Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137755
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.755-RC, "Urquiza Rueda, Alejandro. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 7.118 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Junín", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres .
El Juzgado en lo Correccional n° 2 del Departamento Judicial de Junín, el 21 de marzo del 2022, condenó a Alejandro Urquiza Rueda a la pena de tres años y diez meses de prisión y nueve años de inhabilitación especial para conducir vehículos con motor, accesorias legales y costas, por considerarlo autor del delito de homicidio culposo cometido con culpa temeraria, agravado por exceso de velocidad (conf. art. 84 bis, primero y segundo párrafo, Cód. Penal).
La defensa particular de Urquiza Rueda interpuso un recurso de apelación y la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Junín, mediante la sentencia dictada el 23 de junio de 2022, hizo lugar parcialmente al recurso. En consecuencia, recalificó el hecho suprimiendo la culpa temeraria, y dejó en pie el resto de la calificación legal de homicidio culposo agravado por exceso de velocidad. Así, fijó la pena en tres años de prisión a cumplir y diez años de inhabilitación especial para conducir cualquier tipo de vehículo con motor.
Contra lo así decidido, los defensores particulares, doctores Rafael Cúneo Libarona y Tomás Carricart, dedujeron recurso extraordinario de inaplicabilidad.
La Cámara, mediante el pronunciamiento dictado con fecha 14 de marzo de 2023 -luego de diversas anulaciones y reenvíos dispuestos por esta Suprema Corte en el marco de la causa P. 137.182-Q, resolución de 24-X-2022 y de la presente, resolución de fecha 16-II-2023- en cumplimento del reenvío dispuesto por esta Suprema Corte, admitió el carril extraordinario por estimar que las denuncias de arbitrariedad por revisión aparente del fallo de condena, arbitrariedad en la interpretación del art. 84 bis del Código Penal, violación del principio in dubio pro reo, afectación del principio de congruencia, arbitrariedad en la imposición de una pena de efectivo cumplimiento, en la ponderación de atenuantes y agravantes y quebrantamiento de la prohibición contra la reformatio in pejus se plantearon con la suficiencia y carga técnica necesaria.
Oída la Procuración General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Los defensores particulares de Alejandro Urquiza Rueda, doctores Rafael Cúneo Libarona y Tomás Carricart, en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley desarrollaron los siguientes agravios:
I.1. Arbitrariedad en la revisión del fallo de condena, quebrantando el derecho al recurso (conf. arts. 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP; CSJN "Casal").
Recordaron que en el recurso de apelación se había planteado la falta de certeza respecto de la velocidad a la que venía circulando Urquiza Rueda, aspecto que, a su modo de ver, la Cámara trató deficitariamente.
En tal sentido, citaron extractos del fallo en crisis y sostuvieron que en el recurso de apelación se criticó la incongruencia de las pericias.
De seguido, reseñaron el testimonio del ingeniero mecánico de la Asesoría Pericial, Eduardo Humberto Murphy, quien durante el juicio habría explicado que no era posible realizar una estimación certera de la velocidad y, a su vez, se remitieron al informe incorporado por lectura.
Sobre la base de estos elementos probatorios, cuestionaron el croquis, el plano y las fotos; así como también las conclusiones que se extrajeron de estos elementos respecto a la mecánica del accidente y a la velocidad a la que iba circulando su defendido.
Señalaron que Murphy fue contundente en sostener la imposibilidad de calcular la velocidad, dando cuenta de diversas contradicciones entre los elementos de prueba (croquis, plano y fotos) que -según los recurrentes- no fueron abordadas por la Cámara.
Asimismo, manifestaron que no se analizaron las falencias en los informes de los ingenieros Ferretti y Díaz, elementos sobre los cuales la Cámara confirmó el exceso de velocidad. Destacaron que las conclusiones del experto sobre la velocidad no resultaron eficaces para conmover la presunción de inocencia de su asistido, a lo que aunaron otras críticas sobre la valoración probatoria de las huellas dejadas en el pavimento.
En definitiva, consideraron que la labor pericial se fundó en elementos inidóneos por lo que no era posible afirmar con certeza que su asistido hubiera circulado con exceso de velocidad para aplicar la agravante del art. 84 bis del Código Penal; que tales extremos fueron cuestionados en el recurso de apelación; y que no recibieron debido tratamiento por parte de la Cámara.
Concluyeron así que la sentencia en crisis era arbitraria por contener fundamentos aparentes y apartarse de las constancias del caso.
I.2. En segundo lugar, denunciaron arbitrariedad en el abordaje de la denuncia de violación al principio de congruencia, derivado del derecho de defensa en juicio.
Alegaron que en la sentencia se varió la plataforma fáctica. Explicaron que la imputación realizada por parte del Ministerio Público en la audiencia del art. 308 del Código Procesal Penal, así como también en la requisitoria fiscal de elevación a juicio y en los alegatos de apertura del juicio era diferente a la consignada en el fallo de condena.
Agregaron que el particular damnificado, en sus lineamientos de inicio, amplió los hechos materia de acusación en inobservancia de la ley procesal. Concretamente en cuanto al consumo de alcohol por parte del imputado, aspecto que no habría estado incluido en la acusación pública.
Puntualizaron que en la condena se incorporó en la descripción fáctica, que Urquiza Rueda condujo la camioneta pese a haber consumido alcohol al menos seis horas antes del hecho y se tuvo en consideración la calificación legal y la pena solicitada por el particular damnificado.
Insistieron en que mientras la fiscalía acusó a su asistido por el hecho y su aporte exacto al momento del accidente, se lo condenó por hechos anteriores y posteriores a la colisión.
A su entender, la violación al principio de congruencia fue arbitrariamente soslayada por la Cámara.
Por otra parte, argumentaron que el principio de congruencia también se quebrantó en lo vinculado con la calificación legal y el pedido de pena; en tanto en los alegatos de apertura y en los de cierre, la fiscalía solicitó que se condenara al acusado por el delito de homicidio culposo por conducción imprudente de vehículo con motor agravada por exceso de velocidad de más de 30 km/h de lo permitido en el lugar del hecho, y se le imponga la pena de tres años de prisión en suspenso, más diez años de inhabilitación especial para conducir vehículos con motor (conf. art. 84 bis, segundo párrafo, Cód. Penal). Sin embargo, el juzgado lo condenó por el delito de homicidio culposo provocado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de vehículo con motor, agravado por exceso de velocidad en más de treinta kilómetros del máximo permitido en el lugar del hecho y con culpa temeraria (conf. art. 84 bis, primero y segundo párrafo, Cód. Penal), y le impuso la pena de tres años y diez meses de prisión de efectivo cumplimiento e inhabilitación especial para conducir vehículos con motor por el término de nueve años.
A su modo de ver, el temperamento del sentenciante se fundó en el pedido del particular damnificado que, como interpretaron, resultó ajeno al código procesal penal. En su apoyo, citaron jurisprudencia.
I.3. En tercer lugar, tildaron de arbitraria la imposición de una pena de cumplimiento efectivo.
Recordaron que la Cámara recalificó el hecho en la figura de homicidio culposo agravado (conforme art. 84 bis, primer y segundo párrafo, Cód. Penal). Asimismo, que readecuó la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo y diez años de inhabilitación especial para conducir cualquier tipo de vehículo con motor.
Frente a ello, manifestaron que, si bien se fijó la pena en el mínimo de la escala prevista, no se justificó la modalidad de cumplimiento efectivo.
Luego de reseñar lo expuesto por el órgano revisor, indicaron que el cansancio de su asistido no fue materia de prueba y que la ingesta de alcohol no está prohibida, así como que, insistieron en que no se probó que el imputado estuviese alcoholizado.
Agregaron como una contradicción de los jueces de la Cámara que, en primer lugar, negaron considerar a la velocidad, por formar parte de la agravante prevista en el art. 84 bis, segundo párrafo, del Código Penal; pero luego, afirmaron tener en cuenta que la velocidad desplegada por el vehículo lo hacía difícil de detener.
En este punto indicaron que se quebrantó la garantía contra el ne bis in idem por valorarse circunstancias propias de la calificación legal para justificar la pena.
A su vez, afirmaron que el temperamento adoptado se apartó de los fallos "Acosta", "Squilario" y "García" de la Corte de Nación y las causas P. 111.930, P. 110.356, P. 85.467, P. 86.764 y P. 83.909, entre otros, en tanto la Cámara no consideró la doctrina de los citados precedentes que impone exponer las razones por las cuales no se aplica el art. 26 del Código Penal ni los fines de prevención especial positiva sobre las que se asientan las penas de prisión (conf. art. 18, Const. nac.; 5.6., CADH y 10.3., PIDCP).
Por todo lo expuesto, tacharon de arbitraria la sanción impuesta y violatoria de los citados derechos constitucionales.
I.4. Como cuarto agravio, denunciaron arbitrariedad en la ponderación de agravantes y atenuantes.
Primeramente, cuestionaron que los fundamentos expuestos en la sentencia para fundar la "extensión del daño causado", fueron diferentes de los esbozados por el particular damnificado. Asimismo, afirmaron una doble valoración prohibida y una vulneración al principio de igualdad el valorar las características de la víctima ("...joven, músico y con muchos amigos") para aumentar la pena.
Como segundo punto, sostuvieron que habían cuestionado los padecimientos sufridos por el imputado como consecuencia de la acción del particular damnificado y su grupo familiar.
En tercer término, recordaron que habían criticado la falta de consideración de los hechos de la víctima previos al accidente.
También pusieron de manifiesto la estigmatización del imputado como consecuencia de la repercusión mediática del caso.
Frente a ello, sostuvieron que la Cámara se limitó a confirmar lo dicho por el órgano de mérito sin abordar, en particular, cada uno de los embates.
A su vez, indicaron que, pese a que la Cámara tuvo por probado que la víctima había consumido bebidas alcohólicas, no tenía puesto el cinturón de seguridad, ingresó a una encrucijada por la izquierda sin la debida atención y cuidado, y no explicó cómo tales circunstancias no debían ser ponderadas como atenuantes del reproche a su asistido.
Este tramo de la sentencia también fue tildado de arbitrario.
I.5. Finalmente, denunciaron la violación al principio contra la reformatio in pejus en tanto siendo que únicamente recurrió la defensa, la Cámara elevó la pena de inhabilitación para conducir vehículos con motor de nueve a diez años. En su apoyo, citó las causas P. 130.934 y P. 130.816, de esta Suprema Corte, entre otras (conf. art. 18, Const. nac.).
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar parcialmente al recurso; coincido con lo así dictaminado.
III. El recurso es parcialmente procedente (conf. art. 496, CPP).
III.1. Tal como lo indica el señor Procurador General, la denuncia de arbitrariedad en la revisión del fallo de condena, en lo que respecta al modo en que se tuvo por acreditado el exceso de velocidad al que venía circulando el acusado instantes previos a la colisión, no procede (conf. art. 495, CPP).
III.1.a. En lo que aquí importa, de la lectura del fallo de primera instancia se desprende que se tuvo por legalmente acreditado que "...Alejandro Urquiza estuvo desde alrededor de la hora 22.00 del día 8 de septiembre de 2017 y hasta minutos antes de la hora del accidente ocurrido el día siguiente, entre la hora 4:21 y 4:26, en dos locales de esparcimiento nocturno junto con amigos, cenando y consumiendo alcohol (vino, cerveza y whisky). Primero en El Viejo Almacén y luego en Dry. Que al salir de este último sitio, se puso al volante de un vehículo de aproximadamente dos toneladas de peso y emprendió su marcha desoyendo los más elementales mandatos de prudencia. Llevó a su amigo Abalo a su casa y continuó su trayectoria al comando de esa camioneta de gran envergadura, de noche, con lluvia, con escasa visibilidad y con el pavimento mojado. Bajo esas condiciones arribó a la intersección de las calles Larrea y Estrada (pertenecientes al macrocentro de la ciudad) a más de 60 km/h e impactó el vehículo conducido por Otero, logrando detener su marcha recién 60 metros más adelante, creando de este modo un riesgo no tolerado por el ordenamiento jurídico al violar la norma del art. 39, inc. b) de la Ley No 24.449 que [...] fija el umbral mínimo de prudencia al exigir circular con cuidado y prevención conservando el dominio efectivo del vehículo. La conducta descrita provocó y concluyó en el resultado, casi anunciado, el deceso de Otero" .
Tal como se expuso en los antecedentes del caso, el magistrado de la instancia calificó el hecho -de conformidad con el encuadre típico requerido por el particular damnificado- en el delito de homicidio culposo ocasionado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, agravado por haber superado en más de treinta kilómetros el máximo permitido en el lugar del hecho y por haber sido con culpa temeraria (conf. art. 84 bis, primer y segundo párrafo, Cód. Penal).
En particular, en lo que respecta a la mecánica de los hechos, afirmó que a pesar de una labor de la Policía Científica que calificó como "muy mala", se acreditó el hecho con certeza. En tal sentido, ponderó diversos testimonios de personal de Policía Científica (Mecheloni -realizó la pericia planimétrica-; Jimena Bustos -elaboró un croquis en borrador y aclaró que lo envió al expediente por error pues "era una simple anotación"; Pesyk -técnico mecánico que realizó el protocolo diagnóstico de la pick up Amarok-).
De seguido, examinó la pericia accidentológica y los testimonios de los peritos que la realizaron. Destacó que seis de los siete peritos comparecieron a juicio y solo dos -uno oficial y otro de parte-, no pudieron brindar certezas respecto a las velocidades de los rodados. Así, tras detallar las conclusiones de ambos, contrapuso lo expuesto por los restantes especialistas que declararon y brindaron precisiones respecto de la mecánica de la colisión, como así también en lo referente a la velocidad de la pick up conducida por el acusado.
En tal sentido, sostuvo que los cuatro peritos coincidieron en dos puntos centrales: 1) "Existieron deficiencias en la recolección de datos" y 2) "La mecánica del accidente, esto es, el carácter embistente y embestido de la camioneta sobre el automóvil, el sentido de circulación de los rodados (ambos en movimiento) y el itinerario que siguió la colisión y que, a su vez, se condicen con el relato que hizo la representante del Ministerio Público Fiscal, aunque con pequeñas diferencias que no alteran lo esencial".
El juzgador de mérito realizó entonces un análisis minucioso de las pericias:
En primer lugar, descartó de plano el informe producido por personal de Policía Científica por errores técnicos de trascendencia en el cálculo de la velocidad.
En segundo término, analizó la pericia realizada por el perito de parte Federico González quien, en lo que aquí importa, estimó que la velocidad a la que venía circulando la Amarok en el instante inmediatamente anterior de comenzar a frenar era entre 36 y 42 km/h. El juzgador descalificó estas conclusiones con sustento en que este experto realizó su tarea sin información suficiente, dado que no tuvo en su poder las fotografías que estaban en el expediente y todas sus consideraciones fueron rebatidas por los peritos oficiales Ferretti y Díaz.
En tercer término, analizó la pericia realizada por el ingeniero mecánico Javier Telmo Ferretti de la Asesoría Pericial, junto con su declaración testimonial. Destacó que, durante el juicio, el perito afirmó que utilizó "el plano nuevo de fs. 520 (subsanado en gran medida de las deficiencias del de fs. 23), la información que le brindaban las fotos y videos y que además concurrió al lugar" . En cuanto a la velocidad, "...ratificó que en su informe concluyó que la camioneta Amarok, llevaba una velocidad mínima comprobable de 67,93 km/h. Aclaró que la velocidad mínima comprobable no significaba que era la velocidad a la que efectivamente circulaba, sino que era la velocidad mínima que podía ser respaldada con pruebas" . En cuanto a las deficiencias del plano, a preguntas de la defensa, respondió que en gran medida fueron subsanadas por el nuevo plano de fs. 520. A su vez, indicó que no descartó la huella de 8 metros de frenada y reiteró no analizó solamente el plano "...porque los rastros de frenada de la camioneta en los 8 metros estaban en las fotografías, aunque fueron mal dibujadas en el plano".
Sentado lo anterior, el juez afirmó que esta última pericia era la que se compadecía con el modo en que sucedieron los hechos, y lo justificó sobre la base de la solvencia mostrada por el perito al responder el interrogatorio cruzado de las partes, por haber realizado los informes mecánicos y por haber concurrido al lugar, superando las falencias observadas en los planos incorporados por lectura, de fs. 23 y 520.
Asimismo, destacó otras explicaciones de Ferretti que encontraron respaldo en las fotografías e indicó que las afirmaciones del profesional fueron reforzadas por su colega de la Asesoría Pericial, el ingeniero mecánico Díaz, quien también afirmó que la velocidad a la que arribó la camioneta Amarok a la encrucijada, superaba los 30 km/h del máximo permitido.
En cuarto lugar, citó la pericia elaborada por este último. Destacó que controvirtió las conclusiones del perito González referidas a que la velocidad de la camioneta era moderada y ratificó que la huella de frenada de ocho metros era de la Amarok.
En suma, el sentenciante estimó que los peritos, Ferretti y Díaz, rebatieron las conclusiones de los expertos propuestos por la defensa y dieron razones suficientes para tener por debidamente acreditado que Urquiza circuló en violación al deber de cuidado a su cargo, al hacerlo por encima de los 30 km/h de la velocidad máxima permitida en el lugar del hecho (Ley de Tránsito N° 24.449, ley 13.927, arts. 39 inc. "b", 50 y 51 inc. "e" n° 1) y que ese accionar fue el que ocasionó finalmente el fallecimiento de la víctima de autos.
III.1.b. Por su parte, frente a idénticas críticas a las ahora reeditadas por la defensa particular, la Cámara confirmó el temperamento adoptado por el Juzgado Correccional en lo que se refiere a la certeza positiva sobre el exceso de velocidad al que venía circulando el acusado.
Estimó que dicho extremo se fundó debidamente, sin que la parte hubiera podido demostrar irracionalidad, arbitrariedad o absurdo en los razonamientos.
En cuanto a la mecánica de los hechos, destacó los testimonios del personal de Policía Científica, Roberto Micheloni (autor de la pericia planimétrica) y de Jimena Bustos.
Asimismo, recordó que se tuvo en consideración la prueba pericial -informes producidos por los Peritos oficiales, ingenieros mecánicos Eduardo H. Mu
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