Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136407
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.407-RC, "Gallardo, Luciano Hernán s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 107.820 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Kogan, Soria.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal rechazó el recurso de la especialidad presentado por la señora defensora oficial de Luciano Hernán Gallardo contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana que, en el marco de un proceso de juicio abreviado, condenó al nombrado a la pena de cuatro años de prisión más el pago de multa de cincuenta unidades fijas, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (v. sentencia digital de fecha 28-V-2021).
Frente a lo así resuelto, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Nicolás Agustín Blanco, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
El Tribunal de Alzada, mediante resolución del 7 de octubre de 2021, concedió parcialmente el recurso en cuanto a los planteos de infracción al principio de legalidad formal (arts. 18, 75 incs. 12 y 22, 76 y 99 inc. 3, Const. nac.; 9, CADH y 15, PIDCP), y en lo referido a la denuncia de violación del principio de división de poderes que deriva de la forma republicana de gobierno.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de fecha 22-XI-2022), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En el tramo del recurso concedido por el inferior, el señor defensor denunció la infracción al principio de legalidad formal (arts. 18, 75 incs. 12 y 22, 76 y 99 inc. 3, Const. nac.; 9, CADH y 15, PIDCP); y la afectación al principio de división de poderes que deriva de la forma republicana de gobierno (art. 1, Const. nac.).
Para sustentar su postura, adujo que la remisión legislativa que efectúa la ley 27.302 para que el Poder Ejecutivo defina las unidades fijas, esto es, con relación a la pena de multa establecida en el art. 5 inc. "c" de la ley 23.737, constituye una delegación inconstitucional de facultades legislativas que conculca el principio de legalidad.
Sostuvo que aquella norma prevé que la determinación judicial sobre la medida de la pena debe recaer en una decisión del Poder Ejecutivo y que, es sabido, el Congreso tiene prohibido delegar su tarea de legislar, resultando evidente que no puede ser objeto de remisión la desvaloración misma de la conducta prohibida mediante la elección de la calidad y cantidad de la pena.
La defensa precisó que el Ministerio de Seguridad, bajo el pretexto de su actualización, no tiene la facultad de definir los montos de las multas estipuladas para el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, puesto que ello forma parte de la predeterminación legislativa de las sanciones penales, tarea exclusiva e indelegable del Congreso.
Si bien concordó con la necesidad de que las multas sean actualizadas con cierta regularidad, no obstante, advirtió que nada impide que dicha actualización sea llevada a cabo por el Poder Legislativo como se ha hecho en otras situaciones que mencionó. En rigor, señaló que el legislador tiene la posibilidad de proceder directamente a la indexación económica de las multas a fin de que no se desnaturalice la sanción o bien puede hacerlo mediante la remisión a un parámetro de "movilidad objetivo".
En ese discurrir añadió que la necesidad y la medida de las penas de multas, orientadas bajo el parámetro del fin constitucional de resocialización que tienen las sanciones penales según el art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no fluctúa con la misma intensidad que lo hace la situación económica, y más aún si se tiene en cuenta que la necesidad de una previsión punitiva puede ser adaptada a los cambios económicos valiéndose del matiz que propone el monto mínimo y el máximo de la escala penal.
Luego de formular consideraciones sobre el aumento continuo de los formularios con los que se actualizan las unidades fijas en cuestión, conforme lo determina el Poder Ejecutivo, argumentó que la fijación de las multas en montos que estimó "estrafalarios" invita a analizar cuál sería la conversión de dicha sanción en días de prisión ante el supuesto de incapacidad de pago de la persona condenada. Luego afirmó que "...las facultades ejercidas por el Ministerio de seguridad para actualizar los montos de las unidades fijas patentizan que la habilitación de la ley 27.302 constituye una efectiva delegación de facultades legislativas, puesto que las distintas resoluciones dictadas por el Poder Ejecutivo no sólo han aumentado de forma alarmante el quantum de multa, sino que la conversión de tan solo el mínimo de la multa en días de prisión permite visibilizar que la Administración ha manipulado la escala penal y, de esta manera, ha alterado esencialmente el juicio de desvalor de la conducta prohibida hecha originalmente por el legislador".
La defensa puntualizó que no discutía la composición de la escala penal mediante unidades fijas susceptibles de ser actualizadas, sino que cuestionaba que el contenido de esas unidades (con directa incidencia en la escala penal) fuese determinado por el órgano administrador.
Concluyó entonces que el Poder Ejecutivo, cuando define el valor de los formularios de inscripción al Registro Nacional de Precursores Químicos, "...se arroga la facultad de desvalorar la conducta prohibida en sí misma pues construye directamente la escala penal para el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización".
Solicitó se dicte un pronunciamiento sobre el fondo del asunto que declare inconstitucional en el caso concreto la pena de multa impuesta a Gallardo fijada en el mínimo de la escala penal o, en subsidio, se reenvíe al inferior para el dictado de uno nuevo acorde a derecho.
II. El señor Procurador General propició el rechazo del reclamo, postura con la cual coincido (v. dictamen digital de fecha 22-XI-2022).
III. Los antecedentes del caso serán reseñados a continuación.
III.1. El magistrado del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Zárate-Campana que intervino en el juicio abreviado tuvo por probado el ilícito cometido por Luciano Hernán Gallardo (causa 4.622, pruebas colectadas en la IPP 18-00-2581-19), cometido el 27 de abril de 2017, oportunidad en que fue interceptado por personal de la Prefectura Naval Argentina, al encontrarse en su poder clorhidrato de cocaína para su venta al menudeo. El fallo consideró que "La cantidad verificada de esta sustancia, la forma en la que estaba dispuesta, las circunstancias en que fue habido el tenedor de este material, el hallazgo de una considerable suma de dinero en poder del imputado y la comprobación de comunicaciones telefónicas que aludían a transacciones con estupefacientes [...] llevan a la conclusión de que la finalidad de su tenencia era para comercializarlo, constituyendo, por tal motivo, una conducta que genera un riesgo no permitido para el bien jurídico protegido que es la salud pública" (sent. en formato digital de fecha 26-XI-2020).
El magistrado tuvo al evento como constitutivo del delito de tenencia ilícita de estupefacientes con fines de comercialización (art. 5 inc. "c", ley 23.737), y le impuso al imputado la pena de cuatro años de prisión con más la de multa fijada en cincuenta unidades fijas; calificación legal y sanción con las que la señora defensora oficial de Gallardo había manifestado conformidad mediante el acuerdo de juicio abreviado.
III.2. La señora defensora oficial departamental impugnó tal pronunciamiento mediante la vía de casación formulando los siguientes planteos.
En términos de inicial aclaración, expresó: "El presente recurso no tiene como fin discutir el monto de la pena ni la calificación por la cual se lo condenara a [su] asistido, sino la revisión del elevadísimo monto de la multa aplicada al caso -doscientos setenta mil pesos- por el cual se plantea la inconstitucionalidad de la misma por los motivos que se expondrán..." (rec. de casación en formato digital de fecha 14-XII-2020).
Es decir, en el recurso casatorio la defensa solo objetó el excesivo monto de la pena de multa finalmente impuesta, planteando su inconstitucionalidad en el caso de autos. En ese sentido argumentó que dicha sanción "...debe ser graduada y proporcional, dado que deriva de la comisión del delito y no del daño o perjuicio ocasionado", y que el art. 21 del Código Penal incluye la situación económica del penado entre las pautas a tener en cuenta para la fijación de su monto.
Explicó que, en la situación bajo examen, la ausencia de antecedentes judiciales, la personalidad del procesado y su situación procesal, deben ser parámetros para determinar su cuantía. Sostuvo que la impuesta en $270.000 deviene de imposible cumplimiento, que carece de la racionalidad y proporcionalidad que debe regir en materia de punición, resultando "...a todas luces inconstitucional en el caso concreto" por conculcar el principio de proporcionalidad de la pena con la gravedad del hecho imputado y la culpabilidad del autor.
Agregó: "No quedan dudas que la actualización de los montos de la multa prevista en la Ley 23.737 ha sido pensada para otra entidad de delitos y de imputados" y que, en la situación juzgada "...surge con claridad manifiesta que la misma resulta irracional", "...una pena injusta" y "...de imposible cumplimiento".
En subsidio, para el caso de no hacerse lugar al anterior planteo, solicitó se aplique lo propuesto por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, como solución al elevadísimo monto de la multa prevista en la citada ley 23.737, en el sentido de una conversión favorable al imputado, esto es, que cada día de encierro carcelario "extra" permitiría satisfacer un monto de $13.500 de multa impaga, lo que en el caso implicaría diez días más de prisión.
La defensa no presentó memoria ante el Tribunal de Casación.
III.3. El tribunal revisor rechazó el recurso.
Destacó que si bien del análisis de las presentes actuaciones surge que "...las partes prestaron su conformidad para someterse al procedimiento de juicio abreviado, donde se acordó la calificación legal y la pena a imponer que fueran finalmente respetadas por parte del sentenciante" (del voto del señor juez preopinante, doctor Natiello), no obstante, anunció que se abordaría el tratamiento del recurso de casación deducido.
Así, luego de reiterar que sin objeciones sobre la calificación legal otorgada a los hechos endilgados al imputado Gallardo ni la pena que en su consecuencia devino, expresó que la defensa había planteado la inconstitucionalidad del art. 5 de la ley 23.737 en cuanto a la pena de multa que establece, por entender que "...la sanción afecta el principio de legalidad, pues su actualización remite a una ley penal en blanco".
A ese respecto el a quo señaló que luego de la reforma introducida a la ley 23.737 por la ley 27.302 (B.O. de 8-XI-2016) "...ha quedado definida en cuarenta y cinco (45) a novecientas (900) unidades fijas -describiendo la ley que cada una de ellas equivale al valor de un formulario de inscripción de operadores en el Registro Nacional de Precursores Químicos (F.01), que a la fecha de la comisión del ilícito, conforme el Ministerio de Seguridad de la Nación en el 2017, tenía un valor de pesos dos mil quinientos ($2.500)-. De lo cual puede deducirse que, en la presente causa se ha aplicado un monto cercano al mínimo de la escala penal relativa a la multa del presente delito (50 unidades fijas), monto que oportunamente no fue tachado de inconstitucional, por lo que no puede ser atacado en esta ocasión".
Sin perjuicio de ello, de seguido se adentró en el análisis del planteo constitucional señalando que "...el articulado controvertido, no se encuentra comprendido dentro de una norma penal en blanco, ya que no se trata de un precepto incompleto, quedando perfectamente definida la multa que se aplicará en el caso concreto".
Destacó que "...al tratarse de penas pecuniarias resulta válida la actualización de sus montos, estableciéndose en el caso el sistema a aplicarse para su cumplimiento. Es decir en la sanción se expresan las unidades fijas a las que se asigna un valor de referencia, lo que permite de esta forma su cuantificación monetaria. La respuesta punitiva está prevista en el texto legal en sentido técnico y suficientemente precisada, surgiendo de la ley 23.737 inequívocas pautas para la determinación de la pena a aplicar".
Agregó: "...la circunstancia que se actualice el valor de la sanción determinada por la norma, a través de una disposición complementaria, no deteriora el conocimiento del aviso punitivo al que se integra con aquel complemento, ni importa envestir de facultades legislativas al órgano administrativo, desde que las consecuencias jurídicas del delito han sido definidas por el legislador".
También puntualizó que "...no existe un agravio razonable", toda vez que "...en la celebración del juicio abreviado, debió indicarle la señora defensora, que si había consentido la multa a imponer y llevado ese acuerdo al proceso, no podría luego cuestionar su incumplimiento...".
De otro lado recordó que "...la declaración de inconstitucionalidad es un remedio extremo, que debe aplicarse sólo excepcionalmente, y en aquellos casos en que aparezca palmaria la violación constitucional. Es un acto de suma gravedad institucional, que opera cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable dado que lo contrario, desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes y la actuación de uno de ellos destruiría la función de los otros".
Consecuentemente concluyó que "...nada de ello ocurre en el caso en estudio, dado que no se violenta principio constitucional alguno con una mera norma en la que entran en juego -para una sana discreción del legislador- razones de política criminal y por ende, excede el ámbito del examen ' la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito de sus funciones' ('Pupelis, María', CSJN 14/5/91)...".
Y que "En autos se estableció una escala penal delimitada para la infracción legalmente acreditada, con la fijación de cincuenta (50) unidades fijas, las que no resultan azarosas, sino que tienen fijado un valor por la misma ley (una unidad equivale al valor de un formulario de precursores químicos). A su vez, el importe en pesos del formulario se determina por resolución Ministerial".
A su turno, el señor juez doctor Kohan adhirió al voto del doctor Natiello por sus fundamentos, sumando algunas consideraciones propias relativas a la inconstitucionalidad planteada por la parte.
IV. Ante lo así resuelto advierto que el planteo de inconstitucionalidad formulado en la articulación en examen no puede prosperar (art. 495 y su doctr., CPP).
IV.1. Al igual que lo hizo el tribunal intermedio, resulta oportuno recordar que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes solo tiene cabida como ultima ratio del orden jurídico, de allí que para su procedencia se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera las normas cuestionadas contrarían la Constitución causándole de ese modo un agravio. Así, para que pueda ser atendido un planteo de tal índole, debe tener un sólido desarrollo argumental que no exhibe el presente (conf. causas P. 82.601, sent. de 1-VI-2005; P. 105.301, sent. de 9-VI-2010; P. 119.505, sent. de 21-IX-2016; P. 131.690, sent. de 23-X-2019; e.o.).
IV.2. Conforme resulta de la reseña efectuada, el Tribunal de Casación estimó que la norma puesta en crisis no quebranta ningún principio constitucional, sino que se funda en razones de política criminal sobre "...la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones...".
Con ese marco precisó que "En autos se estableció una escala penal delimitada para la infracción legalmente acreditada, con la fijación de cincuenta (50) unidades fijas, las que no resultan azarosas, sino que tienen fijado un valor por la misma ley (una unidad equivale al valor de un formulario de precursores químicos). A su vez, el importe en pesos del formulario se determina por resolución Ministerial", para decidir que en autos no se demostró ni tampoco advirtió la existencia de infracción constitucional alguna.
IV.3. Ahora bien, la defensa se desentendió por completo del contenido de lo resuelto.
Tal como se señala en el dictamen de la Procuración General, en particular punto IV apartados 1 a 5, a los que remito en esta oportunidad, el sentenciante (v. pto. II del voto del señor juez Natiello, al que adhirió el doctor Kohan) desarrolló en la segunda cuestión del fallo en crisis los motivos por los cuales desestimó la alegada inconstitucionalidad, aspecto decisivo del pronunciamiento recurrido respecto del cual la parte nada dijo. Por el contrario, la defensa mantuvo la línea de consideraciones expuestas desde el plano dogmático de la cuestión en debate, pero sin confrontarlas con la motivación que dio sostén a la desestimación de su pretensión (art. 495, CPP).
Lo que concierne a la denuncia de afectación al principio de legalidad por tratarse de una ley penal en blanco seguirá la misma suerte adversa.
En primer lugar, porque el recurrente tampoco cuestionó que el a quo haya establecido que en el caso no se está ante una ley penal en blanco. En tal sentido, cabe reiterar que el órgano intermedio entendió que "...no se trata de un precepto incompleto, quedando perfectamente definida la multa que aplicará en el caso concreto", que "...en la sanción se expresan las unidades fijas a las que se asigna un valor de referencia, lo que permite de esta forma una cuantificación monetaria", que "[l]a respuesta punitiva está prevista en el texto legal en sentido técnico y suficientemente precisada, surgiendo de la ley 23.737 inequívocas pautas para la determinación de la pena a aplicar", y que "...la circunstancia que se actualice el valor de la sanción determinada por la norma, a través de una disposición complementaria, no deteriora el conocimiento del aviso punitivo al que se integra con aquel complemento, ni importa envestir de facultades legislativas al órgano administrativo, desde que las consecuencias jurídicas del delito han sido definidas por el legislador". Nada de ello recibió debido embate por parte del impugnante (art. 495, cit.).
A todo evento, vale recordar que esta Suprema Corte ante problemáticas similares a la presente, afirmó que "...las conductas punibles pueden hallarse determinadas, en algún aspecto, de modo genérico en la ley, de forma de hallarse sujetas a la complementación o especificación de otra instancia legislativa o administrativa. Ejemplo de ello es la llamada «ley penal en blanco», categoría que se caracteriza por consistir en una norma-marco que, si bien determina la conminación penal, lo hace en modo tal que su configuración plena supone una cierta integración con otros preceptos a los que aquélla remite, en cuanto a los presupuestos de la punibilidad, siendo factible lograr dicha integración con normas de índole variada (leyes o reglamentos, básicamente). La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que no siempre puede juzgarse inválido el reconocimiento legal de ciertas atribuciones normativas al Poder Ejecutivo, libradas a su arbitrio razonable, en la me
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