Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138139
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.139-RC, "Lapargo, Marcelo Fabián -Fiscal General de San Martín-. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 33.591 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de General San Martín, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Torres, Kogan .
La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, el 12 de noviembre de 2022, confirmó el veredicto absolutorio dictado por el Juzgado en lo Correccional n° 2 de dicha departamental respecto de Héctor Daniel Fernández y Jorge Wirz, acusados en carácter de coautores del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (conf. art. 248, Cód. Penal).
Frente a lo así decidido, el señor Fiscal General de San Martín, doctor Marcelo Fabián Lapargo, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
La Cámara, mediante resolución de fecha 16 de diciembre de 2022, admitió la impugnación en lo que respecta a la denuncia de arbitrariedad.
Por su parte, los defensores particulares de Héctor Daniel Fernández presentaron memoria en la que solicitaron el rechazo del recurso con sustento en el precedente "Colman" (causa P. 117.199).
Oída la Procuración General, dictada la providencia de autos, presentada la memoria y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Teniendo en consideración el alcance con el que fue admitida la impugnación (conf. art. 486, CPP), los agravios se ciñen a la denuncia de arbitrariedad y gravedad institucional por encontrarse en juego intereses que exceden los individuales.
El recurrente puntualiza que el Curador Oficial Héctor Fernández y el secretario de la Curaduría Oficial, Jorge Wirz, en el marco del ejercicio de la función que les fue encomendada "...omitieron efectuar la registración pertinente en el sistema COA, así como también la efectuaron en forma deficiente, en infracción a lo dispuesto por el art. 2 de la Resolución de la Procuración General n° 127/6", dictada según ley 12.061, y por la que se dispone llevar a cabo los manejos contables a través del programa Contacoa. Refiere que se ha constatado "la ausencia de tales registros de múltiples extracciones bancarias de la cuenta oficial nro. 5100-50003/6, el débito de cheques en extracto bancario por un importe mayor al registrado así como por un importe menor en otros supuestos, el registro de cheques en dicho sistema que no surgieron debitados en el extracto bancario, ingresos registrados en el sistema COA que no figuraban acreditados en el extracto bancario, ingresos acreditados sin estar registrados contablemente en el sistema así como la detección del ingreso por subsidio ley 10.315 acreditado en el extracto bancario y registrado en el sistema por un importe distinto. Tales incumplimientos, comprendidos entre el 01/08/2014 y el 31/12/2016, fueron detectados a partir de la auditoría oportunamente llevada a cabo en la sede de la Curaduría Oficial de San Martín".
Resalta que existe un interés institucional en la persecución adecuada de estos delitos y en la eventual responsabilidad internacional del Estado (conf. arts. 1 inc. "c" y 8 inc. 2, ley 26.097).
Insiste en que en el caso se denuncia el incumplimiento de la resolución 127/06 de la Procuración General y destaca que "la ausencia de registración y la registración deficiente que aquí se endilga a los causantes, y que continuó aún después de la designación del contador Simoncelli, no requería [...] de un conocimiento especial ni de un idóneo para su cumplimiento".
Alega que no resulta aceptable el argumento del fallo en crisis en cuanto considera justificadas las omisiones en que incurrieron los acusados fundadas en la presunta dificultad de la tarea. Tanto es así que las omisiones y falencias en la registración en el sistema COA se mantuvieron, aún luego de incorporado un contador en la nómina de la Curaduría.
En razón de ello, considera que no son aceptables las supuestas dificultades en el manejo del sistema COA pues este es de uso obligatorio, no exige conocimientos técnicos particulares y se debe asentar de manera exacta cada operación que se realiza.
Sostiene que tampoco es un justificativo válido la cantidad de trabajo de la Curaduría pues en el plantel solo faltaba un contador a lo que agrega que la correcta registración no resulta menos importante que el resto de las labores.
Estima que los "...incumplimientos en la registración de los cheques que fueron detallados en la causa principal no se corresponden a meros errores involuntarios, conforme se desprende de la resolución impugnada. No son errores de tipeo ni aquellos pertinentes a los que suelen ocurrir en la carga de datos usual en cualquier sistema, sino de una serie de conductas reiteradas durante un extenso tramo temporal, con pleno conocimiento por parte de los causantes de la obligatoriedad de tal registro, como parte de la exigencia de transparencia y eficiencia en la administración de fondos de personas con discapacidad, esto es, en estado de vulnerabilidad. Las fallas y ausencias detectadas en el sistema COA se ha traducido en la falta de registros contables con el rigor que la labor que compete a la Curaduría Oficial exige".
En lo que respecta a la configuración de los elementos del tipo objetivo del art. 248 del Código Penal, sostiene que la norma incumplida es el art. 108 de la ley 14.442. De seguido, cita el art. 622 del Código Civil y Comercial de la Nación y, una vez más, la resolución 127/06 y su modificatoria 159/13 que obligan a la utilización del Contacoa y Coa (conf. art. 13, inc. 1, ley 12.061).
Manifiesta que dicha figura pretende resguardar la regularidad y eficacia de la función pública, correspondiendo, entre otras tareas, la registración conforme la normativa citada en miras a garantizar la transparencia.
En cuanto al tipo subjetivo, afirma la configuración de dolo eventual pues ambos imputados conocían el deber de cumplir la labor encomendada, así como su obligatoriedad normativa y la defectuosa realización acreditada en autos. Además, que el delito en cuestión no demanda una exigencia subjetiva o motivacional especial.
En razón de lo expuesto, tacha de arbitraria la absolución de los nombrados.
II. El señor Procurador General sostuvo el recurso de su antecesor y dictaminó por su procedencia.
III. El recurso es insuficiente (conf. art. 495, CPP).
Siendo que no está en juego la errónea aplicación de la ley sustantiva ni doctrina legal aplicable, sino verificar la denuncia de arbitrariedad de sentencia en la valoración de la prueba y, como correlato, en la calificación legal, las postulaciones de la parte no trascienden de un mero criterio divergente con lo decidido en el caso. Por ello, el reclamo se aprecia insuficiente para conmover los argumentos que dieron sustento a la absolución dictada en la instancia, luego convalidada por el Tribunal de Alzada.
Veamos.
De la lectura del fallo de Cámara se advierte que luego de efectuar un detallado control de la prueba incorporada por lectura y de la producida durante el juicio, confirmó el veredicto absolutorio dictado por el órgano de mérito que rechazó la acusación fiscal contra Fernández y Wirz -en sus respectivas calidades de curador y secretario- por estimar que los hechos imputados no encuadran en la figura del art. 248 del Código Penal, tanto en lo que respecta al tipo objetivo (el Juzgado Correccional afirmó que la resolución general 127/6 sobre la que la acusación asienta la materialidad ilícita no cumple con el requisito de "ley" y agrega que no hubo un incumplimiento por parte de los acusados sino, en todo caso, uno deficiente de las tareas de registración), como respecto del componente subjetivo (el órgano de mérito sostuvo que Fernández y Wirz actuaron con buena fe por lo que queda descartado el dolo directo que exige el art. 248, Cód. Penal).
En tal sentido, frente a las críticas desarrolladas por la fiscalía en el recurso de apelación -idénticas a las que reproduce ante esta Suprema Corte- la Cámara las descartó.
Recordó que la fiscalía -luego de desistir de un tramo de su acusación- requirió la condena de Fernández y Wirz respecto del siguiente hecho: que entre el 1 de agosto de 2014 y el 31 de diciembre de 2016, habiéndose auditado por parte de la oficina de Auditoría de la Procuración provincial, Héctor Daniel Fernández -Curador departamental- y Jorge Wirz -Secretario de la Curaduría departamental- teniendo a su cargo la obligación de documentar y protocolizar las operaciones dinerarias que llevaran a cabo en relación con sus asistidos, "...realizaron una registración defectuosa, desprolija e incompleta de las operaciones realizadas, determinándose una diferencia contable en torno a los 49.000 pesos".
Frente a ello, la Cámara indicó que "...se encuentra probado que entre el período individualizado hubo una registración defectuosa, verificándose movimientos debitados en la cuenta sin registración, asientos en el sistema COA por un importe menor al debitado en cuenta, registros en el sistema COA de débitos por un importe mayor al debitado de la cuenta bancaria, cheques registrados en el sistema COA que no figuraban debitados en la cuenta oficial, ingresos en el sistema COA no acreditados en el registro bancario e ingresos acreditados en el sistema bancario no registrados en el COA".
El Tribunal de Alzada resaltó que la Curaduría, funcionó sin contador desde el 1 de septiembre de 2014 hasta el 31 de marzo de 2015. Agregó que dicho organismo cumple con múltiples funciones tanto jurídicas como asistenciales (conf. arts. 87, ley 12.061 y 622, Cód. Civ. y Com.) y adunó que "...existen funciones que deben ser realizadas por personal capacitado en el área contable".
En tal sentido, analizó los dichos de Cecilia Marchesi, Jorge Horacio Díaz, Ana Virginia González (funcionarias/o del órgano auditor de la Procuración General) quienes coincidieron en la importancia del rol que cumple un contador/a dentro de la Curaduría; los dos últimos indicaron que "...el concepto de débito contable no pudo ser explicado, sin perjuicio de que se realizó el depósito por el monto en litigio hasta que se aclare el tema y que el arqueo de caja daba bien con el recuento físico, siendo resorte del contador de la dependencia su debida registración".
Por otra parte, citó los dichos del testigo Carlos Alberto Torres, Curador General de la provincia de Buenos Aires quien sostuvo que "...nunca manejó temas contables, que dicha tarea era competencia del contador [...] recordó además que el Curador de San Martín reiteró el pedido de nombramiento de contador en numerosas oportunidades, tanto telefónicamente como por escrito".
A su vez, trajo a colación los dichos de Daniel Yanes, auditor contable de la Procuración quien indicó "que no se cuestiona un faltante de dinero, sino la imposibilidad de determinar a qué causante se imputa el pago". Señaló, además, que el mal uso del sistema COA, previsto por resolución 127/06, no contempla ninguna sanción específica, "aunque de persistir se reiteran los pedidos de rectificación y se informa a Control Disciplinario".
De seguido, citó el testimonio de Anahí Pellizari, funcionaria de la Curaduría que declaró que "...nunca faltó dinero, sino que hubo errores de carga en la registración de las operaciones contables. De igual forma, Santiago Costa, actual Curador de la departamental San Martín, expuso que los sistemas de carga son completos y complejos, y que al cierre de la gestión anterior no hubo faltante de dinero".
En función de lo expuesto, concluyó, en sintonía con lo actuado por el juez de mérito que si bien se verificaron fallas en la registración de los movimientos contables que debió realizar la Curaduría Oficial entre el 1 de agosto de 2014 y el 31 de diciembre de 2016: "...ausencia de registración, registros en el sistema COA por un monto inferior y superior al debitado en cuenta, ingresos en sistema COA no acreditados en el extracto bancario e ingresos acreditados en el extracto bancario no registrado en el sistema COA", no estaban dados los presupuestos del delito enrostrado.
La Cámara afirmó que el funcionamiento de la Curaduría requiere de la presencia de un "...contador a efectos de llevar adelante las tareas de registración y conciliación, cuya realización exige competencias y conocimientos específicos".
A lo dicho, consideró que "...no se acreditó un supuesto de malversación de los previstos en el capítulo VII del Código Penal, sino que el hecho descripto debe evaluarse a la luz de otro marco legal. El encuadre típico que asigna la representante del Ministerio Público Fiscal es el de incumplimiento de deberes de funcionario público a tenor de lo normado por el art. 248 [citado]". Ahora bien, a fin de mantener la acusación, tanto en la etapa de plenario como en esta instancia recursiva, estimó que la fiscal -para sostener dicho encuadre penal- debió construir el aspecto subjetivo -sin apoyatura doctrinal- postulando la forma de dolo eventual.
A su entender, el delito en cuestión solo se puede reprochar a título de dolo directo y afirmó que no se demostró que Fernández y Wirz hubieran obrado con voluntad realizadora del tipo "...es decir, guiado por el conocimiento de los elementos del tipo objetivo y la voluntad de obrar a partir de dicho conocimiento".
Para más, señaló que la demora en la designación de un contador por parte de la Procuración, dejó a la Curaduría sin personal competente para cumplir con las obligaciones emergentes, encontrándose debidamente acreditado que era necesaria la designación de un técnico contable y que el titular de la dependencia procuró a través de distintas vías acelerar su nombramiento "...asumiendo junto al Secretario las obligaciones vinculadas con la registración y contabilidad de los pagos efectuados de forma defectuosa, pero sin que se configure delito".
Por último, sostuvo que "...[l]a falta de competencia técnica para llevar adelante la registración defectuosa atribuida no permite avanzar en la ponderación del hecho más allá del nivel típico por no ser imputable el evento desde las distintas competencias que deben asumirse en la Curaduría de Alienados".
IV. De la reseña efectuada se desprende que la parte formuló meras consideraciones genéricas, sin anclaje en las particularidades del caso, limitándose a exponer un criterio divergente al de ambas instancias jurisdiccionales sin demostrar la arbitrariedad achacada a la aplicación de la mentada figura penal merced a las circunstancias comprobadas de la causa.
Pese a que las dos instancias previas afirmaron que no estaban dados ni los presupuestos objetivos ni los subjetivos del delito en cuestión, quien recurre no conmovió ninguna de tales conclusiones.
IV.1. En lo que respecta al tipo objetivo, el órgano de mérito, como primer punto, sostuvo que no se cumplió con un recaudo fundamental del art. 248 citado que exige el incumplimiento de "leyes" pues la imputación radica en el incumplimiento de la resolución 127/06 de la Procuración General.
Sobre este punto, la parte insiste en el incumplimiento de la citada resolución sin hacerse cargo de lo indicado por el órgano de mérito. Si bien la recurrente cita los arts. 108 de la ley 14.442 y 622 del Código Civil y Comercial de la Nación lo cierto es que esa invocación general no viene provista de la adecuada fundamentación que permita justificar que no haber ejecutado la citada resolución implicaría, a su vez, de suyo el incumpliendo de alguna de dichas normas.
A ello se agrega que en ambas instancias -con sustento en la prueba testimonial producida durante el juicio- se afirmó que el rol del contador era esencial no solamente en la realización de la "conciliación" sino también en la tarea de registración por lo que los imputados -conforme lo afirmó de manera categórica la Cámara- no tendrían competencia técnica para cumplir con dicha labor. Sobre este aspecto, el señor Fiscal General, una vez más, se limita a exponer un criterio divergente sin demostrar que el a quo hubiera incurrido en arbitrariedad susceptible de revertir lo actuado.
Para más, en ambas instancias se aseveró que no existió una omisión en la registración (tal como exige el delito reprochado; conf. art. 248 cit. in fine ) sino una "carga defectuosa" lo que descartaría un comportamiento omisivo.
Frente a todo ello, las manifestaciones del recurrente para conmover la ausencia del tipo objetivo resultan ineficaces en tanto se afana en insistir en la inobservancia de la citada resolución 127/06 sin explicar cómo ello configuraría el incumpliendo de una "ley"; reiteró dogmáticamente que la registración era una carga de los acusados, sin hacerse cargo de los testimonios en sentido contrario sobre la base de los cuales el fallo de mérito y el de Cámara sostuvieron que ello era competencia de los contadores; tampoco se conmovió el argumento vinculado a la falta de configuración de un comportamiento omisivo sino que se lo reafirmó.
IV.2. Si bien lo expuesto en el punto anterior resulta suficiente para desestimar el recurso, en función de que tanto el órgano de mérito como la Cámara abordaron la configuración del tipo subjetivo cabe señalar lo que sigue.
El recurrente tampoco demostró la configuración del tipo subjetivo frente a lo sostenido por los jueces del caso que reputaron que dicha figura penal requiere dolo directo y no se abastece con el dolo eventual como lo pretende la parte.
Además, los magistrados hicieron expresa referencia a la buena fe de ambos imputados, a los reiterados pedidos de Fernández -tanto por escrito como por teléfono- a la Procuración General para que designara un contador, a la ausencia de un faltante de dinero e incluso a que se había realizado un depósito por el monto en litigio hasta tanto se aclarara el problema.
Frente a todo ello, el recurrente reitera postulaciones que -bien o mal- le fueron respondidas, sin que se advierta un quiebre lógico, falta de debida motivación o vicios en la ponderación de los elementos del caso de tal magnitud que encajen en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia que se denuncia.
V. En definitiva, media insuficiencia impugnativa (art. 495, cit.).
Cabe recordar que conforme se ha expresado en diversas oportunidades, no basta la mera disconformidad del apelante con el pronunciamiento, en tanto la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto la corrección de sentencias equivocadas o que se estimen tales, sino que atiende solo a supuestos de omisiones y desaciertos de gravedad extrema en que, a causa de ellos, las sentencias queden descalificadas como acto jurisdiccional válido (conf., CSJN doctr. Fallos 338:623, 339:1066; e.o.).
En otras palabras, más allá de su discrepancia con el pronunciamiento atacado, el recurrente no demuestra que lo decidido sea fruto de la mera voluntad de los juzgadores o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia (conf. causas P. 130.851, sent. de 13-III-2019; P. 128.955, sent. de 21-XI-2018; P. 120.296, sent. de 12-IV-2017 y P. 131.283, sent. de 18-IV-2022).
VI. Finalmente, cabe señalar que el planteo de gravedad institucional, vinculado con las exigencias derivadas de la ley 26.097, tampoco puede tener acogida favorable, en tanto dicho extremo está íntimamente relacionado -en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, sin que en el caso se observe un supuesto de tales características.
En esta línea de pensamiento, se ha resuelto que no cabe hacer lugar al plant
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