Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137684
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 495 y concs., CPP).
Se regulan los honorarios profesionales del letrado interviniente, doctor Esteban Horacio Cáceres, en la suma equivalente a dieciocho (18) jus, por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.684, "Salinas, David Alejandro. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 111.466 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de San Martín condenó a David Alejandro Salinas a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego y homicidio criminis causa (hecho I), y autor responsable de los delitos de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego (hecho II) y portación ilegal de arma de fuego de uso civil (hecho III), todos en concurso real.
Contra esa decisión, el señor defensor de confianza del imputado interpuso un recurso de casación. La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 12 de abril de 2022, rechazó el recurso interpuesto.
El señor defensor -doctor Esteban Horacio Cáceres- dedujo un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue declarado admisible "...en lo relativo a la denunciada errónea aplicación de la ley sustantiva..." por el órgano revisor (conf. resol. de 4 de octubre de 2022), sin que tal decisión motivara queja de la defensa.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 18 de mayo de 2023), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El recurrente denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 y la inobservancia del art. 165, ambos del Código Penal, por considerar que no resultó debidamente acreditada la premeditación para la configuración del homicidio agravado, en tanto ese elemento subjetivo fue inferido arbitrariamente de la prueba producida en autos.
Sostuvo que, analizando los distintos medios probatorios producidos en el debate y ratificados por el tribunal revisor (desde las declaraciones testimoniales de aquellos testigos que acudieron personalmente al debate, hasta aquella prueba que se convino agregar por lectura), se llega a la conclusión de que existió un conocimiento parcializado y escaso por parte del tribunal actuante, que dio como resultado la sentencia ahora atacada. Consideró que el órgano casatorio brindó fundamentos insuficientes para sostener el fallo y justificar la condena impuesta a Salinas, y que es posible llegar a un resultado distinto en cuanto al delito atribuido al imputado.
Se explayó de seguido sobre la valoración probatoria: hizo referencia a los testimonios ponderados y argumentó que de ellos no surgen indicios que acrediten sin duda alguna que su asistido haya sido quien portaba el arma de fuego en cuestión, ni quien disparó contra la víctima Sergio García.
Añadió que de las pruebas del caso surge que quien portaba el arma de fuego no pretendía acabar con la vida de García para ocultar el robo o lograr la impunidad, sino que el disparo se produjo para repeler el inesperado ataque de la víctima.
En definitiva, expresó que, por aplicación del principio in dubio pro reo , debió encuadrarse el suceso enjuiciado en la figura del art. 165 del Código Penal, que determina que el homicidio se produjo en ocasión del robo, lo cual solicitó que sea aquí enmendado.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, cabe señalar que, dado el modo en que ha sido formulado el agravio al deducir el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, esto es arbitrariedad e incorrecta interpretación de la norma de fondo, ambas cuestiones están inescindiblemente ligadas entre sí. De manera que la no concesión del tramo vinculado a la arbitrariedad implicaría una inadecuada ruptura de la unidad conceptual de la argumentación del apelante, por lo que resulta necesario analizar conjuntamente el reclamo admitido en la órbita del derecho de fondo y el motivo de arbitrariedad desde la perspectiva conexa (conf. CSJN Fallos: 340:1149; SCBA causas P. 133.182, resol. de 11-III-2020; P. 133.084, sent. de 15-XII-2020; e.o.).
III.2. El recurrente solo cuestionó el hecho I, por lo que, en lo que aquí es de interés, corresponde destacar que el tribunal de mérito tuvo por acreditado que: "...el 29 de diciembre de 2012 siendo aproximadamente las 07.00 horas en circunstancias en que el imputado David Alejandro Salinas junto a otros dos masculinos, ingresó a la obra en construcción sita en 18 de Octubre y Nueva Granada de José C. Paz P.B.A., y mediante intimidación llevada a cabo con un arma de fuego tipo escopeta que portaba, sustrajo los efectos personales de Ángel Lizarazu Montaño, Oscar Mercado Camacho y Sergio Miguel García. En esas circunstancias y ante la resistencia opuesta por este último, el encartado Salinas le efectuó un disparo de escopeta a la altura del abdomen que le ocasionó la muerte momentos después".
III.3. Al dar respuesta a similar planteo al aquí esgrimido, el órgano revisor -por mayoría- expresó que la queja vinculada al encuadre legal no lograba evidenciar el vicio que se le atribuía a la decisión.
Coincidió con la ponderación de los elementos probatorios efectuada por el tribunal de la instancia, y señaló que del contexto del hecho surgían distintas circunstancias que daban cuenta de que el enlace material entre el robo y el homicidio era correcto. Así, precisó que "Los agresores sorprendieron a las víctimas e intimidándolos con un arma de fuego los despojaron de sus pertenencias. Cuando se disponían a retirarse, esto es, antes de consumar el robo calificado, uno de los damnificados intentó impedirlo, lanzándose con un elemento -picota-, contra el que estaba armado, siendo que, en ese contexto, aquel le disparó a la altura del abdomen. De tal manera queda satisfecha una de las tres variantes que prevé el artículo 80 inciso 7° del Código Penal, matar para consumar otro delito".
Los jueces consideraron "...que no puede ni siquiera insinuarse una situación de defensa del agresor, o algo semejante, ni menos negar el dolo homicida en cabeza del autor. Salinas instantes antes golpeó en la cabeza a Lizarazu con dicho elemento, pudiendo distinguir claramente la capacidad ofensiva de su uso como arma impropia. El acusado le disparó a corta distancia a una zona vital del cuerpo de la víctima cuando ésta intentó interceptarlo e impedir, en definitiva, que se retirara con sus pertenencias, resultando el disparo mortal la manera de consumar la sustracción" (del voto del juez Borinsky, al que adhirió el juez Carral).
Destacó luego que en el mismo sentido se ha expedido el Máximo Tribunal bonaerense "...ratificando la doctrina sostenida en la causa P. 100.416, y en este punto ha dicho que del art. 80 inc. 7 del Código Penal no resulta, ni expresa ni implícitamente, que su elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito (P. 34.495, sent. del 6/II/1987) tal como lo interpreta la defensa al exigir la concurrencia de premeditación, planeamiento o preordenación..." (v. sentencia digital).
En síntesis, descartó de ese modo la tipificación pretendida por la defensa y ratificó lo actuado por los jueces del debate.
IV. Frente a lo así resuelto, el recurso se revela ineficaz para conmover la calificación de los hechos en los términos del citado art. 80 inc. 7 del Código Penal, ya que las discrepancias planteadas, bajo la denuncia de errónea aplicación de la norma de fondo, están dirigidas a cuestionar el valor otorgado a la prueba en las instancias anteriores -dando para ello una particular interpretación de lo sucedido y de los elementos de convicción tenidos en cuenta- a efectos de lograr un cambio en la calificación legal, y por ello escapan al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte (art. 494, CPP).
Al respecto, cabe señalar que, si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede derivar en una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la subsunción legal, salvo supuestos de absurdo o arbitrariedad, claramente alegados y demostrados, no le corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores de hecho invocados (conf. doctr. causas P. 98.594, sent. de 20-VIII-2008; P. 81.789, sent. de 13-V-2009; P. 116.231, sent. de 23-XI-2016; P. 132.452, sent. de 20-XI-2019; P. 133.140, sent. de 10-VI-2021; P. 134.707, sent. de 24-IX-2021; P. 134.725, sent. de 1-XII-2021; e.o.).
Con los indicios concatenados y valorados en su conjunto, ambas instancias concluyeron en que Salinas junto a otros ingresó al lugar con fines de robo, y que, en ese quehacer, la víctima intentó interceptarlo e impedir que se retirara con sus pertenencias, ocasión en que el aquí imputado le disparó a corta distancia a una zona vital del cuerpo, resultando tal disparo mortal la manera de consumar la sustracción emprendida.
La defensa se ha pronunciado poniendo énfasis en las consideraciones esgrimidas en el voto en minoría del juez Violini, en el sentido de destacar que no se habría acreditado que el homicidio haya sido cometido para preparar, consumar u ocultar otro delito o asegurar su resultado o procurar la impunidad por ausencia de prueba que acredite la preordenación de la muerte. Puntualizó asimismo que el decisorio resulta arbitrario por falta de fundamentos suficientes para aplicar la figura prevista en el art. 80 inc. 7 del Código Penal. Y que, frente a un cuadro de duda, debe estarse a la interpretación más beneficiosa para el imputado.
Sin embargo, la defensa no demuestra que lo decidido haya incurrido en el vicio denunciado, ni en un error en la aplicación de la ley sustantiva o en la doctrina legal de esta Corte que deba, por ende, ser aquí remediado, sino que su planteo se presenta meramente como un criterio divergente al del sentenciante que, por su insuficiencia, amerita su rechazo (doctr. art. 495, CPP).
Y, a todo evento, resulta oportuno refrendar la doctrina de esta Corte invocada por la Casación relativa a que el homicidio conexo no requiere necesariamente que "...el elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito" (conf., entre muchas, doctr. causas P. 131.546, sent. de 6-XI-2019; P. 132.776, sent. de 8-IV-2021 y todas las citadas en tales precedentes).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 495 y concs., CPP).
Se regulan los honorarios profesionales del letrado interviniente, doctor Esteban Horacio Cáceres, en la suma equivalente a dieciocho (18) jus, por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/12/2023 09:15:04 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/12/2023 11:22:38 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/12/2023 17:58:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/12/2023 18:30:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/12/2023 08:15:53 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 15/12/2023 10:17:05 hs. bajo el número RS-178-2023 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia