Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137470
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.470, "D' Gregorio, María Laura E. -fiscal titular interina ante el Tribunal de Casación Penal-. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 117.062 del Tribunal de Casación Penal, Sala II, seguida a B. O. M.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Torres, Kogan.
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 27 de mayo de 2022, hizo lugar al recurso interpuesto por la defensa de O. M. B. contra la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul en cuanto había confirmado el auto del Juzgado de Garantías departamental, que había rechazado el planteo de prescripción de la acción penal deducido en favor del nombrado. En consecuencia, casó el fallo del Tribunal de Alzada y reenvió las actuaciones a la instancia de origen para que, integrada con jueces hábiles, resuelva el pedido de prescripción.
Contra lo así resuelto, la señora fiscal interina ante el Tribunal de Casación Penal, doctora María Laura E. D' Gregorio, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el cual fue declarado admisible por el tribunal intermedio mediante resolución del 20 de septiembre de 2022.
Oído el señor Procurador General, quien se pronunció por la procedencia del reclamo (v. dictamen digital en 19-V-2023), presentada la memoria por parte de la defensa oficial (v. presentación electrónica de 20-V-2023), dictada la providencia de autos (v. 22-V-2023) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La señora fiscal interina ante el Tribunal de Casación Penal, doctora María Laura E. D' Gregorio, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a través del cual denuncia el apartamiento de la doctrina legal del Máximo Tribunal nacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vulneración del principio de supremacía constitucional, omisión de resolver con perspectiva de género e infancia. Invoca, también, arbitrariedad por inconvencionalidad y errónea aplicación del art. 62 del Código Penal, fundamentación aparente y afirmaciones dogmáticas con apartamiento de las constancias de la causa.
Cuestiona la sentencia recurrida desde tres ejes: 1) apartamiento de las constancias de la causa y de lo efectivamente resuelto en la instancia al considerar erróneamente que en el caso se habían aplicado retroactivamente las reformas introducidas por las leyes 26.705 y 27.206 al instituto en trato; 2) desacertado juicio acerca de que las convenciones internacionales vigentes al momento de los hechos carecían de imperatividad para modificar la legislación doméstica, desconociendo con ello el juego de principios que existe en casos como el juzgado; y 3) omisión de hacer referencia alguna al principal fundamento al que acudió el juzgado de la instancia para resolver como lo hizo. Refiere que al así decidir se ha incurrido en un supuesto de arbitrariedad.
I.1.a. En primer lugar, hace alusión a las reformas introducidas al instituto de la prescripción a partir de las leyes 26.705 y 27.206, y refiere que no resultan de aplicación a hechos que, como el presente, tuvieron lugar con anterioridad a su entrada en vigencia. No obstante, afirma que aun con anterioridad a dichas reformas legislativas, conforme la Convención de los Derechos del Niño, en los casos de abuso sexual a menores de edad, la prescripción quedaba suspendida hasta que la víctima alcanzara la mayoría de edad.
Refiere que la Convención Americana sobre Derechos Humanos vigente desde el año 1984 y la Convención de los Derechos del Niño vigente a partir del año 1990, tienen jerarquía constitucional desde su promulgación. En sustento de su postura cita el voto emitido por la jueza del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, doctora Mizawak, en el caso "Ilarraz, Justo José s/ promoción a la corrupción agravada- incid. de extinción por prescripción s/ impugnación extraordinaria", sentencia de 27-IV-2015.
I.2.b. En segundo término, argumenta sobre las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino de investigar con la debida diligencia y sancionar la violencia contra las mujeres, garantizarle el acceso a procedimientos legales justos y eficaces, proteger a las niñas contra toda forma de abuso sexual, y garantizar a las víctimas la tutela judicial continua y efectiva, las cuales se hallan vigentes desde el momento en que acaecieron los hechos que en autos se investigan -entre los años 2000 y 2002-, al momento de la denuncia efectuada por la víctima -año 2019- y se mantienen incólumes hasta la actualidad; agrega que tales obligaciones poseen fuente de jerarquía constitucional (CIDN y CADH) y supralegal (Convención de Belem do Pará ).
Reclama una interpretación respetuosa de las perspectivas de infancia y de género; y entiende que una norma de inferior jerarquía como es en el caso el art. 62 del Código Penal, no puede ser invocada para incumplir tales obligaciones internacionales (art. 27, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados).
Afirma que los derechos humanos reconocidos en la Convención de Derechos del Niño (arts. 3.1. y 19), Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 8.1. y 25) y Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (arts. 4 inc. "g" y 7 incs. "b", "c" y "f") invocados por el a quo resultan operativos; y sostener una posición contraria violenta no solo la referida doctrina legal de la Corte nacional sino directamente el bloque de constitucionalidad federal.
Argumenta que, en el presente caso, se investigan reiterados hechos de abuso sexual realizados por el imputado B. respecto de su hermana cuando esta era menor de edad, y hace una reseña de la materialidad ilícita endilgada.
Cita el caso "Campo Algodonero" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y destaca que con ese norte también se pronunció la Corte nacional (Fallos: 328:2870).
Considera que "...el quid de la cuestión radica en analizar la tensión que en estos casos se genera entre el derecho de todo imputado a que se respete el principio de legalidad -que tiene íntima vinculación con el instituto de la prescripción de la acción penal y con el derecho al juzgamiento en un plazo razonable- y el derecho de la víctima de un delito a la tutela judicial efectiva y en caso de ser niños, la protección prevalente de sus derechos. Se encuentran en pugna el principio de legalidad con base normativa en el art. 9 de la CADH y 15 de PIDCP, y el principio de acceso a justicia, de tutela judicial efectiva y del interés superior del niño estipulados en los art. 8.1, 25 CADH y art. 3 y 19 CDN".
I.2.c. Por último, señala que la base argumentativa de la Cámara departamental para resolver como lo hizo, surge de considerar que la víctima de autos a la fecha de la comisión de los hechos se hallaba incapacitada para instar la acción penal por sí misma en razón de su minoría de edad. La recurrente coincide con la conclusión de que "...cuando la ley faculta a la víctima a instar la acción (art. 72 CP) presupone que ella sea capaz de hacerlo y también presupone que exista una acción penal que la víctima pueda instar".
Refiere que la sentencia que se impugna prioriza el principio de legalidad, omitiendo hacer referencia alguna al juego de principios que debió ser analizado por el casacionista. Destaca que la "demora" de la víctima en realizar la denuncia no se debe a que haya dejado de vivenciar conflictivamente el hecho, sino precisamente a obstáculos estructurales dados por la imposibilidad de denunciarlo oportunamente debido a su triple condición de vulnerabilidad: su edad, género y condición de victimización temprana (100 Reglas de Brasilia para el Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad).
En sustento de su posición alude a los precedentes "Otto Wald", "Santillan" y "Juri" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otros fallos. Pone de resalto que "...si no hay denuncia, no hay proceso, y si no hay proceso, la idea de plazo razonable se desdibuja, ya que no hay juicio y el plazo razonable debe tenerse en consideración para tramitar el juicio; no cuando éste no está iniciado por circunstancias tenidas en vista por el propio imputado: la extrema vulnerabilidad de la niña víctima".
Considera que "El deber del Estado es reforzar las garantías de protección durante la investigación y todo el proceso penal cuando la víctima está en situación de vulnerabilidad como es el caso de abusos sexuales sobre menores de edad, y más aún cuando son niñas, máxime si la violencia sexual a que fue sometida se desarrolló en el ámbito familiar, donde justamente se le debió proteger".
Por todo lo expuesto, solicita se deje sin efecto la decisión cuestionada y se ordene la continuación de la presente causa.
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar al reclamo (v. dictamen digital en 19-V-2023).
III. Por su parte, la señora defensora oficial ante la instancia intermedia -doctora Ana Julia Biasotti- al acompañar la memoria del art. 487 del Código Procesal Penal, solicitó se rechace el recurso y se aplique la doctrina de esta Suprema Corte sentada en los precedentes P. 132.967; P. 134.019 y P. 135.109; y se resuelva la cuestión de conformidad con el art. 31 de la ley 5.827.
IV. De manera liminar cabe efectuar una reseña del derrotero procesal llevado a cabo en la presente causa.
IV.1. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, por auto dictado el 11 de febrero de 2022, rechazó por improcedente el recurso interpuesto por la defensa de O. M. B., y confirmó la decisión del Juzgado de Garantías n° 2 del Departamento Judicial de Azul que resolvió no hacer lugar al planteo de prescripción deducido a favor del nombrado.
Contra ello, la defensa particular dedujo recurso de casación denunciando la vulneración del principio de legalidad (conf. arts. 18, Const. nac.; 9, CADH y 15.1., PIDCP). Argumentó que los tribunales inferiores convalidaron la prisión preventiva del encartado en franca contraposición con los estándares constitucionales aplicables al caso, en tanto nos encontramos frente a una imputación penal que se encuentra amplia y notoriamente prescripta en los términos del art. 62 inc. 2 y concordantes del Código Penal.
El recurso fue denegado por el Tribunal de Alzada lo que motivó la interposición de queja ante el Tribunal de Casación Penal.
IV.2. El referido tribunal intermedio, admitió la queja y declaró procedente el recurso casatorio.
Se refirió de modo inicial al temperamento adoptado por el Juzgado de Garantías como por la Cámara quienes resolvieron denegar la extinción de la acción penal del delito de abuso sexual por entender que "... actualmente el art. 63 del Código Penal prevé que la prescripción comienza a correr cuando 'habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante la minoría de edad '". Destacó que, si bien los sentenciantes reconocieron que la reforma no estaba vigente al momento de los hechos, lo esencial era que reconocía un hecho de la realidad, una situación de menoscabo psíquico que padecen las víctimas de estos delitos que las incapacita para denunciar el suceso. A su vez, entendieron que cuando el art. 72 del Código Penal faculta a la víctima a instar la acción, ello presupone su capacidad para hacerlo y que también exista una acción penal que ella pueda instar, a la par que consideraron que la ley determina que "... la prescripción de la acción penal se suspende hasta que la víctima pueda ejercer la facultad de instar la acción ..." (la cursiva figura en el original).
Según el a quo , a partir de esa interpretación, las instancias anteriores concluyeron que desde que la víctima adquirió mayoría de edad para instar la acción (30 de diciembre de 2009) y hasta el primer acto interruptor: la declaración en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal de fecha 20 de junio de 2021, no había transcurrido el plazo previsto para la prescripción del delito enrostrado.
Sentado ello, el tribunal intermedio hizo valer su posición contraria a ese criterio.
Resaltó lo normado en el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto a la eficacia temporal de las leyes y su entrada en vigencia, como también a la excepción que instituye el Código Penal en su art. 2, en tanto limita el principio de aplicación inmediata de la nueva ley a los supuestos en que resulte más benigna, consagrando para los demás casos la vigencia de la ley penal anterior en forma ultraactiva.
Seguidamente, se refirió a una perspectiva constitucional de la cuestión destacando al respecto que "...del principio de legalidad en materia penal consagrado por el art. 18 de la Constitución Nacional ('Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso'), se deriva -entre otros- el principio de la prohibición de la retroactividad de la ley penal". A efectos de concluir, cita de doctrina de autor mediante, que "...la aplicación en el presente caso de lo normado por el art. 67 -en su nueva redacción-, viola de manera directa el principio de legalidad, en cuanto importa la prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal en perjuicio del imputado".
Señaló que el texto del cuarto párrafo del art. 67 del Código Penal incorporado por ley 27.206 (B. O. de 10-XI-2015), no estaba vigente al momento de comisión de los hechos investigados. Recordó que dicha ley permitió el juzgamiento de hechos de índole sexual efectuados -entre otros- contra menores con "...ampliados márgenes de tiempo respecto del anterior régimen de prescripción de la acción previsto para los mismos delitos", temperamento que -a juicio de esa instancia- no puede ser aplicado retroactivamente sin que lesione de manera grave el art. 2 del Código Penal, por resultar una disposición que no era la ley al tiempo de comisión de los hechos (entre el año 2000 y el 2002).
Destacó el a quo que esta situación evidencia dos voluntades inocultables: "...una, la saludable búsqueda de un mayor resguardo penal para los menores víctimas de esos delitos al habilitar una extendida posibilidad de denunciar tales hechos sin riesgo inicial de prescripción; la otra, que aún en vigencia de la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y conocedor el Estado Nacional del sendero delineado por la Corte Interamericana, ha sido su soberana decisión no excluir a tales supuestos típicos del régimen general de prescripción de la acción penal, el cual simplemente flexibilizó en favor de las víctimas menores de edad".
Con relación a las convenciones internacionales, el tribunal intermedio afirmó que carecen de operatividad como para modificar la legislación doméstica, la cual tomó forma con la sanción de las leyes 26.705 y 27.206 posteriores a los hechos que la Cámara consideró que no estaban extinguidos, siendo que no podían ser aplicadas en perjuicio del imputado.
En cuanto a la pretensa afectación de la Convención de Belem Do Pará , el a quo recordó que de ella emerge el compromiso del Estado argentino para la prevención, investigación y sanción de hechos de violencia contra las mujeres (conf. art. 7 inc. "f"). Sin embargo, ello no conduce sin más a descartar el instituto de la prescripción de la acción penal, en tanto que "...el juicio oportuno al que se alude se trata, ni más ni menos, del procedimiento que cada Estado tiene regulado para dar trámite a los asuntos que la administración de justicia debe dirimir y resolver".
Concluyó que "...de conformidad con la fecha de los sucesos intimados, la fecha límite para iniciar el cómputo del plazo de la prescripción (de conformidad con la ley vigente a ese tiempo) fue el 31 de diciembre de 2002". Sentado lo cual, "[t]eniendo en cuenta que el primer acto con capacidad interruptiva (llamado a prestar declaración del art. 308 del rito) acaeció el 26 de junio de 2021, se advierte que han pasado más de 18 años, superando ampliamente, de tal guisa, el plazo máximo de 12 años establecido en el art. 62 inc. 2º del CP". Finalmente, arguyó que se entendía el esfuerzo argumentativo por parte de los sentenciantes dada la extrema vulnerabilidad de la víctima en el presente proceso, en su calidad de mujer y niña al momento de los hechos, "...pero ello no se debe imponer en perjuicio del acusado y sus derechos y garantías fundamentales resguardados tanto en la Constitución Nacional como en diferentes convenciones de rango supremo (Art. 75 inc. 22)".
En función de todo lo expuesto, decidió casar el fallo y reenviar las presentes actuaciones a la instancia de origen para que, integrada con jueces hábiles y con los lineamientos sentados en la presente en cuanto a la ley temporalmente aplicable al caso, resuelva lo concerniente a la prescripción de la acción penal.
V. No comparto lo dictaminado por la Procuración General, el carril extraordinario incoado resulta insuficiente para revertir lo decidido (conf., mutatis mutandi , causas P. 132.967 y P. 133.029, sents. de 30-VIII-2021; e.o.; art. 495, CPP).
V.1. De la reseña efectuada se puede advertir que el Tribunal de Casación Penal, fundó su decisión -contraria a la aplicación de lo normado por el art. 67 del Código Penal en su nueva redacción-, en que en el caso se vulneró de manera directa el principio de legalidad en cuanto importa también la prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal en perjuicio del imputado (conf. art. 18, Const. nac.), sin perjuicio de reconocer la extrema vulnerabilidad de la víctima por su calidad de mujer y niña al momento de los hechos.
En suma, reputó que "...de conformidad con la fecha de los sucesos intimados, la fecha límite para iniciar el cómputo del plazo de la prescripción (de conformidad con la ley vigente a ese tiempo) fue el 31 de diciembre de 2002". De modo que teniendo en consideración que el primer acto susceptible de enervar el curso de la prescripción fue el llamado a prestar declaración en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal (de 26 de junio de 2021), para entonces ya había transcurrido en exceso el plazo máximo de 12 años establecido en el art. 62 inc. 2 del Código Penal, siendo el insumido más de dieciocho años.
En concordancia con lo decidido por el tribunal revisor, esta Suprema Corte tiene dicho en numerosos precedentes, que las leyes que regulan la prescripción de las acciones penales están alcanzadas por el principio de legalidad (conf. arts. 18, Const. nac.; 9, CADH; 15.1., PIDCP y 2, Cód. Penal; causa P. 118.546, sent. de 6-V-2015, entre muchas otras, con especial sustento en arraigada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir del precedente "Mirás" -Fallos: 287:76-, especialmente, cons. 6 y 7 y "Arancibia Clavel" -Fallos: 327:3312-; e.o.).
Cabe agregar que, conforme se advierte de la reseña de agravios, la parte dejó incontrovertida esta parcela del fallo, en tanto dirigió su esfuerzo recursivo a sostener que en el caso no se había vulnerado el plazo razonable de duración del proceso por cuanto este no se había iniciado; cuando -en rigor- de lo resuelto por el Tribunal de Casación Penal, no surge que esa garantía haya tenido incidencia en la solución del presente, pues la decisión sobre la extinción de la acción penal se fundó exclusivamente en que en el caso estarían cumplidos los requisitos obje
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