Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137593
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial a favor de L. A. A. V., con costas (conf. art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.593, "A. V., L. A. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 84.239 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Kogan, Soria.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro, mediante el pronunciamiento dictado el 11 de agosto de 2022, en lo que interesa, rechazó el recurso interpuesto por la defensa oficial y confirmó la sentencia del Juzgado Correccional n° 2 departamental que condenó a L. A. A. V. a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y costas, por resultar autor responsable del delito de estupro (arts. 40, 41, 45 y 120 primer párrafo, Cód. Penal).
Frente a esta decisión, el señor defensor oficial, doctor Germán Barcos, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital de 19-VIII-2022), el cual fue declarado admisible por el Tribunal de Alzada –"para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas"- a través de la resolución de 29-IX-2022.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 18-V-2023), dictada la providencia de autos en fecha 19-V-2023 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. Dado el alcance de la admisibilidad mencionada en los antecedentes, solo corresponde analizar los planteos federales por los cuales fue admitido el recurso extraordinario en trato, conforme resolución citada -especialmente, punto III párrafo quinto-, por lo que, con esos lindes, será reseñado y abordado el agravio vinculado con la alegada vulneración del derecho de defensa en juicio, en lo referente a la denegatoria de la exclusión probatoria propiciada, circunstancia que habría privado a esa parte de la preparación de la defensa y de la posibilidad de efectuar el interrogatorio pertinente (conf. art. 8 incs. "c" y "f", CADH).
I.2. En el marco mencionado, bajo el título "La exclusión probatoria", el señor defensor oficial denunció que en el caso se tuvo por acreditada la existencia del hecho y la participación de su pupilo sin sustento probatorio suficiente.
Sobre ello destacó que en su oportunidad había planteado la exclusión probatoria del testimonio recibido en cámara Gesell, argumentando que su actuación en la defensa de A. V. comenzó con posterioridad a la audiencia del art. 338 del Código Procesal Penal y que al comienzo del debate formuló ese reclamo como cuestión preliminar. Desde entonces sostuvo que el testimonio de la menor no podía ser invocado, en tanto fue recepcionado sin participación ni noticia al imputado, con clara afectación a la defensa en juicio (arts. 18, Const. nac. y 8 inc. 2, CADH).
Destacó que el planteo fue rechazado en ambas instancias y reiteró que su pupilo jamás fue notificado personalmente de esa importante medida probatoria; agregó que la notificación la recibió su pareja, la señora R., siendo que ella estuvo involucrada en los pormenores del hecho y que, además, dadas las circunstancias de la supuesta "infidelidad" que rodearon a la conducta por la que fue imputado A., se podría concluir que la nombrada no le avisaría de nada.
Con cita del precedente "Mattei" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, concluyó que las nulidades absolutas por violación a garantías constitucionales pueden ser planteadas en cualquier etapa del proceso, cuando se produjeran o bien, cuando fueran advertidas, y que -en todo caso- la duda razonable impera, presunción de inocencia mediante, en virtud de la exclusión probatoria invocada.
II. Coincido con el dictamen del señor Procurador General: el recurso no prospera.
III. Ante análogos agravios llevados en el recurso de apelación por parte de la defensa oficial de L. A. A. V. (v. archivo adjunto -parte 2.pdf- en oficio de notificación de 15-XI-2022); el Tribunal de Alzada adelantó que los agravios no tendrían favorable acogida.
En lo que interesa, abordó la crítica en torno a la falta de notificación personal del imputado, la exclusión probatoria y el pedido de nulidad, y sobre ello explicó que "...en el acto cuestionado intervino la Sra. Defensora Oficial, en representación del Sr. A., quien prestó su conformidad con que se llevara a cabo la diligencia sin la presencia del imputado".
Seguidamente, se refirió a la garantía de defensa en juicio y señaló que "...tiene desde antiguo carácter sustancial (con[f]. fallos 189:306 y 391; 192:240 y 308; 193:487) y por ello requiere la demostración, por parte de quien la invoca, del concreto perjuicio que pud[o] haberle inferido el presunto vicio de procedimiento y de la solución distinta que pudo alcanzarse en el fallo si no hubiese existido ese defecto (conf. fallos 298:279 y 498). La alusión de manera genérica de la vulneración a garantías constitucionales, no permiten 'per se' tener por acreditado el perjuicio que la norma de rito requiere".
También descartó la crítica referida a que la defensa no había podido controlar la prueba resultante de la cámara Gesell, destacando sobre ello que esa parte "...ha tomado conocimiento de su contenido, y ha podido valorarlo y cuestionarlo, tal como lo hace en el presente recurso de apelación"; y, sin perjuicio de lo anterior y en concordancia con la señora magistrada correccional, destacó que al momento del debate oral la víctima contaba con edad suficiente como para ser citada a declarar y, no obstante, la defensa no lo hizo.
Asimismo, reflexionó en torno a la alegación referida a que correspondía al Ministerio Público Fiscal realizar la citación para el saneamiento del acto, y afirmó que, una vez rechazada esa cuestión por la señora jueza, la defensa, que había alegado la necesidad de la presencia de su asistido en el acto cuestionado, tampoco solicitó la citación de la niña luego de la sugerencia en tal sentido de la señora magistrada originaria.
El Tribunal de Alzada concluyó el punto señalando que "...el perjuicio que la Defensa intenta ingresar -falta de notificación- no aparece como causal de nulidad de lo actuado, porque no ha sido demostrado ni se advierten elementos para poder considerar que se haya afectado la defensa en juicio, ni [el] debido proceso legal (arts. 18, 75 inc. 22 CN; 14.3 PIDCyP; 8 CADH)"; y de ese modo, rechazó la exclusión probatoria postulada por el apelante.
IV. De la reseña efectuada, se advierte que la crítica traída por el recurrente respecto a que en el caso se habría vulnerado el derecho de defensa en juicio del imputado, al verse privado de la posibilidad de interrogar a los testigos (conf. art. 8 incs. "c" y "f", CADH), no se condice con las constancias de la causa que fueran mencionadas por el Tribunal de Alzada al desechar el mismo planteo, por ende, esa pretensión resulta huérfana de todo sustento argumental y, por tanto, indemostrada (art. 495, CPP).
En efecto, conforme se reseñó, ante idéntico agravio llevado ante la instancia revisora, la Cámara destacó que en el acto en discusión el imputado tuvo efectiva representación por parte de su defensa oficial; además, resaltó que no se había logrado evidenciar el perjuicio que habría generado a su asistido, lo cual hubiese conllevado a la necesidad de declarar la nulidad y de retrotraer el proceso.
Así entonces, del escrito en examen resulta que la defensa de A. V. no ha reparado en la motivación expuesta por el Tribunal de Alzada al rechazar igual planteo, desarrollando -en su lugar- un mero criterio discrepante con lo resuelto, lo que constituye un mecanismo ineficaz para conmoverlo (art. 495, cit.).
A todo evento, cabe traer a colación que es doctrina de esta Corte que las nulidades no tienen por fin satisfacer pruritos formales sino enmendar perjuicios efectivos que pudieren surgir de las desviaciones procesales, cada vez que estas desviaciones supongan una restricción de la garantía de defensa en juicio o del debido proceso, y, en la especie, no concurren estas circunstancias (arts. 203, 205 y concs., CPP; doctr. causas P. 96.779, sent. de 17-VIII-2007; P. 103.649, sent. de 13-V-2009; P. 94.876, sent. de 10-VI-2009; P. 72.430, sent. de 7-X-2009; P. 98.769, sent. de 3-III-2010; P. 103.201, sent. de 28-V-2010; P. 109.062, resol. de 18-V-2011; P. 109.012, resol. de 6-VII-2011; P. 108.312, resol. de 3-X-2012; P. 111.879 y P. 113.311, resols. de 19-XII-2012; P. 113.098 y P. 113.947, resols. de 10-IV-2013; P. 114.236 y P. 117.397, resols. de 3-VII-2013; P. 114.637, resol. de 25-IX-2013; P. 113.880, resol. de 16-X-2013; P. 112.706, resol. de 6-XI-2013; P. 103.251, resol. de 4-XII-2013; P. 112.700, resol. de 11-XII-2013; P. 112.879, resol. de 18-XII-2013; P. 117.101 y P. 117.712, resols. de 3-III-2014; P. 113.572, resol. de 26-III-2014; P. 118.379, sent. de 3-IV-2014; P. 119.599, resol. de 16-IV-2014; P. 118.682, resol. de 23-IV-2014; P. 130.781, sent. de 20-III-2019; entre muchas otras).
Para más -como acertadamente lo señala la Procuración General en su dictamen- el impugnante tampoco demostró la similitud de la situación planteada en autos con las suscitadas en el citado precedente "Mattei" (CSJN Fallos: 272:188), pues más allá de su mención, ningún esfuerzo realizó como para asimilarlas a las de este caso (art. 495, CPP).
V. Por último, cabe resaltar que la pretendida revisión de los hechos y de la prueba valorada quedó excluida del ámbito de competencia del recurso en estudio, siendo que, además, fue sustentada -esencialmente- en el reclamo precedentemente desestimado (arts. 494 y 495, CPP).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial a favor de L. A. A. V., con costas (conf. art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/11/2023 12:52:51 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2023 13:05:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/11/2023 15:45:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/11/2023 09:56:24 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/11/2023 10:01:01 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 21/11/2023 12:12:06 hs. bajo el número RS-161-2023 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia