Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137008
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.008, "Velázquez, Héctor Fernando. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 103.265 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan.
El Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes, el 9 de diciembre de 2019, condenó a Héctor Fernando Velázquez a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por haber sido cometido contra una persona con quien se ha mantenido una relación de pareja (art. 80 inc. 1, Cód. Penal; v. sentencia en formato digital).
A su turno, la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 11 de agosto de 2021, en lo que ahora interesa destacar, rechazó el recurso interpuesto por la defensa oficial a favor del imputado. Contra esa decisión, el señor defensor oficial adjunto de Casación, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. documento en formato digital), que fue declarado admisible por el tribunal intermedio mediante resolución de fecha 6 de julio de 2022.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de fecha 22 de febrero de 2023), dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto denunció -en un único planteo- la arbitrariedad de la sentencia por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes del Superior Tribunal federal, lo cual -a su entender- ha importado la revisión aparente del pronunciamiento de condena con infracción de los arts. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 75 inc. 22 y 18 de la Constitución nacional.
Sostuvo que el agravio vinculado a la valoración probatoria para tener por acreditada la autoría de su asistido en el hecho constituyó un tránsito aparente por la instancia intermedia que vulneró la garantía del doble conforme.
Tras realizar una completa transcripción de lo decidido por el órgano revisor, alegó que dicho tribunal se limitó a reproducir y reeditar la valoración del fallo de condena. Pues, en efecto como respuesta a los planteos formulados por la defensa tras reiterar lo señalado por el a quo , afirmó "...que la decisión se encuentra fundamentada y que por tanto no resulta arbitraria". De ese modo, sostiene, "...la tarea revisora se desentendió de responder los cuestionamientos de la defensa en el recurso de la especialidad...".
Rememora que había llevado a conocimiento del órgano intermedio la cuestión del levantamiento debajo de las cinco uñas de la mano derecha de la víctima de material genético cuyo perfil no coincide con el del imputado, sino que corresponde a la propia víctima y a otro individuo masculino no coincidente con Velázquez. Asimismo, había cuestionado la defensa la declaración del primo de la víctima, "...en tanto una amplia y propia compulsa de la totalidad de las actuaciones, les hubiera llevado al órgano encargado de garantizar el 'doble conforme' de la sentencia de condena, el debido proceso, la defensa en juicio y el principio in dubio pro reo , a cuestionarse cuanto menos, la incongruencia señalada por la defensa en el recurso de la especialidad".
De otro lado, cuestionó también el testimonio de la hermana de la víctima, quien afirmó en su juramentada ante la audiencia oral que Velázquez había pasado a buscar a su hermana por su casa y que el hecho ocurrió en el trayecto hacia la Ruta 2, pero sin explicar cómo le constaban dichos eventos.
También, señaló que la hija de la víctima refirió en el debate que su mamá no quería tener una relación con Velázquez, que fue su tía quien le confirmó que sí la tenía, pero al testimoniar frente al fiscal en la etapa investigativa había respondido que no había otra relación entre su madre y Velázquez más que la propia de remisero-pasajera.
Aseguró entonces la defensa que, si el Tribunal hubiera compulsado la totalidad de las actuaciones para garantizar el derecho del imputado al "doble conforme" de la sentencia de condena, hubiera advertido que, conforme los elementos colectados en la etapa preliminar, la causa no podría haber sido elevada a juicio por el delito previsto y penado por el inc. 11 del art. 80 del Código Penal. Añadió que el propio representante fiscal sentó en la requisitoria que -en todo caso- hubo una relación imaginada por el imputado más no una relación sentimental o de pareja entre ambos. Sin embargo, al inicio del debate, el representante fiscal en sus lineamientos manifestó que se acreditaría a lo largo del juicio que el imputado cometió el delito de homicidio doblemente agravado por haber mantenido una relación de pareja y por ser cometido por un hombre hacia una mujer en los términos del art. 80 incs. 1 y 11 del Código Penal.
En definitiva, insistió en que la lectura del fallo daba cuenta del tránsito aparente por el órgano revisor, limitándose a convalidar lo decidido por el inferior, reeditando la sentencia y hasta citando fojas de los principales que no compulsó y respondiendo los planteos de la defensa mediante fórmulas genéricas y dogmáticas, cuando debió compulsar por sí la totalidad de las constancias de la causa para responder los cuestionamientos de la defensa en el recurso de casación, y no remitirse a lo que la sentencia de grado consideró la prueba de cargo que permitía arribar a la certeza necesaria para un fallo de condena.
Más aún sostuvo que si la Casación hubiera cumplido con su misión garantizadora de los derechos del imputado debía, cuanto menos, haber recalificado el hecho en los términos del art. 79 del Código Penal toda vez que -a su entender- no se acreditó con la certeza exigida para un fallo condenatorio ni los elementos que exige el tipo penal del inciso 11 ni tampoco los recaudos del inciso 1, ambos del artículo 80 del digesto sustantivo, lo que surge palmario de los votos de cada una de las juezas de grado.
En aval de su postura, recordó el alcance que la Corte federal atribuyó al derecho al recurso con cita del fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
II. El señor Procurador General dictaminó aconsejando el rechazo del recurso interpuesto. Coincido con su opinión.
III. En primer lugar, la decisión del Tribunal de Casación respecto del pronunciamiento de la instancia, según se verá, cumple con los estándares emergentes de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncia, en tanto abordó y se expidió sobre los motivos de agravio llevados a su conocimiento.
III.1. En lo que aquí interesa, la Casación reseñó la materialidad ilícita que se tuvo por debidamente acreditada del mentado delito de homicidio calificado en los siguientes términos: "...el día 9 de agosto de 2016, entre las 7:10 y las 8:30 horas aproximadamente, un sujeto de sexo masculino interceptó a Micaela Lorena Elías luego de que esta saliera de su domicilio sito en [...], y la hizo abordar un automóvil de su propiedad, marca Renault 12 de color celeste dominio TXU-377, a fin de trasladarla, presuntamente, hacia su lugar de trabajo, siendo que en el trayecto, con la evidente intención de ocasionarle la muerte, le colocó un cable, alambre o pañuelo en el cuello realizando maniobras de ahorque que causaron su deceso por un paro cardiorrespiratorio traumático por asfixia mecánica. Posteriormente este mismo sujeto, arrojó el cuerpo desde el automóvil descripto, sobre la banquina de la Ruta provincial 36 Km 36,500 de Bosques, Florencio Varela".
III.2. Al dar respuesta a similares planteos a los aquí esgrimidos, con relación a la acreditación de la autoría de Velázquez en el hecho, el tribunal intermedio convalidó lo decidido por el órgano de primera instancia en cuanto -adelantó- que "...la participación del imputado en el suceso resulta susceptible de ser probada por cualquiera de los medios que las partes consideren pertinente ofrecer y que el Juez o Tribunal considere pertinente valorar, siempre que se respeten todas y cada una de las garantías constitucionales involucradas".
De seguido precisó que, en cuanto a la valoración de la prueba, el art. 210 del Código de rito sólo le exige al sentenciante la expresión escrita de su convicción sincera respecto de los hechos juzgados, ello en tanto rige el principio de la sana crítica racional.
Sentado ello, señaló no encontrar motivos suficientes para hacer lugar a lo solicitado por la defensa, puesto "...a que no refiere en sus postulados a la totalidad de los elementos probatorios a los cuales acudió el a quo para arribar a la conclusión fundada de tener por acreditada la participación de Velázquez, aspecto de la resolución que consider[ó] motivado y razonado".
En ese orden sostuvo que "...al tratar la segunda cuestión del veredicto, el sentenciante -por unanimidad- dio acabada y suficiente fundamentación para tener por acreditada la autoría del imputado respecto del asesinato de Micaela Lorena Elías.//Para así decidir, los miembros del Tribunal valoraron negativamente la propia versión que del evento hiciera Velázquez (quien negó en reiteradas ocasiones haber tenido participación en el suceso que se le achacaba), ello a partir de contrarrestar sus dichos con el restante cúmulo de prueba recabado.// En este último sentido, por caso, el imputado negó haber transitado con su vehículo por la ruta 36 el día del hecho, siendo que tal afirmación fue desvirtuada por abundante prueba testimonial e incluso documental, como la video filmación agregada a la causa.// En efecto, para ubicar el automóvil propiedad del imputado en el lugar y momento del suceso, fueron ponderados los testimonios aportados por Lucas Alejandro Ignacio, Leonardo Emanuel Martín y Hernán De Kemmeter, quienes en esa época estaban estudiando para cadete de policía y manifestaron en el debate que vieron, alrededor de las 8.00 horas del día en cuestión, un auto Renault 12 color celeste o clarito parado al costado de la ruta, siendo que los testigos luego identificaron ese vehículo en la comisaría el que había sido a esa altura secuestrado en poder de Velázquez; siendo que el testigo Ignacio incluso lo reconoció por una estampita que tenía en la luneta trasera, dato que es corroborado a partir de las placas fotográficas del vehículo".
Sumó a lo anterior que "...la presencia del automóvil del imputado en la zona del hallazgo del cuerpo de la víctima, también surgió de lo consignado en el informe de fs. 124 y el contenido del DVD a fs. 125 (ambos del expediente principal), de donde se desprende que 'a las 8:23.55 horas del día 9 de agosto de 2016 circuló un vehículo Renault 12 celeste, de las mismas características de las del imputado, por la ruta provincial n° 36, con sentido cardinal norte sur, y fue captado por la cámara de seguridad de EDEA, establecimiento que se encuentra próximo al lugar del hallazgo del cadáver".
Añadió a ello la ponderación del testimonio de Gustavo Noguera quien explicó en el debate que ese día transitaba con su moto cuando vio unos pies saliendo de los pastos del costado de la ruta, por lo que retrocedió y se encontró con la chica, ahorcada con un pañuelo en el cuello. "Manifestó que en esa oportunidad pasó un Renault 12 por el carril contrario de la ruta y un hombre pelado le preguntó '¿la chica está muerta?' y siguió su camino; esto último llamó la atención del testigo pues debido a la distancia entre el auto y el cuerpo, la altura del guar[darraíl] y la niebla, era raro [que] este sujeto -por el imputado- se diera cuenta [de] que era una mujer".
"Noguera dijo que reconoció al imputado cuando lo llevaron a la Seccional policial como el sujeto que paró a preguntar. Es decir que este testigo fue contundente en corroborar la presencia del imputado en su vehículo en la zona del hallazgo del cuerpo de la víctima, desvirtuando por completo la versión de Velázquez en cuanto a que ese día no estuvo por allí".
Otro elemento que se ponderó como indicio en contra de Velázquez consistió en que el automóvil del imputado al que se viene haciendo referencia apareció higienizado inmediatamente después del hecho. También, el hallazgo dentro del habitáculo de aquel de un aro y un pañuelo de propiedad de la víctima.
Con relación al impugnado testimonio de David Elías (efectivo policial que llevó a cabo el procedimiento, siendo además primo de la víctima), no advirtió el juzgador -contrariamente a lo sostenido por la defensa- aspectos tendenciosos o vicios de parcialidad manifiesta en sus dichos.
Asimismo, descartó el revisor el planteo de la parte que apuntara sobre la carencia de rastros o evidencias de lucha o forcejeos en el interior del vehículo según se desprende de la pericia papiloscópica, en virtud de la higienización que recibiera el vehículo luego del hecho y, por otro lado, señaló que el hallazgo de un mechón de pelo en la mano de la víctima es indicativo de una situación de violencia y desesperación de aquella.
También desechó el argumento de la defensa acerca del dato referido a que la agencia de remís se encontraba por entonces clausurada, pues a partir de los dichos de la hija de la víctima se acreditó que Micaela Elías se comunicaba telefónicamente con el imputado para ir y venir de su trabajo, para trasladar a su hija o familiares, lo que se corresponde con los papeles encontrados en la billetera del acusado al momento de la aprehensión donde constaba el número telefónico de la víctima. Por eso, estimó que tal estado de cosas denotaba que la operatoria se concretaba independientemente de la apertura de la agencia, lo cual desvanecía el planteo de la defensa.
Destacó por fin el Tribunal que "...se ha acreditado que Velázquez mantenía una relación con la víctima y era quien habitualmente la trasladaba en horas de la mañana a su lugar de trabajo haciéndolo en su vehículo Renault 12, que ese vehículo fue visto el día del homicidio en el lugar donde se encontró el cuerpo, que tal como lo dijo el testigo Noguera el imputado demostró saber que el cuerpo encontrado era de una mujer cuando desde el lugar en que se [hallaba posicionado] no podía haberlo notado, que inmediatamente después el nombrado se ocupó de higienizar completamente el rodado, que dentro del auto se encontraron un aro y un pañuelo propiedad de la víctima".
Asimismo, se tuvo en cuenta, tal como varios testigos lo expusieron en el juicio, que el imputado y su esposa habían tenido un violento conflicto con la víctima en razón de la relación que mantenía aquel con esta. Llegando Velázquez a amenazar a Micaela diciéndole que "...si no estaba con él no estaba con nadie" y que "...la iba a matar ahorcada".
De tal modo, y frente a tal cúmulo de prueba indiciaria, el juzgador encontró suficientemente motivado el veredicto en cuanto al apartamiento de las hipótesis planteadas por la defensa del imputado, a partir de la valoración probatoria que fuera reseñada, la cual reputó ajustada a los criterios de la lógica y de la sana crítica.
En tal sentido -sentenció- las circunstancias analizadas resultaron indicios múltiples, graves y unívocos de la autoría del imputado con relación al hecho del caso.
De seguido añadió que "...no existe en el recurso de casación en trato una argumentación eficiente para desbaratar dicha conclusión puesto que los cuestionamientos del recurrente sobre el punto se dirigen de modo sesgado contra algunos de los indicios ponderados por el juzgador pero son ineficaces desde que intenta deteriorar el valor suasorio de los elementos valorados criticándolos aisladamente, obviando de ese modo la conducencia que de su valoración conjunta emana".
En tal contexto sostuvo que "...la evaluación en conjunto de los elementos no presenta caminos ambiguos, logrando dar certeza a los hechos conocidos y probados y formar juicio lógico inductivo sobre los hechos desconocidos".
Así, recordó que las críticas aisladas de la defensa contra cada indicio en particular, bajo el pretexto de que cada indicador de modo separado resultaba insuficiente para atribuirle a Velázquez la autoría del homicidio juzgado no prosperaban, en tanto es sabido que "...la prueba indiciaria debe valorarse en forma conjunta y no aisladamente, pues cada indicio considerado por separado como único puede dejar margen para la incertidumbre, lo que no sucede si se los evalúa de modo conjunto".
También consideró indemostrada la denunciada inobservancia del art. 1 del Código Procesal Penal en cuanto alude al principio in dubio pro reo , toda vez que esa incertidumbre no se evidenció en el caso en lo tocante a la responsabilidad penal del imputado.
IV. De todo lo antes transcripto surge que el tribunal del recurso abordó los reclamos de la defensa referidos a la acreditación de la prueba de la autoría de Velázquez en el hecho, así como lo atinente a la solicitud de aplicación del beneficio de la duda, conforme los motivos de agravio que fueron sometidos a su conocimiento.
En rigor, se aprecia que las críticas de la parte impugnante están dirigidas a cuestionar el valor otorgado a la prueba de cargo en las instancias anteriores -dando para ello una particular interpretación de lo sucedido-, temática que escapa al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte, salvo la cabal demostración del vicio de absurdo o la arbitrariedad del fallo, lo que aquí no se presenta mínimamente abastecido (doctr. arts. 494 y 495, CPP y 15, ley 48).
El control efectuado por Casación abastece la garantía consagrada en los arts. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según los alcances fijados en el precedente "Casal" por la Corte federal (Fallos: 328:3399), teniendo en cuenta las posibilidades derivadas de la falta de inmediación y con base en las constancias de autos.
Cabe agregar, con fundamento en todo lo antes transcripto, que el órgano recurrido desplegó su competencia revisora sin mallas formales desnaturalizadoras, abordó los argumentos de la parte y los descartó, proporcionando las razones por las cuales asumía tal temperamento decisorio, por lo que no se advierte ni la defensa ha logrado patentizar la restricción cognoscitiva denunciada a tenor de la doctrina y jurisprudencia que cita vinculada con la supuesta afectación al derecho al recurso.
Y si bien no se me escapa que el Tribunal de Casación hizo referencias a la sentencia recurrida -lo que resulta inevitable-, no se aprecia que pueda predicarse arbitrariedad en el hecho de que el órgano revisor haya coincidido con el de grado en el mérito que hizo de la prueba rendida, pues ese único elemento no justifica la causal de arbitrariedad aducida.
La afirmación de la defensa de que el escrutinio llevado a cabo significó un "tránsito aparente" que frustró el derecho al doble conforme, tampoco se condice con lo sucedido en el caso, porque el tribunal revisor abordó cada uno de los planteos formulados y dio fundadas razones para descartarlos.
Tiene dicho esta Suprema Corte que "...la doctrina de la máxima capacidad de rendimiento a la que debe llevarse la tarea revisora a fin de garantizar la amplitud establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del [precedente] 'Casal' [cit.], cuya doctrina fue extendida a los sistemas recursivos provinciales in re 'Salto' -Fallos 329:530, sent. de 7-III-2006-) y posibilitar la realización de u
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