Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137512
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Leonel Bladimir Cabral, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.512, "Cabral, Leonel Bladimir s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 111.588 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
El Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de Morón, el 11 de junio de 2021 condenó a Leonel Bladimir Cabral a la pena de prisión perpetua, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por mediar una relación de pareja con la víctima.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la defensa del aludido imputado interpuso un recurso de casación y que la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 20 de mayo de 2022 lo rechazó por improcedente.
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto de Casación, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue declarado admisible por ese tribunal intermedio (conf. resol. de 2-VIII-2022).
Oído el señor Procurador General (conf. dictamen de 22-V-2023), dictada la providencia de autos el día 23 de mayo de 2023 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto reclamó la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua por entender que constituye una violación al derecho a la vida con infracción de los arts. 4.1. y 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
I.1. Estimó que -en este caso- la pena será efectivamente perpetua y solo culminará con la muerte del condenado. Citó el caso "Baldeón García vs. Perú" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y señaló que dicho Tribunal no limitó el derecho a la vida únicamente en términos biológicos, sino que lo extendió al vivir con dignidad, desarrollar un proyecto de vida y procurar un sentido a la propia existencia.
Describió la realidad carcelaria de la Provincia de Buenos Aires, con cita de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Lori Berenson Mejías vs. Perú".
Sostuvo que el encierro a perpetuidad, convierte a la sanción penal en una verdadera "pena de muerte" paulatina pues, en definitiva, la vida de la persona se agotará en manos del Estado con invocación del citado tribunal internacional en el caso "Hilaire, Constantine y Benjamín y otros vs. Trinidad y Tobago".
I.2. Por otro lado, denunció la violación del art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Explicó que el encierro de por vida es una pena de eliminación social, al considerar que su asistido quedará apartado para siempre de la sociedad, lo que impedirá toda posibilidad de acceder a la libertad, circunstancia que estimó incompatible con el derecho a la integridad personal que determina que toda pena debe tener como finalidad la reforma y readaptación social.
Remarcó que la pena impuesta al impedir a su defendido acceder en algún momento a la libertad, es contraria al fin resocializador de las penas privativas de la libertad consagrado constitucional y contravencionalmente, y que hace a la dignidad humana la posibilidad de retornar a la sociedad tras el cumplimiento de una sanción, lo cual no podría efectivizarse si se impone una pena a perpetuidad que solo culmine con la extinción de la vida.
I.3. Finalmente, precisó que la posibilidad que contempla el ordenamiento jurídico para que Cabral acceda a la libertad, se encuentra ubicada al límite de la expectativa vital, con lo que las posibilidades de llevar a cabo una vida en libertad que le permita desarrollar un proyecto de vida y -al mismo tiempo- dar cumplimiento al fin resocializador de la pena, se tornan ilusorias. Adujo una incompatibilidad entre el art. 13 del Código Penal con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativas al derecho a la vida (art. 4) y a la integridad y dignidad personal (art. 5.6.).
Por lo tanto, estimó que la vigencia de la ley 25.892 que modificó el art. 13 del Código Penal, sin que el Estado la haya adecuado para tornarla compatible con los arts. 4 y 5.6. de la Convención invocada, resulta violatoria de los arts. 1.1. y 2 en relación con los arts. 4 y 5.6. de la citada Convención.
Con base en tales argumentos solicitó entonces se declare la inconstitucionalidad de la pena perpetua por resultar contraria al derecho a la vida y al derecho a la integridad personal e importar una pena cruel e inhumana, y el consecuente reenvío de las actuaciones a fin de que se fije una nueva pena, respetuosa de los derechos humanos que se reputan violados.
II. El dictamen del señor Procurador General propició el rechazo del reclamo deducido. Coincido con él.
III. Al dar respuesta a similares cuestionamientos a los aquí traídos, el órgano revisor -en lo medular- partió de sostener la presunción de validez de toda ley dictada por el Congreso de la Nación con más la excepcionalidad que implica la declaración de inconstitucionalidad de una norma, que encuentra justificación en cuestiones graves y manifiestas que en el caso en examen no observaba, sino que la parte se introducía en temas relativos de la política criminal del Estado.
Con sustento en doctrina de esta Suprema Corte y de la Corte federal, expresó que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o decreto constituye un acto de suma gravedad institucional, con lo cual debe ser considerada el último recurso del orden jurídico, y que la suficiencia de una impugnación de índole constitucional exige la exposición del modo en que la norma cuestionada quebrantaría las cláusulas constitucionales invocadas y que exista una relación directa entre aquella y estas.
Explicó que nada de ello ocurría en el caso, bajo el estándar de que "... la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones ('Pupelis, María', C.S.J.N. 14/5/91)" quedaba fuera del examen jurisdiccional.
Luego de señalar que la redacción de la norma cuestionada obedece a una cuestión de política criminal y de técnica legislativa, de conformidad con la división de funciones inherente al sistema constitucional de gobierno, el Poder Judicial debe asegurar la supremacía de la Constitución, sin invadir el ejercicio de las competencias que le son privativas a los otros poderes del Estado.
Con cita de doctrina de autores, destacó que la prisión perpetua no es inconstitucional dado que no es perpetua en sentido estricto, sino relativamente indeterminada, pero determinable.
Tras acompañar jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional Alemán y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, rechazó que las penas a prisión perpetua pudieran impedir la resocialización del condenado, dado que esa es la finalidad que persigue la ejecución de la pena privativa de la libertad, en todas sus modalidades, merced a lo estipulado por el art. 1 de la ley 24.660 y a la función que le compete al Estado de arbitrar los medios necesarios para su logro, puesto que todo condenado a pena privativa de la libertad cuenta con la posibilidad de recuperarla.
Tampoco consideró que se incumpliera con el propósito establecido por la normativa internacional, pues en tanto alude a la finalidad "esencial" de "reforma y readaptación social" que debe perseguir el Estado, ello no impide la concurrencia de otros fines que el legislador adopte, en la medida que no se enfrenten a la interdicción también prevista en la Constitución de que las cárceles sean para castigo.
Con base en lo expuesto, el revisor se pronunció por la validez constitucional de la pena de prisión perpetua, siempre y cuando se le conceda al condenado, a su debido momento, la oportunidad de retornar al medio libre.
IV.1. Frente a lo así decidido, el recurrente insiste con argumentaciones genéricas y dogmáticas, que no alcanzan para evidenciar el compromiso de los principios y garantías constitucionales que estimó conculcadas (art. 495, CPP).
Tal y como lo afirmó el tribunal revisor, es arraigada la doctrina de la Corte federal en cuanto a que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes constituye un acto de suma gravedad institucional que debe ser utilizado como ultima ratio del orden jurídico, por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (CSJN Fallos: 321:441; 327:831; 328:4542; e.o.).
Además, cabe señalar que es doctrina de esta Corte que la interpretación que se denomina constitucional de las penas a perpetuidad previstas en el art. 80 del Código Penal, remite a una cuestión de cómputo, por lo cual, además resulta conjetural y como tal improcedente.
Pues, se ha dicho, siguiendo jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aún para el caso de las penas perpetuas (prisión o reclusión perpetua) habiéndose establecido aquí la menos severa: prisión perpetua, estas no son realmente tales -porque de lo contrario lesionarían la intangibilidad de la persona humana-, por lo cual deberá fijarse, eventual y oportunamente, el momento de su agotamiento (CSJN Fallos: 329:2440, "Giménez Ibáñez", sent. de 4-VII-2006; SCBA causas P. 84.479, sent. de 27-XII-2006; P. 94.377, sent. de 18-IV-2007 y P. 126.330, sent. de 29-III-2017).
En definitiva, la tacha de inconstitucionalidad exige un esfuerzo mayor para demostrar la relación directa e inmediata entre las particularidades del hecho cometido, las condiciones personales del imputado y las garantías constitucionales supuestamente afectadas por la pena impuesta (conf. arts. 14 y 15, ley 48; CSJN causas "Strada", "Di Mascio" y "Christou", a contrario sensu ).
IV.2. Ahora bien, el cariz impugnativo que integra dicho agravio vinculado con la realidad carcelaria argentina y particularmente de la Provincia de Buenos Aires, en su relación con la advertencia de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conforme el comunicado de prensa n° 64/10 de dicho órgano, así como con la violación al derecho a la vida, en especial en relación con el art. 13 del Código Penal; no pueden ser atendidos por extemporáneos, en tanto que de ese modo y con tales argumentos, recién fueron articulados al interponer el recurso extraordinario en estudio (v. en lo pertinente, págs. 145/151 del rec. de casación). Por lo que tal déficit sella la suerte adversa de esa pretensión (doctr. art. 451, CPP).
Y si bien el recurrente no se apresta a invocar ningún argumento en pos de salvar la evidente extemporaneidad de su solicitud, no está de más señalar que la potestad y el ejercicio de la atribución que los magistrados poseen de declarar la inconstitucionalidad de una norma cuando la justicia y razón del caso así lo exijan de conformidad con el art. 31 de la Constitución nacional, no tiene operatividad para hacer ingresar en el ámbito de la competencia imperativa del Tribunal cuestiones que no fueron oportunamente articuladas (conf. causas P. 95.853, sent. de 12-VI-2013; P. 102.725, sent. de 24-VI-2015; e.o.).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Leonel Bladimir Cabral, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 31/10/2023 13:43:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/11/2023 09:29:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2023 09:40:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2023 12:34:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2023 12:37:46 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/11/2023 13:00:23 hs. bajo el número RS-144-2023 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia