacer. Que el me hacía dar toda la vuelta porque la casa y el taller estaban divididos por un alambrado, me iba a buscar a lo de mi abuela diciendo que íbamos a saludar al tío, o sea al padre de él. Que cuando llegábamos al taller el tío nunca estaba y él me decía que íbamos a jugar, que era como un chupetín y me hacía hacerle sexo oral. Que él se desvestía la parte de abajo, bajándose el pantalón. Que siempre lo hacía cuando estaba por cerrar el taller a [veces] cerraba el portón y otras ya lo tenía cerrado. Que no puedo recordar cuantas veces, pero fueron varias. Que recuerdo que en una sola ocasión él me quería bajar el pantalón, me quería ver pero yo no lo dejé, insistió pero no lo dejé. Que no puedo establecer el tiempo que tardaba pero no era mucho no llegaba a la hora"; a preguntas contó que "...yo me di cuenta de lo que me había pasado a los 11 o 12 años cuando comencé a ver en el colegio la reproducción, pero no lo conté porque no sabía cómo lo iban a tomar, pensé que me iban a retar. Que luego cuando comencé a ver por las redes sociales lo que era ser víctima de abuso lo confirmé. Que a los 16 años le cuento a papá lo que me había pasado, luego a mis tías y por último mi papá le contó a mi mamá. Después decidimos hacer la denuncia".
Afirma que no puede ignorarse que el hecho por el cual se investigó a B. se encuentra alcanzado por las previsiones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convención de Belém do Pará", que entró en vigor el 3-V-1995); y agregó que nos encontramos ante una niña víctima, por lo que, también debe atenderse -conjuntamente- al interés superior del niño (conforme la Convención sobre los Derechos del Niño).
Explica que las reformas introducidas al instituto de la prescripción a partir de las leyes 26.705 y 27.206 no resultan de aplicación a hechos que, como el presente, tuvieron lugar con anterioridad a su entrada en vigencia.
Refiere que el instituto de la prescripción hace operativo el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un plazo razonable, pero una vez que se ha iniciado un proceso penal en su contra, claramente no se puede extender en el tiempo de manera indefinida, y debe estar sujeto a un determinado período. Que este derecho que tienen todas las personas, también es una obligación del Estado, que asumió a través de los distintos tratados internacionales, pues el estar sometido a proceso de manera extendida en el tiempo afecta claramente la dignidad y la salud de la persona imputada.
Finalmente, señala que de ninguna manera, el paso del tiempo sin que la víctima haya puesto de manifiesto la situación que la habría conmovido y la conmueve por encontrarse condicionada por el contexto cuasi familiar en el cual se desarrollaron los hechos (recuérdese que B. es primo de su madre y sostenían un trato cotidiano), o no encontrarse preparada emocional o psicológicamente para expresar públicamente ello, tiene relación con el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, sino claramente con el derecho de acceso a la justicia.
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar al reclamo (v. dictamen digital).
III. Sin embargo, el carril extraordinario incoado resulta insuficiente para revertir lo decidido por las dos instancias jurisdiccionales previas (conf. mutatis mutandi , causas P. 132.967 y P. 133.029, sents. de 30-VIII-2021; art. 495, CPP).
IV. Las denuncias de violación a los arts. 3 y 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 4 y 7 de la Convención de Belém do Pará y 1, 2 y 15.2. de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, no pueden prosperar (conf. art. 495, cit.).
V. Ante análogo planteo llevado en el recurso de casación, el tribunal intermedio sostuvo de manera inicial que la controversia se centraba en determinar la ley aplicable a los hechos denunciados, es decir "...la preponderancia de cierto contenido normativo por sobre otro, los cuales, por cierto, gozan de la misma jerarquía constitucional". Destacó que, a partir del razonamiento alcanzado por la Cámara, en el caso en estudio, se encuentran en colisión dos grupos de garantías de igual rango constitucional, por un lado -en favor del imputado- las vinculadas con los principios de legalidad e irretroactividad de la ley penal más gravosa y por el otro -en lo que atañe a la víctima- la tutela judicial efectiva y el interés superior del niño, niña o adolescente.
En ese sentido, explicó que el Tribunal de Alzada entendió que "... el principio de irretroactividad de la ley penal tiene carácter constitucional, de modo que esta debe aplicarse a hechos que tengan lugar solo después de su entrada en vigencia ". Ello con fundamento en que "... ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso ", agregando que "... el principio de legalidad implica la prohibición de la ley ex post facto (arts. 18 y 19 de la CN) " (el destacado en cursiva figura en el original).
Luego de realizar algunas precisiones sobre el instituto de la prescripción de la acción penal, ligado a la estabilidad y seguridad jurídica, alejando la idea de incertidumbre que se genera por la prolongación de los procesos, sostuvo que compartía los argumentos dados por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal para decretar el sobreseimiento de B. con motivo de encontrar prima facie , prescripta la acción penal respecto de los delitos que se le atribuyeron en calidad de autor.
El Tribunal de Casación, hizo alusión al pronunciamiento dictado por esa Sala en causa n° 102.233 caratulada "P., J. A. s/ recurso de casación interpuesto por Agente Fiscal", sentencia de 21-V-2021, y destacó luego que "...del contenido de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos involucrados tales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos ‘Pacto de San José de Costa Rica’ (C.A.D.H.), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (‘Convención de Belém de Pará’) y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN), no se extrae como conclusión razonada que, siguiera interpretativamente, pueda suponerse que, para asegurar el ‘acceso a la justicia’ y garantizar la ‘tutela judicial efectiva’ y el ‘interés superior del niño’ consagrado por dicha normativa, en los casos como el de autos en donde se investiga la presunta comisión de un delito de abuso sexual infantil, deban contemplarse plazos de prescripción diferentes al de los ‘delitos comunes’".
A tales argumentos adicionó que la mencionada legislación internacional no consagra que para los hechos por ella regulados, deban ser consideradas excepciones o diferencias respecto del plazo de prescripción de la acción penal que rige para otro tipo de delitos, ni mucho menos evaluar su imprescriptibilidad, tal y como lo sugirió el fiscal recurrente a partir de la incorporación de esta clase de delitos a la nómina de los denominados de "lesa humanidad".
Luego de citar el precedente "Vélez Restrepo y familiares vs. Colombia", de 3-IX-2012 -considerando 282- de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, destacó que más allá de la imposibilidad de aplicar al caso bajo análisis las consecuencias contempladas por la ley 27.206 en resguardo del principio de legalidad e irretroactividad, señaló que "...la imprescriptibilidad de la acción penal tampoco fue el camino adoptado por la normativa referenciada". Y, agregó, que "...siguiendo el razonamiento propiciado por el recurrente, llegaríamos al absurdo de destacar la innecesariedad del dictado de los códigos de fondo y de cualquier otra ley de carácter interno infra constitucional en virtud de la existencia de principios dotados de mayor rango", lo cual implicaría -a su entender- desconocer la armonía y adecuación de la normativa interna para con el derecho constitucional y convencional.
Sentado lo cual sostuvo que, "...al momento de los hechos que se atribuyen a B., ni el legislador local ni su parte convencional han estipulado para los delitos de índole sexual en donde se encuentran involucrados como presuntas víctimas menores de edad, consecuencias disímiles respecto del plazo de prescripción de la acción a las contempladas para con los demás delitos (con la salvedad efectuada respecto de los de ‘lesa humanidad’)". También descartó el argumento del recurrente sobre que la ley 27.206 "...importe la concreción escrita y explícita de los principios que ya imperaban en el ordenamiento local en virtud de que tales tratados ya se encontraban operativos al momento de la comisión de los hechos", en tanto que la misma "...modifica el mojón de partida respecto del inicio del cómputo de la prescripción de la acción penal para el delito en trato, estableciendo de ese modo un parámetro desventajoso para quien, conforme la etapa en la que nos encontramos, se le atribuye en calidad de autor un hecho cometido con anterioridad a la fecha de su entrada en vigencia".
En lo que respecta al agravio vinculado con la denuncia de una situación de gravedad institucional, el a quo sostuvo que carece de entidad suficiente para revertir la decisión adoptada en el pronunciamiento puesto en crisis, pues, al margen de mencionarse un supuesto de irregularidad en términos genéricos, no se han aportado ni mencionado las circunstancias concretas, específicas y contextualizadas que ameriten hacer lugar al planteo a partir de haberse sobrepasado el interés individual de las partes involucradas.
Por todo lo expuesto, concluyó que los magistrados explicaron detalladamente los motivos por los que entendieron que la acción penal para el delito atribuido a F. J. B. se hallaba prescripto, abasteciendo el requisito de fundamentación de los pronunciamientos jurisdiccionales. Dijo asimismo que la explicación dada por el Tribunal de Alzada para revocar la resolución de la instancia "...resultó correcta y ajustada a las previsiones de la normativa vigente, sin que nada de lo traído por el recurrente haya conseguido conmoverla".
VI.1. Ahora bien, conforme se advierte de la reseña de agravios y la respuesta dada por el Tribunal de Casación Penal, la parte dejó incontrovertida -más allá de alguna escueta mención sobre que la sentencia se enroló en la postura de hacer primar el principio de legalidad-, la parcela del fallo vinculada a la afectación a dicho principio de legalidad y la irretroactividad de la ley penal. A su vez, sus críticas se circunscribieron a destacar que no se violó -en el caso- el plazo razonable pues el proceso aún no se había iniciado, insistiendo en que los tratados y convenciones internacionales mencionados ya se encontraban vigentes al momento de los hechos, y por eso, se debieron ponderar los principios y garantías allí contenidos dotándolos de un mayor peso específico. Sin embargo, todo ello ninguna incidencia tuvo en la solución del caso pues la extinción de la acción penal se fundó exclusivamente en el cumplimiento de los requisitos objetivos del instituto de la prescripción acorde a la regulación en la ley vigente al momento de consumación de los hechos materia de acusación (arts. 2, 62 inc. 2, 63, 67 y 119 segundo y tercer párrafo, todos del Código Penal -t.o. según ley 25.990-, y anteriores a las leyes 26.705 y 27.206).
VI.2. De igual manera la parte insiste dogmáticamente en la responsabilidad internacional del Estado, sin hacerse cargo de lo sostenido en cuanto a que el delito investigado no constituye ninguno de los supuestos declarados imprescriptibles de acuerdo a las Convenciones que así lo determinan.
En definitiva, sobre estos puntos, el impugnante no realizó una crítica con argumentos suficientes como para concluir que, en el caso, existió un apartamiento de la doctrina citada y con ello la vulneración a principios y garantías avalados constitucional y convencionalmente. Media pues insuficiencia de los reclamos traídos (art. 495, CPP).
VI.3. Por lo demás, cabe destacar que lo decidido por el tribunal intermedio al momento de brindar sustento a su decisión en coincidencia con el fallo dictado por la Cámara de Apelación y Garantías, se condice con lo que ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Mirás" (CSJN Fallos: 287:76), donde se estableció que si una ley que defina la acción penal como sujeta a prescripción es modificada por otras ulteriores, las modificaciones se encuentran alcanzadas por la prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal más gravosa; y que la aplicación de una disposición legal posterior al hecho más grave que suspende el curso de la prescripción es contraria al art. 18 de la Constitución nacional. En suma, afirmó que el principio de legalidad se aplica a los casos de prescripción cuando la interpretación de la ley es más gravosa para los intereses del imputado -como la que aquí se pretende-, y no cuando es la hipótesis inversa (v. esp. cons. 5° a 7°, fallo cit.).
La Corte federal ha declarado que el principio constitucional que impide tal retroactividad (art. 18, cit.) comprende la exclusión de disposiciones penales posteriores al hecho infractor -leyes ex post facto - que impliquen empeorar las condiciones del imputado, como así también que el instituto de la prescripción cabe sin duda alguna en el concepto de "ley penal", desde que este comprende no solo el precepto, la sanción, la noción del delito y la culpabilidad, sino todo el complejo de las disposiciones ordenadoras del régimen de extinción de la pretensión punitiva (v. esp. cons. 6° y 7°, fallo cit.).
Del mismo modo, el Máximo Tribunal federal en el caso "Arancibia Clavel", sentencia de 24-VIII-2004 (CSJN Fallos: 327:3312), orientado por criterios de derecho internacional y consuetudinario, realizó una distinción de acuerdo a la categoría de delito de que se trate. En tal ocasión precisó que "...el instituto de la prescripción de la acción penal, está estrechamente ligado al principio de legalidad, por lo tanto no sería susceptible de aplicación una ley ex post facto que alterase su operatividad en perjuicio del imputado. El rechazo de la retroactividad de disposiciones penales posteriores al hecho, las llamadas leyes ex post facto, que impliquen un empeoramiento de las condiciones de los encausados ha constituido doctrina invariable en la jurisprudencia tradicional de la Corte" (esp. cons. 19° del voto de los Jueces Zaffaroni y Highton de Nolasco y 20° del Juez Petracchi); y se añadió, precisamente, que "...la doctrina de la Corte señalada en el precedente 'Mirás' ([CSJN] Fallos 287:76), se mantuvo inalterada a lo largo del tiempo y continúa vigente para la interpretación del instituto de la prescripción de la acción penal para el derecho interno"
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.