Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136943
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. arts. 495, 496 y concs., CPP).
Se regulan los honorarios profesionales del letrado interviniente, doctor César Albarracín, en la suma equivalente a diez (10) jus, por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.943, "Heine, Juan Ariel Cristian. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 101.607 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
El Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Plata -en lo que interesa destacar- condenó el 31 de octubre del 2019, a Juan Ariel Cristian Heine a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, por hallarlo coautor responsable de los delitos de asociación ilícita en calidad de organizador (hecho I), en concurso real con robo calificado por su comisión en despoblado y en banda y estelionato en concurso real (hecho II); robo calificado por su comisión en despoblado y en banda y estelionato en concurso real (hecho IV); robo calificado por su comisión en despoblado y en banda y coacción agravada en concurso real (hecho V); y como autor responsable del delito de cohecho -dos hechos en concurso real- (hecho VI).
La defensa particular de Heine, articuló un recurso de casación y la Sala V del Tribunal de Casación Penal, por mayoría, rechazó el recurso (sent. digitalizada de fecha 23 de diciembre de 2021).
Contra ello, el defensor de confianza del imputado, doctor César Albarracín, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Por resolución del 14 de junio de 2022 la Sala recurrida lo declaró parcialmente admisible y habilitó únicamente el agravio por presunta errónea aplicación de los arts. 166 inc. 2 y 173 inc. 9 del Código Penal, a la vez que declaró inadmisibles los restantes.
Esto último motivó la presentación de una queja ante esta Suprema Corte que fue desestimada mediante pronunciamiento del 29 de septiembre de 2022. La defensa interpuso entonces un recurso extraordinario federal finalmente rechazado por esta Corte mediante resolución del 12 de diciembre de 2023 en el marco de la causa P. 136.872.
Oído el señor Procurador General mediante dictamen digital del 7 de marzo de 2023, dictada la providencia de autos (8 de marzo de 2023), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. En el estricto marco en que fue habilitada la vía emprendida ante esta Corte, la defensa de Juan Ariel Cristian Heine denunció la arbitraria y errónea aplicación de las figuras de robo calificado y estelionato (v. apdo. IV.3. del recurso de inaplicabilidad de ley en formato digital).
I.2. Desde la perspectiva del recurrente, en el caso en examen lo que aconteció es el intento por sancionar tres hechos constitutivos del delito de usurpación, que por el transcurso del tiempo estarían prescriptos, y por tal razón se habría acudido arbitrariamente a subsumir tales hechos en figuras legales que -a su entender- resultan inaplicables.
Luego de transcribir la descripción que de los hechos denominados II, IV y V hicieran los tribunales inferiores, el recurrente concluyó que, en los tres casos, se describieron -como hecho principal- usurpaciones. Afirmó que, en los tres, se hace mención a que, una vez tomada la posesión de los inmuebles mediante uso de la fuerza, los sujetos activos se apoderaron de elementos existentes en el lugar, muchos de los cuales serían finalmente enajenados a terceros. Frente a tal escenario, sostiene la parte que se intentó acudir a las figuras de robo calificado y estelionato con el fin de evitar la prescripción que, respecto de tales hechos, ya habría operado.
Puntualizó que las violencias desplegadas sobre los candados de ingreso, para permitir que los ocupantes tomasen los predios y una vez dentro de él, repeliesen cualquier intento de recuperación, no importaron por sí mismas un acto de ejecución ni de consumación de robo. De lo contrario -afirmó- no habría usurpación que, a la vez, no conlleve el principio de ejecución de un robo calificado. Afirmó entonces que la mecánica descripta en los tres sucesos desvinculó la violencia para el ingreso, del posterior apoderamiento que se efectuara de los muebles o cosas existentes en el interior de cada uno de los predios usurpados.
Añadió luego que tales apoderamientos de bienes muebles realizados con posterioridad a las usurpaciones, se concretaron sin violencia, toda vez que los sujetos activos ya tenían el poder de hecho sobre los inmuebles. Teniendo en consideración dicha circunstancia, consideró que -a lo sumo- se habrían consumado diversos hurtos luego de las usurpaciones.
I.3. Con relación a la figura del estelionato adujo que no resultaba razonable sancionar al autor del apoderamiento ilegítimo también como autor del estelionato (es decir por vender, a su vez, el objeto robado).
Sostuvo que se trató de un concurso aparente de delitos dado que la tipicidad del estelionato quedó consumida materialmente por la tipicidad del delito de robo o hurto aplicable al desapoderamiento previo.
Por último, consideró que intentar penar como hecho independiente la venta posterior del objeto hurtado importó una interpretación "asistemática" de la ley solo explicable por un ánimo "al extremo represivo".
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso. Coincido con tal dictamen ya que, como se explicará, los agravios admitidos por el inferior -que fueran reseñados en el punto anterior- son fruto de una reflexión tardía.
III. Tras el fallo condenatorio, la defensa técnica de Heine, en ese entonces bajo la representación del doctor Julio Ricardo Beley, dedujo un recurso de casación en el cual formuló los siguientes cuatro planteos:
Primero. Denunció absurda valoración de la prueba con la que se acreditaron los hechos. Se quejó a su vez por la falta de motivación en la desestimación de los planteos referidos a la activación del mecanismo previsto en el art. 366 del Código Procesal Penal, puntualmente en lo referente a la confrontación de los testigos con sus declaraciones previas; como así también, lo atinente al señalamiento del imputado durante el debate en transgresión de la reforma procesal introducida por la ley 15.001; y la ponderación de las escuchas telefónicas no incorporadas por lectura. Asimismo, denunció inobservancia y errónea aplicación de los arts. 1, 106, 362, 366, 448 inc. 1, siguientes y concordantes del Código Procesal Penal y 18 de la Constitución nacional.
En este planteo concluyó afirmando que el actuar de su asistido Heine no reflejó el dolo requerido por la asociación ilícita (art. 210, Cód. Penal) y argumentó sobre la falta de acreditación probatoria de dicha figura, peticionando la absolución del imputado, "al menos" desde la perspectiva de la duda beneficiante.
Segundo . En este siguiente planteo aludió a la errónea aplicación del art. 210 del Código Penal y la inconstitucionalidad de esa figura por violación del principio de lesividad y del ne bis in idem.
Puntualizó que el delito de peligro abstracto de asociación ilícita pune actos preparatorios y que -a su juicio- resulta inconstitucional por afectar el principio de lesividad (art. 19, Const. nac.), y el derecho de reunión.
De tal modo adujo que, la falta de determinación concreta del bien jurídico protegido, en contrariedad con el principio de máxima taxatividad legal y la desatención al postulado de exterioridad y lesividad de la acción penalmente relevante, hacían que la figura en cuestión fuera cuestionable al confrontarse con los principios básicos que limitan el poder penal del Estado.
Cuestionó también en este apartado el carácter de organizador otorgado a Heine.
Además, consideró que, si uno de los delitos indeterminados pergeñados por la banda era la usurpación de fundos rurales y el mismo se consumó, ese delito de resultado desplazó al de mero peligro por aplicación de los principios del concurso aparente de subsidiariedad o consunción.
Impugnó luego el tratamiento dado al material probatorio testimonial acreditante del denominado hecho II calificado como robo en despoblado y en banda y estelionato, en concurso real.
Idéntico criterio al anterior adoptó respecto del hecho denominado IV calificado como robo en despoblado y en banda y estelionato en concurso real, ocurrido en el campo "Kotako", cuestionando una vez más la ponderación de la prueba testimonial tenida en cuenta por el tribunal para acreditar la participación de Heine en el evento.
Con relación al hecho V (robo calificado en despoblado y en banda y coacción agravada en concurso real), criticó las declaraciones testimoniales prestadas concluyendo que no existió un robo ni tampoco coacción, "ni siquiera" una usurpación (por la presunta prescripción de tal figura) o una turbación de la posesión, porque quienes ocupaban ese predio no tenían la posesión ni un mandato expreso para estar allí; solicitó entonces también la absolución en este hecho.
Y en cuanto al último de los sucesos delictivos atacados (hecho VI, calificado como dos eventos de cohecho en concurso real), sostuvo que, al contrario de lo resuelto, fueron los policías quienes le exigieron a Heine la entrega de una suma de dinero.
Tercero . Como tercer agravio cuestionó la aplicación de una pena superior a la solicitada por el acusador (quien había solicitado once años mientras que el tribunal la estimó en catorce) y el cercenamiento del derecho de defensa en juicio.
Cuarto . Como cuarto y último, bregó por la errónea aplicación de la declaración de reincidencia impuesta a su defendido puesto que, según alegó, habían transcurrido los diez años aludidos en el art. 50 del Código Penal, por lo que no correspondía tal declaración. En subsidio, solicitó la unificación de las penas bajo el sistema composicional.
IV. Es de destacar que el tribunal designó audiencia en los términos del art. 458 del Código Procesal Penal en forma remota, pero el entonces defensor particular del imputado desistió de aquella y presentó memorial sin invocar -tampoco en ese escrito- ninguno de los agravios que ahora sustenta su reclamo ante esta Corte.
V. En el pronunciamiento ahora en crisis, el Tribunal de Casación reseñó los planteos de la defensa y le dio respuesta a cada uno de ellos.
Así, y tras un desarrollo pormenorizado de la prueba testimonial reunida, tuvo por debidamente acreditados los ilícitos reprochados, como así también la intervención de Heine en los mismos. Por otro lado, ratificó que se encontraban reunidos los requisitos de las figuras endilgadas, en particular, desarrollando los presupuestos de la objetada asociación ilícita (art. 210, Cód. Penal). Asimismo, confirmó que no conculcaba el derecho de defensa la imposición de un monto de pena mayor que el pedido por el acusador.
Conforme resulta de todo lo anteriormente expuesto, los reclamos de la defensa que han quedado habilitados al examen de esta Corte no fueron previamente sometidos -en tales términos- ante la instancia de Casación cuando le era posible hacerlo a esa parte.
De lo reseñado queda en evidencia que no hubo un planteo tendiente a discutir la configuración de la violencia típica de los robos, en consonancia con la propia del ingreso a los predios, como así tampoco hubo ningún fundamento tendiente a propiciar la inaplicación a los hechos comprobados, de la figura del art. 173 inc. 9 del Código Penal.
En efecto, sobre tales ilícitos la defensa únicamente mencionó -a lo largo del extenso recurso casatorio- que "...no ha existido un robo calificado de nada, ni ha existido una coacción agravada de nada, ni siquiera existió una usurpación (que ya está prescripta) o una turbación de la posesión...".
Esa aislada mención no se condice con los argumentos ahora expuestos en los agravios que traspasaron el juicio de admisibilidad. Se trata entonces de una variación argumental tan drástica respecto de las críticas propuestas ante Casación, que de por sí, tornan inaudibles -por novedosos- los agravios ante esta Corte.
En síntesis, la defensa omitió llevar ante Casación -pudiendo hacerlo- los planteos sobre la subsunción típica de los hechos en las figuras de robo calificado y estelionato (tal como ya fueron detallados en el apdo. I de la presente), por lo que resultan extemporáneos (doctr. art. 451 tercer párrafo, CPP; conf. causas P. 75.534, sent. de 21-XI-2001; P. 89.368, sent. de 22-XII-2004; P. 131.533, sent. de 11-IX-2019; P. 132.720, sent. de 29-IV-2020; P. 133.301, sent. de 20-IV-2021; entre muchas otras).
Por todo lo expuesto, es que doy mi voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al voto de la colega doctora Hilda Kogan por compartir sus fundamentos.
Tal como se concluye en el sufragio de la ponente, tras una exhaustiva reseña de lo obrado en el caso, los planteos esgrimidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -en el acotado marco del juicio de admisibilidad que prosperó y habilita la competencia del Tribunal- son producto de una reflexión tardía.
Es que la parte no llevó ante la instancia intermedia ninguna objeción concreta tendiente a discutir la configuración de la violencia típica de los robos, en consonancia con la propia del ingreso a los predios, como así tampoco argumentó particularmente sobre la inaplicabilidad a las diversas materialidades ilícitas que se tuvieron por comprobados de la figura del art. 173 inc. 9 del Código Penal.
No se me escapa lo expresado -en disidencia- por el juez Carral respecto de uno solo de los hechos en cuestión y sobre la figura del estelionato. Sin embargo, no solo porque la defensa de Heine omitió toda consideración sobre estos tópicos a lo largo de la pieza impugnativa llevada ante Casación (basta ver que el término "estelionato" aparece mencionado únicamente cuando se describe la condena objeto de recurso, sin ninguna alusión al art. 173 inc. 9 del Código Penal, al enumerarse en el punto IV relativo a las "disposiciones legales aplicadas erróneamente y violadas" aquella disposición); sino, además, porque, en el remedio articulado ante esta Sede, las genéricas observaciones que realiza tampoco hacen foco en el núcleo argumental del voto disidente, sino que transcurren por otro andarivel, como quedó reseñado en el voto al que adhiero.
Queda así puesto en evidencia que ni, por caso, la invocación del voto en minoría contribuye a menguar lo concluido en cuanto a lo extemporáneo de los planteos de la parte -al menos en relación con el mentado hecho IV y ese delito-, pues el argumento además de tardío no se condice con aquel.
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan con más los fundamentos adicionados en el dictamen del señor Procurador General referidos, particularmente, a la afectación del principio de unidad de defensa ante la variación argumental que se advierte en el caso respecto de los planteos desarrollados por el anterior defensor del imputado.
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. arts. 495, 496 y concs., CPP).
Se regulan los honorarios profesionales del letrado interviniente, doctor César Albarracín, en la suma equivalente a diez (10) jus, por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/12/2023 17:59:27 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/12/2023 08:38:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/12/2023 09:27:26 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2023 13:59:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2023 15:00:03 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 22/12/2023 08:12:42 hs. bajo el número RS-182-2023 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia