Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138149
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Gonzalo Emanuel Sosa, Gustavo Daniel Mendoza y Ramón Jorge Pratto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.149, "Sosa Gonzalo Emanuel, Pratto Ramón Jorge y Mendoza Gustavo Daniel s/ rec. extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 113.438 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de La Matanza, el día 7 de septiembre de 2021 condenó a Gonzalo Emanuel Sosa, Gustavo Daniel Mendoza y a Ramón Jorge Pratto a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, con más la declaración de reincidencia secundaria para el nombrado Mendoza, por resultar coautores penalmente responsables del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa en concurso real con homicidio agravado criminis causae (arts. 5, 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 41 bis, 42, 44, 45, 50, 55, 80 inc. 7 y 166 inc. 2 segundo párrafo, Cód. Penal); y declaró abstracto el planteo de inconstitucionalidad de la prisión perpetua.
Contra la condena, el señor defensor oficial de primera instancia, interpuso un recurso de casación que fue rechazado por la Sala II del Tribunal de Casación Penal.
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto de Casación, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor de los nombrados, el que fue declarado admisible por el tribunal intermedio.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto reclamó la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua por entender que constituye una violación al derecho a la vida con infracción de los arts. 4.1 y 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
I.1. Estimó que en este caso la pena será efectivamente perpetua y solo culminará con la muerte del condenado. Citó el caso "Baldeón García vs. Perú" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y señaló que dicho tribunal no limitó el derecho a la vida únicamente en términos biológicos, sino que lo extendió al vivir con dignidad, desarrollar un proyecto de vida y procurar un sentido a la propia existencia.
Describió la realidad carcelaria de la Provincia de Buenos Aires, con cita de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Lori Berenson Mejías vs. Perú".
Sostuvo que el encierro a perpetuidad, convierte a la sanción penal en una verdadera "pena de muerte" paulatina pues, en definitiva, la vida de la persona se agotará en manos del Estado con invocación del citado tribunal internacional en el caso "Hilaire, Constantine y Benjamín y otros vs. Trinidad y Tobago".
I.2. Luego denunció la violación del art. 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Explicó que el encierro de por vida es una pena de eliminación social, al considerar que sus asistidos quedarán apartados para siempre de la sociedad, lo que impedirá toda posibilidad de acceder a la libertad, circunstancia que estima incompatible con el derecho a la integridad personal que determina que toda pena debe tener como finalidad la reforma y readaptación social del condenado.
Remarcó que la pena impuesta al impedir a sus defendidos acceder en algún momento a la libertad, es contraria al fin resocializador de las penas privativas de la libertad consagrado constitucional y convencionalmente y que hace a la dignidad humana la posibilidad de retornar a la sociedad tras el cumplimiento de una sanción, lo cual no podría efectivizarse si se impone una pena a perpetuidad que solo culmine con la extinción de la vida.
I.3. Por otra parte, precisó que la posibilidad que contempla el ordenamiento jurídico para que Sosa acceda a la libertad, se encuentra ubicada al límite de la expectativa vital y que la supera en los casos de Pratto y Mendoza, con lo que las posibilidades de llevar a cabo una vida en libertad que le permita desarrollar un proyecto de vida y -al mismo tiempo- dar cumplimiento al fin resocializador de la pena, se tornan ilusorias. Encuentra en ese punto una incompatibilidad entre el art. 13 del Código Penal con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativas al derecho a la vida (art. 4) y a la integridad y dignidad personal (art. 5.6).
Por lo tanto, estimó que la vigencia de la ley 25.892 que modificó el art. 13 del Código Penal, sin que el Estado la haya adecuado para tornarla compatible con los arts. 4 y 5.6 de la Convención invocada, resulta violatoria de los arts. 1.1 y 2 en relación con los arts. 4 y 5.6 de la citada Convención.
Con base en tales argumentos solicitó entonces se declare la inconstitucionalidad de la pena perpetua por resultar contraria al derecho a la vida y al derecho a la integridad personal e importar una pena cruel e inhumana, y el consecuente reenvío de las actuaciones a fin de que se fije una nueva pena, respetuosa de los derechos humanos que se reputan violados.
I.4. Finalmente, la defensa abogó por la actualidad del planteo en la comprensión de que lo resuelto en la sentencia que cuestiona, en tanto manda a cumplir la totalidad de la pena en encierro impidiendo la posibilidad de acceder a la libertad, provoca un gravamen de insusceptible reparación ulterior; explicó que esperar el momento en que correspondiese solicitar la libertad del enjuiciado, junto con los reclamos de inconstitucionalidad que pudieran efectuarse, importaría someterlo a los padecimientos del encierro carcelario mientras aquellas cuestiones sean dirimidas. A ello aditó el contenido aflictivo que implicaría postergar un pronunciamiento sobre el punto, teniendo en cuenta la incertidumbre que genera en el imputado el desconocer si tiene la expectativa vital de recuperar alguna vez su libertad ambulatoria, lo que considera de por sí un trato cruel, constitucionalmente prohibido, que aquí puede hacerse cesar, acogiéndose el pedido de que se declare la inconstitucionalidad de la pena perpetua impuesta.
II. El dictamen del señor Procurador General propició el rechazo del reclamo deducido. Coincido con él.
III. Al dar respuesta a similares cuestionamientos a los aquí traídos, el órgano revisor siguiendo doctrina de autor, expresó que "...la prisión perpetua del código vigente no es inconstitucional en sí, dado que no es perpetua en sentido estricto, sino relativamente indeterminada, pero determinable, pues tiene un tiempo límite si el condenado cumple con los recaudos de la libertad condicional"; y que "Tampoco es inconstitucional como pena fija, siempre que en el caso concreto no viole la regla de la irracionalidad mínima, pues guarda cierta relación de proporcionalidad con la magnitud del injusto y de la culpabilidad. Sólo lo sería en los supuestos en que esta condición resulte violada en concreto...".
Añadió que la consecuencia de los postulados traídos por la defensa sería la prohibición de las penas perpetuas en sentido estricto, pues el cuadro constitucional -integrado por los diversos instrumentos internacionales mencionados- proscribiría la aplicación de aquellas "realmente" perpetuas.
Sin embargo, sostuvo que nuestro ordenamiento legal prevé la posibilidad jurídica en cierto momento de la ejecución de la pena de su cese, mediante el cumplimiento de ciertos requisitos o condiciones. La línea argumental mencionada -dijo- "...se observa en el precedente de la CSJN 'Giménez Ibáñez, Antonio F. s/Libertad Condicional' (4/7/06, G.239.XL) y de alguna manera se aprecia en el fallo dictado por esta Sala II en la causa n° 33.711 caratulada 'López Quiroga, Jorge Alberto s/Recurso de Casación'".
Asimismo, estimó que el reclamo de la defensa resultaba prematuro, dado que el eventual perjuicio tendría lugar al plantear y serle negado el acceso a la libertad condicional.
Luego, recordó la necesidad de evitar intromisiones en áreas que pertenecen al dominio de otros poderes, debiéndose delimitar el ámbito de injerencia revisora sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma. Por ello, destacó que resulta imprescindible que el enfrentamiento entre normas de diferente rango resulte claro, palmario, contundente y verificado, y que, en consecuencia "...quede justificada suficientemente tan delicada actividad jurisdiccional".
A partir de lo expuesto, desestimó el planteo del impugnante por no evidenciar colisión normativa que justificara la solución de inconstitucionalidad y adunó que "...ninguna objeción ha merecido que la pena perpetua aplicada en el caso, con la que está conminado el delito previsto en el art. 80 inc. 7 del CP, no guarde racional vinculación con la gravedad del ilícito juzgado [...] De manera que no ha sido puesto en tela de juicio que la pena establecida en esta situación particular sea desproporcionada o irracional, desde la óptica constitucional postulada por el quejoso, con relación a la naturaleza de la conducta típica atribuida al acusado".
Finalmente, descartó que el decisorio incurra en la violación de los preceptos que se denuncian transgredidos, desde que la pena impuesta en el marco de la escala penal prevista en la figura en la que se subsumió el episodio atribuido, teniendo en cuenta las particularidades del hecho y de los autores, no era irrazonable ni, cruel o mortificante; y concluyó que dicho agravio debía ser rechazado.
IV.1. Frente a lo así decidido, el recurrente no se encarga de impugnar los argumentos tenidos en cuenta por el tribunal revisor.
Sus críticas se limitan a exponer una opinión discrepante a la del juzgador en orden a la imposición de la sanción perpetua, pero sin evidenciar el modo en que se habrían producido las transgresiones legales denunciadas (doctr. art. 495, CPP).
Según arraigada doctrina de la Corte federal la declaración de inconstitucionalidad de las leyes es la más delicada de las funciones que cabe encomendar a un tribunal de justicia, al importar el desconocimiento de los efectos de una norma dictada por otro poder del Estado, que goza de presunción de legitimidad. Se trata de un acto de suma gravedad institucional que debe ser utilizado como ultima ratio del orden jurídico, por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocadas (CSJN Fallos: 321:441; 327:831; 328:4542; e.o.).
Nada de esto acontece en el caso, por lo que corresponde el rechazo del agravio (causas P. 63.131, sent. de 25-II-2004; P. 130.072, sent. de 17-X-2018; P. 134.975, sent. de 24-VI-2022; entre muchas otras).
Además, cabe señalar que es doctrina de esta Corte que la interpretación que se denomina constitucional de las penas a perpetuidad previstas en el art. 80 del Código Penal, remite a una cuestión de cómputo, por lo cual, además resulta conjetural y como tal improcedente.
Pues, se ha dicho, siguiendo jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, que aun para el caso de las penas perpetuas (prisión o reclusión perpetua) habiéndose establecido aquí la menos severa: prisión perpetua, -estas no son realmente tales porque de lo contrario lesionarían la intangibilidad de la persona humana-, por lo cual deberá fijarse, eventual y oportunamente, el momento de su agotamiento (CSJN Fallos: 329:2440, "Giménez Ibañez", sent. de 4-VII-2006; SCBA causas P. 84.479, sent. de 27-XII-2006; P. 94.377, sent. de 18-IV-2007 y P. 126.330, sent. de 29-III-2017).
En definitiva, la tacha de inconstitucionalidad exige un esfuerzo mayor para demostrar la relación directa e inmediata entre las particularidades del hecho cometido, las condiciones personales del imputado y las garantías constitucionales supuestamente afectadas por la pena impuesta (conf. arts. 14 y 15, ley 48; CSJN causas "Strada", "Di Mascio" y "Christou", a contrario sensu ).
IV.2. Ahora bien, el cariz impugnativo que integra dicho agravio vinculado con la realidad carcelaria argentina y particularmente de la Provincia de Buenos Aires, en su relación con la advertencia de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conforme el comunicado de prensa n° 64/10 de dicho órgano, así como con la violación al derecho a la vida, en especial en relación con el art. 13 del Código Penal, no pueden ser atendidos por extemporáneos, en tanto que de ese modo y con tales argumentos, recién fueron articulados al interponer el recurso extraordinario en estudio (v. en lo pertinente, MOTIVO y FUNDAMENTOS 4 del rec. de casación). Por lo que tal déficit sella la suerte adversa de esa pretensión (doctr. art. 451, CPP).
Y si bien el recurrente no se apresta a invocar ningún argumento en pos de salvar la evidente extemporaneidad de su solicitud, no está de más señalar que la potestad y el ejercicio de la atribución que los magistrados poseen de declarar la inconstitucionalidad de una norma cuando la justicia y razón del caso así lo exijan de conformidad con el art. 31 de la Constitución nacional, no tiene operatividad para hacer ingresar en el ámbito de la competencia imperativa del Tribunal cuestiones que no fueron oportunamente articuladas (conf. causas P. 95.853, sent. de 12-VI-2013; P. 102.725, sent. de 24-VI-2015; e.o.).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Genoud y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Gonzalo Emanuel Sosa, Gustavo Daniel Mendoza y Ramón Jorge Pratto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 31/10/2023 13:43:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/11/2023 09:29:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2023 09:40:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2023 12:34:44 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2023 12:37:48 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/11/2023 13:00:24 hs. bajo el número RS-145-2023 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia